ECONOMIA
La disputa por las cuentas sueldo resurge en el Congreso con la reforma laboral: cuánto pagan hoy las billeteras digitales

En medio del tratamiento legislativo de la ley de Modernización Laboral impulsada por el oficialismo, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, subyace en uno de sus artículos la batalla entre los bancos y las fintech por las cuentas sueldo.
El proyecto original de reforma laboral habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales, pero la disposición fue retirada durante su tratamiento en comisión en el Senado, antes de la votación que le otorgó media sanción.
En las últimas horas se hizo público que el bloque de Diputados del PRO, que lidera Cristian Ritondo, quiere que las billeteras virtuales puedan ser un vehículo alternativo para el cobro de salarios y que la cuestión sea incorporada al debate en la Cámara baja.
En este sentido, ¿cuánto pagan las principales billeteras virtuales por los pesos inmovilizados? Éstas ofrecen rendimientos diarios con una Tasa Nominal Anual (TNA) que oscila aproximadamente entre el 22% y el 27%. Las opciones más destacadas incluyen a Ualá (26% TNA), Prex y Cocos (25% TNA), Naranja X (25% TNA) y Mercado Pago (24,32% TNA), permitiendo generar intereses con dinero disponible.
Principales rendimientos (TNA) al 14/02/2026:
- Ualá (Cuenta Remunerada): 26%.
- Prex Argentina (FCI MM): 25,12%.
- Cocos Capital (FCI RM): 25,12%.
- Naranja X (Cuenta Remunerada): 25%.
- Personal Pay (FCI MM): 24,88%.
- Mercado Pago (FCI MM): 24,32%.
- IEB+ (FCI MM): 23,82%.
- Claro Pay (FCI MM): 23,40%.
- Lemon Cash (FCI MM): 23,04%.
Entre otras características, las wallets ofrecen un rendimiento diario. Estas billeteras funcionan con cuentas remuneradas (FCI – Fondos Comunes de Inversión), lo que permite que el dinero rinda diariamente y se pueda usar en cualquier momento.
Algunas asignan un tope de remuneración, algo a tener en cuenta, es decir que las billeteras establecen topes máximos de dinero a remunerar (por ejemplo, Naranja X cuenta remunerada paga hasta ciertos montos).
Por otra parte, no hay que perder de vista la variabilidad de los rendimientos, pues las tasas son nominales anuales y pueden cambiar rápidamente según la política monetaria.
Vale recordar que la Cámara Argentina Fintech anunció que impulsará nuevamente la propuesta para permitir el pago de salarios a través de billeteras virtuales, tras la exclusión de este artículo en la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado. La entidad anticipó que buscará reinstalar el debate en la Cámara de Diputados y defendió la necesidad de incorporar mayor competencia y libertad de elección en los canales de acreditación salarial.
En el proyecto original, la reforma habilitaba la opción de recibir haberes tanto en cuentas bancarias tradicionales como en billeteras digitales. Sin embargo, durante el tratamiento en comisión, los senadores decidieron suprimir este punto. De acuerdo con un comunicado de la Cámara Argentina Fintech, esta decisión restringe alternativas para los trabajadores y limita la competencia en el sector financiero. “Resulta contradictorio que se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial”, sostuvo la entidad.
El sector tecnológico remarcó que la libertad para optar por el canal de cobro no debilita el sistema, sino que lo obliga a competir por el cliente. “El salario pertenece al trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería pertenecerle”, subrayó la cámara.
Datos del BCRA muestran que las billeteras digitales intervienen en el 75% de las transferencias inmediatas en el país
La masificación de las billeteras virtuales ya se refleja en el uso cotidiano de los usuarios en Argentina. Un informe de la consultora Isonomía citado por la cámara indica que nueve de cada diez argentinos considera que debería poder elegir dónde percibir su sueldo, mientras que ocho de cada diez jóvenes opina que el cobro mediante billeteras digitales sería más práctico.
Datos del BCRA muestran que las billeteras digitales intervienen en el 75% de las transferencias inmediatas en el país. Este crecimiento ha generado tensiones con el sector bancario. Los bancos buscan preservar la exclusividad en el depósito de sueldos porque esto les garantiza fondos baratos, al no remunerar los saldos en cuentas sueldo, lo que a su vez les permite ofrecer créditos a mejores tasas.
En caso de que la competencia con las billeteras digitales se intensifique, los bancos se verían obligados a mejorar sus condiciones para retener clientes, lo que podría aumentar el costo del crédito, una variable que el Gobierno prefiere evitar.
