ECONOMIA
La euforia de Milei tras el dato de inflación: mejora real en jubilaciones y menor suba en la canasta de pobreza

Justo en su momento más delicado desde el punto de vista político, cuando la ofensiva opositora en el Congreso hace dudar sobre el superávit fiscal y cuando el alza del dólar hace temer por el fin del «ancla cambiaria», el Gobierno recibió una de las mejores noticias del año.
El IPC de junio no solo dio muy por debajo de lo que habían proyectado las consultoras privadas, sino que, además, implica una recuperación de la confianza sobre el plan económico. La euforia -también podría interpretarse como el alivio- quedó más que elocuente en el tuit de Javier Milei, en el que felicita a su equipo económico y dice que el 1,6% «lo festejan los argentinos de bien y lo llora todo mandrilandia».
Como se encargó de marcar el ministro Luis Caputo, es un número que no se veía desde 2018 -exceptuando el registro de abril 2020, atípico porque obedecía al momento de mayor parálisis económica por la cuarentena-.
Ya ese solo dato sería, en sí mismo, motivo para el festejo político. Pero la fiesta resultó completa por el hecho de que, el mismo día, se comunicó la inflación de la canasta básica -la que marca la línea de pobreza- y la canasta alimentaria -la que indica la línea de indigencia-.
En otras palabras, se cerró el primer semestre con un abaratamiento relativo de las canastas que consumen las franjas de menores ingresos de la sociedad. Y eso implica que el próximo dato semestral de pobreza -que se publicará en septiembre, en pleno cierre de la campaña electoral para las legislativas- muy posiblemente volverá a marcar una mejora.
El último censo, que se publicó en marzo pasado y midió el segundo semestre de 2024, dio una pobreza de 38,1% de la población y una indigencia de 8,2%.
Inflación baja y alivio para la franja más pobre
Puesto en números, la canasta de pobreza registró en junio un 1,6%, lo que implica que el acumulado del año está en 10,1%. En cuanto a la canasta de indigencia, su variación mensual fue de 1,1%, con lo cual el encarecimiento acumulado en el primer semestre del año llega a 12,4%.
Es decir, ambos indicadores tuvieron una evolución inferior al IPC general, que en lo que va del año acumuló un 15,1%. Lo que explica esta situación es el hecho de que tanto en la canasta de pobreza como en la canasta alimentaria hay una ponderación menor de los servicios y gastos de recreación, mientras que los alimentos ocupan la mayor parte a la hora de medir la inflación.
Y, en lo que va del año, los alimentos tuvieron una variación menor a los de rubros consumidos por la clase media, como la de educación privada, servicios de comunicación, restaurantes, combustibles y servicios no subsidiados de electricidad, gas y agua.
Es por ello que las canastas básica y alimentaria han tenido casi siempre una evolución inferior al IPC, con la excepción de marzo, cuando por cuestiones estacionales -y por la elevada incidencia de la carne en la estadística del Indec-, los alimentos tuvieron un pico inusual de aumentos.
En esa ocasión, el rubro alimenticio había sido el de mayor incremento -un 5,9%- impulsado por una fuerte suba de precios en carnes y verduras. Como consecuencia, ese mes empeoró la situación de los más pobres, dado que la canasta básica registró una suba de 4% y la de indigencia un 5,9%.
Esa situación se revirtió en los tres meses siguientes, a tal punto que en mayo la canasta alimentaria registró, por primera vez, una deflación -es decir, un abaratamiento nominal-.
¿Cómo está ahora la estadística? Hablando en plata, a fines de junio una familia de dos adultos y dos menores tenía que contar con un ingreso de $1.128.398 para estar por encima de la línea de pobreza. Y el ingreso familiar para estar sobre la línea de indigencia -es decir, para poder consumir una dieta capaz de reponer nutrientes y mantener la salud- se ubicó en $506.008.
