Luego de un 2025 en el que el mercado de electrónica y electrodomésticos estuvo marcado por mayores volúmenes pero una fuerte deflación, lo que erosionó la rentabilidad, para este año el sector espera un crecimiento moderado de las ventas y suba de los precios en la mayoría de las categorías.

En lo que respecta a los televisores, las compañías -la mayoría productoras en Tierra del Fuego- espera que el Mundial generará, como lo suele hacer, un adelantamiento de las ventas al primer semestre del año. Pero el gran interrogante es qué pasará con los precios. ¿Seguirán en baja o esa tendencia encontró un freno? ¿Con qué valores se encontrará el consumidor cuando decida cambiar el televisor?

Según cifras del mercado publicadas por Infobae a fines de 2025, los valores de los televisores registraron una merma de casi 40% en dólares respecto del 2024, y de 9% en pesos. En el comienzo de este 2026, esta tendencia se frenó por dos motivos: por un lado, los niveles de stocks que tenían las empresas fabricantes y los retailers comenzaron a desagotarse. Además, las empresas aprovecharon esta normalización para comenzar a ajustar algo sus márgenes, previamente deprimidos.

“Algunos productos tuvieron rentabilidad negativa; en otros ganamos, pero en el conjunto la empresa no ganó dinero”, dijo el referente de una fábrica fueguina de televisores. Y agregó que el año pasado fue, en cuanto a márgenes, “de los peores históricos de la industria. No fue un año malo en cuanto a demanda de unidades, pero sostenido con precios bajos”.

Para este año, la expectativa es que el mercado crezca entre 10% y 15%, dado que “el Mundial siempre incentiva la demanda de televisores y la gente está más permeable a consumir”. Este desempeño dependerá en gran medida de los precios y de las ofertas de financiación disponibles, que actualmente no son muy atractivas debido a las altas tasas de interés.

Según fuentes de fábricas y del retail consultadas en el sector, en lo que va de 2026 las ventas acumulan un alza de 5% y se espera que en los próximos meses se recaliente la demanda por el campeonato mundial de fútbol.

Pero a diferencia del año pasado, la oferta ahora se redujo, hay menos stocks y los precios comenzaron a acomodarse. De hecho, fuentes de un importante retail precisaron que de un precio promedio de un televisor de $550.000, hoy ese valor subió a $640.000. Y el valor promedio de 2024 fue 534.000 pesos.

No solamente influyen los menores stocks actuales en la decisión de las empresas de recomponer márgenes, sino que también impacta la falta de memorias a nivel mundial y, por ende, la suba de los costos de las partes que las fábricas importan para fabricar los televisores.

Desde una fábrica fueguina explicaron: “Con el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global, hay un exceso de demanda de memorias para ese uso. Entonces, no hay producción suficiente y los proveedores están aumentando los precios. Incide más en las teles más chicas, las de 32 pulgadas que en las más grandes, pero los precios de salida de fábrica se están incrementando entre 10% y 15% por este motivo más la recomposición de márgenes”.

En el sector del retail estiman que, luego de estos incrementos los precios se sostendrán para la fecha del Mundial y que los modelos de 55 o 65 pulgadas serán los que experimenten mayor crecimiento en ventas. Aun así, las de 32 y 43 pulgadas seguirán siendo las más vendidas», según las fuentes consultadas.

Además, mencionaron que se espera un avance de la tecnología QLED, considerada el principal salto de calidad para este año.

En cuanto al mercado y a la importación, que tanto ha crecido en muchos sectores, en el caso de los televisores no modificó su participación respecto del total. Los productos netamente provenientes del exterior siguen representando apenas el 5% del mercado.

En 2025, de un total de 3.367.667, fueron producidos a nivel local 3.200.143, en tanto que 167.524 fueron importados. El año anterior, de un total de 2.177.334, se importaron 119.064 en tanto que el resto fue producido en Argentina. Estos números fueron suministrados por la Asociación de Fábricas Fueguinas (Afarte) sobre datos de Tesys -empresa de consultoría de datos industriales-.

A diferencia del mercado de celulares, algunos de los cuales se están dejando de fabricar para pasar a ser importados, en televisores los industriales sostienen que todavía hay margen para ser competitivo en Tierra del Fuego.

El sector está protegido con un arancel extrazona del 20% y las empresas no están pensando, por el momento, en readecuar su estructura productiva en este segmento.

En el caso de los aires acondicionados, también producidos en la isla, la situación es similar, aunque este año y en 2027 vencen dos medidas antidumping (contra importaciones de Tailandia y de China, respectivamente) que podría afectar seriamente la producción local.

