Luis «Toto» Caputo dejó en claro la situación contradictoria en la que se encuentra el gobierno tras la victoria judicial por YPF: su celebración política no puede ser confundida con una defensa de las expropiaciones estatales. Y por eso publicó una extensa argumentación en la que intenta explicar lo que Javier Milei no había dejado claro en su cadena televisada.

El mayor temor del ministro es que la oposición kirchnerista tenga éxito en instalar la idea de que, si no fuera por la expropiación, Argentina no gozaría hoy de un autoabastecimiento y superávit comercial en el rubro de la energía.

Ese fue, precisamente, el punto que resaltaron Cristina Kirchner y Axel Kicillof ni bien se conoció la noticia de que el tribunal de apelaciones neoyorquino había sentenciado a favor de Argentina, en el juicio que le había ganado el fondo Burford en primera instancia, y que obligaba al país a pagar u$s18.000 millones.

Kicillof, que era ministro de economía cuando se produjo la estatización, fue el principal impulsor de ese argumento, luego de años de haber sido duramente criticado por Milei. El presidente llegó incluso a proponer que se creara un impuesto llamado «tasa Kicillof», que pagarían los automovilistas cada vez que cargaran nafta. El propósito político de Milei era dejar en claro que las decisiones políticas populistas se pagan en el plano financiero.

Pero claro, celebrar ahora la victoria judicial conlleva un riesgo: que se confunda ese festejo con una admisión tácita de que la reestatización fue la política correcta. Ante esa situación, Caputo se sintió en la necesidad de abundar en explicaciones tras la cadena de Milei, sobre todo porque uno de los datos de los que se jacta el gobierno es el hecho de que el rubro energético haya pasado a ser un proveedor de dólares, tras años de haber «quemado» reservas.

La máquina de petrodólares

A inicios de año, cuando la expectativa global era la de una baja en el precio del petróleo y se especulaba con el «efecto Venezuela», el gobierno argentino esperaba que el saldo de la balanza energética fuera este año de u$s10.000 millones, lo que implica un salto de más de 20% en un año.

Pero, tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, las cuentas se están revisando casi a diario. Los analistas calculan que por cada 10 dólares que se incrementa el precio global del petróleo, Argentina aumentará su ingreso de divisas en u$s1.700 millones.

Si el conflicto en Irán se extendiera y esa premisa sobre el precio del petróleo se cumpliera, entonces habría que agregar u$s5.000 millones a la ya de por sí optimista previsión que se había hecho para este sector. En todo caso, las cifras de la balanza comercial de marzo darán una pauta respecto de si los análisis eran correctos o si pecaron de entusiasmo desmedido.

En todo caso, es un fuerte contraste con lo que había ocurrido hace cuatro años tras la disparada del petróleo y el gas por la invasión rusa a Ucrania. Sólo en el mes de julio de ese año hubo que importar gas por u$s2.281 millones, una cifra que hoy requiere casi un año de importaciones. En aquel momento, la energía equivalía al 28% de las compras totales, mientras que ahora apenas llega al 3%.

¿De quién es el mérito?

Ese cambio en la situación energética tiene un nombre propio: Vaca Muerta, que sigue batiendo récords de producción. Y no paran los anuncios de inversión, como el de YPF, que desembolsará u$s6.000 millones con el objetivo de incrementar su capacidad de producción de petróleo «shale», un terreno en el que aspira a ser un jugador de relevancia mundial. El objetivo es llegar a una producción de 215.000 barriles diarios, lo que supone más del doble del nivel de producción de al inicio de la gestión Milei.

Para Caputo, la prioridad es demostrar que ese drástico pasaje de país importador a exportador de energía no fue obra del kirchnerismo. Más bien al contrario, sostiene «la expropiación de YPF atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta ya que ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente, costándole al país decenas de miles de millones dólares en exportaciones no concretadas».

Y menciona tres hechos fundamentales de la gestión actual: la actualización tarifaria, para «dar la señal de precios correcta para incentivar la inversión»; además la cancelación de la deuda estatal con las empresas del sector. Y, en un punto polémico, Caputo agregó al esquema RIGI, «para garantizar la seguridad jurídica que el gobernador se cansó de desacreditar».

