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ECONOMIA

Juicio por YPF: Argentina defendió su posición y la Cámara de Apelaciones de Nueva York puso a prueba los argumentos de Burford

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El Thurgood Marshall United States Courthouse, en el sur de Manhattan, donde se realizó la audiencia (REUTERS/Mike Segar)

La Corte de Apelaciones de Nueva York escuchó hoy la apelación de la República Argentina contra el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó al país a pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.

Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson preguntaron en profundidad a los representantes de la defensa argentina como a los abogados de Burford Capital, que impulsa la demanda millonaria contra el Estado argentino.

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La audiencia sucedió en la sala 1703 del edificio de la Corte Thurgood Marshall, muy cerca del puente de Brooklyn. A las 1130 (hora del Este), inició la sesión con un lleno de casi doscientos abogados y asesores que aguardaron en silencio cuando aparecieron los tres magistrados.

En primera fila se alinearon Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, los subprocuradores de la Procuración del Tesoro, que defienden formalmente al Estado Nacional. Y muy cerca de ellos, un batallón de abogados y asesores que defienden a la Argentina frente a la demanda del estudio inglés.

Infobae fue el único medio que estaba en la audiencia que será clave para la causa que se inició tras la expropiación de YPF ordenada por Cristina Fernández de Kirchner.

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“Esto es el Superbowl”, sintetizó Robert Giuffra, abogado del estudio Sullivan & Cromwell, que representa a la Argentina. A Giuffra se lo veía seguro cuando hacia la fila para entrar al Tribunal, adelante del enviado especial de este medio.

Denny Chin, José Cabranes y
Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, los jueces de la Corte de Apelación que tratan el Caso YPF

La audiencia se extendió por casi dos horas, y fue una batalla legal con tono florentino. Todos los abogados se conocen entre sí, y a su turno, cada uno de ellos trataba como suma diplomacia a su adversario en la Corte de Apelaciones.

“Mi amigo, mi colega”, se decían mutuamente Roberto Giuffra -abogado de Argentina- y Paul Clement, representante del Burford. Pareciera que a Giuffra le fue mejor que a su colega Clement.

Los mercados interpretaron como negativa la audiencia para Burford Capital, el polémico bufete de abogados que compró hace una década los derechos para litigar en este caso y es el principal beneficiario del fallo de Preska.

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Al menos así lo mostró el precio de su acción, que caía casi un 10% al concluir la audiencia de apelación en el histórico edificio Thurgood Marshall.

“Consideramos que este caso nunca debió resolverse en una corte estadounidense” (Giuffra)

Los jueces Chin, Cabranes y Robinson exhibieron un conocimiento profundo del Caso YPF, y cada uno de ellos preguntó sobre asuntos claves del expediente: la diferencia jurídica entre el Estado Nacional y la compañía petrolera, la jurisdicción que debería tratar el litigio -Buenos Aires o New York- y el monto de 16.000 millones de dólares que estableció Preska como indemnización.

De acuerdo con el recuento realizado sobre la base de la transcripción judicial, los tres magistrados formularon al menos 23 preguntas directas a Robert Giuffra, y 22 a Paul Clement, abogado de Burford Capital, el polémico bufete de abogados que compró hace una década los derechos para litigar en este caso y es el principal beneficiario del fallo de Preska.

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Robert J. Giuffra Jr, abogado
Robert J. Giuffra Jr, abogado de la Argentina frente a la Corte de New York por el Caso YPF

La intervención de Giuffra giró sobre tres ejes: el derecho público argentino, el derecho privado societario y la metodología para el cálculo de daños.

Giuffra sostuvo que “la Corte del distrito (por Preska) inventó un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina”. Alegó que “el fallo es el mayor dictado nunca contra un Estado soberano por el Distrito Sur de Nueva York” y precisó que “los reclamos de los demandantes son exclusivamente de derecho argentino”.

-¿Cuál es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado local, y como se ordenan las vías del reclamo?-, le preguntó el tribunal a Giuffra.

No creemos que la Corte debió haber tomado el caso, pero entendemos que se debe revisar de manera independiente si la jueza Preska aplicó correctamente la ley argentina, y esa es la verdadera discusión del caso”-, contestó el abogado de la Argentina.

