ECONOMIA
La modernización laboral, una deuda con las pymes
Durante los últimos diez años, como dirigente empresario, recorrí cientos de pymes en todo el país. Fábricas grandes, medianas y chicas. Empresas familiares, talleres, industrias regionales. En ese camino hablé con miles de empresarios y también con muchos trabajadores. Escuché historias distintas, pero con un denominador común: el régimen laboral vigente se transformó en uno de los principales obstáculos para generar empleo, especialmente en las pymes.
Ese diagnóstico surge de la experiencia acumulada. De ver cómo se repetían las mismas situaciones en distintas provincias, sectores y tamaños de empresa. Un malestar extendido y silencioso durante años, que terminó expresándose de la peor manera: empresas que dejaron de crecer, otras que cerraron, y un dato contundente que resume el problema estructural: la Argentina lleva más de 15 años sin generar empleo privado formal neto. El empleo está estancado, mientras la informalidad no deja de crecer.
Uno de los problemas más frecuentes que aparecía en cada recorrido era la rigidez extrema para administrar las empresas. En pymes de 10 a 50 trabajadores, encontré casos donde varias personas integraban la representación gremial y, muchas veces, no cumplían funciones productivas. Asambleas permanentes, reuniones constantes, interrupciones del trabajo y una dinámica que terminaba paralizando la planta y deteriorando la productividad.
En pymes de 10 a 50 trabajadores encontré casos donde varias personas integraban la representación gremial y, muchas veces, no cumplían funciones productivas
Todo esto ocurría lejos de los grandes titulares. No se veía en los medios ni formaba parte del debate público. Muchas veces, solo quienes recorríamos el interior productivo teníamos acceso a los relatos de empresas que habían cerrado o que quedaban seriamente debilitadas por juicios laborales millonarios, por litigios permanentes o por sentencias claramente desproporcionadas, que ponían en jaque la continuidad misma de la empresa.
En ese contexto recuerdo con claridad una situación que me marcó. Visité una planta que ya había cerrado. Allí me encontré con el ex gerente, quien me contó que, tiempo después del cierre, el delegado había vuelto a buscarlo. Estaba arrepentido. Le dijo: “La verdad es que no me di cuenta de la situación”. Durante meses, el gerente le había advertido que la empresa no daba más, que si no se adaptaban las condiciones, el final era inevitable. El delegado no le creyó. Siguió tirando de la cuerda. Cuando la planta cerró, ya era tarde para todos.
Ese episodio no fue una excepción. Fue un espejo de lo que ocurrió en infinidad de fábricas, donde no hubo límites razonables en el ejercicio de derechos y donde el conflicto permanente terminó destruyendo aquello que decía defender.
Otro elemento recurrente era el incentivo perverso al ausentismo y a la litigiosidad. Enfermedades inexistentes, certificados falsos , licencias abusivas y juicios laborales millonarios. En muchas pymes, entre ausentismo, delegados y licencias, había entre un 10% y un 15% de personas que directamente no trabajaban. El resto observaba esa situación con resignación, sintiendo que cumplir no valía la pena.
Así, el sistema terminaba premiando al que buscaba el atajo y castigando al que hacía las cosas bien. El esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso quedaban desvalorizados frente a un esquema que incentivaba el conflicto permanente.
En algunos casos extremos, recorrí empresas donde prácticamente no se podía desvincular a nadie, aun cuando la situación económica lo exigía. En otros, especialmente en empresas chicas, vi el efecto inverso: negocios que necesitaban personal pero no se animaban a contratar. Y es importante decirlo con claridad: ninguna empresa emplea para despedir. El despido es siempre una instancia límite, una decisión difícil que el empresario toma para atravesar una situación crítica o cuando entiende que un trabajador no cumple la función que la empresa necesita. Cuando esa herramienta básica de gestión desaparece, lo que se genera son estructuras infladas, con dotaciones que no responden a la realidad productiva y una caída inevitable de la productividad. Ese es el punto central del problema.
Recorrí empresas donde prácticamente no se podía desvincular a nadie, aun cuando la situación económica lo exigía. En otros, especialmente en empresas chicas, vi el efecto inverso: negocios que necesitaban personal pero no se animaban a contratar
Este entramado se sostuvo durante años con una combinación de legislación obsoleta y una justicia laboral que avaló y multiplicó estas distorsiones. El resultado fue un nivel de litigiosidad sin comparación internacional: hoy hay alrededor de 640.000 juicios laborales pendientes, una cifra equivalente a casi el 10% del empleo formal registrado. En muchas economías desarrolladas la litigiosidad laboral es marginal; en la Argentina, en cambio, se transformó en un sistema que creció al mismo tiempo que el empleo formal se estancaba.