Un dato ideal en el debate por las jubilaciones
Para el gobierno, la utilidad política del IPC de junio tiene un «timing» inmejorable, porque además le permite reforzar su argumento en el debate jubilatorio, luego del paquete de reformas aprobado por la oposición.
En ese mes, el ajuste para jubilaciones y pensiones fue de 2,78%, de acuerdo con la nueva fórmula indexatoria, que toma la inflación pasada. En otras palabras, un haber jubilatorio que evoluciona notoriamente por encima de los precios, con el IPC de 1,6%.
Claro, ese 2,78% refiere a la «jubilación pura», sin tener en cuenta el bono extraordinario que cobran los jubilados de la mínima. Dado que ese bono continúa congelado en $70.000, se produce un efecto de achatamiento relativo de la mínima respecto del resto de las jubilaciones.
Aun así, considerando la variación total -jubilación más el bono- los jubilados de la franja mínima también le ganaron a la inflación en junio, aunque por un margen menor: 2,2% de incremento en el cobro frente al 1,6% del IPC.
La revancha política
Tal como había ocurrido el mes pasado, el mayor motivo de festejo para el equipo económico es el hecho de que los precios se movieron muy por debajo de lo que habían pronosticado los economistas críticos.
Después del 3,7% de marzo, las consultoras económicas habían pronosticado que en los meses siguientes se registrarían cifras más altas para el IPC, redondeando un acumulado no menor a 12% para el trimestre abril-junio. En contraste con ese pronóstico, el acumulado trimestral dio 6%, la mitad de las proyecciones.
Aun cuando en mayo la situación se normalizó con un IPC de 1,5%, igualmente los economistas siguieron manifestando sus dudas, por los movimientos cambiarios que se generaron tras el levantamiento del cepo. En junio, particularmente, se notó un regreso de los pequeños ahorristas al atesoramiento de billetes verdes, al tiempo que el tipo de cambio, en apenas 10 días de junio, registraba un salto de 5,5%.
Esto llevó a que entre los economistas se especulara sobre el fin del ancla cambiaria y un inevitable contagio del dólar a los precios. Sin embargo, no es lo que ocurrió en junio. Y el gobierno sostiene que tampoco se verá ese efecto en julio, dado que la apertura comercial con rebajas de aranceles opera como un factor que neutraliza la suba del dólar.
Lo cierto es que Milei está dispuesto a aprovechar políticamente este empujón que le da el alivio inflacionario. Ya en el fin de semana se había hecho eco de una encuesta de la consultora Opinaia en la que se reflejaba cómo una mayoría de 63% de los argentinos está de acuerdo con que es necesaria una reducción del gasto público. Y, en otra demostración de su avance en la «batalla cultural», una mayoría de 56% reconoce un vínculo directo entre el déficit fiscal y la alta inflación.
Es, para el gobierno, una de las mejores noticias posibles, mientras enfrenta la aprobación de un paquete legislativo que, según estima Caputo, este año tendría un costo fiscal de 1,5% del PBI y el año próximo de 2,5%. Es decir, algo que amenaza seriamente el objetivo de terminar este año con un superávit de 1,6% del PBI.
Otro de los tuits que Milei replicó y celebró fue un gráfico «contrafáctico» -publicado por la diputada Sabrina Ajmechet- en el que se proyectó cuál sería el nivel actual de inflación si se hubiera seguido con la expansión del gasto que realizaba Sergio Massa en el final del gobierno anterior. La inflación de junio habría dado, según esa proyección, un 60% en el mes.
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ECONOMIA
Cuáles son las 3 opciones que tiene el gobierno en el frente cambiario hasta las elecciones, según un informe privado