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A continuación, los magistrados trataron el concepto de “forum non conveniens”, que es muy importante para determinar si la jurisdicción del expediente es New York o Buenos Aires.

Giuffra respondió sin respirar: “Creemos que los aspectos sustantivos del derecho argentino son centrales, así como la determinación de los daños. Consideramos que este caso nunca debió resolverse en una corte estadounidense, ya que todos los puntos en disputa giran en torno a reglas locales”.

Con atención, los subprocuradores Stampalija y Julio Pablo Comadira escucharon el alegato de la defensa, que tendrá su peso al momento del fallo que emita el tribunal durante 2026..

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Juan Ignacio Stampalija y Julio
Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, los subprocuradores del Tesoro que estaban en la audiencia del Caso YPF, (New York, Estados Unidos)

Al tomar la palabra, Paul Clement, abogado de los demandantes, expuso que “al realizar la privatización en 1993, Argentina y YPF ofrecieron garantías extraordinarias para atraer inversores a la Bolsa de Nueva York, incluyendo el compromiso de lanzar una oferta pública en caso de que el Estado recuperara el control de la empresa”. Resaltó que “si esas garantías hubieran sido solo para el primer tenedor y no para los sucesivos compradores, la operación bursátil se habría frustrado”. Aclaró que, si bien sus clientes no participaron en la emisión original, “compraron las acciones en dólares y las reglas de los estatutos los amparan por igual”.

El equipo de Clement refutó la aseveración de que los inversores debían agotar exclusivamente el fuero argentino, interpretando que “no hay ningún texto en el derecho local que establezca remedios exclusivos”. Al mismo tiempo, calificó como “irrelevante” que los accionistas representados no sufriesen expropiación directa, al sostener que “Argentina se negó a cumplir con las obligaciones estatutarias, incumpliendo un contrato”.

El debate técnico profundizó sobre el supuesto carácter bilateral de la obligación incluida en el estatuto de YPF. Clement defendió su interpretación: “En este caso sí existe un vínculo bilateral reconocido tanto por la pericia local como por los testimonios, que faculta a los accionistas a demandar por incumplimiento”. La contraparte desacreditó esa lectura y enfatizó que “los estatutos reglamentan la mecánica de funcionamiento societario y sólo contemplan sanciones internas a los derechos políticos y económicos, como la pérdida de dividendos o voto”.

La Cámara también interrogó a Clement sobre la idoneidad del tribunal de Nueva York para tratar estos conflictos. El abogado invocó factores de conveniencia y riesgos procesales en Argentina: “En su momento existía el temor fundado de que los abogados fuesen perseguidos penalmente en la Argentina por intentar ejecutar un fallo extranjero”, y afirmó que “la elección de foro estadounidense es común en casos donde el demandante teme no obtener un trato imparcial en juzgados extranjeros”.

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Entre los aspectos monetarios revisados, la Corte se enfocó en la moneda y fecha para el cálculo de los daños. Giuffra argumentó: “El estatuto exigía una oferta sobre acciones de Clase D, negociadas exclusivamente en pesos”, y sostuvo que “los daños solo podían fijarse en moneda local y a la fecha de la sentencia, según normas de Nueva York”. Añadió: “El cálculo que hizo el propio perito de los demandantes se basó en pesos y recién al final se tradujo a dólares”. Cuando uno de los jueces solicitó una cita específica que sostuviera que en el fuero argentino el interés aplicado hubiera sido de 0,76%, Giuffra se comprometió a remitir la referencia solicitada.

Sobre el proceso, Clement insistió en que “el juicio en Nueva York incluyó no solo un fallo sumario sino también un juicio oral de tres días, donde los expertos de ambas partes prestaron testimonio directo”, rechazando así que la defensa hubiese estado impedida de ejercer plenamente sus facultades en el proceso.

La discusión final abarcó la relación entre derecho público y privado argentino. Uno de los magistrados planteó: “¿No controla el derecho público lo que dictan los estatutos societarios en una expropiación?”. Clement replicó: “El código civil argentino solo se desplaza cuando una ley lo dispone expresamente, y no existe tal desplazamiento aquí”.

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Los argumentos íntimamente ligados a la naturaleza de la jurisdicción, la interpretación de los remedios previstos en los estatutos y la moneda para la liquidación de daños ocupó el centro de escena, bajo la atenta vigilancia de los jueces, quienes, como advirtió Burford en la previa, evitaron transmitir alguna señal clara sobre eventuales inclinaciones del tribunal durante la audiencia.