Frente a este escenario, muchas empresas —sobre todo en servicios— encontraron una salida equivocada pero comprensible: la informalidad. Hoy casi el 45% de los trabajadores está fuera del sistema formal. Eso no es una virtud ni una solución. Es una señal de fracaso. Porque la informalidad deja a millones de personas sin capacitación, sin carrera laboral, sin protección previsional y sin futuro.
Todo esto refleja una contradicción profunda: un discurso que dice proteger al trabajo, pero un sistema que termina expulsando empleo, debilitando empresas y generando desigualdad.
La modernización laboral no es una solución mágica ni resuelve por sí sola el problema sistémico de competitividad que arrastra el país. Pero sí es una de las columnas centrales que hay que reconstruir si queremos una Argentina que produzca más y vuelva a generar empleo.
Necesitamos un régimen laboral del siglo XXI. Un marco que respete plenamente los derechos de los trabajadores, pero que reconozca una verdad básica: sin empresas no hay empleo. Un sistema con límites razonables, que no incentive el ausentismo, el conflicto permanente ni la litigiosidad como modelo.
También es imprescindible volver a discutir los convenios colectivos. Muchos tienen más de 40 años. La ultraactividad congeló reglas que ya no reflejan la realidad productiva. Tenemos que recuperar la negociación, la adaptación y la capacidad de acordar, con empresas y trabajadores sentados a la misma mesa.
Como presidente de la Unión Industrial Argentina, siento la responsabilidad de poner en palabras lo que durante años fue un reclamo silencioso de miles de pymes.
El exceso de rigidez, la falta de límites y la desconfianza permanente nos trajeron hasta acá. Este modelo no dio resultados. Reconocerlo no es ir contra los trabajadores, sino empezar a construir un sistema más justo, equilibrado y sustentable.
Mi compromiso es trabajar por una industria que crezca, genere empleo y sea competitiva. Y para eso, una de las patas fundamentales es un régimen laboral moderno, equilibrado y acorde a los desafíos del mundo actual. Una reforma pensada, gradual y responsable, que permita que miles de pymes vuelvan a hacer lo que mejor saben hacer: producir, crecer y dar trabajo.
El autor es presidente de la UIA
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ECONOMIA
Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 30 de diciembre
El dólar sube a $1.480 en el Banco Nación
El dólar minorista avanza cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se paga a 1.535 pesos. El dólar minorista interrumpe una serie de siete sesiones consecutivas en las cuales se mantuvo a $1.475 para la venta.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público se mantiene negociado a $1.475 para la venta en el Banco Nación, prácticamente sin variantes desde el miércoles 17 de diciembre. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se paga a 1.477,22 pesos.
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Las reservas cayeron más de USD 1.700 millones
las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron USD 1.718 millones (-3,9%), a USD 41.892 millones.
Fuentes de la entidad preciaron a Infobae que la caída se debió a una disminución de la cotización de activos que impactó en más de USD 200 millones, justificado principalmente por en descenso de 4,4% en la cotización del oro, mientras que más de USD 1.200 millones se explicaron por movimientos técnicos de los bancos propios de fin de mes, que retiran dólares depositados en cuentas del BCRA -y por lo tanto, salen de la contabilidad de reservas-, en cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera de cartera propia de las entidades. Como es habitual, esos dólares reingresarán a cuenta del Central con el inicio del nuevo mes, a partir del viernes 2 de enero.
ECONOMIA
El ciclo de pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil en la era de Javier Milei
Se espera que el salario mínimo legal en la Argentina sea de 341.000 pesos en enero 2026. Las subas pactadas para el primer semestre
30/12/2025 – 10:01hs
El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo levemente durante noviembre de 2025 (-0,5%). Ello se suma a las reducciones de los meses previos: octubre (-2,3%), septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%), según relevó la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Se espera que el salario básico legal para el trabajo registrado en la Argentina sea de 341.000 pesos en enero 2026.
El valor lo definió a principios de diciembre el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial. Se determinaron subas escalonadas para el primer semestre de 2026.
Es Consejo el organismo que periódicamente revisa el SMVM en función de la situación económica y laboral del país. De este modo, el Salario Mínimo se convierte en un indicador central para medir productividad, ingresos y evolución de la economía argentina.
Evolución del salario mínimo en la gestión de Javier Milei
En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024.
Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación. Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída de 36%. En lo que va del año la caída ha sido de 8%, indicó la UBA.
Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de octubre de 2025 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.
Asimismo, implica una erosión del 64% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, y que represente solo un tercio del mismo.
Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026
La mencionada resolución del Boletín Oficial indica las siguientes subas para el SMVM en los primeros 8 meses del año próximo:
- Diciembre de 2025, $224.800;
- Enero de 2026, $341.000;
- Febrero, $346.800;
- Marzo, $352.400;
- Abril, $357.800;
- Mayo, $363.000;
- Junio, $367.800;
- Julio, $372.400;
- Agosto, $376.600.
Los valores horarios para los trabajadores jornalizados también acompañarán esta suba, llegando a $1.883 por hora en agosto de 2026.
