El Gobierno dispuso una reestructuración del Presupuesto 2025, con el objetivo de responder a la persistente emergencia económica y social que atraviesa el país. La medida, formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 849/2025, introduce modificaciones en la asignación de recursos a lo largo de la Administración Pública Nacional, abarcando ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales, y contempla tanto refuerzos como recortes en partidas clave. Los principales refuerzos van dirigidos a las carteras de Seguridad, Defensa, Salud —incrementando específicamente los valores que recibe la ANDIS— y Educación.

La medida se enmarca en la falta de una ley presupuestaria para el año en ejercicio y la prórroga de la última vigente. En este contexto, argumentaron la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales y de atender obligaciones ineludibles del Estado, como el pago de jubilaciones, pensiones y sentencias judiciales firmes.

El decreto autoriza al Ministerio de Economía a modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), con el propósito de optimizar el financiamiento de obras de transporte de gas. Energía Argentina S.A., en su carácter de fiduciante del fondo, deberá colaborar con la Secretaría de Energía para facilitar la transición.

En materia de los empleados estatales, la norma ajusta la distribución de cargos en la administración nacional. Se transfieren agentes entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad Nacional, reflejando cambios en la estructura organizativa y en la órbita de competencias de determinados organismos, como la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

El refuerzo presupuestario alcanza a áreas sensibles como la salud pública, con incrementos para el sostenimiento de hospitales de alta complejidad, el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce – Dr. Néstor Carlos Kirchner”, el Hospital de Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, el Hospital Dr. René Favaloro, el Hospital S.A.M.I.C. “Presidente Néstor Kirchner” y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría. Además, se incrementan los fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad, destinados al pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.

En el ámbito de la seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibe partidas adicionales para el pago de prestaciones previsionales, la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional, asignaciones familiares, seguro de desempleo y el Programa 1000 Días de nutrición infantil. También se refuerzan las transferencias al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y a la prestación mensual de oncopediatría para familias con niños en tratamiento.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano recibirá un refuerzo económico que estará dirigido para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el fin de fortalecer la Prestación Alimentar, y para la Secretaría de Educación, que destinará recursos a la política salarial universitaria, la adquisición de computadoras, becas del Programa Progresar, comedores escolares y la universalización de la jornada extendida.

En el área de Defensa y Seguridad, se refuerzan los créditos para el pago de haberes y sentencias judiciales previsionales de personal militar y de las fuerzas de seguridad, así como para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. El Ministerio de Seguridad Nacional recibe partidas para la atención de desastres y emergencias socio-naturales, la lucha contra el narcotráfico, la formación y capacitación, y la articulación federal de la seguridad.

El Ministerio de Economía ajustará sus partidas para actividades centrales, el INDEC, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Hacienda y la política geológico-minera, entre otras áreas. En este punto, se incluyen las transferencias para el sostenimiento de empresas públicas y fondos fiduciarios, como la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoeléctrica Argentina S.A., Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria S.A. (SOFSA) y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Por otro lado, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano contará con un presupuesto ampliado para el desarrollo de la educación superior, la gestión educativa, la infraestructura y equipamiento, la innovación tecnológica, el Plan Nacional de Alfabetización, la mejora de la calidad educativa y la formación docente. Dentro de esta reasignación de recursos, el Gobierno enviará más dinero a las universidades nacionales y a instituciones provinciales y municipales.

El Gobierno indicó que esta reestructuración del Presupuesto 2025 se financiará con los ingresos impositivos, no impositivos, aportes y contribuciones a la seguridad social, rentas de la propiedad, transferencias corrientes y de capital, y diversas fuentes financieras, incluyendo la obtención de préstamos de organismos internacionales y la disminución de activos financieros.

Desde este lunes 1 de diciembre, regirán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un nuevo aumento de las tarifas de colectivos, subtes y peajes. Será del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre más un extra de 2 puntos porcentuales hasta que se llegue a la eliminación de subsidios.

