El proyecto impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para transparentar la selección de jueces nacionales recibió un fuerte respaldo público de las principales entidades empresarias del país. El Grupo de los Seis (G6), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacaron la importancia de reglas claras y procesos abiertos en la designación de magistrados y reclamaron un sistema judicial que garantice previsibilidad, transparencia y confianza.

Integrado por Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), el G6 consideró que la iniciativa del tribunal máximo del país “introduce mejoras relevantes, como la menor ponderación de las entrevistas personales, la implementación de concursos anticipados y las mayores garantías de transparencia y anonimato en las evaluaciones, todo lo cual contribuye a un sistema más equitativo y previsible”.

“Un Poder Judicial independiente, eficiente y basado en el mérito es una condición esencial para la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo económico. En este sentido, el G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país”, sumaron.

La postura de ACDE se centró en la recuperación de la institucionalidad del ámbito judicial. En su documento, la entidad manifestó: “Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas”.

Además, la entidad remarcó la necesidad de que los candidatos a magistrados sean “independientes, imparciales, prudentes e íntegros”, agregando que “el valor irrenunciable de la justicia garantiza el correcto funcionamiento de la vida pública, y si eso no ocurre, la injusticia impacta con fuerza en los más pobres, ya que alimenta la desigualdad”. La organización incluyó una invocación: “Rezamos confiados para que los jueces sigan el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad, y para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y amor a nuestro país”.

Por su parte, IDEA respaldó de manera explícita el nuevo esquema que propuso la Corte Suprema para los concursos de selección de jueces. “IDEA expresa su apoyo al proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir vacantes de jueces”, sostuvo la entidad.

El documento especificó que el nuevo reglamento constituye “un gran avance, ya que incluye normas que tienden a brindar transparencia y disminuir la discrecionalidad”. IDEA argumentó que la iniciativa surge como respuesta a la demanda social por la gran cantidad de vacantes en los juzgados y la opacidad de los concursos públicos. El texto consideró que la medida representa “una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”.

La posición de IDEA también incluyó un llamado a que el Consejo de la Magistratura avance en los mismos criterios de transparencia, y propuso que la selección de magistrados cuente con mecanismos objetivos y procedimientos públicos. La entidad afirmó: “La transparencia en el proceso de selección, así como la idoneidad de quienes acceden a los cargos, resultan fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones”. IDEA resaltó la importancia de cumplir los plazos legales para cubrir vacantes y de coordinar acciones entre los poderes del Estado. Además, propuso implementar mecanismos de evaluación y control sobre la labor de los jueces para asegurar un desempeño acorde con la confianza pública y las exigencias del cargo. “Instamos a que se adopten criterios de selección sustentados en la ética, la independencia y la excelencia profesional”, expresó la organización.

AmCham Argentina también manifestó su aval a la propuesta de la Corte Suprema, destacando la relevancia de la independencia judicial para el desarrollo económico y la seguridad jurídica. La cámara señaló: “Desde AmCham Argentina valoramos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación al impulsar a través de una Acordada un Proyecto de Reglamento para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir las vacantes de jueces”.

El comunicado remarcó la necesidad de medidas que “promueven mayor transparencia, previsibilidad y menor discrecionalidad, elementos indispensables para el desarrollo sostenible del país y la construcción de un entorno confiable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico”. Según el documento, la propuesta de la Corte Suprema representó “un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados”.

La declaración de AmCham Argentina subrayó que la certeza jurídica y la imparcialidad en la resolución de conflictos resultan indispensables para la estabilidad institucional y el crecimiento económico. La entidad llamó a cumplir los plazos legales para la cobertura de vacantes, a evaluar periódicamente el desempeño de los magistrados y a fomentar el acceso público a la información sobre los procesos judiciales. Además, promovió la participación de la sociedad civil y del sector privado en instancias de consulta y monitoreo institucional.

A esta altura ya resulta un síntoma preocupante: la recaudación tributaria volvió a ser negativa en términos reales y acumula ocho meses seguidos de caída. El gobierno ha justificado esa situación con el argumento del alivio impositivo, pero son cada vez más los analistas que sostienen que el menor ingreso a la caja de ARCA es reflejo de un enfriamiento en la economía.

Con apenas un aumento nominal de 26,2%, la recaudación tributaria tuvo una caída interanual de 4,5% -asumiendo que el IPC de marzo rondará el 3% y la inflación anual acumulada será de un 32,2%-. Esto hace que marzo haya tenido una de las peores performances en cuanto a ingreso fiscal, y ponga mayor presión al gobierno para acentuar la «motosierra» sobre el gasto público, de manera de no poner en riesgo el superávit primario.