YPF también defendió su postura y pidió no volver a la causa: Preska la dejó afuera del proceso hace dos años y Burford apeló esa decisión.



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ECONOMIA

¿Dólar planchado o rebote sorpresa? Lo que miran las mesas antes del cierre de mes

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El dólar oficial opera este miércoles 25 de febrero a $1400, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $1380. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vende $1449 (+0,1%), y el MEP se ubica a $1404 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negocia, a $1430.

El dólar oficial llega al cierre de febrero con una rareza que en Argentina siempre llama la atención: baja el tipo de cambio y, al mismo tiempo, el Banco Central sigue sumando compras en el mercado. En la superficie, el clima es de calma y de pax cambiaria, pero por debajo asoman variables que el mercado mira con lupa porque suelen anticipar cambios de humor.

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La explicación no pasa por un solo engranaje, sino por un combo que se retroalimenta: más oferta de divisas, tasas en pesos que se recalientan por la dinámica financiera del mes y un flujo de dólares financieros que se mantiene activo. Con ese telón de fondo, el precio del dólar pierde tracción y la cobertura cambia de manos.

La clave es que, cuando sobran dólares y faltan pesos, el incentivo se mueve hacia estrategias de corto plazo: vender divisas, colocarse en instrumentos en moneda local y buscar rendimiento. Ese movimiento puede sostenerse mientras el mercado perciba que el retorno en pesos compensa el riesgo cambiario.

Oferta de dólares: agro firme y emisiones que siguen empujando el flujo

Desde PPI señalaron que el primer factor detrás de la baja del oficial es una oferta de divisas que se mantiene robusta por dos canales. En la cuenta corriente, destacaron que la liquidación del agro se sostuvo en niveles elevados para la época.

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Los especialistas del bróker detallaron que el promedio diario de liquidación fue de u$s88 millones en enero y de u$s84 millones en lo que va de febrero, una estabilidad que le pone un «piso» de oferta al mercado oficial. Ese ritmo, explicaron, ayuda a que el dólar no encuentre demanda suficiente como para revertir la tendencia.

Para PPI, el segundo canal es la cuenta financiera, donde continúan pesando las emisiones corporativas y provinciales. Sus analistas apuntaron que, según una presentación del vicepresidente del Banco Central, a mediados de enero quedaban por liquidar US$3.600 millones de emisiones corporativas.

En paralelo, agregaron que desde entonces se sumaron nuevas colocaciones en el mercado local e internacional por casi u$s1.300 millones, reforzando la idea de que el flujo financiero todavía tiene margen para seguir aportando divisas al esquema actual. Además, desde PPI destacaron que el rollover por encima del 100% en licitaciones recientes empujó al alza las tasas de corto plazo y potenció el desarme de posiciones en dólares para hacer carry trade.

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Reservas que suben por dólares que todavía no pasan por el mercado

En ese contexto de abundancia, PPI puso el foco en un dato que sacudió la lectura diaria: las reservas brutas aumentaron u$s1.348 millones en una sola rueda. Para los analistas, el número no se explicaba únicamente por la dinámica típica de intervención o valuación.

Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que u$s1.007 millones de esa suba no tenían una explicación a simple vista en el momento. La interpretación que trabajaron fue que el salto estuvo asociado a ingresos por emisiones provinciales, con una hipótesis concreta sobre el caso de Santa Fe.

Según reconstruyeron desde PPI, la provincia habría captado u$s800 millones en una emisión que permanecían en un banco extranjero y luego se habrían transferido al Banco de Santa Fe. Ese movimiento habría elevado los encajes en dólares del sistema, y por esa vía impactado en el nivel de reservas brutas.

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Los especialistas del bróker remarcaron que, aun con esa transferencia, los fondos todavía no se habían liquidado en el mercado cambiario. Por eso, lo interpretaron como un posible paso previo, más que como una venta efectiva que explique por sí sola la tendencia del tipo de cambio.

