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ECONOMIA

La inflación de diciembre volvería a superar el 2%, pero los analistas creen que se reducirá en 2026

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El reporte del Indec de noviembre, que mostró un alza del 2,5%, tuvo fuerte influencia de la carne y precios regulados

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato oficial de inflación de noviembre reavivó las preocupaciones sobre el sendero de los precios, luego de que el Indec informara un alza de precios de 2,5% y un acumulado anual de 31,4%. De cara al último mes del año, estacionalmente alto en materia inflacionaria debido a las Fiestas, las consultoras privadas coinciden en que diciembre superará nuevamente el 2% debido a factores estacionales, incrementos de precios regulados y variaciones puntuales en alimentos y tarifas, pero auguran que en 2026 volverá la tendencia bajista.

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La publicación del índice de noviembre confirmó que la inflación se sostuvo por encima de la barrera del 2% en la segunda parte del año. Según el análisis de LCG, las expectativas de depreciación estabilizadas y una economía sin reactivación fuerte contribuyeron a reducir parte de la presión sobre los precios. De todos modos, la propia consultora advirtió en su último reporte que “es difícil que el nivel de inflación converja rápidamente a tasas por debajo del 1% en el corto plazo”. El piso marcado por la inflación general en mayo (1,5% mensual) o por la inflación núcleo en julio no se replicó, y la dinámica terminó girando en torno al 2%, con la inercia como factor central.

LCG explicó que proyecta niveles de inflación “todavía en la zona del 2%” para los próximos meses. Con respecto al 2026, la consultora estimó que finalizará con una variación de precios anual de 20%, medida a diciembre, aunque la desaceleración se dará de manera paulatina, afectada por la inercia y los ajustes previstos para el sector de tarifas y servicios públicos. “Volverán a impactar los ajustes de las tarifas de servicios públicos frenados en los meses previos a las elecciones y una nueva cuota de desdolarización prevista en el Presupuesto 2026. En el mismo sentido jugará una eventual recalibración de la política cambiaria, aunque probablemente con efectos más acotados que en el pasado”, argumentó la consultora.

La inflación en alimentos y
La inflación en alimentos y bebidas durante la segunda semana de diciembre, según LCG

En C&T Asesores Económicos pusieron el foco en la aceleración de los precios durante noviembre, lejos de los mínimos de mitad de año, y resaltaron que el incremento en el valor de la carne fue determinante para explicar el resultado mensual. En el Gran Buenos Aires, la variación quedó en 2,5%, casi igual al 2,4% previsto por el relevamiento de la propia consultora. “La carne, que aumentó en torno a 6% mensual según la región, tuvo un papel clave”, puntualizó el estudio. Las primeras mediciones de diciembre confirmaron una nueva aceleración en la primera semana, con moderación posterior, lo que genera previsiones de una inflación que no perfora el 2%.

María Castiglioni, economista y directora de C&T, argumentó, en diálogo con Infobae: “Lo que estamos viendo para diciembre es probablemente una inflación un poco más baja que noviembre, pero arriba del 2% porque por varios motivos. El primero es que estacionalmente diciembre siempre es un mes de más inflación por la demanda estacional, por las fiestas. Y enero también es un mes que en general la estacionalidad fue en contra por el turismo”. Además, detalló que “en estos meses hay aumentos de tarifas un poco más altas que meses anteriores, lo mismo que había pasado en noviembre. Apuntó a que los combustibles también subieron, en parte por la reducción de subsidios y la recomposición de precios relativos.

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“De todas maneras, la expectativa de inflación fue marcada después de las elecciones. Hay un menor miedo a un salto devaluatorio y todo eso colabora en el corto plazo en la expectativa de inflación y es un factor relevante. No es lo que explica a la larga, pero en el corto plazo te ayuda y genera que haya un horizonte de mayor tranquilidad postelecciones”, señaló la economista.

Federico Filippini, economista de AdCap, indicó que sus “estimaciones preliminares para la inflación de diciembre se ubican en 2,3%, con riesgos inclinados al alza debido a mayores aumentos en precios regulados y alimentos». El cálculo de AdCap incorpora las particularidades del último mes del año, donde el consumo vinculado a las fiestas de fin de año y la movilidad urbana incentivan la suba en algunos rubros, mientras que otros sectores como la carne pierden protagonismo luego del salto de noviembre.