A grandes rasgos, el business plan es así: armar una empresa, restaurar áreas desforestadas, reducir el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera y generar ingresos. El incipiente mercado de créditos o bonos de carbono es una incógnita para el gran público, pero es una realidad concreta que crece a nivel global y que comienza a despegar en Argentina de la mano de un puñado de startups pioneras.

Si bien las iniciativas verdes no parecen estar en ese momento del todo alineadas con la agenda política del país, hay muy interesantes proyectos en marcha que evolucionan, tienen muy buenas perspectivas y buscan posicionar al país como un jugador importante a nivel global de este incipiente negocio.

A estas empresas de un segmento de negocios denominado clima tech se sumaron BAX, la primera Bolsa de Bonos de Carbono del país; la Mesa Argentina del Carbono, con 52 integrantes y carácter institucional sectorial; y una cámara empresaria del sector que reúne a 15 compañías y busca articular normativas y procesos más transparentes y eficientes para el mercado.

Según cálculos de la Mesa del Carbono, si en el país se generarán créditos en el 10% de las tierras agropecuarias y forestales, podrían generarse por sus ventas unos USD 500 millones. Si el porcentaje sube a 30%, serían unos USD 2.400 millones. Todo sin inversión pública, pero con leyes que impulsen el sector.

“Los proyectos no compiten con la producción agropecuaria o forestal: la complementan. Permiten nuevos ingresos sin cambiar el suelo. Con ese plan, se podrían movilizar entre USD 2.200 y 3.800 millones en inversiones privadas hacia regiones productivas, con beneficios ambientales y sociales tangibles”, destacó la Mesa.

Otras empresas del sector son GMF, Ruuts, Unitan, Cambium y Prosustentia.

El surgimiento del mercado de bonos de carbono responde a la necesidad de revertir las emisiones, principalmente de dióxido de carbono. Detrás de eso crece un verdadero negocio. Un crédito de carbono equivale a una tonelada métrica de CO₂ capturada o evitada. El valor de estos créditos varía de acuerdo con su calidad y al impacto ambiental real de cada proyecto. Los precios pueden oscilar entre USD 3 y 30, y los más costos están asociados a restauración de ecosistemas y captura efectiva de carbono atmosférico.

La calidad se determina por la capacidad del proyecto para restaurar ecosistemas degradados y ofrecer beneficios adicionales, como biodiversidad y desarrollo comunitario. Los créditos asociados a energías renovables suelen tener menor valor que aquellos vinculados a la recuperación de bosques nativos, ya que estos últimos generan una captura directa y cuantificable de carbono, además de contribuir a la regeneración de servicios ecosistémicos.

Las primeras mediciones sistemáticas de CO₂ se iniciaron en Hawái en la década de 1950, lo que permitió establecer una correlación directa entre emisiones y calentamiento global. A partir de estos datos, organismos multilaterales como la ONU impulsaron tratados internacionales, entre ellos el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que sentaron las bases para la creación de mecanismos de compensación de emisiones entre países.

El mercado se divide en dos grandes segmentos: regulado y voluntario. En el primero, los estados asumen compromisos de reducción y pueden transferir créditos a otros países menos contaminantes. Por ejemplo, Argentina ha recibido fondos internacionales bajo este esquema, aunque la restauración efectiva de los ecosistemas no siempre acompañó el flujo de dinero.

El mercado voluntario, en cambio, surgió con grandes empresas que comenzaron a asumir compromisos propios de neutralidad climática, replicando el modelo de compensación estatal pero en la esfera corporativa. Multinacionales como Unilever y Microsoft se convirtieron en referentes, motivadas por exigencias de inversores y consumidores. Para operar en este mercado, los proyectos deben ser validados por certificadoras especializadas como Verra y Gold Standard, las principales certificadoras internacionales que auditan la calidad y efectividad de las acciones de captura o reducción de carbono.

Una de las empresas locales que picó en punta en este mercado y apuesta por la restauración activa de bosques nativos y la producción de créditos de carbono de alta calidad es Nideport.

Su principal proyecto, Vida Nativa, está en Misiones, en la frontera con Brasil, sobre un área de más de 24.500 hectáreas pertenecientes al bioma de la Mata Atlántica, una de las zonas de mayor valor fotosintético del planeta; uno de los pulmones terrestres que iba desde Río de Janeiro hasta Misiones, y del que queda poco y nada.

“No somos ambientalistas: hacemos un negocio cuidando el medio ambiente. Nuestro objetivo es restaurar 45 millones de hectáreas en el país para 2035 y potenciar la comercialización de créditos en Europa y Estados Unidos”, le dijo a Infobae Juan Núñez, CEO y cofundador de la empresa.

