La estructura del Poder Ejecutivo Nacional registró este martes un nuevo movimiento en un área clave para la administración de los recursos públicos y la seguridad social. Fernando Bearzi presentó su renuncia como director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), convirtiéndose en el tercer funcionario en dejar ese cargo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, tras los pasos de Osvaldo Giordano y Mariano de los Heros.

Esta salida no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica de rotación que caracteriza al actual oficialismo. Según un relevamiento del politólogo Pablo Salinas, la cifra de funcionarios de la denominada “planta política” —desde el rango de subsecretario hacia arriba— que han dejado sus funciones asciende a 239. Al prorratear este número sobre los 828 días de gestión transcurridos hasta mediados de marzo de 2026, el promedio indica que se produce una baja cada cuatro días.

El informe de Salinas permite desglosar la intensidad del recambio según las distintas carteras. El Ministerio de Economía se consolida como el epicentro de estos movimientos, con un total de 86 bajas, lo que representa el 36% del total de las desvinculaciones del Sector Público Nacional. Esta cifra refleja las sucesivas reestructuraciones internas y la absorción de competencias de otras áreas, como ocurrió con el ex Ministerio de Infraestructura.

En orden de relevancia, le siguen el Ministerio de Capital Humano, con 29 salidas (12%), y la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 27 (11%). El cuadro de las dependencias con mayor rotación se completa con Presidencia de la Nación y el Ministerio de Defensa, ambos con 17 bajas cada uno.

Por el contrario, existen áreas donde la estructura ha mostrado una mayor estabilidad relativa. El Ministerio de Seguridad registra 6 salidas, mientras que el de Desregulación y Transformación del Estado cuenta 3, y la cartera de Justicia 15.

El fenómeno del recambio no distingue jerarquías y ha alcanzado tanto a los estratos operativos como a las máximas autoridades. El análisis por función detalla que, hasta el momento, han dejado sus puestos 8 ministros y dos Jefes de Gabinete. Sin embargo, el grueso de las vacantes se produjo en los niveles encargados de la implementación técnica de las políticas:

• Subsecretarios de Estado: 77 bajas.
• Secretarios de Estado: 63 bajas.
• Titulares de Unidades de Gabinete de Asesores: 10 bajas.
• Otros cargos directivos: 78 bajas.

Esta tendencia a la renovación constante tuvo un hito hace poco más de un mes con la salida de Marco Lavagna del Indec. Su renuncia estuvo vinculada directamente a la postergación de la implementación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un cambio metodológico que el funcionario impulsaba. A este movimiento se sumaron otras bajas relevantes en el equipo económico, como la de Pablo Quirno al frente de la Secretaría de Finanzas —quien fue trasladado a la Cancillería para ocupar el lugar de Gerardo Werthein— y la de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que derivó en el posterior nombramiento de Andrés Vázquez.

Tras la salida de Bearzi, el Gobierno definió rápidamente su sucesión con la designación de Guillermo Arancibia al frente de la Anses. El nuevo funcionario llega al organismo con un perfil técnico especializado en la gestión de sistemas complejos y una trayectoria previa en la administración pública, donde ya había desempeñado roles de coordinación operativa.

Su nombramiento busca dotar de continuidad a los procesos de digitalización y control de gastos que el Ejecutivo impulsa en el área previsional. Arancibia asume con el mandato de agilizar la respuesta del organismo ante los beneficiarios y profundizar la integración de las bases de datos del sistema de seguridad social, en un marco de estricta vigilancia sobre el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.

La inflación mayorista volvió a desacelerarse en febrero y marcó un incremento del 1%, el nivel más bajo en nueve meses, en un contexto de caída en los precios de los productos importados. El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través del índice de precios internos al por mayor (IPIM).

El resultado implicó una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto de enero y se explicó por una suba de 1,3% en los productos nacionales y una caída de 2,7% en los importados. Esta última variación estuvo en línea con el comportamiento del tipo de cambio mayorista, que registró una baja similar durante el mes, en un escenario de expectativas cambiarias más estables.