En la provincia el ajuste será mayor, debido a la aplicación de un ajuste adicional que llevará el aumento al 14,8 por ciento.

En efecto, en CABA el boleto mínimo de colectivos pasará a costar $593,52 y en la provincia 658 pesos. De este modo, habrá tres tarifas distintas en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): las tarifas de los de jurisdicción ya habían aumentado hace dos semanas y en ellos el boleto mínimo cuesta desde entonces 494,83 pesos.

En CABA también aumentará el subte: desde mañana costará $1.206 pesos por viaje. En tanto, el costo del peaje para autos en hora pico será de $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Autopista Illia. Fuera de horas pico los valores serán respectivamente de 3.466,55 y 1.444,25 pesos. La fundamentación de la suba de peajes es un plan de obras a cargo de AUSA, hoy en sus etapas iniciales y que ganaría ritmo en los próximos meses.

Aumento en colectivos, subtes y peajes: de cuánto es

Las autoridades de la Ciudad en colectivos y subtes argumentan que los aumentos sirven para recomponer el atraso tarifario, pues en los colectivos la actual tarifa cubre solo el 70% del costo del servicio, en tanto en el subte la cobertura supera levemente el 76 por ciento.

En las 30 líneas de colectivos reguladas por CABA desde 2024 el boleto mínimo será de $593,52 para trayectos de hasta 3 kilómetros, aumentará a $659,50 para trayectos de 3 a 6 kilómetros, a $710,31 para viajes de 6 y12 kilómetros y a $761,15 en recorridos superiores a los 12 kilómetros.

La administración del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostiene que además de descontar el atraso respecto de los costos de operación, la actualización tarifaria apunta a sostener un programa de modernización de más de 1.600 unidades incorporando validadores que aceptan tarjetas de crédito y débito, la SUBE y teléfonos celulares, además de la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Además, CABA apunta una «migración» hacia energías limpias, en base a incentivos para que las empresas incorporen colectivos a gas o eléctricos a medida que renueven su flota. La propia Ciudad ya lanzó a la calle, en áreas turísticas como el Microcentro y San Telmo, unidades eléctricas, que además por el color amarillo se distinguen por su andar completamente silencioso.

En el sector privado empezó a recoger el desafío de las «energías limpias»: la empresa Metropol anunció la compra de 150 unidades a gas para las líneas que recorren la Ciudad. Además, desde 2027 será obligatorio, cuando se retire una unidad a gasoil, reemplazarla con otra en base a «energías limpias», a gas o eléctrica. Ya en 2026, sin embargo, no menos de 15% de la flota debería ser de unidades eléctricas o a gas, proporción que se duplicaría el año siguiente.

El costo del viaje en subte se va a $1.206 y para morigerar el impacto el gobierno porteño dispuso que al menos un molinete por estación acepte tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE. Y se incorporaron pagos sin contacto como billeteras de teléfonos móviles con tecnología NFC y QR.

Según Emova, ese tipo de pagos ya llega al 30% de las transacciones y confirma que muchos usuarios achican costos usando promociones bancarias y de billeteras virtuales, con descuentos y reintegros sustanciales. También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, que abonando con el mismo medio de pago reciben descuentos cuando superan el viaje número veinte. De 21 a 30 viajes, el costo del pasaje baja a $964,80, de 31 a 40, a$ 844,20 pesos y desde el viaje 41 se abonan $723,60 pesos. Además, el Premetro cuesta 422,10 pesos.

La suba de los transportes en Provincia

En tanto en la provincia de Buenos Aires, el aumento del 14,8% responde a un nuevo esquema tarifario que aumenta el costo de los colectivos urbanos, a partir de una consulta ciudadana que se hizo a mediados de noviembre. El nuevo cuadro de tarifas rige exclusivamente para las líneas que circulan íntegramente por territorio bonaerense y no ingresan a CABA.