A su vez, las proyecciones del mercado sistematizadas por IOL Inversiones coinciden en que la inflación seguirá manejando un rango similar. “La mediana del REM estima que los próximos tres datos de inflación marcarán a la baja: diciembre en 2,1%, enero en 1,9% y febrero en 1,7%. El mercado tiene en precios un escenario levemente más optimista, con un promedio de 1,8% durante el mismo periodo. De cara a diciembre, y a pesar de la estacionalidad positiva de este mes, esperamos que la inflación se modere con respecto al 2,5% de noviembre. Suponiendo un número en el rango 2,1-2,3%, 2025 cerraría con una inflación anual superior al 30%”, consignó IOL.

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Las Fiestas hacen que diciembre
Las Fiestas hacen que diciembre sea un mes estacionalmente alto en materia de inflación, pero los analistas creen que será menor que en diciembre, o a lo sumo igual
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Manuel Franco, responsable del área macroeconómica de SBS Research, contextualizó que la aceleración inflacionaria de los últimos meses no modificó el diagnóstico de fondo: la inflación minorista de noviembre avanzó dos décimas, de 2,3% a 2,5%, en línea con los datos de alta frecuencia, pero el analista manifestó que “sigue destacándose la mirada a un período más largo que continúa mostrando un acotado pass-through de la suba del tipo de cambio”. Franco sostuvo que la economía todavía necesita sumar remonetización y que el desarme del apretón monetario representa una tarea pendiente que, junto a la recuperación de la demanda de pesos, podría contribuir a estabilizar las expectativas inflacionarias en el futuro cercano.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, subrayó que en diciembre “hay menor presión por alimentos y combustibles que la observada en noviembre, aunque persiste un ajuste en precios regulados con impacto residual del alza en el transporte nacional, sobre todo en el conurbano bonaerense, más el aumento de combustibles reciente”. El economista consideró factible que la inflación “sea más baja en diciembre”, pero proyectó que la dinámica podría cambiar hacia el final del verano, si el programa económico logra despejar el frente financiero y bajar el riesgo país.

El comportamiento semanal de alimentos, medido a inicios de diciembre, evidenció una desaceleración: dentro del hogar subieron 0,4%, cinco décimas menos que la semana previa, y se proyecta un avance de 2,2% para el mes. Sumando el consumo fuera del hogar, el índice general de alimentos alcanzaría 2,1%. El informe difundido por EcoGo prevé que el indicador general toque 2,3% en diciembre. El consumo asociado a las fiestas y los últimos ajustes de tarifas explican el freno relativo de la baja.

Fausto Spotorno, economista de Ferreres & Asociados, sumó otro matiz al debate: “En diciembre vemos la misma inflación que en noviembre, 2,5%. Yo creo que hay señales de desaceleración. Lo que está pasando es que como están acomodando tarifas y la carne, está costando, pero hay muchos rubros que no están teniendo nada de aumento, o productos. Pero además diciembre es estacionalmente fuerte por las Fiestas y el turismo. Así que 2,5% sería una desaceleración, desde ese punto de vista”, aseguró.

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Con respecto a cuándo podría llegar la desaceleración, que se frenó a mediados de año, Spotorno afirmó que “tal vez, con suerte, en enero empieza a mostrar señales de baja, y ya febrero estará más cerca de perforar el 2%, si es que no lo perfora. Porque la política monetaria está siendo superrestrictiva, la política fiscal también, no hay mucho espacio para que esto se mantenga así”.

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ECONOMIA

Sin subsidios, el boleto mínimo del colectivo se iría a $1.500, calculan los empresarios del sector

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El esquema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un proceso de reconfiguración marcado por cambios en los costos, en la demanda y en el rol del Estado en el financiamiento. En ese contexto, desde el sector empresario expusieron estimaciones sobre el valor del servicio en un escenario sin asistencia pública.

En una entrevista en Infobae en Vivo, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, planteó que si se eliminaran completamente los subsidios, el boleto mínimo de colectivo se ubicaría en torno a los $1.500, en base al nivel actual de costos. Actualmente, el valor se ubica en 700 pesos.

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“Si sacáramos todos los subsidios, el día de mañana el Estado diciendo que no hay más subsidios, el boleto mínimo se iría a $1.500 con el mismo sistema de transporte que tenés hoy”, sostuvo. Según detalló, ese valor surge de la suma entre lo que hoy pagan los usuarios y los aportes estatales.