A fines de 2025, las entidades agrupadas en ADEBA, ABA y ABAPPRA reiteraron su rechazo a la posibilidad de que las fintech puedan gestionar pagos de salarios y jubilaciones. En un comunicado, defendieron el esquema bancario actual y señalaron que las billeteras virtuales solicitaron operar cuentas sueldo y de jubilaciones sin estar reguladas ni supervisadas por el BCRA, ni ofrecer garantías sobre los fondos depositados en cuentas virtuales.
En respuesta, la Cámara Argentina Fintech aseguró que las billeteras virtuales se encuentran bajo supervisión del Banco Central, cumplen con normas de prevención de lavado, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones.
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ECONOMIA
Tasas, dólar y deuda: las claves del «Plan Otoño» del Gobierno para reactivar el consumo

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anticipó que el Gobierno pondrá en marcha una baja de las tasas de interés en el corto plazo.
«Están todas las condiciones para que la tasa siga bajando y se recupere el crédito… El mercado de dinero está preparado para que la inflación retome la tendencia descendente y eso se traslade en la baja del costo financiero», aseguró Furiase en el canal de streaming Carajo.
Furiase, una de las voces que mejor interpreta el pensamiento de Luis Caputo dentro del equipo económico, no dio detalles de la instrumentación de la medida. Pero la decisión ya está tomada.
De hecho, Caputo acaba de «importar» desde Uruguay al economista Ernesto Talvi, uno de los responsables de la estabilización económica en el país vecino.
Talvi, un experimentado economista ortodoxo, viene con la idea de introducir una dosis de heterodoxia para el Plan Milei.
«Querer apurar el tranco con la inflación muchas veces implica tasas de interés muy elevadas, tipo de cambio muy apreciado. Y finalmente, con el apuro se conspira contra la sostenibilidad del plan», dijo meses atrás.
Talvi recomienda aflojar el ajuste monetario para evitar la prolongación de la recesión económica, con los riesgos políticos y sociales que ello conlleva.
Los últimos datos sobre la economía real difundidos por el Indec dan cuenta de una malaria que se extiende en el tiempo: desde la producción industrial a las ventas de supermercados.
¿Le hará caso Caputo?
«Preparate, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas», le anticipó Javier Milei a Santiago Bausili, presidente del BCRA, hace un par de semanas ante inversores, en Nueva York.
A continuación llegó la advertencia. «Que no se vaya a la inflación, por favor. O sea, cuidado cómo los comprás. Ya saben que si fuera por mí…. Pero bueno, no me voy a meter, es una cuestión de independencia», completó el jefe de Estado ante la mirada de los inversionistas.
Para algunos financistas, este ida y vuelta entre el Presidente y Caputo refleja cierta tensión puertas adentro de la administración.
En público, el jefe de Estado sigue elogiando a Caputo como el primer día. Incluso más. Pero, en la práctica, su prédica se parece más a la que esboza Federico Sturzenegger, desde Desregulación, pero con la idea de ir a fondo con el apretón monetario. Justamente, lo que Talvi viene a modificar.
Cosecha gruesa y dólar
La cosecha gruesa ya está en la línea de largada. Empezará a gotear en el Banco Central. De hecho, el jueves el BCRA ya adquirió u$s132 millones y el último viernes ya fueron u$s172 millones.
Según la Bolsa de Cereales, la súper cosecha vale más de u$s34.000 millones, a lo que debe sumarse el superávit energético, en momentos de tensiones en los precios por la guerra en Medio Oriente.
La pregunta que el Gobierno deberá responder en estas próximas semanas refiere al precio que tendrá el dólar durante la campaña agrícola.
¿Liquidarán los agricultores a un tipo de cambio que hoy está en $1.400? ¿O el Gobierno dará una señal alcista del dólar, llevándolo al mismo ritmo de la inflación?
Por ahora, Milei se mostró en contra de que el billete verde se ajuste al alza. Pero los bancos extranjeros están viendo que, así como está el escenario, otra vez pinta para un tipo de cambio que se va atrasando velozmente, con una inflación cercana al 3% mensual.
¿Acaso aprovechará el Banco Central para acomodar el valor del dólar aprovechando la liquidación de la cosecha? ¿Será ese uno de los motivos que lleva a Caputo a evaluar una baja de la tasa de interés?
A diferencia de septiembre del año pasado, ahora el Gobierno no tiene margen fiscal para suspender el cobro de las retenciones. La caída de la recaudación impositiva lleva nueve meses consecutivos y para cumplir con el equilibrio de las cuentas públicas, Economía se vio obligado a aplicar recortes adicionales en los gastos: desde la obra pública a las universidades.