A la vez, el nuevo valor del SMVM impacta de forma directa en diferentes planes y programas sociales:
- Prestación por Desempleo: se ajusta automáticamente en función del nuevo piso salarial.
- Becas Progresar: el ingreso familiar del beneficiario no puede superar tres veces el SMVM, por lo que este cambio redefine el universo de posibles beneficiarios.
- Asignaciones y planes sociales: muchas prestaciones toman el salario mínimo como referencia para establecer montos y condiciones de acceso.
- Paritarias: si bien el SMVM no determina los salarios de todos los sectores, actúa como base de referencia en las negociaciones salariales de gremios con trabajadores no registrados o que perciben sueldos bajos.
Por eso, el Consejo del Salario cumple un rol clave en esta instancia, ya que sus decisiones sobre el SMVM impactan en millones de trabajadores y beneficiarios. Cada ajuste busca reflejar el equilibrio entre la situación macroeconómica, la inflación y el nivel de empleo formal.
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ECONOMIA
La tarifa de AYSA aumentará un 4% mensual entre enero y abril de 2026: cuál será la factura promedio
Las tarifas de AySA aumentarán un 4% por mes entre enero y abril de 2026, con lo que la empresa espera “mantener el equilibrio económico-financiero y garantizar la continuidad del servicio”. La empresa presta servicios para 3,8 millones de usuarios, lo que representa un área de 15 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Con ese mecanismo, AySA espera revertir el retraso tarifario del 21,05% que implicó el tope de aumento del 1% mensual fijado por el Gobierno para el año que termina. Para evitar un único incremento por ese porcentaje que golpee en exceso en los bolsillos se dispuso el tope de 4% mensual hasta abril.
Al mismo tiempo, ese porcentaje tendrá un impacto en el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Indec comenzará a utilizar a partir de 2026, ya que la ponderación de los servicios públicos será mayor que en el índice actual.
Al mismo tiempo, en la empresa explicaron que habrá dos grupos de usuarios que tendrán una tarifa más baja. El 48% de sus usuarios residenciales pagará con un 15% de descuento por vivir en zonas bajas. Al mismo tiempo, se mantendrá el programa de Tarifa Social que hoy beneficia a 250.000 personas y que tiene duración de un año como máximo, luego del cual debe ser renovado. Para los usuarios con Tarifa Social, el aumento no será inmediato sino que se aplicará recién al momento de la renovación.
De esta forma, en los zonales altos, quien pagó en diciembre una factura de $29.317 sin impuestos pagará $34.296 en abril del año próximo.
Las decisiones sobre la tarifa del agua fueron establecidas por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial. La actualización “contempla la restitución del mecanismo de actualización propuesto en Audiencia Pública de marzo de 2024 y aprobado en la Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas, pero aplicándolo de manera progresiva y controlada», señalaron en AySA.
Una vez dejado atrás el tope que rigió en 2025, el mecanismo a aplicar para ajustar la tarifa “consiste en la aplicación de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de precios al consumidor (IPC)”, explicaron desde AySA.
Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, la empresa remarcó que “el programa de Tarifa Social continuará vigente para neutralizar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables, y se mantendrá el descuento del 15% para los zonales bajos, que alcanzan al 48% de los usuarios residenciales, tanto quienes tienen uno como dos servicios”, según estableció la misma AySA.
En 2025, la tarifa había estado sujeta a una limitación extraordinaria con un tope de aumento del 1% mensual, lo que provocó un rezago en relación al esquema aprobado en la última revisión. Esta coyuntura, asociada a la desaceleración de la inflación, había allegado al Gobierno Nacional a “postergar la actualización para profundizar el proceso de eficientización de la empresa, mediante la reducción de gastos operativos y la optimización de recursos”, añadió AySA, aclarando que la empresa “sostuvo este esquema limitado de actualización, absorbiendo el impacto mediante importantes esfuerzos de eficiencia”.
El nuevo sistema carece de retroactividad, por lo que se irá corrigiendo de manera paulatina el atraso tarifario. Al respecto, AySA aclaró: “Paralelamente la empresa absorberá parte del desfasaje restante para el 2026 mediante un mayor control de gastos y mejoras operativas minimizando el impacto en las facturas”.
Una vez alcanzada la eficiencia operativa, los recursos adicionales serán destinados de modo prioritario a la inversión: “Los ingresos derivados de la adecuación tarifaria estarán destinados a consolidar las inversiones previstas en el Plan de Transición, que incluye obras de mejora y mantenimiento del servicio y ordenamiento financiero para asegurar una operación sostenible en el tiempo”, detalló la compañía.
El atraso no actualizado a diciembre de 2025 asciende a un 21,05%, cifra que será reconocida mediante el coeficiente K, sin incorporarse de inmediato a la facturación. Este rezago generó una caída de ingresos superior a $95.000 millones hasta noviembre y la postergación de gastos e inversiones.
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