“La empresa nació en 2019 y su modelo parte del arrendamiento y posterior compra de tierras privadas, ofreciendo a los propietarios ingresos superiores a los que obtendrían por la explotación maderera tradicional. El nuestro era un campo de árboles que para abrazarlos se necesitaban ocho personas… De esos, hoy queda uno solo. Se arrasó todo”, detalló el CEO.

Núñez es especialista en seguridad, con estudios en Israel y pasó por la función pública junto a Sergio Berni, en el Consejo de Seguridad Interior. Luego se desempeñó en la actividad privada y, en una reunión con amigos, surgió la idea de “hacer algo” con tierras que tenían dos de los socios en Misiones, aunque finalmente no se usaron para el proyecto inicial. Desde los comienzos, la empresa cuenta con el apoyo y la inversión del fondo de inversión tecnológico local Draper Cygnus y solo este año esperan sumar 130.000 hectáreas nuevas a la iniciativa.

Una vez asegurada la tenencia de la tierra, la compañía detiene la deforestación e implementa un plan de restauración científica fusionado con procesos de certificación que incluyen colaboración con comunidades locales y pueblos originarios, como los Mbya Guaraní, plantación de especies nativas, recuperación de biodiversidad y utilización de tecnologías avanzadas de monitoreo —como drones con cámaras térmicas, sistemas de topografía digital y plataformas blockchain— para mapear y supervisar en tiempo real cada árbol plantado.

El proceso de certificación exige auditorías periódicas y la aplicación de metodologías estrictas. Verra, la principal certificadora internacional —un verdadero gigante con 80% del share global—, fue fuertemente cuestionada a nivel mundial hace unos tres años, lo que provocó un tembladeral en el sector. Tras aumentar sus estándares de certificación, logró recuperarse. Verra le otorgó a Nideport la certificación internacional y también cuentan con una calificación de “A” por parte de la auditora Silvera.

“Más allá de las discusiones ideológicas sobre el cambio climático que pueda haber, no se puede soslayar que estamos agotando recursos que el planeta tarda mucho tiempo en regenerar, mucho más que la velocidad en la que se consumen”, describió Núñez.

Nideport lleva recaudados unos USD 7 millones financiados por fondos internacionales —Draper Cygnus, Embarca, Antom, Koi Ventures y Alma Ventures— y hoy está valuada en casi USD 100 millones.

El proyecto se refleja en cifras que, según Nideport, están respaldadas por monitoreo ambiental continuo y validación pública: más de 1,2 millones de toneladas de CO₂ removidas y almacenadas desde 2020; reducción del 97% en la incidencia de incendios forestales; una retención adicional de agua estimada en 30 millones de metros cúbicos anuales; y la generación de beneficios sociales directos para unas 1.500 personas de comunidades y pueblos rurales.

Estas acciones permitieron la restauración activa de 22.878 hectáreas de selva Paranaense —un bosque degradado en más del 65%—, la protección de 10 especies en peligro de extinción, el resguardo de 50 especies endémicas y la reaparición en la zona de fauna emblemática como el yaguareté.

La estrategia de Nideport integra inteligencia artificial, drones autónomos, sensores IoT y monitoreo satelital para supervisar los ecosistemas restaurados y permitir una toma de decisiones precisa. Su nueva plataforma digital tiene vigilancia en tiempo real, prevención de incendios, detección de amenazas como la caza furtiva y la tala ilegal, y un control eficiente en zonas sensibles, especialmente en la frontera argentino-brasileña.

Este mes, su sistema de monitoreo satelital permitió la detección temprana de un incendio de gran magnitud. La empresa tiene drones automatizados que despegan solos para mostrar imágenes y ubicaciones en tiempo real ni bien el sistema detecta algún tipo de alerta temprana en sus campos.

La compañía emplea a 40 personas, de las cuales 15 trabajan en campo, y desarrolla proyectos piloto en países como Islandia, México e India.

La Unión Europea impuso requisitos estrictos para la importación de bienes y servicios, exigiendo la trazabilidad completa de la huella de carbono y la certificación de que la producción no proviene de bosques talados. Esta política se inscribe dentro de los compromisos del bloque de alcanzar la neutralidad climática entre 2035 y 2050. Como resultado, países agroexportadores como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay enfrentan la necesidad de adaptar sus procesos productivos y adoptar mecanismos de compensación para no perder acceso a los mercados internacionales.

En Estados Unidos, la administración federal muestra señales mixtas, pero las grandes compañías mantienen compromisos propios de reducción y retiro de créditos, lo que sostiene la demanda global de estos instrumentos. En 2025, se registró un récord de compras de créditos por parte de empresas norteamericanas y europeas.

Argentina posee extensas áreas de bosques degradados, resultado de décadas de explotación agrícola y forestal, y cuenta con una de las tasas de crecimiento forestal más altas, especialmente en regiones subtropicales como Misiones, lo que genera ventajas comparativas para proyectos de captura de carbono.

