Los indicadores de Wall Street volvieron a zona negativa este viernes, con un descenso en un rango de 1,7% a 2,2%, una tendencia que definió la suerte de las bolsas internacionales, aunque los títulos argentinos resistieron mejor a la tendencia.

El barril de petróleo Brent del Mar del Norte ganó 5,7% en el día, a USD 114 para los contratos con entrega en mayo, un máximo desde julio de 2022, ante la falta de avances en la escalada bélica en Oriente Medio.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,9% en pesos, a 2.793.846 puntos. En Wall Street, el ADR de YPF escaló 3,4% luego del fallo a favor de la Argentina por la estatización de la petrolera en 2012.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió 33 unidades para la Argentina, en los 615 puntos básicos, condicionado además por la suba de rentabilidad de los bonos del Tesoro de los EEUU, cuyo Treasury a diez años rinde 4,44% anual.

Los mercados argentinos seguían de cerca el desarrollo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que aviva temores inflacionarios globales, impulsa al dólar y refuerza las expectativas de un aumento de las tasas de interés.

El presidente estadounidense Donald Trump extendió por segunda vez el plazo que vencía este viernes e Irán ahora tiene hasta el 6 de abril para reabrir el Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir sus plantas energéticas si no lo hace.

“La suba del petróleo trae oportunidades y amenazas, aumento el riesgo país y las proyecciones de inflación, hay que recalibrar los objetivos para 2026”, dijo el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

Milo Farro, analista de Rava Bursátil, recalcó la “tendencia negativa marcada por el incremento en el precio del petróleo. Las renovadas tensiones en Medio Oriente y las declaraciones de Trump haciendo referencia a la necesidad de que Irán se tome en serio las negociaciones despertaron el sesgo negativo entre los inversores”.

En lo interno, la licitación de bonos de muy corto plazo de este viernes por parte del Tesoro argentinos ofreció un abanico de títulos con los cuales busca enfrentar vencimientos por 8 billones de pesos e incluye un nuevo Bonar 2028, el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, es decir, un año después de las próximas elecciones presidenciales.

En el segmento interbancario el dólar se apreció unos 14,50 pesos, a 1.382,50 pesos, para alejarse de los valores mínimos desde octubre, lo que alienta una persistente compra de divisas por parte del Banco Central, justo antes del inicio de la etapa de mayores liquidaciones por las exportaciones de granos y derivados industriales con la cosecha gruesa.

“El BCRA sigue relajando la política monetaria, inyectando liquidez para deprimir las tasas pasivas y bajando encajes para multiplicar el efecto sobre las tasas activas”, dijo el agente de liquidación y compensación Facimex.

El BCRA dispuso no prorrogar una norma que había establecido un incremento transitorio de cinco puntos porcentuales de encajes en bonos que vence el 31 de marzo.

“El objetivo no es tanto estimular la actividad, que está en máximos históricos, como aliviar el canal del crédito para mejorar la situación de las familias en un contexto en el que crece la preocupación social por cuestiones vinculadas al mercado de trabajo y los ingresos”, acotó Facimex.

La Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo la facultad exclusiva de reglamentar las leyes que sanciona el Congreso Nacional cuando afirma: “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.

En 2010 se sancionó una Ley de Glaciares que no existe en ningún otro lugar del mundo y no por casualidad; la gran mayoría de sus artículos nunca fue reglamentada. Esto demuestra la poca seriedad, los escasos conocimientos y la verdadera intención espuria de quienes impulsaron la norma. El asunto no era la protección hídrica; el objetivo principal era prohibir la industria minera en cordillera. El contraste con Chile evidencia que dicho objetivo fue alcanzado de manera contundente.

Desde 2014, luego de escuchar a los principales glaciólogos del planeta y de comprender, a partir del conocimiento científico, la dinámica de los ambientes en altura y su relación con el agua, propusimos una reglamentación de la Ley 26.639. Nos enfocamos en el objetivo declarado: resguardar las consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, expuesto en su primer artículo, dejando de lado las emociones.

Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire con gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura del planeta y, en consecuencia, derriten glaciares.

Cuestionamientos y contexto

Vale analizar el significado de reserva estratégica: acciones que buscan reservar productos o artículos que gobiernos, organizaciones o empresas retienen del uso normal en función de una estrategia, ante eventualidades inesperadas. Así existen reservas de productos básicos como alimentos o petróleo, que en tiempos de escasez (por inundaciones, sequías, conflictos bélicos) permiten superar crisis temporales.

Sin embargo, no existe prueba teórica ni práctica de que los glaciares puedan convertirse en una reserva estratégica. Si dejaran de llover o nevar, ¿Cómo podrían utilizarse esas supuestas reservas? En los últimos cinco años, San Juan perdió un 27% de sus áreas glaciarias, y el aumento del caudal en sus ríos no pudo medirse por ser insignificante frente al volumen que aporta la nieve de invierno y su derretimiento en primavera.

Al parecer, los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares. Desde 1910, cuando comenzaron los registros de previsión anual del agua disponible en la provincia de San Juan, nunca se consideró el aporte hídrico de los glaciares.

Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas que hoy están amenazadas por la sobreexplotación agrícola.

Debate legislativo y participación pública

Si dejara de nevar, ¿de dónde saldría el agua que necesitamos? ¿Derretiríamos glaciares como en Fahrenheit 451 se quemaban libros? ¿Alcanzaría para un año de consumo ese descongelamiento? ¿Y luego? Así de absurdas son las premisas en que se fundamenta lo legislado. Las estulticias que a diario escuchamos aún tienen espacio en un país donde el respeto por la Verdad como valor en el debate prácticamente se ha perdido.

No era necesario reformar ninguna ley en el Congreso. Bastaba con que el presidente Javier Milei hiciera uso de sus facultades constitucionales. Seguramente Greenpeace, diversas ONG y la Pastoral Social celebrarían la discusión, mientras algunos estudios jurídicos quedarían agradecidos. Los argentinos comunes están hartos de simulaciones, espectáculos y el desprecio por las normas y la ciencia. Las consecuencias: la industria minera postergando el inicio de grandes proyectos, miles de empleos retrasados, compatriotas abatidos en la pobreza humana.

Un decreto que reglamentara el artículo de la ley de glaciares hubiera sido suficiente. Solo hacía falta precisar el criterio de “significancia hídrica”. Así de sencillo:

Artículo 1°: Se considerará reserva estratégica a todo glaciar y/o ambiente periglacial que contribuya a la recarga de cuencas hidrográficas de manera significativa. Se entiende por contribución significativa al aporte hidrográfico que represente al menos 1% del total del aporte hídrico a una cuenca determinada. El total se determinará por la suma anual, en porcentaje, de los distintos aportes a la recarga: precipitaciones de agua y nieve, derretimiento de glaciares descubiertos y de aquellos de roca o escombros en el permafrost.

En 2010, en Uspallata, Mendoza, se realizó una audiencia pública por la Ley de Glaciares con más de 2.000 anotados que, en su mayoría, leían: “yo no le doy licencia social al proyecto San Jorge”. Ahora, son más de 80.000 inscriptos quienes participan; las órdenes de agrupaciones y corrientes ideológicas han surtido efecto. ¿Cuántos de ellos saben distinguir ambientes glaciarios, crióticos, permafrost o entender la importancia relativa de los aportes a una cuenca hídrica? Tal vez asistimos a un fenómeno nuevo de identificación colectiva con la causa, repleto de participantes que se autodenominan glaciólogos.

Desde 2014 lo hemos propuesto: era necesario reglamentar la Ley 26.639 con un instrumento constitucional y científico, pero las prioridades políticas se han impuesto sobre el conocimiento.

El autor es Diputado Nacional mandato cumplido y exsubsecretario de Minería de la Nación

Durante la primera mitad del mandato de Javier Milei se logró esquivar una hiperinflación inminente, ejecutar correcciones económicas y políticas de fondo, y alcanzar una buscada estabilidad en el proceso.

Estas medidas permitieron reencauzar la dinámica macroeconómica hacia una trayectoria de crecimiento después de quince años.

El cambio de paradigma fiscal se consolidó como núcleo del actual modelo de gestión: el equilibrio en las cuentas públicas eliminó la dependencia de la emisión para financiar gastos como salarios y jubilaciones, sustentando ahora esas erogaciones con la recaudación impositiva.

Esto facilitó un proceso histórico de desinflación que redujo la inflación desde máximos de más de treinta años hasta mínimos en ocho años.

Paralelamente, se avanzó con el cumplimiento del programa financiero y de las promesas de campaña -como la remoción del control cambiario, la eliminación de la brecha y el Impuesto PAIS, y la reducción de retenciones lo que impulsó una mejora reputacional visible en la caída del índice de riesgo país de más de 2.700 puntos básicos en la administración de Alberto Fernández hasta 600 pb en la actualidad. También es el nivel más bajo en ocho años.

Dudas sobre la continuidad de la mejora económica

El proceso de normalización tuvo una pausa: la mejora sostenida de los niveles de actividad, salarios y reducción de la inflación desde mediados de 2024 se detuvo a finales de 2025. Esta interrupción generó interrogantes sobre la trayectoria futura: ¿continuará mejorando la situación en los próximos veinte meses, o la fase de recuperación ya concluyó?

La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación. Luego de alcanzar un mínimo de 1,5% en mayo de 2025, el índice subió a 2,9% en febrero de 2026. A pesar de que la inflación minorista pasó del 211% anual en 2023 al 31% en 2025 y la mayorista del 274% al 26%, en los últimos tres trimestres se observó una aceleración inflacionaria.

Los procesos de desinflación no son lineales y requieren tiempo prolongado. Israel demoró más de diez años en alcanzar inflaciones de un dígito anual, y Chile, más de veinte. La situación argentina, que partió de una inflación cercana al 300%, difícilmente podía converger a un solo dígito anual en apenas dos años de manera directa y sin sobresaltos.

