El ministro y la titular del Fondo Monetario Internacional trazaron lineamientos de trabajo, de cara al próximo año. Argentina, modelo de desregulación

08/02/2026 – 18:26hs

En un domingo de intensa actividad diplomática en Medio Oriente, Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva mantuvieron una reunión clave para consolidar la relación entre la administración de Javier Milei y el FMI. 

El diálogo se centró en los lineamientos de trabajo para el próximo año dentro del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, posicionando el modelo argentino de desregulación como un referente global ante el organismo.

Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva dialogaron en Arabia Saudita

Tras la cita en Arabia Saudita, ambos funcionarios utilizaron sus redes sociales para validar el intercambio. Por un lado, Sturzenegger aseguró que las reformas estructurales de Argentina son vistas como un «ejemplo para otros países» y destacó la sintonía en la visión de crecimiento para 2026.

«Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC!», escribió el ministro en sus redes sociales.

En tanto, Georgieva calificó el encuentro como «excelente», poniendo el foco en la aplicación práctica de los debates del Fondo en los países miembros.

La reunión de Sturzenegger adquiere mayor relevancia ante el ajuste en la agenda del Presidente. Javier Milei priorizará su participación en el «Board of Peace» en Washington DC el próximo 19 de febrero, lo que lo llevará a intervenir de forma virtual en la cumbre de Mar-a-Lago, delegando la presencia física en Estados Unidos en el propio Sturzenegger.

Auditoría técnica del FMI en Buenos Aires

Mientras los funcionarios dialogaban en el exterior, un equipo técnico liderado por Luis Cubeddu inició en la capital argentina la segunda revisión del programa.

Los números preliminares favorecen al Gobierno en el frente fiscal: el superávit primario cerró en 1,4% del PBI, superando el 1,3% pactado con el organismo. Sin embargo, la atención de la misión estará puesta en la velocidad de acumulación de reservas y la sostenibilidad del ajuste para el resto del ciclo 2026.

Los Proveedores de Servicios de Pago y Billeteras digitales respondieron hoy que “ninguno de los argumentos (bancarios) se sostiene y que las cuentas de pago son un “esquema robusto” de seguridad de los fondos

La disputa entre bancos y Proveedores de Servicios de Pago (PSP), billeteras virtuales y otros “actores no bancarios” en torno de un artículo del proyecto de “modernización laboral” que el gobierno envió al Congreso y cuyo tratamiento y aprobación quiere acelerar a partir de esta semana, tuvo un cruce de argumentaciones este fin de semana.

El sábado, las cámaras bancarias, Adeba, ABA y Abappra enviaron a Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, a Martín Menem, titular de Diputados, y a todos los legisladores vinculados a la iniciativa un documento en el que afirman que el artículo 35 entraña “una pérdida de protecciones legales esenciales”, no brinda garantías e implica un “mayor riesgo” para los usuarios además de significar una “asimetría regulatoria” y una “supervisión insuficiente” y reduciría la capacidad crediticia de los bancos.

Hoy la Cámara Argentina Fintech, que agrupa a todos los sectores y servicios que la nueva normativa habilitaría como canales director para el pago de sueldos respondieron con un documento que de entrada planteó dos preguntas conectadas: ¿Quién debe decidir dónde cobra un trabajador su sueldo? ¿El trabajador según su conveniencia o los bancos?

La Cámara, obviamente, impulsa la libertad de elección para cobrar salarios y que -como dice el documento que difundieron hoy- los trabajadores puedan elegir libremente dónde acreditar sus salarios, incluyendo cuentas de pago ofrecidas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados y regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“El debate en curso no trata de imponer el uso de billeteras virtuales, sino de ampliar derechos, promover la competencia y adecuar el marco legal a una realidad económica que ya existe, caracterizado por la adopción masiva de cuentas digitales, la interoperabilidad y el uso cotidiano de instrumentos electrónicos para administrar ingresos y realizar pagos”, dicen las Fintech. Y afirman que permitir la acreditación de salarios en cuentas de pago reguladas no implica imponer cambios ni asumir nuevos riesgos, sino actualizar la normativa laboral a una realidad ya consolidada y ampliamente documentada por indicadores oficiales del Banco Central.