El mercado local aún se encuentra en una fase incipiente, y su desarrollo depende de la articulación entre organismos estatales como la Cancillería y la Secretaría de Ambiente, además de la convergencia entre el mercado regulado y el voluntario. Si Argentina logra formalizar su integración, prometen los jugadores del sector, el valor de los créditos nacionales podría duplicarse o triplicarse, alcanzando precios similares a los de países como Japón, donde la demanda insatisfecha es elevada.

A pesar de la llegada de fondos internacionales, la restauración efectiva es limitada hasta el momento. Según datos internos del sector, el país recibió alrededor de USD 800 millones destinados a la protección de bosques, pero la mayor parte de las acciones de restauración efectiva provienen de iniciativas privadas y startups tecnológicas.

La medida elimina un incentivo salarial clave para los empleados públicos. El impacto en los ingresos y la dura respuesta de ATE

01/03/2026 – 01:00hs

El escenario laboral para los trabajadores de la Administración Pública Nacional sufrió un cambio drástico este mes. Tras el vencimiento de la última prórroga que mantenía vigente el denominado «Premio Estímulo a la Asistencia«, el Gobierno Nacional decidió no renovar este beneficio, lo que se traduce en una quita directa sobre los haberes de febrero. La medida afecta a los empleados bajo el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y representa un fuerte golpe al bolsillo en un contexto de alta inflación.

La decisión administrativa, que ya fue oficializada y se verá reflejada en las liquidaciones correspondientes a febrero que se pagan en marzo, pone fin a un esquema que buscaba incentivar la presencia de los agentes estatales. Para miles de trabajadores que cumplen funciones en ministerios, organismos descentralizados y la propia Casa Rosada, esta modificación no es un simple cambio de normativa, sino una reducción nominal de su poder adquisitivo.

Desde los sectores gremiales, la respuesta fue inmediata. La dirigencia sindical advierte que este ítem ya formaba parte de la estructura salarial habitual y permanente, por lo que su eliminación unilateral es considerada un incumplimiento de los acuerdos previos. En medio de un clima de tensión creciente, los gremios analizan medidas de fuerza, argumentando que la quita de este suplemento equivale a perder gran parte de las actualizaciones logradas en las últimas paritarias.

Quita del presentismo para estatales: quiénes pierden y cuánto

 Según los datos que trascendieron del ámbito oficial, la eliminación del plus por presentismo afectará a los empleados de la Administración Central y organismos dependientes. En términos reales, un trabajador de Casa Rosada o de los ministerios nacionales podría percibir hasta 150.000 pesos menos de promedio en su recibo de sueldo de febrero, dependiendo de su categoría y antigüedad.

Esta suma, que funcionaba como un refuerzo mensual por asistencia perfecta, representaba en muchos casos hasta el 10% del ingreso total de bolsillo para los escalafones más bajos. Al caerse la prórroga que estipulaba su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y no ser rediscutida en las mesas de negociación de este año, el concepto desapareció automáticamente de la grilla salarial, dejando a los estatales con un sueldo menor al del mes anterior.

Además de la cuestión económica, la medida plantea un interrogante logístico sobre el control de la asistencia. Hasta ahora, el «Premio Estímulo» funcionaba como una herramienta disuasoria contra el ausentismo; sin este incentivo económico, el Ejecutivo deberá redefinir qué mecanismos utilizará para garantizar el cumplimiento de las tareas y el presentismo en las dependencias públicas, un punto que aún no fue detallado por las autoridades.

El recorte aplica solo sobre los empleados pertenecientes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP):

• Casa Rosada y ministerios nacionales

• Organismos descentralizados

• Dependencias de la Administración Central

La postura de ATE: «El presentismo es salario»

Desde ATE Capital fueron contundentes al calificar la medida como «arbitraria e ilegal». A través de una notificación formal, el gremio intimó al Gobierno a abstenerse de cualquier supresión del suplemento, sosteniendo que el presentismo reviste un carácter alimentario y está protegido por la normativa laboral vigente. Para el sindicato, no se trata de un premio opcional, sino de una parte integrante de la remuneración habitual que no puede ser eliminada sin una justificación válida o un acuerdo de partes.

La organización subrayó que esta decisión profundiza el ajuste sobre la planta estatal y configura una conducta que será judicializada de no mediar una rectificación. «La suspensión del pago es equivalente a dejar de percibir las paritarias acumuladas», expresaron desde el gremio, dejando abierta la puerta a un plan de lucha que podría incluir paros y movilizaciones en los próximos días, sumándose al malestar ya existente por el tope en los incrementos salariales y los despidos en distintas áreas del Estado.