Esta suba del indicador fue la segunda más baja desde mayo del 2025 (cuando había registrado una baja de 0,3%).

Brecha con la inflación minorista

El dato contrasta con la inflación minorista, ya que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó 2,9% en febrero. La diferencia responde, en parte, a que el IPIM solo mide bienes, mientras que el IPC incluye también servicios y precios regulados, además de reflejar valores al consumidor final.

En términos interanuales, la inflación mayorista alcanzó el 25,6%, con un 25,9% en productos nacionales y un 21,7% en importados. En el primer bimestre del año acumuló 2,7%, frente al 5,9% del IPC en el mismo período.

Reacción del Gobierno

El resultado fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que se trata de la menor suba mensual desde mayo de 2025 y una de las pocas veces en los últimos años en que el indicador se ubica en 1% o menos.

El presidente Javier Milei replicó ese mensaje en redes sociales y remarcó la desaceleración de los distintos indicadores mayoristas, al tiempo que elogió la gestión económica. Y volvió a elogiar a Caputo como «el mejor ministro de economía de la historia argentina».

Qué explican los analistas

Los economistas coinciden en que el dato refleja una desaceleración significativa, aunque advierten que su traslado a los precios minoristas no es automático.

La economista María Castiglioni explicó que el IPC está impactado por factores que no forman parte de la medición mayorista, como las tarifas de servicios públicos —afectadas por la quita de subsidios— y los precios regulados, como el transporte.

También señaló que el comportamiento de algunos bienes, como la carne, influye de manera distinta en cada índice: los ajustes suelen reflejarse antes en los precios mayoristas y luego trasladarse al consumidor.

Por su parte, Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, destacó que el resultado fue impulsado por la dinámica de productos agrícolas, manufacturados e importados, aunque advirtió que hubo subas en rubros como energía eléctrica, productos ganaderos y minerales.

Además, remarcó que el índice mayorista no releva servicios, que fueron justamente los que más presionaron sobre la inflación minorista.

De cara a los próximos meses, si bien no existe una relación directa entre ambos indicadores, el comportamiento de la inflación mayorista podría anticipar cierta moderación en algunos precios del IPC.

Según Castiglioni, una vez superado marzo -un mes con fuerte estacionalidad-, podrían registrarse bajas en algunos rubros de bienes, siempre que se mantenga la estabilidad cambiaria y no haya nuevos shocks en los costos.

El traspaso del fuero del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires fue una carta fuerte e inesperada que el Gobierno Nacional jugó mientras se debatía la reforma laboral en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero último.

Harto de los fallos adversos de los jueces laboralistas, el Ejecutivo buscó disciplinar a los magistrados y prácticamente hacerlos desaparecer con su envío a la órbita porteña. Decidió cerrar la mayoría de los juzgados y una sala de la Cámara con el objetivo de disciplinar a los magistrados y prácticamente hacerlos desaparecer.

Con ese fin, firmó el 9 de febrero pasado el Acuerdo de transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la administración de Jorge Macri.

Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los empleados judiciales porque ven peligrar sus puestos de trabajo. Por eso, Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), solicitó que se declare la nulidad e invalidez constitucional de distintas disposiciones de la norma.

Además, pidió que se dicten medidas cautelares para que el Estado nacional se abstenga del dictado y/o instrumentación de cualquier acto que implique la transferencia de funciones de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. Con el fallo del juez Herman Mendel firmado hoy, empleados judiciales 1-Ejecutivo 0.

Además de los empleados, son los propios jueces quienes se sienten atacados. María Elena López, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, calificó al traspaso como «un acuerdo político» para eliminar el fuero laboral nacional.

«La decisión de traspasar esta jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires y al fuero federal responde a una represalia gubernamental y generará un inminente colapso operativo», afirmó cuando fue consultada por el tema.