Plan Otoño: más reservas
A la necesidad de reflotar la actividad económica -cuyo desgaste ya impacta en las encuestas de imagen presidencial- el otro punto que persigue al Gobierno es la obligación de juntar dólares en el BCRA.
Ya no alcanza exclusivamente con las compras diarias: en el mercado financiero quieren ver una acumulación progresiva de divisas, que ayude a quitar incertidumbre sobre los futuros pagos de la deuda.
Entre marzo y diciembre de este año, los pagos de deuda externa suman unos u$s13.600 millones. De ese total:
- Alrededor de u$s7.000 millones corresponden a capital
- Otros u$s6.600 millones a intereses
A esa carga hay que restarle desembolsos esperados por parte del FMI y de organismos internacionales por unos u$s5.100 millones: u$s1.900 millones del Fondo y u$s3.200 millones de otros organismos multilaterales.
La necesidad neta de financiamiento queda así reducida a unos u$s8.500 millones, una cifra que hoy luce manejable en la medida en que el Banco Central continúe comprando dólares al ritmo actual y el Tesoro mantenga abierto el canal de colocaciones en moneda extranjera dentro del mercado local.
No hay que olvidar que, de frente, viene una cosecha récord: según el último reporte de la Bolsa de Cereales tendrá un monto total de u$s36.000 millones.
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ECONOMIA
Sin subsidios, el boleto mínimo del colectivo se iría a $1.500, calculan los empresarios del sector

El esquema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un proceso de reconfiguración marcado por cambios en los costos, en la demanda y en el rol del Estado en el financiamiento. En ese contexto, desde el sector empresario expusieron estimaciones sobre el valor del servicio en un escenario sin asistencia pública.
En una entrevista en Infobae en Vivo, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, planteó que si se eliminaran completamente los subsidios, el boleto mínimo de colectivo se ubicaría en torno a los $1.500, en base al nivel actual de costos. Actualmente, el valor se ubica en 700 pesos.
“Si sacáramos todos los subsidios, el día de mañana el Estado diciendo que no hay más subsidios, el boleto mínimo se iría a $1.500 con el mismo sistema de transporte que tenés hoy”, sostuvo. Según detalló, ese valor surge de la suma entre lo que hoy pagan los usuarios y los aportes estatales.
En ese sentido, explicó que actualmente el sistema percibe alrededor de $1.500 por pasajero, de los cuales un 37% corresponde a la tarifa y el resto a subsidios. En ese marco, indicó que la eliminación de la asistencia implicaría trasladar ese costo total al precio del boleto.
Fusaro aclaró que ese nivel tarifario no implicaría una mejora en la calidad del servicio. Por el contrario, remarcó que corresponde al esquema actual, que presenta limitaciones en la oferta. “Es el que tenés ahora”, señaló, al describir el funcionamiento vigente.
En ese marco, el dirigente también planteó que un esquema de transporte con mayores niveles de cobertura y frecuencia implicaría un costo significativamente más alto. Al comparar la situación actual con la de años anteriores, señaló que recuperar un sistema como el de hace una década, con más unidades en circulación y mayor oferta de servicios, requeriría un boleto mínimo cercano a los $2.000 en un escenario sin subsidios. “Nos obligaría a tener un boleto mínimo de dos mil pesos”, explicó, al referirse a un modelo con mayor cantidad de kilómetros recorridos y presencia en horarios donde hoy la prestación se redujo, como la noche.
Durante la entrevista, el dirigente repasó la evolución del sistema en los últimos años y señaló que la situación actual se configuró a partir de distintos factores. Entre ellos, mencionó el congelamiento de tarifas durante varios años y la caída en la cantidad de pasajeros durante la pandemia.
En ese período, los colectivos circularon con baja ocupación debido a las restricciones sanitarias, mientras el boleto se mantuvo sin cambios. Esa combinación llevó a un incremento de los subsidios para cubrir costos operativos como salarios y combustible.
Posteriormente, el esquema cambió con un proceso de ajuste que redujo los subsidios y dio lugar a aumentos tarifarios. Sin embargo, Fusaro explicó que ese incremento no compensó completamente la reducción de los aportes estatales. “Se retiró más subsidio de lo que se agregó tarifa”, afirmó.
Como resultado, la composición de los ingresos del sector se modificó. Mientras que en años anteriores los subsidios representaban la mayor parte de los recursos, actualmente la tarifa ganó participación, aunque sin revertir la caída en términos reales.
Ese escenario también se reflejó en la cantidad de pasajeros transportados. Según indicó, en la actualidad se registran alrededor de 8,5 millones y medio de viajes diarios, frente a los 9,5 millones que se observaban un año antes. Esa diferencia implicó una reducción de aproximadamente un millón de pasajeros por día hábil.