Los críticos del ministro argumentaron que los proyectos del RIGI en Vaca Muerta están recién en fase de ejecución y, por lo tanto, no iniciaron exportaciones que aparezcan registradas en las cuentas de la balanza comercial. 

Y es ahí donde entra en discusión otro tema en disputa: de quién es el mérito por la construcción del gasoducto que conecta a Vaca Muerta con la red de abastecimiento en los mayores centros urbanos, y gracias al cual disminuyó drásticamente la necesidad de importar gas licuado de petróleo traído en barcos.

Ya en el invierno de 2024, Cristina Kirchner acusó a Milei de haber retrasado las obras con su política de «motosierra» y que, por ahorrarse u$s40 millones del gasto público, terminó con la necesidad de importar u$s500 millones no previstos originalmente.

La versión del gobierno era radicalmente diferente: el déficit energético formaba parte de la «pesada herencia» del gobierno peronista, que había demorado innecesariamente el gasoducto, al dejar sin efecto la licitación que había hecho Mauricio Macri.

La confesión involuntaria de Kicillof a favor del discurso de Milei

Pero lo que más llama la atención en el debate es que el principal argumento en favor del gobierno de Milei lo dio, involuntariamente, el gobernador Kicillof. Fue el único que recordó por qué se había llegado a la instancia de estatizar las empresas: la inversión de Repsol prácticamente había desaparecido, porque los españoles se estaban cobrando en cuotas la cesión de 25% de la compañía al grupo Eskenazi.

El acuerdo, impulsado por Néstor Kirchner, se concretó en 2008, ya con Cristina en la Casa Rosada. El método de «nacionalización parcial» fue inédito: los compradores, que no tenían experiencia alguna en el negocio petrolero -y cuyo mérito consistía en ser «expertos en mercados regulados»- ingresaron sin poner dinero. Para la compra obtuvieron un crédito de un grupo de bancos, que se pagaría con los propios dividendos de YPF.

Básicamente, es como si Repsol hubiese financiado la venta de su 25%, pero el costo terminó siendo una brusca disminución en las inversiones de la compañía. El propio Kicillof, en su polémica con Caputo, publicó un artículo titulado «¿Por qué recuperamos YPF?«, y explica que «bajo la desastrosa gestión privada, la compañía generaba inmensas ganancias pero los argentinos íbamos camino a quedarnos sin gas y sin petróleo».

Lo que no mencionó Kicillof, pero que terminó siendo el detonante de la estatización, es que YPF demandaba una cantidad creciente de divisas. En 2011, el crítico año en que se instauró el cepo cambiario, las importaciones de energía fueron de u$s9.000 millones.

La quiebra del socio amigo

Por cierto que la reestatización no revirtió de inmediato el déficit energético. Recién en 2020, ante el desplome en los precios por causa de la pandemia, se recuperó un leve superávit, pero todo el resto de la gestión de Alberto Fernández registró otra vez números en rojo.

Ese es el argumento del gobierno para sostener que con la reestatización no se solucionó el problema, sino que lo que hacía falta era generar un clima favorable a la inversión.

Lo que ni Milei ni Caputo dijeron es que la crisis que llevó al déficit energético -y, además, al litigio en reclamo de u$s18.000 millones- fue consecuencia directa de la decisión kirchnerista de haber sumado a un socio argentino, que no puso dinero para entrar en la empresa.

En cambio, quien sí recordó ese punto fue Kicillof: «Una vez que recuperamos las acciones, un accionista minoritario que había contraído una serie de créditos fue a la quiebra. Ahí apareció un fondo buitre que inició un proceso legal», explica el gobernador.

Desde su punto de vista, es un argumento exculpatorio, pero se trata en realidad del principal punto por el cual la reestatización estuvo envuelta en un halo de acusaciones. El grupo Petersen, conducido por los Eskenazi, que poseía el 25% de las acciones sin haber puesto un dólar, reclamaba un resarcimiento igual al que obtuvo Repsol -que se terminó llevando u$s5.000 millones en bonos, más u$s1.300 millones en intereses-.