Sucede que las líneas que recorren sólo la provincia usan tarifas fijadas por la gobernación, mientras los colectivos que solo viajan por CABA dependen del gobierno porteño y los servicios nacionales, que atraviesan ambos distritos, tienen sus tarifas definidas a nivel federal.

La estructura tarifaria que entra en vigor apunta a recomponer los ingresos de las empresas concesionarias y afrontar los mayores costos asociados a la operación, entre ellos el valor del combustible y el mantenimiento del parque automotor. La resolución 342, publicada el viernes previo a la implementación del nuevo tarifario, marca el inicio formal de estos aumentos. El Ministerio de Transporte bonaerense explicó que el ajuste incluye un aumento extraordinario del 10%, sumado a un mecanismo de actualización mensual vinculado a la inflación más dos puntos porcentuales, en línea con el sistema vigente desde marzo. De este modo, la suba total para diciembre llega al 14,8 por ciento.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) consideró «acertada» la medida del gobierno bonaerense de desacoplarse de las tarifas nacionales y de CABA. «Con el anuncio de este aumento de tarifa para las líneas provinciales, junto con el próximo desacople de los cálculos de subsidios por parte de la Provincia (quién asumirá, según nos informa, las plenas competencias en la materia de cálculos y determinación desde enero) se abre un nuevo escenario, que entendemos ofrece mejores garantías ante la vocación de diálogo que percibimos), para asegurar la continuidad de los servicios». AAETA dijo ser consciente de la «incomodidad» de la medida del gobierno bonaerense, pero un «servicio esencial» -concluyó- «requiere este tipo de decisiones.

Los nuevos costos por trayecto

El nuevo cuadro tarifario se detalla según las escalas de kilómetros recorridos. Para servicios urbanos del Gran Buenos Aires, el pasaje mínimo (correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros) se establece en $658,44. Los tramos escalonan los precios en función de la distancia: 3 a 6 kilómetros, $733,50; 6 a 12 kilómetros, $790,00; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.

Para quienes abonan el pasaje con una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo resulta considerablemente mayor, con valores mínimos que parten desde $1.046,92 y alcanzan un techo de $1.435,34 según la distancia recorrida. Este diferencial busca incentivar la nominalización de la SUBE para establecer una correspondencia entre usuario y tarjeta, y limita el uso de subsidios a cada pasajero registrado.

Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para diciembre, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $296,30; de 3 a 6 kilómetros, $330,08; de 6 a 12 kilómetros, $355,50; de 12 a 27 kilómetros, $380,96; y, por encima de los 27 kilómetros, $406,23. Estos importes representan un beneficio orientado a reducir el peso del transporte en los presupuestos de los sectores más afectados por la suba general de precios.

En el segmento de colectivos interurbanos de media distancia, que conecta áreas aledañas a CABA y cumple un rol estratégico en la conexión metropolitana, también se observan nuevos valores. El boleto mínimo para este tipo de servicio se modifica: antes costaba $753,99 y ahora asciende a $866,28 con SUBE nominalizada. Si el pasajero utiliza SUBE sin registrar, el boleto mínimo llega a $1.377,39. Además, el cobro por kilómetro fija una base de $33,46 (SUBE nominalizada) frente a $53,20 (no nominalizada), mientras que la tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).

El alcance del aumento es exclusivo para las líneas provinciales, es decir, en aquellas que no ingresan en Capital Federal, y por tanto no afectan a los servicios regidos por el gobierno porteño y el nacional. El esquema implementado responde a la necesidad, según especificaron fuentes oficiales, de recomponer el equilibrio operativo de las empresas de transporte, que actualmente sufren presiones por el costo de insumos clave. Entre los factores señalados, aparecen la volatilidad del tipo de cambio, los ajustes frecuentes del precio del combustible y el incremento en los insumos para el mantenimiento y renovación de flotas.