Compras del BCRA y macro de enero: el antídoto para la inflación tiene costo

Desde Cohen señalaron que la combinación de presión sobre las tasas, oferta del agro e ingresos de dólares financieros permitió que el Banco Central extendiera la racha de compras aun con un tipo de cambio que acentuó su caída. Para sus analistas, el excedente cambiario actual se apoya en varios pilares simultáneos.

Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que, en la semana pasada, el BCRA continuó comprando divisas en el MLC y adquirió u$s323 millones, a un ritmo de u$s107 millones diarios. Con ese desempeño, acumularía en febrero más de u$s1.300 millones de compras netas y más de u$s2.400 millones en lo que va del año, mientras el stock de reservas brutas cerró en u$s46.261 millones.

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Para Cohen, el excedente cambiario también se vincula con un mejor saldo comercial, que combina buen ritmo de liquidación del agro y menores importaciones, y con un mayor flujo financiero por ingreso de préstamos. A la vez, remarcaron que la demanda de activos externos se moderó, respaldada por tasas de interés en pesos más altas. En esa misma línea, apuntaron que las reservas netas siguen negativas: alrededor de u$s-19.000 millones según la definición del FMI y cerca de u$s -2.100 millones en la definición tradicional.

En el plano macro, sus analistas apuntaron que los datos de enero trajeron señales positivas: una mejora significativa del saldo comercial y cuentas públicas que mantuvieron el superávit. En ese marco, remarcaron que tasas en alza, tipo de cambio a la baja y superávit fiscal conforman el antídoto elegido para bajar una inflación que resiste más de lo esperado, con la actividad como variable de ajuste.

Futuros, tasas implícitas y la última semana: dónde puede moverse el dólar

Los especialistas del bróker detallaron que la baja del tipo de cambio se sostuvo incluso con el Banco Central comprando reservas, apoyada en agro firme, dólares financieros por colocaciones y préstamos, y tasas elevadas que mantienen vivo el carry trade. Para Cohen, esa menor demanda de cobertura se refleja en el mercado de futuros.

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Sus analistas apuntaron que los contratos de dólar futuro retrocedieron 1,5% en la semana, con caídas más marcadas en febrero (-2,2%) y marzo (-2,0%). El volumen operado diario se mantuvo estable en torno a u$s904 millones, mientras que el interés abierto promedio subió cerca de u$s150 millones hasta u$s5.291 millones.

En esa misma lectura, los contratos descuentan una devaluación implícita de aproximadamente 2,2% a 2,3% mensual, y las tasas implícitas se mantienen alrededor de 27% a 30% TNA. Para Cohen, ese set de precios sugiere que, por ahora, el mercado no está pagando un escenario de salto cambiario en el corto plazo.

De todos modos, desde PPI señalaron que la última semana del mes suele ser clave para definir si el tipo de cambio extiende la tendencia bajista o si aparece un cambio de ritmo. En particular, enfatizaron que habrá que monitorear si el BCRA decide ponerle un piso al dólar vía compras -un escenario que no descartan- aunque hoy no lo ven como la opción preferida dada la dinámica reciente de la inflación, y qué ocurre con la liquidez del Tesoro.

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ECONOMIA

Granos desaparecidos, denuncias y cheques impagos: la situación de una empresa del agro genera otra vez preocupación en el sector

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Productores aseguran que los granos entregados ya no se encontrarían en las plantas de silo y que hubo movimientos inusuales de camiones en horarios nocturnos (REUTERS/Matias Baglietto)

Huergo Cereales, una firma de acopio de granos basada en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, enfrenta el punto más álgido de su crisis. Con 440 cheques impagos por más de $2.442 millones, la empresa ya estaría negociando con un grupo agroindustrial del interior para ser absorbida y así evitar su quiebra y la liquidación de sus activos.

Esta crítica situación financiera que ya se replicó en varias partes de la cadena agroindustrial no es, sin embargo, el único problema de Huergo. Además de los cheques rechazados que figuran en los registros oficiales del Banco Central, la compañía tiene deudas con productores, lubricentros, talleres mecánicos, electricistas, casas de repuestos y otros proveedores.

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El contexto volvió a encender algunas luces amarillas en el sector, que tuvo momentos de tensión con empresas en crisis más recientes, como Bioceres, y otras que tuvieron cuestiones financieras complejas el año pasado, como Surcos, Los Grobo y su controlada firma de insumos para el campo Agrofina, entre otras.