En ese sentido, explicó que actualmente el sistema percibe alrededor de $1.500 por pasajero, de los cuales un 37% corresponde a la tarifa y el resto a subsidios. En ese marco, indicó que la eliminación de la asistencia implicaría trasladar ese costo total al precio del boleto.

“Se retiró más subsidio de lo que se agregó tarifa”, sostuvo Luciano Fusaro, al describir el esquema actual de ingresos del sector

Fusaro aclaró que ese nivel tarifario no implicaría una mejora en la calidad del servicio. Por el contrario, remarcó que corresponde al esquema actual, que presenta limitaciones en la oferta. “Es el que tenés ahora”, señaló, al describir el funcionamiento vigente.

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En ese marco, el dirigente también planteó que un esquema de transporte con mayores niveles de cobertura y frecuencia implicaría un costo significativamente más alto. Al comparar la situación actual con la de años anteriores, señaló que recuperar un sistema como el de hace una década, con más unidades en circulación y mayor oferta de servicios, requeriría un boleto mínimo cercano a los $2.000 en un escenario sin subsidios. “Nos obligaría a tener un boleto mínimo de dos mil pesos”, explicó, al referirse a un modelo con mayor cantidad de kilómetros recorridos y presencia en horarios donde hoy la prestación se redujo, como la noche.

Durante la entrevista, el dirigente repasó la evolución del sistema en los últimos años y señaló que la situación actual se configuró a partir de distintos factores. Entre ellos, mencionó el congelamiento de tarifas durante varios años y la caída en la cantidad de pasajeros durante la pandemia.

En ese período, los colectivos circularon con baja ocupación debido a las restricciones sanitarias, mientras el boleto se mantuvo sin cambios. Esa combinación llevó a un incremento de los subsidios para cubrir costos operativos como salarios y combustible.

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Posteriormente, el esquema cambió con un proceso de ajuste que redujo los subsidios y dio lugar a aumentos tarifarios. Sin embargo, Fusaro explicó que ese incremento no compensó completamente la reducción de los aportes estatales. “Se retiró más subsidio de lo que se agregó tarifa”, afirmó.

Como resultado, la composición de los ingresos del sector se modificó. Mientras que en años anteriores los subsidios representaban la mayor parte de los recursos, actualmente la tarifa ganó participación, aunque sin revertir la caída en términos reales.

Ese escenario también se reflejó en la cantidad de pasajeros transportados. Según indicó, en la actualidad se registran alrededor de 8,5 millones y medio de viajes diarios, frente a los 9,5 millones que se observaban un año antes. Esa diferencia implicó una reducción de aproximadamente un millón de pasajeros por día hábil.

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A lo largo de la última década, la caída resultó más pronunciada. Fusaro señaló que el sistema transporta un tercio menos de pasajeros que hace diez años, en un contexto de cambios en los patrones de movilidad y en la actividad económica.

La reducción de la demanda se combinó con una disminución en la cantidad de unidades en circulación. Hace tres años, el sistema contaba con 18.300 colectivos, mientras que actualmente la cifra no alcanza los 17.000. Esa caída implicó la salida de más de 1.300 unidades.

En paralelo, el dirigente advirtió sobre el envejecimiento de la flota. En la actualidad, cerca de un tercio de los colectivos supera los diez años de antigüedad, un límite que, según la normativa vigente, no debería superarse. Esa situación se sostuvo mediante prórrogas que extendieron los plazos permitidos.

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Según indicó Fusaro, "las empresas
Según indicó Fusaro, «las empresas se están comiendo capital»

Fusaro explicó que las empresas enfrentan dificultades para renovar las unidades debido a la falta de recursos. En ese contexto, señaló que recurrieron a su propio capital para sostener la operación. “Se están comiendo el capital”, afirmó.

Ese proceso también impactó en la prestación del servicio. Uno de los cambios más visibles se registró en la reducción de frecuencias, especialmente durante la noche. Según explicó, las empresas ajustaron la oferta en función de la demanda para optimizar el uso de los recursos disponibles.