Un debate con influencia en la agenda

La polémica sobre el caso judicial de YPF no se limita apenas a la disputa sobre quién tuvo el mérito del fallo favorable. Es, sobre todo, una confrontación de visiones ideológicas, respecto de si el desarrollo de los recursos naturales del país se logra mejor bajo la gestión privada o estatal.

Para Kicillof, toda la saga de YPF lleva a una conclusión clara: «No podemos entregar nuestros recursos en beneficio de otros países». Es un punto central justo cuando está en debate legislativo la explotación minera en la Patagonia a cargo de inversores globales.

Y todo indica que Kicillof, parado en rol de pre-candidato presidencial, enfatizará ese argumento: las encuestas siguen mostrando una preferencia de los argentinos por la gestión estatal y, en general, una actitud anti-privatizadora.

Es por eso que Caputo decidió entrar en la pelea, y argumentar que «la mayoría de las exportaciones de petróleo de nuestro país provienen hoy de estas compañías privadas». Todo indica que el debate será largo y excederá la cuestión meramente juridica.

Luego de tocar el piso del año de $1.390 la semana pasada, el dólar minorista ganó algo de impulso entre la rueda del última rueda del viernes y la jornada de ayer. La cotización finalizó a $1.420, mientras que el mayorista cerró al borde de los 1.400 pesos. La compra por USD 208 millones que realizó ayer el Banco Central -el segundo monto más elevado del año- fue decisiva para empezar a darle movimiento a la divisa.

Otro de los factores que contribuye para que el tipo de cambio empiece a mostrar tendencia al alza, rompiendo varias semanas de caídas consecutivas, es el hecho que las tasas de interés cayeron significativamente. Los bancos líderes pagan apenas entre 21% y 23% anual por plazos fijos, muy por debajo de la inflación proyectada para el año.

Al mismo tiempo, el informe cambiario del Banco Central confirmó que la demanda de dólares por parte del público se mantiene en niveles altos, aún cuando la divisa se mantuvo con tendencia a la baja durante el arranque de 2026. Solo en febrero, según se detalló, el público compró USD 2.368 millones en febrero. La contracara es un fuerte aumento de los depósitos en moneda extranjera.

Este nivel de atesoramiento en moneda dura también muestra que aún en momento de mayor tranquilidad no cede la tendencia a la dolarización. Una buena parte de esos dólares adquiridos quedan dentro del sistema financiero, por lo que aumenta la capacidad prestable de los bancos en esa moneda.

Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, manifestó como podría reaccionar el dólar ante la política monetaria más laxa prevista a partir del próximo miércoles 1 de abril, según lo informado por el BCRA: ”La relajación monetaria probablemente implique menor tasa real y más pesos en circulación, lo que históricamente suele traducirse en mayor demanda de cobertura en dólares”. “De todos modos -agregó- la dinámica del tipo de cambio dependerá sobre todo de cómo evolucione la demanda de pesos en la economía. Si el gobierno logra mantener el proceso de desinflación y estabilidad financiera, la reacción del dólar no debería mostrar sobresaltos”.

Una de las preguntas que se hacen los inversores es si la estrategia de apostarle a la tasa en pesos seguirá siendo ganadora. Hoy el carry trade es una alternativa de riesgo: los rendimientos en pesos cayeron significativamente y el dólar viene de niveles muy bajos, por lo que no sería extraño que recupere algo de terreno perdido. Es casi imposible saber cuál podría ser la magnitud del repunte.

Por otra parte, la cosecha de soja que se avecina actúa como una suerte de reaseguro de la oferta de dólares para los próximos meses. Por lo tanto, la posibilidad de una crisis cambiaria luce cada vez más lejana.

El dato más inquietante sigue siendo la dolarización de las familias, aprovechando que ya no hay restricciones cambiarias para el público. Los cerca de USD 5.000 millones adquiridos en el primer bimestre son un llamado de atención y se trata de un argumento que complica la posible liberación de restricciones para el sector corporativo.