Los granos de soja correspondientes a la última campaña y el trigo que los casi 50 productores que trabajan con Huergo Cereales entregaron hace poco más de un mes, ya no se encontrarían en las instalaciones del acopio. De hecho, según pudo saber este medio, la mercadería fue entregada para su procesamiento o exportación en un lapso menor al que suelen llevar estos procesos. Fuentes con conocimiento del caso señalaron que “entraban camiones a la medianoche”, en movimientos que llamaron la atención de productores de la zona.

La magnitud de la deuda encendió las alarmas en la plaza local, donde la compañía operó durante años como uno de los principales canales de comercialización para productores medianos y pequeños de la zona. En el circuito comercial agropecuario, la acumulación de documentos impagos no solo restringe el acceso al financiamiento, sino que también paraliza la operatoria cotidiana y deteriora la confianza, un activo central en el negocio del acopio.

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Huergo tiene una larga trayectoria en la región. Originaria de las localidades bonaerenses de Palemón Huergo y Coronel Mom, estuvo inicialmente conformada por múltiples productores de la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante el fallecimiento de los titulares originales, las participaciones se vendieron hasta quedar en manos de dos socios locales que no tenían vínculo con la actividad agropecuaria. Uno de ellos provenía de la industria aseguradora, mientras que el otro, se dedicaba a la venta de cigarrillos.

REUTERS/Nacho Doce
REUTERS/Nacho Doce

Actualmente el primero ya no integra la sociedad. El segundo, en tanto, concentra entre el 90% y 95% de la estructura accionaria de la empresa. El porcentaje restante está en manos de un empleado histórico del acopio. Este medio intentó comunicarse con los involucrados, pero no obtuvo respuesta al momento del cierre de esta nota.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, los productores que entregaron granos al acopio desconfían del origen de los fondos que utilizó uno de los socios para hacerse con el control de la empresa tres años atrás. De hecho, muchos de ellos recurrieron a la Justicia alegando que el empresario habría utilizado fondos provenientes de la comercialización de esos granos para ampliar su participación en la compañía.

“La empresa se encuentra actualmente evaluando distintos escenarios operativos y financieros, en un contexto complejo para el sector. No hay definiciones formales adoptadas ni decisiones institucionales para comunicar en este momento. Ante cualquier novedad oficial, será informada por los canales correspondientes”, respondió ante la consulta de este medio el abogado de la empresa.

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Aunque la actividad principal de Huergo es el acopio de granos y cuenta con dos plantas de silo, una en Palemón Huergo y otra en Coronel Mom, la empresa también alquila campos para realizar siembras y posee cuatro camiones propios para el flete del acopio.

En materia de personal, la firma contaba con 19 empleados, aunque uno de ellos renunció en diciembre pasado debido a retrasos en los pagos. En el mercado local no descartan que, de no prosperar la incorporación de un inversor, la firma deba recurrir a una presentación judicial para reordenar sus pasivos.



Agricultural Markets,South America / Central America

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ECONOMIA

Problemas para cervecería Quilmes: eliminará un tercio de empleos y suprimirá 2 turnos en una planta

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La empresa Cervecería y Maltería Quilmes anunció que avanzará con un recorte de personal en su planta operativa de Zárate, donde más de la mitad de los trabajadores dejarán sus puestos a través de un programa de retiros voluntarios. La compañía pasará de una dotación de 260 empleados a apenas 80 y reducirá su esquema de producción de tres turnos diarios a uno solo.

Quilmes recurre a un plan de retiro voluntario para reducir empleados

La decisión fue acordada con la comisión interna de la planta, que atribuye la medida a una caída del 45% en las ventas respecto de 2025 y a los problemas financieros que la empresa venía arrastrando como consecuencia de la retracción del consumo y la mayor apertura de importaciones. El ajuste busca evitar un escenario más crítico para la operación local.

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Desde la representación gremial señalaron que la negociación se dio en un contexto de alta tensión, ante la posibilidad concreta de un freno total de la producción e incluso el cierre definitivo de la planta. «La idea es seguir manteniendo el envasado de cerveza con una dotación más acotada», explicó Horacio Romero, referente sindical del establecimiento, al referirse al esquema que quedará vigente tras la reestructuración.