El sistema de subsidios también experimentó modificaciones en su forma de asignación. Desde octubre de 2024, los aportes comenzaron a distribuirse en función de la cantidad de pasajeros transportados, en lugar de calcularse sobre la base de los kilómetros recorridos o la cantidad de unidades en circulación. Ese cambio buscó evitar distorsiones en la operación.

En ese marco, Fusaro señaló que el sector atraviesa un proceso de ajuste que también se refleja en la estructura empresaria. A nivel general del sistema, indicó que no se registran niveles de rentabilidad. “A nivel sistema no se gana plata”, sostuvo. Explicó que algunas empresas presentan situaciones particulares, en función de su escala o integración, pero señaló que el conjunto del sector enfrenta dificultades para sostener la operación en las condiciones actuales.

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También mencionó casos de empresas que dejaron de operar, lo que derivó en procesos de reasignación de líneas. En esos casos, las autoridades realizaron convocatorias para que otras compañías asuman los servicios, en algunos casos con condiciones vinculadas a la absorción de personal o deudas.

En ese contexto, el dirigente describió un escenario de reducción progresiva del sistema. Señaló que la cantidad de unidades podría seguir disminuyendo en los próximos años, en línea con la caída de la demanda y las dificultades para renovar la flota.

Asimismo, indicó que el esquema actual genera restricciones en determinadas franjas horarias y zonas. En particular, mencionó la reducción de servicios nocturnos y la aparición de alternativas de transporte fuera del sistema formal.

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En relación con el financiamiento, Fusaro planteó que el sector considera necesario mantener algún nivel de subsidios, aunque con cambios en su implementación. En ese sentido, propuso avanzar hacia un esquema en el que la asistencia se dirija directamente a los usuarios, en lugar de canalizarse a través de las empresas.

Ese modelo permitiría establecer distintos niveles de cobertura en función de las características de los pasajeros, según explicó durante la entrevista.

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Mirá la entrevista completa a Luciano Fusaro

El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor analizó en detalle la profunda crisis que atraviesa el transporte en el AMBA. Explica cómo la combinación de tarifas congeladas, la caída de pasajeros y el ajuste en los subsidios ha llevado a una situación de desfinanciamiento y deterioro del servicio



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ECONOMIA

Precariedad laboral, quienes pierden el trabajo solo encuentran otro empleo informal

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El endeudamiento de las familias para pagar los gastos corrientes, la necesidad de sumar ingresos extra para quienes tienen ya al menos un empleo fijo y la de trabajar para quienes no lo tienen, muestran la contracara del atraso cambiario, la inflación y el aumento del desempleo en los últimos meses. La consecuencia menos evidente es la informalidad, que también sigue aumentando pese a tener vigente una reforma laboral que se propuso como respuesta oficial a la no registración laboral. 

El desempleo cerró el año 2025 en 7,5% de la población económicamente activa, afectando a aproximadamente 1,7 millones de personas según dio a conocer la semana pasaa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto implica un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024 (6,4%), en un año de crecimiento económico —el PBI se expandió 3,5% punta a punta—.

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Según explicó Invecq Consulting, este desacople entre crecimiento económico y dinámica del empleo se debe a que los sectores dinámicos (agro, minería, intermediación financiera) son los menos intensivos en empleo.

«Con estos niveles, no estamos frente a una crisis de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino que lo más preocupante es el deterioro en la calidad del empleo, con caída del empleo privado formal e incremento del trabajo informal», advirtió la consultora.

Empleo de menor calidad 

En términos de stock, el empleo total registró una caída de 118.000 puestos respecto al cuarto trimestre de 2023, punto de partida del actual gobierno. Sin embargo, más que la magnitud de la pérdida neta, lo que destaca es su composición: el empleo asalariado registrado del sector privado acumuló una reducción de 182.000 puestos, con caídas generalizadas en prácticamente todos los sectores, mientras que el empleo informal creció en 376.000 puestos, calcularon.

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Esto amortiguó parcialmente el impacto sobre las cifras de desocupación, pero a la vez evidencia un proceso de sustitución hacia formas de trabajo más precarias y sin cobertura social.

Y la consultora aclara que no se trata, como deslizaron desde ciertas esferas del poder, del paso de trabajadores hacia el empleo independiente mediante plataformas, sino que la precarización del trabajo se extiende a sectores tradicionales.