En lo que va del año el tipo de cambio real acumula una caída cercana al 10%, producto de la caída del dólar nominal y una inflación que acumulará más de 9% en el primer trimestre.

De hecho, el peso argentino está entre las pocas monedas que se apreció desde el arranque de la guerra. Prácticamente todas las monedas de países emergentes perdieron valor en un escenario de incertidumbre, mientras que Argentina presenta un desafío doble: por un lado se encarece en moneda dura y por otra parte sufre por la mayor competitividad cambiaria de sus socios comerciales.

La plaza financiera argentina operó este lunes con selectivas mejoras, en otra semana operativa “corta” por los feriados de Semana Santa y la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Los negocios estuvieron alentados por la tendencia externa y, en el caso de YPF, impulsada su acción por un fallo favorable para el país, que anuló una sentencia de 16.100 millones de dólares por la toma de control de la petrolera estatal en 2012.

Los principales indicadores de Wall Street negociaron mixtos al cierre, con un Dow Jones de Industriales que ganó un mínimo 0,1% y un panel tecnológico Nasdaq que cedió un 0,7%, mientras que el ADR de YPF subió 2,1% a USD 46,12, un máximo desde enero de 2025.

Con esta cotización, el ADR prácticamente superó el máximo intradiario de USD 47,43 del 10 de enero de 2025 y alcanzó el precio más alto desde el 16 de marzo de 2011 (USD 47,89 intradiario), previo a la estatización ejecutada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Este reciente ascenso elevó ahora la capitalización bursátil de la petrolera bajo control estatal a 18.987 millones de dólares.

Las acciones de Vista Energy progresaron un firme 3,2 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 2,6%, a 2.865.753 puntos. El Merval subió un 2,5% la semana pasada.

Los bonos soberanos en dólares operaron con selectivas bajas de 0,4% en promedio, aunque la abrupta baja entre 9 y 10 puntos básicos en la rentabilidad de los bonos del Tesoro de los EEUU -debido a la suba de cotización de los mismos- incrementó al riesgo país argentino en 24 enteros a 637 puntos básicos.

La tendencia del mercado acompañó la volatilidad de las plazas globales en momentos en que se intensifica la cautela luego de que Irán calificó el lunes de “poco realistas, ilógicas y excesivas” las propuestas estadounidenses para poner fin a un mes de guerra en Oriente Medio.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte ganó 1,8%, a USD 114,60 el barril para los contratos con entrega en mayo.

“La atención de la semana en Estados Unidos estará en los datos de empleo de marzo, proyectándose la creación de 60 mil nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo en 4,4%. Asimismo, se conocerá la evolución de las ventas minoristas -indicador proxy de actividad- de febrero, mientras que en el frente geopolítico se aguarda una resolución al conflicto en Medio Oriente”, reportó Puente.

“La volatilidad y el riesgo siguen elevados, afectando la tendencia y el humor de los inversores”, indicó Delphos Investment.

La guerra se extendió por toda la región, con la dura consecuencia de miles de muertos, y provocó la mayor interrupción jamás vista en el suministro energético, fenómeno que está afectando a la economía mundial.

“La interpretación de la jerarquía entre la ley argentina y los estatutos corporativos (de YPF) fue clave para la revocación del fallo de primera instancia”, señaló el agente de compensación y liquidación Facimex.

En la plaza cambiaria, el dólar subió a 1.398 pesos, aún lejos de los $1.653,70 establecido para la fecha como límite superior de la banda de flotación dispuesta por el Banco Central.

“La paz cambiaria junto con la perspectiva que por unos meses va a seguir así por la liquidación del agro permite al BCRA relajar las condiciones monetarias”, dijo a Reuters Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero.

Añadió que “así, la baja de encajes se suma a todos los instrumentos cortos del mercado rindiendo negativo en términos reales. Sin dudas apuntalar el crédito es buena noticia para el nivel de actividad, quedará por verse si afecta el sendero de desinflación”.

El BCRA confirmó que dispuso no prorrogar una norma que había establecido un incremento transitorio de cinco puntos porcentuales de encajes en bonos que vence el 31 de marzo.