El informe oficial explica que hubo una serie de situaciones regulatorias y modificaciones en el calendario de pagos, que impactaron negativamente para la baja recaudación de marzo. Por ejemplo, porque no hubo ingreso de anticipos de Ganancias de sociedades con cierre de ejercicio diciembre (el más importante del año) ni anticipos de Ganancias de personas humanas.

Esto llevó a que Ganancias hiciera un flojo aporte -apenas 16% del total recaudado-. Mientras tanto, el IVA, el impuesto por excelencia vinculado a la actividad productiva y comercial tuvo un resultado aceptable, a tono con la inflación, después de varios meses de tendencia negativa.

El resultado resulta más positivo si se tiene en cuenta, además, que este año hubo un fuerte incremento de adhesión a planes de pago. En otras palabras, las cifras del IVA comercial -sin considerar de comercio exterior que se cobra en la Aduana- podría estar indicando una incipiente recuperación del consumo.

Aunque claro, esa interpretación también tiene su lado B: el IVA es un impuesto directamente ligado a la inflación, por lo que su incremento nominal es, de alguna forma, también un reflejo de la evolución al alza de los precios.

Lo mismo puede afirmarse sobre el impuesto a débitos y créditos -más conocido como impuesto al cheque-, que creció un 4,7% por encima de la inflación. Es un dato que confirma que, pese a que se trata de un tributo cuestionado por su efecto distorsivo sobre la economía, en este momento hace un aporte del que el gobierno no puede prescindir. Puesto en números, representa un 8% de los recursos fiscales.

Retenciones y aranceles, con bajo aporte

El ítem más llamativo de la recaudación de marzo es el ligado al comercio exterior. Con apenas $503.000 millones -apenas un 3% en la «torta» de la recaudación-, las retenciones hicieron un aporte muy exiguo. En la comparación interanual es un desplome de 35%, algo que se explica por el boom exportador que se registró un año atrás luego de la rebaja temporaria del impuesto al agro.

Es así que, pese al optimismo por los buenos volúmenes logrados en la cosecha -y el pronóstico de Toto Caputo sobre un ingreso exportador de u$s40.000 millones-, todavía no se refleja un cambio positivo en el aporte del campo a la caja de ARCA.

Lo que parece seguro es que, pese a las críticas por los incrementos en los costos de los insumos -derivados del petróleo-, el campo no tendrá este año otra ayuda de un «tax holiday«. Los números fiscales están demasiado ajustados como para que Caputo pueda darse el lujo de prescindir de las retenciones.

Sobre todo, cuando acaba de verse obligado a posponer la actualización del impuesto a los combustibles, con el objetivo de no acentuar el malhumor social tras la suba de precios en las estaciones de servicio.

Con una suba real de 35%, el impuesto a los combustibles se ha transformado en uno de los puntales de la recaudación, al punto que ya resulta más importante que los derechos de exportación y los aranceles de importación.

Es posible que este fenómeno resulte pasajero, dado que tanto las exportaciones como las importaciones están registrando cifras bajas, en términos históricos. La expectativa del gobierno es que, a partir de abril, ya se note un cambio, cuando empiece a hacerse notar la entrada de divisas por la exportación sojera, que tiene su momento fuerte en el segundo trimestre.

En cuanto a las importaciones, parte de la mala performance se explica por el alivio en los aranceles -lo mismo que ha servido para abaratar el consumo en rubros como el textil y el electrónico y hacer de contrapeso a las subas de precios de los servicios-. Pero, también, se nota una caída en rubros de importación más ligados a la producción, como los bienes de capital y los insumos industriales.

Más dependencia de la motosierra

El otro rubro que confirma la frialdad de la economía es el de los ingresos a la ANSES. Tanto los aportes personales de los asalariados como las contribuciones patronales al sistema de seguridad social evolucionaron por debajo de la inflación.

En total, la recaudación de Anses tuvo una caída real de 2,8% respecto del año pasado, una tendencia que va en línea con el empeoramiento en las cifras de empleo que se han publicado en los últimos censos del Indec.

Lo cierto es que las perspectivas no son buenas en el lado de los ingresos a las arcas fiscales: lejos del 4,5% de aumento del PBI que proyecta el gobierno, los economistas que participan en la encuesta REM del Banco Central creen que la economía sólo va a subir un 3%.

Además, a ese contexto de frialdad en el consumo se debe sumar el hecho de que entrará menos dinero a las arcas estatales por el recorte de dos puntos en las retenciones al agro, lo que la consultora LCG estima en 0,1% del PBI. Y, sobre todo, que la ley de reforma laboral llevará a un menor ingreso por impuestos coparticipados y a un recorte de recursos de la Anses equivalente a 0,37% del PBI.

Es por eso que la expectativa del mercado es que, para que realmente se cumpla el objetivo fiscal de este año -un superávit primario de 1,5% y uno financiero, tras el pago de intereses, de 0,3% del PBI- el gobierno va a depender más del recorte de gastos que del aumento del ingreso.