Los anuncios del apoyo financiero de EEUU y la fugaz quita de retenciones que generó un ingreso de USD 7.000 millones dieron un respiro a las presiones cambiarias vistas durante la semana previa. Sin embargo, de cara a los comiciones de octubre, se espera una mayor demanda y menos oferta de dólares. El equipo económico tendría 3 opciones para administrar el escenario.
El alivio de los últimos días permitió que el Tesoro acumulara más de USD 1.700 millones en cuatro jornadas, impulsado por la suspensión temporal de retenciones al sector agropecuario. De este modo, el Banco Central habría recuperado los USD 1.100 millones que vendió en días anteriores para estabilizar el tipo de cambio, destacó GMA Capital.
La posibilidad de poder sostener ese nivel de compra de divisas en las próximas semanas está en duda. Desde LCG señalaron que hasta las elecciones habrá escasez de dólares, “dado que desde el próximo lunes/martes se pinchará la oferta y probablemente se incremente la demanda”.

Este último punto dependerá en gran medida del nivel de tipo de cambio y de las tasas en pesos, además del nivel de incertidumbre.
“Creemos que un dólar por debajo de $1.400 estimulará la demanda, porque estará la percepción de que está barato, en tanto seguirá lejos de un nivel que ya tocó: el del techo de la banda. Si a eso sumamos la clásica cobertura pre-electoral, no hay dudas que habrá presión alcista”, consideró la consultora.
A su vez, destacó en su análisis que “hubo un tirón de orejas por la estrategia cambiaria anterior”, considerando que exfuncionarios del FMI, como Alejandro Werner y Gita Gopinath, “que suelen ser fuentes confiables de qué piensa realmente el organismo”, sugirieron un régimen cambiario más flexible que permita acumular de reservas.
Así, según LCG, se abren para el gobierno tres opciones hasta las elecciones:
1) Defender una paridad por debajo de $ 1.400 hasta las elecciones, eventualmente usando reservas para esa defensa, con el posible objeto de mostrar que está todo controlado;
2) Llevar deliberadamente lo antes posible el dólar cerca del techo de la banda para intentar una defensa en ese nivel, con tasas, futuros y reservas;
3) Dejar que el mercado ponga el nivel sin intervención alguna, salvo cuando toque el techo de la banda.
“La primera sería una muy mala señal. La segunda parece ser la mejor opción porque muestra una estrategia planificada. Tal vez, el BCRA quiera dejar correr los días con un dólar más bajo hasta el cierre de septiembre, para mejorar la rentabilidad de su posición vendida en futuros, pero ya comenzado octubre debería apuntar a eso”, sostuvo el informe.

“La tercera es muy parecida a la segunda si uno prevé que la demanda de dólares aumentará y la oferta dará un paso atrás, pero la dinámica será sin compras de dólares por parte del BCRA o el Tesoro”, añadió.
Tampoco se descarta una cuarta opción, que es la de romper el régimen de bandas, pero eso “lo vemos más factible para después de las elecciones, con el timing adecuado en función del resultado electoral. Ciertamente, es nuestro régimen ideal para este contexto, con intervenciones ‘sucias0 para acotar la volatilidad. Eliminar las bandas con semejante soporte del Tesoro de EEUU no sería un salto al vacío ni mucho menos”, indicó LCG.
“Si durante octubre la estabilidad cambiaria se interrumpe o el ajuste del tipo de cambio ocurre en forma abrupta con una alta demanda de cobertura, podría activarse el respaldo prometido por Estados Unidos a través de alguna de las alternativas discutidas. De no presentarse este escenario, ese apoyo quedaría pendiente hasta después de las elecciones”, añadió.

Al respecto, como informó Infobae, la Secretaría del Tesoro de EEUU analiza la posibilidad de transferir 5.000 millones de dólares al Banco Central, como primer tramo del swap acordado por un total de 20.000 millones de dólares. Pero aún no se definió si este desembolso se realizará antes de las elecciones del 26 de octubre. En paralelo, el Gobierno sondea a un banco clave de Wall Street como asesor financiero.
De momento, la medida más reciente para evitar presiones en el mercado de cambios fue la vuelta de la restricción cruzada que impone un plazo de 90 días en los que los compradores de dólar oficial no pueden operar con contado con liquidación o MEP y viceversa. Según fuentes oficiales, la decisión responde a evitar distorsiones. Particularmente se intenta desactivar el “rulo”, que permitía ganarse la brecha con los dólares financieros.
“Así, el Tesoro tendría menos competencia para comprar los dólares liquidados”, aseguró GMA.
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ECONOMIA
Ratificaron en su cargo a los miembros del directorio del BCRA y nombraron a un alto titular del BICE

Mediante la publicación del Decreto 691/2025 en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se dispuso la continuidad de la conducción del Banco Central de la República Argentina mediante la designación en comisión de cuatro directores clave.
Se estableció que Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento seguirán al frente de la entidad monetaria hasta el 23 de septiembre de 2031, a la espera del acuerdo definitivo del Senado de la Nación.
La medida responde a la caducidad de los mandatos previos de estos funcionarios, que habían sido designados en comisión a principios de 2024 por los decretos 69 y 114.
El vencimiento de esos nombramientos se produjo el 23 de septiembre de 2025, lo que obligó al Ejecutivo a renovar las designaciones para evitar vacancias en la conducción del Banco Central.