Las cuentas de pago, dicen, “son hoy un componente estructural del sistema financiero”. Y como respaldo precisan que según el BCRA, en diciembre se registraron 753 millones de transferencias inmediatas en pesos por un total de $88,7 billones. (+24,8% en cantidad de operaciones y del 24,4% en montos reales de crecimiento interanual). “El 75% de esas transferencias tuvo como origen o destino una CVU, es decir, una cuenta de billetera digital. En términos simples, millones de personas ya administran su dinero todos los días a través de estas cuentas”.

En ese contexto, prosigue el documento, “el salario aparece como una de las pocas operaciones masivas donde todavía no existe plena libertad de elección del canal. La iniciativa legislativa no intenta forzar comportamientos ni alterar dinámicas existentes: busca que la ley deje de correr detrás de la realidad. Mantener restricciones normativas sobre el uso de cuentas de pago para el cobro de salarios se apoya en supuestos que ya no describen cómo funcionan hoy las finanzas de las personas”.

Contra lo que dicen las cámaras bancarias, las Fintech dicen que operan “bajo un marco regulatorio específico y supervisado”, pues están “registrados y supervisados por el BCRA, bajo un marco regulatorio específico que contempla obligaciones operativas, tecnológicas, informativas y de protección al usuario”. Se trata de un régimen diferente al bancario -alegan- porque “los PSP no realizan intermediación financiera ni asumen riesgos sistémicos, por lo que la regulación se orienta a la protección de los fondos y la seguridad operativa, en línea con la naturaleza de la actividad”.

Además, prosiguen, “los fondos de los usuarios permanecen dentro del sistema financiero” ya que según la normativa vigente del BCRA  “el 100% de los fondos de los usuarios en cuentas de pago debe mantenerse depositado en cuentas bancarias a la vista, separadas del patrimonio del PSP”. Esto, argumentan, “implica que los recursos permanecen dentro del sistema financiero regulado, bajo supervisión prudencial; desde el punto de vista funcional, tanto si un salario se acredita en una cuenta bancaria como en una cuenta de pago, los fondos se encuentran alojados en bancos”.

Según las Fintech, el debate o objetivo de fondo debería ser “ampliar el acceso al crédito”, contexto al que añaden que agregar opciones “no elimina las anteriores” y que aumentar la competencia fortalece la infraestructura financiera general.

Por eso, concluyen, “desde la Cámara Argentina Fintech instamos al Congreso de la Nación a avanzar en una normativa que amplíe derechos, fomente la competencia y acelere la inclusión financiera. Los bancos se oponen a la libertad de elegir dónde cobrar salarios para no perder privilegios. El salario pertenece al trabajador. Reconocer su derecho a elegir dónde cobrarlo es un paso necesario hacia un sistema financiero más abierto, dinámico y alineado con la realidad de la Argentina actual”.

Entre otros datos, la Cámara Fintech señalan que en octubre de 2019, en vísperas de la pandémica de Covid-19, en la Argentina se hacían cerca de 17 millones de transferencias inmediatas mensuales y que en octubre de 2025 ese número ascendía a 690 millones, “un crecimiento de más de 40 veces”. En ese período, añaden, “se pasó de que 1 de cada 10 argentinos tuviera una cuenta de pago a su nombre a que 8 de cada 10 argentinos cuenten actualmente con al menos una cuenta digital, configurando un escenario de acceso prácticamente universal a instrumentos de pago electrónicos”.

Sobre-regular actividades innovadoras, machacan, “puede generar efectos contraproducentes” y señalan la experiencia europea en ese sentido, en que la propia Comisión Europea debió hacer una “revisión integral” de regulaciones que había establecido a inicios de los años 2000.