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Cuántos trabajadores informales sumó cada sector:

  • Comercio +210.000 puestos informales (los registrados privados en ese rubro apenas crecieron 4.000)
  • Industria manufacturera +87.000 trabajadores no registrados (perdió 63.000 puestos formales).
  • Construcción perdió simultáneamente puestos formales (47.000) e informales (96.000
  • Sector público: caída de 80.000 empleos registrados.

«Por lo tanto, parte de los trabajadores que antes operaban dentro del sistema formal pasaron a la informalidad o solo encontraron empleo bajo esa condición,» concluye Invecq Consulting.

Endeudamiento de las familias

Con mayor desempleo y aumento de la informalidad se potencia el fenómeno de los «trabajadores pobres» que desde hace años aqueja al mercado laboral argentino: personas que con trabajos fijos o incluso formales no llegan a cubrir la canasta básica total y buscan más horas remuneradas.  

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de marzo mostró que el endeudamiento de los hogares se consolidó como la principal respuesta frente al deterioro de los ingresos: el 56,4% tomó crédito en los últimos seis meses y, dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya presentó dificultades para pagarlo.

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Lejos de estar asociado a decisiones de inversión, el crédito se orientó mayormente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al 20 de cada mes. El fenómeno describe un cambio en la función de la deuda: deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia.

Este comportamiento no aparece de manera aislada, sino que se inserta en una percepción social más amplia de fragilidad. Más del 53% de la población se representa como clase baja no sólo como una definición identitaria, sino como la expresión de una experiencia económica concreta, que también se refleja en la evaluación del contexto general: cerca de 6 de cada 10 consideran que la situación del país es mala o muy mala.

El endeudamiento ya es parte de la dinámica cotidiana y no un evento excepcional; es un recurso recurrente para compensar la pérdida de poder adquisitivo y la fragilidad del empleo. El 83,9% de los consultados por Zentrix afirma que su salario no le gana a la inflación. A esto se suma el dato del INDEC: hoy 3,7 millones de ocupados buscan sumar más horas e ingresos.

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«Esto no es reciente, sino que es la consecuencia de un mercado de trabajo degradado desde hace tiempo», mencionó la Fundación Mediterránea en un informe que firman Laura Caullo y Federico Belich, responsables de la sección Social-Laboral. El mismo indica que de los 21 millones de ocupados, más de 3,7 millones son trabajadores que, aun teniendo empleo, buscan activamente otro trabajo o una mayor carga horaria. En algunos casos, porque no logran completar una jornada plena; en otros, porque el ingreso que obtienen no alcanza. En este contexto, el pluriempleo deja de ser una excepción y empieza a consolidarse como estrategia para sostener ingresos.»

A nivel sectorial, las mayores tasas de búsqueda de empleo adicional se observan en actividades como:

  • servicio doméstico (30,7%),
  • hoteles y restaurantes (25,5%)
  • construcción (23%)

En el extremo opuesto, los sectores con menores tasas son minería e hidrocarburos, con 6,4%, actividades financieras, con 8,3%, y servicios inmobiliarios, con 9,7%.

Asimismo, la necesidad de complementar ingresos es más frecuente entre los jóvenes, especialmente en las primeras etapas de inserción laboral, 23% entre menores de 19 años, y entre las mujeres 16,6%.

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Este think tank calcula que al sumar a los desocupados con los ocupados que buscan trabajar más horas o mejorar su situación laboral, la presión sobre el mercado de trabajo asciende al 24% de la población económicamente activa. En términos absolutos, esto equivale a más de 5 millones de personas. 

Qué se espera a futuro

Para 2026, Invecq Consulting proyecta crecimiento en los sectores intensivos en trabajo, pero de magnitud acotada:

  • industria +1%
  • comercio +1%
  • construcción +5%
  • agro +5%
  • petróleo y gas +5%
  • minería 5%

En ese marco, la consultora mantiene su proyección de tasa de desempleo en 7,5% para 2026, incluso considerando que el PIB crecería por dos años consecutivos. 

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ECONOMIA

El precio de la nafta en la Argentina se ubica entre los tres más caros de la región

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El conflicto internacional en Medio Oriente influye en el costo del petróleo y se refleja en los surtidores argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los aumentos en el precio internacional del petróleo generados a partir de la escalada bélica en Medio Oriente, la Argentina registró aumentos en los precios locales de los combustibles que la ubican entre los más caros de la región. Según un relevamiento del sitio GlobalPetrolPrices, el precio del litro de nafta en el país alcanza a USD 1,343, superado dentro de la región únicamente por Uruguay (USD 1,899) y por Perú (USD 1,343).