El decreto detalla que Pedro Juan Inchauspe, licenciado en Administración de Empresas, fue designado como director en comisión por un período de ley que finalizará el 23 de septiembre de 2031. Lo mismo se estableció para Nicolás Marcelo Ferro, licenciado en Economía; Sebastián Sánchez Sarmiento, también licenciado en Administración de Empresas; y la abogada Silvina Rivarola.
El decreto subraya que el Poder Ejecutivo Nacional solicitará el correspondiente Acuerdo al Honorable Senado de la Nación para formalizar las designaciones. Mientras tanto, los directores ejercerán sus funciones en comisión, una figura prevista para garantizar la continuidad institucional del Banco Central durante el proceso de aprobación legislativa.
La decisión se inscribe en un contexto de alta sensibilidad política y económica, donde la estabilidad de la conducción del Banco Central resulta estratégica para la gestión de la política monetaria y la confianza de los mercados.
Por otro lado, el Gobierno oficializó la designación de Evert Ignacio Van Tooren como Director Titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE), según lo establece el Decreto 688/2025 firmado por el Milei y Caputo.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, otorga a Van Tooren el cargo con carácter “ad honorem” a partir del 9 de septiembre de 2025, y su mandato se extenderá durante los ejercicios sociales 2025 y 2026.
Evert Van Tooren es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2024, se desempeña como Vicepresidente del Directorio de BICE Fideicomisos.
Cuenta con una amplia experiencia en el sector privado, donde ocupó diversos cargos directivos en Control Internacional S.A. Se especializa en gestión comercial y operaciones de comercio exterior.
Además, fue Director de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE); Subsecretario de la Subsecretaría de Tierras y Acceso Justo al Hábitat y Administrador General del Instituto de la Vivienda, ambos de la provincia de Buenos Aires.
El BICE es una entidad financiera de capital estatal que cumple un rol estratégico en el financiamiento de proyectos de inversión y exportación, especialmente para pequeñas y medianas empresas. La designación de un director titular en este organismo suele tener impacto en la orientación de las políticas crediticias y de apoyo al sector productivo, en un contexto donde el acceso al financiamiento resulta clave para la reactivación económica.

Hace dos meses, el BICE sufrió una fuerte salida, cuando Juan Manuel Troncoso, expresidente del banco, presentó su renuncia al poco tiempo de haber sido designado por Milei.
Troncoso, cuya carrera profesional incluye una vasta experiencia en el sector financiero, tanto en Argentina como en el extranjero, había asumido la presidencia del BICE con el objetivo declarado de sanear las cuentas de la institución y optimizar su funcionamiento. Sin embargo, la política gubernamental de sueldos congelados para los directivos de entidades estatales generó fricciones significativas que culminaron con su abrupta salida en mayo.
En julio, nombraron a Maximiliano Francisco Voss como su reemplazo en carácter “ad honorem”.
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ECONOMIA
El efectivo pierde terreno: las billeteras y transferencias se consolidan en el sistema de pagos minoristas

El sistema de pagos minoristas en Argentina registró en agosto de 2025 cambios significativos, impulsados por el avance de las transferencias inmediatas, el crecimiento de los pagos con QR interoperable y la consolidación de instrumentos digitales. Al mismo tiempo, el uso de efectivo y de tarjetas de débito continuó en descenso. Así lo indica el Informe Mensual de Pagos Minoristas elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que detalla cómo la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías están transformando los hábitos financieros de personas y empresas en el país.
El informe del BCRA señala que las transferencias inmediatas “push” en pesos alcanzaron 647,7 millones de operaciones por un total de $68,1 billones, lo que representa un incremento interanual del 21% en cantidad y del 17% en montos. Este instrumento, que permite el envío instantáneo de dinero entre cuentas, se consolida como uno de los principales medios de pago minorista, con una participación del 52,7% sobre el total de transferencias inmediatas. En contraste, las transferencias inmediatas “pull”, que implican pedidos de dinero, sumaron 39,7 millones de operaciones por $3,5 billones, mostrando una baja respecto al mes anterior.
El uso de cuentas virtuales uniformes (CVU) sigue en aumento: el 76,1% de las transferencias inmediatas “push” tuvo como origen o destino una CVU, lo que evidencia la creciente importancia de las cuentas de pago ofrecidas por proveedores de servicios de pago no bancarios (PSPCP). En el segmento de transferencias en moneda extranjera, se registraron 1,8 millones de operaciones por USD 2.643,2 millones, con incrementos interanuales del 2,5% en cantidad y del 11,4% en montos, según el mismo informe del BCRA.
Los pagos con transferencia interoperable, impulsados principalmente por el uso de códigos QR, alcanzaron 71,4 millones de operaciones, lo que representa un crecimiento interanual del 45,8% en cantidad y del 57,1% en montos, totalizando $1,39 billones.