Y es ahí donde aparece el pesimismo, porque los rubros en los que se basó Caputo para achicar el gasto en los primeros meses de su gestión ya no se pueden seguir cortando -básicamente la licuación inflacionaria de las jubilaciones y el congelamiento de la obra pública- y lo que queda es un tipo de gasto más rígido y con mayor costo político.

En definitiva, lo que ven los economistas es que cada vez se necesita un esfuerzo mayor en el recorte, para obtener una mejora marginal en las cuentas.

En medio del incremento del petróleo a nivel global por el conflicto en Medio Oriente, YPF anunció que no trasladará al surtidor el aumento del precio del crudo por 45 días para reducir el impacto directo en el bolsillo de los argentinos. “Se van a moderar los aumentos”, indicaron desde la compañía.

En la compañía lo definen como un buffer de precios, o un “amortiguador” ante la baja de consumo, sobre todo en el interior del país. La medida comenzó a regir este miércoles 1° de abril y estará vigente por el período de tiempo mencionado. Una vez concluido ese período, la empresa analizará como recuperar las subas dentro del precio si éstas se dan el contexto de conflicto bélico y la inestabilidad energética global.

El precio de la nafta y el gasoil está compuesto por una variable que incluye el valor internacional del barril de petróleo Brent -la referencia local-, el tipo de cambio e impuestos, como el de los Combustibles Líquidos y el del Dióxido de Carbono. “Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional, si suben los impuestos y se aplican o si hay movimientos del tipo de cambio no son variables que manejamos nosotros y ahí sí habría traslado. Pero nos variables que no debería moverse tanto. Es un gesto para nuestros clientes”, aclararon desde la firma.

“Cuándo esta situación se tranquilice, nos volvemos a sentar a hacer números y se verá cómo se recuperan las eventuales subas, pero cuando los precios globales se encaucen”, agregaron las mismas fuentes a Infobae.

Según pudo saber este medio, fuentes oficiales esperan que las principales compañías del sector también adopten la medida. Entre ellas figuran Axion Energy, propiedad de Pan American Energy (familia Bulgheroni), y Shell, cuya operación local está en proceso de venta y es gestionada por la brasileña Raizen junto a la petrolera angloholandesa.

Desde YPF aseguraron que los movimientos de precios tuvieron mayor impacto en el interior de país, donde ya registran un cambio en algunas conductas de la demanda. Es decir, que empezó a bajar la venta por la suba de precios.

En concreto, sin importar si el precio del Brent sube o baja, los valores se mantendrán constantes en la petrolera con participación estatal. Así lo anunció el titular de YPF, Horacio Marín, en sus redes sociales oficiales.

“Desde hemos decidido realizar un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días, comenzando a partir del día de hoy. Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, aseguró.

En tal sentido, el ejecutivo remarcó que desde el inicio del conflicto en Irán, “no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía”.

“Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global. Operamos en una economía de libre mercado: las empresas observamos la oferta y la demanda y definimos las mejores estrategias comerciales para acompañar a nuestros clientes”, concluyó.

El Gobierno nacional ya había implementado acciones adicionales para intentar contener el aumento de los precios de los combustibles. El viernes 27 de marzo, se comunicó la aprobación de un mayor porcentaje de bioetanol en las naftas, con el objetivo de ampliar la variedad de insumos utilizados y disminuir la exposición a los valores internacionales. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que esta iniciativa busca preservar el poder de compra de los consumidores y mantener la competitividad en el mercado interno.

La variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra el rol de YPF como referente en la formación de precios del mercado local. Con una participación superior al 50%, la petrolera estatal suele establecer los valores más bajos en los surtidores, lo que lleva a otras compañías a ajustar su estrategia comercial. De este modo, el precio de la nafta súper ronda los $2.000 y se mantiene por debajo del de sus principales competidoras.

Un relevamiento de la consultora Romano Group determinó que YPF, en promedio y a nivel nacional, “aumentó 19% el gasoil, 15% la Infinia y 17% la súper, medido punta a punta”, desde el 28 de febrero hasta el 28 de marzo.

A propósito del impacto en la inflación, los analistas remarcaron que los combustibles tienen una ponderación del 3,8% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A modo ilustrativo, un aumento del 10% impacta en el índice un 0,38 por ciento. En promedio, estimaron que los combustibles aumentaron en marzo de 2026 un 7,3% en todo el país, y proyectaron que sería esperable que agregue al menos un 0.3 puntos porcentuales al índice.

“Además, como gran parte del aumento se dio en la segunda quincena de marzo, de mantenerse estos precios deja un arrastre estadístico (último precio de marzo vs precio promedio de marzo) de 0,36 puntos porcentuales ya que el último dato contra el promedio marca un aumento del 9,45%”, agregaron.