Obstáculos que ralentizaron el proceso desinflacionario

Existen dos factores principales que hicieron que la inflación no descendiera más rápidamente:

El primero fue el riesgo político durante las elecciones legislativas. El incremento del índice de riesgo país antes de los comicios reflejó el temor a una reversión del actual rumbo económico, lo que generó una caída en la demanda de activos argentinos y de dinero, desatando volatilidad, dolarización de portafolios -el índice de riesgo país subió de unos 650 a 1.400 puntos básicos en solo cuatro meses- y una depreciación del tipo de cambio del 30% en ese período.

Ese episodio quedó superado, al menos hasta el avance de 2027, cuando la incertidumbre electoral vuelva a ser relevante. El segundo obstáculo fue el programa financiero heredado. La deuda pública representaba el 100% del Producto Bruto Interno y el índice de riesgo país estaba por encima de 2.700 pb, junto a la deuda con importadores superaba los USD 50.000 millones que se resolvió utilizando los Bopreal. Hasta ahora, se ha encarado este desafío recurriendo a la colocación de nueva deuda para extender plazos y bajar tasas, y mediante la compra de dólares con fondos provenientes del superávit fiscal primario.

También se monetizó la economía mediante la reducción de los pasivos monetarios de corto plazo (antes llamados leliqs). La emisión de base bajó de un ritmo de 90% interanual a un 36% desde finales de 2023 a la fecha, aunque sigue en valores positivos, lo que contribuye a que la inflación no sea aún menor.

El pago de la deuda y la gestión del tipo de cambio

El Gobierno priorizó la acumulación de dólares y la extensión de plazos de deuda frente a una reducción más acelerada de la inflación. Entre 2026 y 2027, Argentina debe afrontar vencimientos por unos USD 35.000 millones.

El acceso limitado a los mercados voluntarios de crédito obliga a acumular divisas en el Banco Central, apalancado además por las metas de acumulación de reservas acordadas con el FMI.

Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica. Por ello, la administración optó por canjear deuda para extender plazos y reducir cupones, y comprar dólares en el proceso.

La acumulación de dólares también cumple con el objetivo de evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio.

El crecimiento de las exportaciones de energía y agro -con exportaciones récord de USD 87.000 millones en 2025- introduce presión para fortalecer el peso. Esto explica por qué el tipo de cambio se mantuvo en torno a $1.400 durante siete meses pese al aumento estacional de demanda de dólares y a una inflación mensual todavía próxima al 3 por ciento.

Además, la mayor oferta de divisas se proyecta para el segundo trimestre del año producto de la estacionalidad de las exportaciones, lo que sumará presión al tipo de cambio.

Permitir una apreciación pronunciada del peso perjudicaría al sector industrial y a economías regionales menos competitivas que el agro o la energía. Por eso, las compras de dólares actúan como freno de esa dinámica. El costo de esta estrategia es perceptible: la inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria.

Otras prioridades del Gobierno incluyen llegar a 2027 con reservas elevadas y un programa financiero robusto. Esto reduce el riesgo de crisis de balanza de pagos y limita la exposición ante la incertidumbre electoral. Llegar con más dólares al período preelectoral se percibe como un factor de tranquilidad para los mercados.

El efecto neto es que la inflación demorará algo más en converger a valores cercanos a un dígito, pero se mantiene la solidez en el saldo de divisas y la estabilidad financiera.

En 2025, la economía creció 4% interanual, acompañada de máximos en consumo privado y actividad económica.

Perspectivas para la segunda mitad del mandato

Se proyecta un ritmo elevado de compra de dólares por parte del Gobierno. En lo que va de 2026 se han acumulado cerca de USD 3.300 millones y, considerando el ciclo favorable de precios de las materias primas y cantidades exportadas, junto a la mayor oferta estacional de divisas en el segundo trimestre, es plausible que la acumulación de reservas supere los USD 8.000 millones antes de terminar la primera mitad de 2026. Esta cifra cubriría una parte relevante de los intereses de deuda de este año.

Respecto a la inflación, la persistencia de tasas cercanas al 3% mensual al inicio de 2026 ubica el pronóstico anual en torno al 25%, por debajo del 31 registrado en 2025, aunque algo por encima de estimaciones previas. Si las condiciones se mantienen constantes, los valores bajarían aún más en 2027.

El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país.

Las exportaciones seguirían creciendo y el superávit comercial se consolidaría.

Los precios internacionales de las materias primas atraviesan una fase especialmente favorable (Bloomberg Commodity Index sube 28% interanual) y los incentivos para producir y exportar se fortalecieron luego de la reducción de retenciones, la eliminación de la brecha cambiaria y la desregulación económica.

Entre las reformas, destacan la eliminación del sistema barril criollo -que fijaba precios locales del petróleo por debajo del internacional- y de la 125 para el sector energético, que imponía retenciones móviles.

Un factor que podría reactivarse es la intermediación financiera: el restablecimiento de préstamos hipotecarios, debido a la caída de la prima de riesgo local y la normalización del sistema bancario, potenciaría el crédito y la actividad económica a partir del segundo semestre de 2026.

En este contexto, la actividad económica mantiene potencial de expansión igual o superior al 3% en 2026 y 2027, sustentada por el desarrollo del agro, la minería, la energía y el sector financiero.

El autor es Economista