Puntualmente, el nuevo esquema tarifario establece así, para cada segmento, los siguientes valores:

Gran Buenos Aires (tarifa plena con SUBE registrada):

• 0-3 km: $658,44
• 3-6 km: $733,50
• 6-12 km: $790,00
• 12-27 km: $846,57
• Más de 27 km: $902,73

Gran Buenos Aires (SUBE sin nominalizar):

• 0-3 km: $1.046,92
• 3-6 km: $1.166,27
• 6-12 km: $1.256,11
• 12-27 km: $1.346,04
• Más de 27 km: $1.435,34

Tarifa Social:

• 0-3 km: $296,30
• 3-6 km: $330,08
• 6-12 km: $355,50
• 12-27 km: $380,96
• Más de 27 km: $406,23
• Interurbanos de media distancia (tarifa plena):
• Terminal: $219,05
• Base pasajero/km: $33,46
• Boleto mínimo: $866,28

Interurbanos de media distancia (SUBE sin nominalizar):

• Terminal: $348,29
• Base pasajero/km: $53,20
• Boleto mínimo: $1.377,39

La nueva política tarifaria que aplica la provincia de Buenos Aires no modifica el cuadro de tarifas de otros servicios urbanos o metropolitanos ni afecta los valores a cargo de otras jurisdicciones. El aumento impacta exclusivamente en recorridos que se desarrollan íntegramente en territorio bonaerense y que se identifican por sus números superiores al 200. El resto de los servicios quedó sujeto a sus propias mesas de negociación y a las políticas tarifarias definidas por las autoridades específicas de CABA y el gobierno nacional.

Luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, el riesgo país experimentó un desplome de más de 400 puntos básicos. Sin embargo, en las últimas jornadas se mantuvo por encima de las 600 unidades, obstaculizando el plan del equipo económico de regresar a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar los vencimientos por USD 4.300 millones de enero de 2026.

Economistas consultados por Infobae destacaron avances macroeconómicos en materia fiscal y de desaceleración de la inflación, pero la mirada unánime se posó sobre la acumulación de reservas internacionales como el factor clave que puede inclinar la balanza en la percepción de los mercados, reduciendo el riesgo país y facilitando el regreso de Argentina al crédito internacional.

El indicador elaborado por JP Morgan, hoy en 653 puntos básicos, estima la probabilidad de que un país incumpla sus compromisos de pago de deuda con acreedores internacionales. Además, refleja el nivel de incertidumbre que enfrentan los inversores al colocar capital en ese país y se calcula a partir de la diferencia de las cotizaciones de los bonos del Tesoro de EE.UU., considerados libres de riesgo, y, en este caso, de los títulos soberanos argentinos.

En diálogo con este medio, el analista financiero Christian Buteler sintetizó la situación en el diagnóstico: “Lo que necesita el Gobierno es acumular reservas. Ya tiene equilibrio fiscal y monetariamente hay mayor orden, si bien siempre hay cosas a corregir. La inflación, si bien se estancó en torno al 2%, ha mostrado un camino descendente importante y es lógico que ahora venga la parte que más cuesta”. Para Buteler, resulta fundamental que el Banco Central disponga de reservas “genuinas y propias, que ante cualquier eventualidad no tenga que estar recurriendo o al FMI o al Tesoro norteamericano. Es decir, contar con recursos propios para poder hacer frente a cualquier deuda que venga”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia la eliminación delas restricciones cambiarias: “No se puede pretender tener cepo para las empresas y pretender ir al mercado internacional y hacer una colocación importante de deuda. Se podrían hacer colocaciones pequeñas pero lo que Argentina necesita es volver a los mercados y cada vez que tenga un vencimiento, estar tranquilo que su riesgo país le permite conseguir deuda para pagar deuda vieja”.

Coincidió en parte Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Financieros, quien sumó otro factor al análisis: las dudas respecto al préstamo de bancos internacionales al Gobierno. “Estos últimos días, lo que metió un poco de ruido fue ese tema de que en principio no habría este famoso paquete de USD 20.000 millones para hacer operaciones de deuda, sino que, por ahí, serían USD 5.000 millones. Eso jugó un poco en contra del riesgo país, lo que muestra que es como que se le presta mucha atención a ese apoyo, porque justamente por ahora la acumulación de reservas es bastante lenta”, evaluó.