A lo largo de la última década, la caída resultó más pronunciada. Fusaro señaló que el sistema transporta un tercio menos de pasajeros que hace diez años, en un contexto de cambios en los patrones de movilidad y en la actividad económica.
La reducción de la demanda se combinó con una disminución en la cantidad de unidades en circulación. Hace tres años, el sistema contaba con 18.300 colectivos, mientras que actualmente la cifra no alcanza los 17.000. Esa caída implicó la salida de más de 1.300 unidades.
En paralelo, el dirigente advirtió sobre el envejecimiento de la flota. En la actualidad, cerca de un tercio de los colectivos supera los diez años de antigüedad, un límite que, según la normativa vigente, no debería superarse. Esa situación se sostuvo mediante prórrogas que extendieron los plazos permitidos.

Fusaro explicó que las empresas enfrentan dificultades para renovar las unidades debido a la falta de recursos. En ese contexto, señaló que recurrieron a su propio capital para sostener la operación. “Se están comiendo el capital”, afirmó.
Ese proceso también impactó en la prestación del servicio. Uno de los cambios más visibles se registró en la reducción de frecuencias, especialmente durante la noche. Según explicó, las empresas ajustaron la oferta en función de la demanda para optimizar el uso de los recursos disponibles.
El sistema de subsidios también experimentó modificaciones en su forma de asignación. Desde octubre de 2024, los aportes comenzaron a distribuirse en función de la cantidad de pasajeros transportados, en lugar de calcularse sobre la base de los kilómetros recorridos o la cantidad de unidades en circulación. Ese cambio buscó evitar distorsiones en la operación.
En ese marco, Fusaro señaló que el sector atraviesa un proceso de ajuste que también se refleja en la estructura empresaria. A nivel general del sistema, indicó que no se registran niveles de rentabilidad. “A nivel sistema no se gana plata”, sostuvo. Explicó que algunas empresas presentan situaciones particulares, en función de su escala o integración, pero señaló que el conjunto del sector enfrenta dificultades para sostener la operación en las condiciones actuales.
También mencionó casos de empresas que dejaron de operar, lo que derivó en procesos de reasignación de líneas. En esos casos, las autoridades realizaron convocatorias para que otras compañías asuman los servicios, en algunos casos con condiciones vinculadas a la absorción de personal o deudas.
En ese contexto, el dirigente describió un escenario de reducción progresiva del sistema. Señaló que la cantidad de unidades podría seguir disminuyendo en los próximos años, en línea con la caída de la demanda y las dificultades para renovar la flota.
Asimismo, indicó que el esquema actual genera restricciones en determinadas franjas horarias y zonas. En particular, mencionó la reducción de servicios nocturnos y la aparición de alternativas de transporte fuera del sistema formal.
En relación con el financiamiento, Fusaro planteó que el sector considera necesario mantener algún nivel de subsidios, aunque con cambios en su implementación. En ese sentido, propuso avanzar hacia un esquema en el que la asistencia se dirija directamente a los usuarios, en lugar de canalizarse a través de las empresas.
Ese modelo permitiría establecer distintos niveles de cobertura en función de las características de los pasajeros, según explicó durante la entrevista.
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ECONOMIA
Precariedad laboral, quienes pierden el trabajo solo encuentran otro empleo informal

El endeudamiento de las familias para pagar los gastos corrientes, la necesidad de sumar ingresos extra para quienes tienen ya al menos un empleo fijo y la de trabajar para quienes no lo tienen, muestran la contracara del atraso cambiario, la inflación y el aumento del desempleo en los últimos meses. La consecuencia menos evidente es la informalidad, que también sigue aumentando pese a tener vigente una reforma laboral que se propuso como respuesta oficial a la no registración laboral.
El desempleo cerró el año 2025 en 7,5% de la población económicamente activa, afectando a aproximadamente 1,7 millones de personas según dio a conocer la semana pasaa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto implica un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024 (6,4%), en un año de crecimiento económico —el PBI se expandió 3,5% punta a punta—.
Según explicó Invecq Consulting, este desacople entre crecimiento económico y dinámica del empleo se debe a que los sectores dinámicos (agro, minería, intermediación financiera) son los menos intensivos en empleo.
«Con estos niveles, no estamos frente a una crisis de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino que lo más preocupante es el deterioro en la calidad del empleo, con caída del empleo privado formal e incremento del trabajo informal», advirtió la consultora.