El 97,9% de estos pagos se inició mediante QR, con 69,9 millones de transacciones y un aumento del 57,1% respecto al año anterior. El informe del BCRA indica que el 55,5% de los clientes utilizó cuentas bancarias a la vista y el 44,5% cuentas de pago, mientras que en los comercios, el 57% de las acreditaciones se realizó en cuentas de pago y el 43% en cuentas bancarias.
Actualmente, existen 78 billeteras digitales interoperables y 51 aceptadores de pagos con transferencia registrados ante el BCRA, lo que refleja la expansión de este ecosistema.
En cuanto a las tarjetas, el uso de débito sigue siendo mayor en cantidad de operaciones, con 187,7 millones de transacciones por $4,9 billones, aunque con una caída interanual del 16,8% en cantidad y del 13,7% en montos. Las tarjetas de crédito registraron 175,4 millones de pagos por $9,1 billones, con incrementos del 11,7% en cantidad y del 8% en montos. Los canales más utilizados para tarjetas de crédito fueron el POS y QR (38,7%), e-commerce (36,8%) y débito automático (14,7%). El QR interoperable representa el 3,9% de las operaciones con tarjeta de crédito. Las tarjetas prepagas mostraron un crecimiento destacado: se realizaron 34,1 millones de pagos por $ 587,7 mil millones, con subas del 23,4% en cantidad y del 18,6% en montos.
El transporte público, a través de la tarjeta SUBE, registró 349,7 millones de viajes en julio, lo que implica una baja interanual del 9,5%, con un monto total de $150,5 mil millones. Este dato, incluido en el informe del BCRA, muestra la persistencia de la tarjeta de transporte como instrumento masivo, aunque en retroceso respecto al año anterior.

El cheque electrónico (ECHEQ) se consolidó como el principal instrumento de pago en montos compensados, desplazando al cheque físico. En agosto, el 81,2% de los montos compensados correspondió a ECHEQ, con 2,8 millones de cheques electrónicos sobre un total de 4,8 millones de cheques compensados. En términos de montos, el ECHEQ alcanzó $ 14,6 billones, mientras que los rechazos por falta de fondos representaron el 1,5% en cantidad y el 1,2% en montos.
Las extracciones de efectivo continuaron su descenso, con el 90% de las operaciones realizadas en cajeros automáticos. En julio, se efectuaron 57,2 millones de extracciones por $4,3 billones, con un promedio de 3.242 operaciones por cajero y un monto promedio de $75.100 por extracción. Las extracciones extrabancarias con tarjeta de débito sumaron 4,1 millones de operaciones por $244 mil millones, mientras que las realizadas desde cuentas de pago intra PSPCP alcanzaron 2,2 millones de extracciones por $123,5 mil millones.
En el segmento de la factura electrónica MiPyME (FCEM), el 87,3% de las operaciones se realizó en pesos, con 69.500 facturas ingresadas al sistema de circulación abierta por un total de $1,4 billones. Este instrumento mantiene una participación relevante en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, aunque con una baja interanual en la cantidad de operaciones.
El informe del BCRA también detalla que, en julio, de un total de 52,2 millones de cuentas de pago, 11,4 millones registraron saldo por $555,9 mil millones, mientras que los fondos invertidos en fondos comunes de inversión (FCI) de dinero alcanzaron los $5,6 billones. En conjunto, estos conceptos representaron una porción significativa del total de los depósitos en pesos del sector privado durante el período analizado.
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