“En la práctica, millones de trabajadores cobran hoy sus salarios en cuentas bancarias y transfieren de manera inmediata esos fondos a cuentas de pago, que utilizan como principal instrumento de administración de ingresos y pagos”, precisa el documento, y cita datos del Banco Central, según los cuales en octubre de 2023 existían 11,8 millones de cuentas de inversión con saldo, por $588.000 millones, mientras que en octubre de 2025 las cifras eran de 25,4 millones de cuentas, con saldos por $5,6 billones”.

“En términos reales -descontando la inflación medida por el IPC del INDEC-, el crecimiento de los saldos invertidos fue orden del 150%, lo que confirma que las cuentas de pago se consolidaron como herramientas estables de resguardo y gestión de fondos, y no sólo como instrumentos transaccionales”, observa el documento. Además, las Fintech apuntan una aparente contradicción en la posición de los bancos al notar: “el mismo ordenamiento normativo que admite sin objeciones la transferencia posterior del salario a una cuenta de pago restringe su acreditación directa en ese mismo tipo de cuenta, aun cuando se trate de proveedores regulados y supervisados por el BCRA.

Finalmente, las Fintech niegan uno de los argumentos centrales de los bancos acerca del riesgo para los trabajadores de recibir su salario en una cuenta de pago o billetera digital. Esa acreditación no altera, concluye, ni el carácter alimentario del salario, ni la titularidad del trabajador sobre los fondos ni las protecciones legales.

“Resulta inconsistente -rematan- sostener que el salario se encuentra protegido mientras permanece en una cuenta bancaria, pero pierde dicha protección cuando el trabajador decide transferirlo —de manera inmediata y masiva, como ocurre en la práctica— a una cuenta de pago. Si la transferencia posterior es considerada válida y segura, no existe fundamento para prohibir la acreditación directa”.

El texto enviado por las cámaras bancarias al Congreso, en cambio, había destacado que los bancos “cuentan con responsabilidad patrimonial plena y un marco jurídico claro frente a los usuarios, protegiendo la etapa crítica -el cobro seguro- sin restringir la autonomía posterior del usuario”, capacidad y responsabilidades que no asignan a PSPs y billeteras virtuales.

Según los bancos, el artículo 35, al permitir el pago vía PSPs y billeteras virtuales “contribuiría al desmantelamiento de infraestructura crítica” y a la “profundización de la exclusión financiera” y que -afirman- “ningún proveedor de servicios de pago ni entidad no bancaria posee, ni puede replicar con estándares equivalentes la capilaridad de red que resulta esencial para garantizar el derecho efectivo de los trabajadores de percibir y disponer de sus ingresos en forma inmediata y sin costos, especialmente en el interior del país”.

La baja del impuesto a las Ganancias a las empresas que se incluye en la reforma laboral es uno de los puntos que más está generando tensiones entre los gobernadores y el Ejecutivo por el impacto sobre las cuentas provinciales que implicaría.

Más en detalle, la reducción de alícuotas para ejercicios fiscales a partir de 2026 sería del 30% al 27% y del 35% a 31,5%. La menor recaudación por esa vía conllevaría una disminución en la coparticipación para las provincias.

Según cálculos del economista y presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, el costo fiscal anual directo de la propuesta es de 0,22% del PBI y va a empezar a impactar recién en el año 2027, en caso de que la reforma se apruebe con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

“Esto es así porque las empresas van a tributar el saldo correspondiente a 2026, a partir de mayo de 2027. El costo fiscal anual directo se distribuye 0,09% del PBI para Nación y 0,13% del PBI para provincias y CABA”, indica el informe.

Resalta que es importante cuantificar relativamente la resignación de recaudación. En efecto, se tiene que para las provincias y CABA equivale al 2% del total de transferencias automáticas nacionales que reciben por año.