Empleo de menor calidad
En términos de stock, el empleo total registró una caída de 118.000 puestos respecto al cuarto trimestre de 2023, punto de partida del actual gobierno. Sin embargo, más que la magnitud de la pérdida neta, lo que destaca es su composición: el empleo asalariado registrado del sector privado acumuló una reducción de 182.000 puestos, con caídas generalizadas en prácticamente todos los sectores, mientras que el empleo informal creció en 376.000 puestos, calcularon.
Esto amortiguó parcialmente el impacto sobre las cifras de desocupación, pero a la vez evidencia un proceso de sustitución hacia formas de trabajo más precarias y sin cobertura social.
Y la consultora aclara que no se trata, como deslizaron desde ciertas esferas del poder, del paso de trabajadores hacia el empleo independiente mediante plataformas, sino que la precarización del trabajo se extiende a sectores tradicionales.
Cuántos trabajadores informales sumó cada sector:
- Comercio +210.000 puestos informales (los registrados privados en ese rubro apenas crecieron 4.000)
- Industria manufacturera +87.000 trabajadores no registrados (perdió 63.000 puestos formales).
- Construcción perdió simultáneamente puestos formales (47.000) e informales (96.000
- Sector público: caída de 80.000 empleos registrados.
«Por lo tanto, parte de los trabajadores que antes operaban dentro del sistema formal pasaron a la informalidad o solo encontraron empleo bajo esa condición,» concluye Invecq Consulting.
Endeudamiento de las familias
Con mayor desempleo y aumento de la informalidad se potencia el fenómeno de los «trabajadores pobres» que desde hace años aqueja al mercado laboral argentino: personas que con trabajos fijos o incluso formales no llegan a cubrir la canasta básica total y buscan más horas remuneradas.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de marzo mostró que el endeudamiento de los hogares se consolidó como la principal respuesta frente al deterioro de los ingresos: el 56,4% tomó crédito en los últimos seis meses y, dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya presentó dificultades para pagarlo.
Lejos de estar asociado a decisiones de inversión, el crédito se orientó mayormente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al 20 de cada mes. El fenómeno describe un cambio en la función de la deuda: deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia.
Este comportamiento no aparece de manera aislada, sino que se inserta en una percepción social más amplia de fragilidad. Más del 53% de la población se representa como clase baja no sólo como una definición identitaria, sino como la expresión de una experiencia económica concreta, que también se refleja en la evaluación del contexto general: cerca de 6 de cada 10 consideran que la situación del país es mala o muy mala.
El endeudamiento ya es parte de la dinámica cotidiana y no un evento excepcional; es un recurso recurrente para compensar la pérdida de poder adquisitivo y la fragilidad del empleo. El 83,9% de los consultados por Zentrix afirma que su salario no le gana a la inflación. A esto se suma el dato del INDEC: hoy 3,7 millones de ocupados buscan sumar más horas e ingresos.
«Esto no es reciente, sino que es la consecuencia de un mercado de trabajo degradado desde hace tiempo», mencionó la Fundación Mediterránea en un informe que firman Laura Caullo y Federico Belich, responsables de la sección Social-Laboral. El mismo indica que de los 21 millones de ocupados, más de 3,7 millones son trabajadores que, aun teniendo empleo, buscan activamente otro trabajo o una mayor carga horaria. En algunos casos, porque no logran completar una jornada plena; en otros, porque el ingreso que obtienen no alcanza. En este contexto, el pluriempleo deja de ser una excepción y empieza a consolidarse como estrategia para sostener ingresos.»
A nivel sectorial, las mayores tasas de búsqueda de empleo adicional se observan en actividades como:
- servicio doméstico (30,7%),
- hoteles y restaurantes (25,5%)
- construcción (23%).
En el extremo opuesto, los sectores con menores tasas son minería e hidrocarburos, con 6,4%, actividades financieras, con 8,3%, y servicios inmobiliarios, con 9,7%.
Asimismo, la necesidad de complementar ingresos es más frecuente entre los jóvenes, especialmente en las primeras etapas de inserción laboral, 23% entre menores de 19 años, y entre las mujeres 16,6%.
Este think tank calcula que al sumar a los desocupados con los ocupados que buscan trabajar más horas o mejorar su situación laboral, la presión sobre el mercado de trabajo asciende al 24% de la población económicamente activa. En términos absolutos, esto equivale a más de 5 millones de personas.
Qué se espera a futuro
Para 2026, Invecq Consulting proyecta crecimiento en los sectores intensivos en trabajo, pero de magnitud acotada:
- industria +1%
- comercio +1%
- construcción +5%
- agro +5%
- petróleo y gas +5%
- minería 5%
En ese marco, la consultora mantiene su proyección de tasa de desempleo en 7,5% para 2026, incluso considerando que el PIB crecería por dos años consecutivos.
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