Tiscornia sostuvo que el flujo de divisas que típicamente generan las liquidaciones del sector agroexportador podría influir sobre el nivel de reservas en las próximas semanas: “Un buen testeo va a ser lo que pase durante el mes de diciembre, cuando seguramente haya más venta de dólares del sector privado para hacerse de pesos y empiece a aparecer próximamente ya la cosecha de trigo, que es récord. Con ese flujo de dólares, de alguna forma el Gobierno puede llegar a empezar a acumular. El Tesoro está medio justo de pesos en este momento, con lo cual habría que ver si ahí el Banco Central aparece para comprar”.

El analista de Wise Capital, Ignacio Morales, agregó que “con el ruido electoral ya disipado, el foco de los inversores se concentró en la capacidad del Gobierno para recomponer reservas: cuándo comenzará ese proceso, a qué velocidad y a qué precio; el ritmo de acumulación será clave tanto para definir los límites cambiarios como para evaluar si el riesgo país puede perforar de manera sostenida los 600 puntos”.

Por su parte, el economista de Econviews, Alejando Giacoia, convino en que “ahora la clave pasa por la acumulación de reservas”. Bajo su perspectiva, una parte del temor de los inversores globales se disipó tras el triunfo del Gobierno en las elecciones de medio término, pero persiste una resistencia a perforar el umbral de los 600 puntos básicos. Además, remarcó que, aunque el Gobierno se comprometió públicamente en avanzar en la reposición de reservas, el proceso debe concretarse para que la baja del riesgo país se sostenga.

“Las reservas pueden pensarse como una especie de seguro con el que le mostramos al mundo que si pasa cualquier cosa no dependemos de un prestamista de última instancia que nos salve, por eso creo que es tan importante recomponerlas”, sumó Giacoia.

A su turno, Guido Zack, director de Economía de Fundar, argumentó que el camino para llevar el riesgo país a niveles más bajos pasa por la generación de certezas respecto del cumplimiento de los próximos vencimientos de deuda sin apelar a préstamos extraordinarios. “Acumular reservas daría certidumbre de que Argentina podrá pagar los próximos vencimientos sin necesidad de hacer uso de préstamos. El vencimiento de enero es el más importante que se va a pagar y no es lo mismo pagarlo tomando otra deuda como son los swaps o como es el repo que pagarlo con alguna acumulación de reservas”, apuntó.

Zack explica que la posibilidad de acumular los USD 4.300 millones de requeridos antes de enero es poco probable, aunque resalta el efecto tranquilizador que brinda a los mercados cualquier acumulación, aun parcial. “Si el Gobierno efectivamente empieza a acumular y eso tranquiliza a los mercados y genera una caída en el riesgo país, después ni siquiera es necesario usar la acumulación para todo la deuda. El Gobierno estaría en mejores condiciones para refinanciar esa deuda en el mercado sin necesidad de acudir a las mismas reservas y menos aún a los swaps”.

El economista introdujo además una advertencia sobre los posibles efectos secundarios de una política de atesoramiento acelerado de divisas: “Acumular reservas aumenta la demanda de dólares. Si aumenta la demanda de dólares, va a aumentar el tipo de cambio y el proceso de desinflación va a ser más lento. Pero hacer esto, por más que haga el proceso de desinflación más lento, no aleja el objetivo de tener una inflación anual de 10% o menos”.

Las reservas internacionales brutas alojadas en las cuentas del Banco Central hoy suman USD 41.959 millones. Sin embargo, el número neto, que descuenta los pasivos de la autoridad monetaria, se acercan a cero e incluso se ubican en terreno negativo en caso de incluir los pagos de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) a 12 meses vista.