Entre los planteos que los gobernadores llevaron al Gobierno nacional, figuraba la exigencia de implementar medidas que compensen la merma en la recaudación derivada, en particular, del capítulo fiscal incluido en la reforma laboral y más precisamente dicho cambio en Ganancias. Los mandatarios provinciales se iban a reunir esta semana para debatir la cuestión pero finalmente el encuentro se suspendió, en plenas negociaciones con el Ejecutivo.

En consonancia, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y sus pares Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán; sostuvieron días atrás: “La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizará las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos”,

En Casa Rosada sostienen que es un punto sujeto a negociación y que están dispuestos a hacer cambios en el proyecto, siempre y cuando “no se afecte el espíritu” de la norma. Por lo demás, aseguran que hay un amplio consenso para que se apruebe en las próximas semanas, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. “La reforma tiene que salir”, enfatizan, al mismo tiempo que aseguran que “expondrán” a todos aquellos que no quieran aliviar la carga tributaria.

Advierten que la rebaja de Ganancias se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

La incógnita central, dice Argañaraz, es en qué magnitud y en qué plazo crecerá la base imponible del impuesto a las Ganancias, ya sea por una menor evasión fiscal o por un repunte de la actividad económica, tras la reducción de las alícuotas.

Según sus estimaciones, la recaudación anual por este tributo debería incrementarse en torno al 10% en términos reales para que el Estado pueda recuperar, a través de un ingreso adicional equivalente al 0,22% del PBI, lo resignado por la baja de impuestos a las empresas.

En este marco, el economista plantea 3 escenarios:

• Escenario 1 (optimista): la baja de alícuotas del impuesto a las ganancias en 2026 amplía la base imponible y permite que, ya en 2027, las empresas paguen un impuesto incremental equivalente a la pérdida de recaudación generada por la reducción de tasas. Desde ese año en adelante, la recaudación se mantiene al menos en ese nivel, por lo que no hay pérdida fiscal: la menor recaudación inicial se compensa totalmente con el aumento derivado de la medida. En este escenario, ni la Nación ni las provincias ven afectada su recaudación, pero sí se concreta la baja de alícuotas.
• Escenario 2 (pesimista): la reducción de alícuotas no tiene ningún efecto positivo sobre la recaudación. En este caso, todos los años se registra una pérdida fiscal equivalente al 0,22% del PBI. Se trata del escenario más adverso, en el que tanto la Nación como las provincias pierden de manera sostenida un 0,22% del PBI anual durante todo el período en que se mantenga la baja de alícuotas.
• Escenario 3 (intermedio): la recaudación adicional crece de manera gradual y compensa cada año un cuarto de la pérdida inicial, es decir, alrededor del 0,055% del PBI por año. Bajo este supuesto, la recaudación total recién se recupera en el cuarto año, en 2030. Durante los primeros años se produce una caída de ingresos que luego se revierte, lo que vuelve al esquema fiscalmente viable, aunque con la necesidad de financiamiento transitorio si no se compensa mediante una reducción del gasto público.

“El proyecto debe ser analizado con la recaudación adicional derivado de la baja de alícuotas y no con la recaudación derivada de un mayor PBI real. Pero esto no inhabilita a que la baja de recaudación por baja de alícuotas sea financiada con mayor recaudación de ganancias y de otros impuestos por mayor crecimiento del PBI real. Es un tema para una discusión política”, afirma Argañaraz.

“Es la filosofía del gobierno nacional actual la de financiar la baja de impuestos con el crecimiento de ingresos por mayor PBI real, dada una disminución del peso relativo del gasto público”, agrega.

Por otro lado, en términos generales, la reforma laboral, según la consultora Invecq, tienen un costo de 0,83% del PBI. “La mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)“, destacaron en un informe.

Sucede que, además de Ganancias, se propone el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), eliminación de impuestos internos (seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves); de los dos Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera; y del cargo de 10% en entradas de cine para financiar al INCAA.