El comienzo de 2026 encontró a la industria atravesada por una crisis más amplia que impacta en distintos sectores manufactureros. En el caso puntual del negocio cervecero, el avance de las importaciones aparece como un factor determinante en el deterioro del mercado interno.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (Cien), elaborado sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025, un salto que profundizó la competencia externa en un contexto de consumo debilitado y presión sobre los costos locales.

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Importaciones en la mira, tras el caso Fate

La crisis de la empresa de neumáticos FATE puso al discurso del gobierno ante su test más exigente: debe sostener la filosofía aperturista, lo que implica que el acceso de los consumidores a productos de bajo precio es mejor que sostener empleos industriales poco competitivos.

Y en esa «batalla cultural» está permitido usar armas de grueso calibre, como por ejemplo denunciar planes de conspiración política, como insinuó el propio Javier Milei al marcar el sugestivo «timing» de Javier Madanes Quintanilla para anunciar el cierre de FATE justo en pleno debate sobre la reforma laboral.

También se reflotó otra acusación grave, que ya se había escuchado a fin del año pasado, cuando la planta de Whirlpool cesaría la fabricación de lavarropas en su planta de Pilar por el bajón del consumo y la competencia importada. En ese momento, economistas afines al gobierno argumentaron que la actividad industrial en los últimos 20 años ha sido, en realidad, una excusa para obtener rentas financieras.

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La explicación es que, en regímenes muy regulados -con cepo cambiario y cierre importador-, al industrial argentino le convenía tomar préstamos en pesos a tasas bajas, que luego se terminaban licuando con la inflación. Y que eso se completaba con un subsidio de hecho a la importación de insumos, porque se les daba prioridad para acceder al tipo de cambio oficial.

No por casualidad, los militantes del gobierno hicieron circular en las redes sociales una charla entre Madanes e industriales del rubro textil, en el que el líder de Aluar reconoce que, al final del gobierno de Alberto Fernández se produjo una masiva acumulación de stock, con la premisa de que sobrevendría un período de tipo de cambio alto, pero que eso finalmente no ocurrió, con lo cual el stock salió a la venta mucho más lentamente de lo previsto.

Felipe Núñez, uno de los principales asesores de Toto Caputo, fue quien tomó la voz acusatoria en esta polémica, al calificar a Madanes como «el empresaurio que durante años cobró el aluminio el doble en Argentina de lo que lo vendía en el exterior, e incluso hoy lo sigue vendiendo aproximadamente un 40% más caro en el país».

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Es decir, la acusación lleva implícita la advertencia de que lo mismo que le ocurrió al rubro del neumático con la competencia importada le podría ocurrir al sector del aluminio.

FATE, la punta del iceberg

En un ambiente hipersensibilizado tras la pelea con Paolo Rocca, líder de Techint -a quien Milei bautizó «Don Chatarrín de los tubos caros»-, se vuelve a instalar la eterna polémica: ¿la industria argentina no puede competir si no cuenta con protección estatal? ¿O, como afirman los industriales, Milei está practicando un liberalismo ingenuo que no se aplica en ningún país industrializado, donde los subsidios y los cupos de importación están a la orden del día?

El motivo por el cual le cuesta cada vez más defender su discurso al gobierno es que, lejos de tratarse de casos aislados, las empresas en crisis y con pérdida de empleo son la generalidad. Los números son elocuentes al respecto: en la industria se está usando, en promedio, apenas un 53,8% de la capacidad instalada, y hay casos extremos, como el automotor, donde el uso es de sólo el 31% de la planta-.

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El gobierno se defiende con datos como el de la relativa estabilidad del empleo, después de que el censo del Indec publicara para el tercer trimestre del año pasado una desocupación de 6,6%. Sin embargo, los economistas críticos afirman que esa estadística oculta una realidad preocupante: en dos años se perdieron unos 200.000 puestos de trabajo informales -la mayor parte en el sector industrial-, mientras que los nuevos empleos están, sobre todo, en el cuentapropismo y los nuevos trabajos de servicios por aplicaciones de internet.

Y los economistas críticos recuerdan que no sólo está en crisis la «industria protegida» sino que también pasaron zozobras empresas del agro y del sector energético, los supuestos «ganadores» del modelo. En la lista hay nombres como Bioceres, Agrofina, Aconcagua y President Petroleum.

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