Los precios del litro de nafta muestran una dispersión considerable en los distintos países sudamericanos. En el extremo opuesto a Uruguay aparece Venezuela, el más bajo, con 0,035 dólares. Ecuador ofrece uno de los precios más accesibles con USD 0,729, al igual que Bolivia, donde el litro se sitúa en 1,009 dólares. Chile establece el precio en 1,337 dólares. Colombia, por su parte, ubica el valor del litro en 1,079 dólares. En Paraguay, adquirir un litro de nafta implica pagar USD 1,052 dólares, mientras que en Brasil cuesta 1,229 dólares.

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El conflicto en Medio Oriente que empezó a fines de febrero impactó de manera directa en el costo del petróleo, lo que llevó a que el barril de Brent superara los 100 dólares en el mercado internacional. Este escenario global provocó una aceleración en el valor de los combustibles en la Argentina, cuyo precio en los surtidores escaló cerca de un 9% desde el inicio de la crisis.

infografia

La consultora EcoGo reportó que el índice de precios promedio de las naftas y el gasoil avanzó de 136,3 a 148,2 entre el 26 de febrero y el 16 de marzo, siempre con base en enero de 2025 igual a 100. Este salto del 8,67% rompió la tendencia de incrementos moderados que se había registrado durante los primeros meses del año. La suba se trasladó de forma casi plena a los valores que pagan los usuarios finales.

El presidente del Instituto de Energía Argentina General Mosconi, Jorge Lapeña, el Estado argentino cuenta con herramientas para evitar que los precios locales repliquen automáticamente los valores internacionales, priorizando el abastecimiento interno. Sin embargo, la política implementada en las últimas semanas se orientó hacia la aplicación del concepto de “paridad de exportación”, que implica que el precio interno refleje la evolución del mercado internacional y la capacidad del país de obtener divisas por la exportación de hidrocarburos.

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El gobierno sostuvo que buscará amortiguar el impacto de las subas. Horacio Marín, presidente de YPF, declaró que la empresa intentará “amortiguar los aumentos” con una política de “micropricing”, aunque no confirmó hasta qué punto podrá hacerlo ni cómo reaccionarán las otras compañías del sector, como Shell, Axion y Puma. El exsecretario de Energía y expresidente de YPF, Daniel Montamat, explicó que las refinadoras no integradas pagan actualmente precios internacionales y que los combustibles todavía no están ajustados completamente a esos valores.

La volatilidad internacional también complicó las previsiones a futuro. El barril de Brent tuvo fuertes oscilaciones en función de la evolución del conflicto en el Golfo y la situación en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y el 33% del GNL mundial. Las acciones bélicas en la región provocaron daños estructurales en infraestructuras de Irán y Qatar, lo que llevó a los mercados a anticipar aumentos duraderos en los precios de los combustibles a nivel mundial.

Foto: Reuters
Foto: Reuters

El traslado de los incrementos al consumidor repercutió de inmediato en la inflación local. Según un análisis de GMA Capital, el índice de precios al consumidor podría ubicarse en torno al 2,8% en marzo, en línea con los registros de los meses previos. La consultora calculó que un aumento del 10% en el valor de los combustibles suma 0,37 puntos porcentuales adicionales a la inflación, aunque el impacto final depende de la política comercial de las petroleras y la evolución del conflicto internacional.

El Congreso debatió un proyecto de ley impulsado por legisladores del kirchnerismo para restablecer un mecanismo de información anticipada sobre cambios en los precios de los combustibles, derogado anteriormente por la resolución 717/2025. El objetivo es que las petroleras y el Estado deban informar con al menos 72 horas de antelación cualquier ajuste, una práctica que hasta ahora no es obligatoria. Un amparo colectivo cuestiona este régimen y la Justicia deberá definir si corresponde restaurar el sistema previo.

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La Secretaría de Energía modificó el período estacional para la licitación de importación privada de GNL, lo que posterga el traslado a precios locales del gas importado hasta mayo. Esta decisión busca demorar el impacto de los mayores costos internacionales en los valores que abonan los usuarios argentinos durante el invierno.



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