¿Qué puede hacer el Gobierno ahora? El juez le dio un plazo de 3 días para que presente un informe circunstanciado sobre los hechos y fundamentos del caso, en el marco del trámite previsto para este tipo de acciones. Mientras tanto, el traspaso quedará frenado hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

La CGT celebra el fallo que frena el traspaso de la Justicia laboral

El fallo ya fue celebrado por la CGT, la que también integra Piumato, que destacó que la resolución «expone la gravedad institucional de las medidas impulsadas, que avanzaban sobre este fuero sin respetar los procedimientos constitucionales ni las garantías que aseguran la independencia judicial y la protección efectiva de los derechos laborales».

«Desde la CGT sostenemos que este ámbito de justicia es clave para equilibrar las desigualdades entre capital y trabajo. Debilitarlo o desarticularlo implicaría un retroceso en materia de derechos sociales y una afectación directa al principio protectorio de la Constitución Nacional», expresó la central en un comunicado.

La CGT recordó que la transferencia generaba «incertidumbre sobre las condiciones de miles de trabajadores judiciales, afectando su estabilidad, su carrera y sus derechos».

Además, los trabajadores se sienten discriminados con esta decisión porque al único fuero que afecta el traspaso es al laboral, mientras que los demás seguirán, al menos por el momento, en la órbita de la Justicia Nacional.

Qué dice el acuerdo que se suspendió

El acuerdo firmado entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, estableció que la Justicia Nacional sólo intervendrá en materia de negociación colectiva, convenciones colectivas y medidas de acción sindical y las acciones vinculadas al régimen de asociaciones sindicales, cuando resulten de jurisdicción federal.

También en los asuntos derivados del Pacto Federal del Trabajo, en particular los referidos a inspecciones laborales, aplicación de multas y demás competencias que se ejercen de manera articulada entre el Estado Nacional y las provincias y las causas que versen sobre materia laboral y a su vez sea parte o tercero interesado el Estado nacional.

La UEJN advirtió sobre la magnitud institucional del fuero, compuesto en la actualidad por 1.530 agentes que tramitan alrededor de 700.000 expedientes entre ambas instancias. La entidad sindical argumentó que el traspaso incurre en una regresividad normativa que vulnera derechos adquiridos.

Señaló además que el acuerdo no establece el traspaso automático del personal ni regula su estabilidad laboral, pero además tiene otros problemas:

• Altera el sistema de ascensos porque el traspaso implica pasar a un régimen administrativo de evaluación anual en la Ciudad que es desfavorable para los trabajadores
• Modifica la jornada laboral porque los empleados pasarían de una carga de seis a siete horas diarias (35 semanales)
• Omite al personal de maestranza, indispensable para el funcionamiento, cuyas tareas no están contempladas en el convenio colectivo porteño

Como protesta contra este convenio y por la toma del edificio, la actividad en la sede de la Justicia Nacional del Trabajo (Diagonal Roque Sáenz Peña 760) estuvo paralizada en las últimas semanas e incluso no se sortearon nuevas causas.

Cómo va a funcionar la Justicia laboral en la Ciudad

Para poner en marcha el fuero laboral en la Ciudad, en diciembre de 2024 la Legislatura porteña sancionó dos leyes (6.789 y 6.790). La primera creó una Cámara de Apelaciones del Trabajo, compuesta por seis jueces y juezas divididos en dos salas y 10 juzgados de primera instancia con competencia en conflictos individuales del trabajo y en recursos vinculados con las comisiones médicas.

El Gobierno de CABA se comprometió, en un plazo no mayor a 180 días, a llevar a cabo de manera inmediata el procedimiento de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público (Fiscalía, Defensa y Tutelar) conforme a los mecanismos de selección previstos en la normativa vigente.

También acordó con la Nación adoptar todas las medidas administrativas, presupuestarias y operativas necesarias para asegurar la efectiva puesta en funcionamiento del fuero. Mientras tanto, la Nación se comprometió a transferir progresivamente a la CABA recursos vinculados a las competencias aquí transferidas para garantizar su funcionamiento.