Era la pelea que faltaba: en la «interna liberal», el equipo de gobierno intercambió artillería pesada con el diputado y ex ministro Ricardo López Murphy, que anunció su nuevo proyecto para mejorar las jubilaciones. La propuesta viene con financiación -subas en el impuesto al juego y el impuesto a los combustibles- pero los funcionarios dicen que el «Bulldog» hace mal las cuentas.

La tensión que genera el tema se evidenció en el tenor de las respuestas a López Murphy, reconocido por su tradicional afán fiscalista. Desde el presidente Javier Milei hasta el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, lo acusaron de «demagogia» y de querer atentar contra el equilibrio de las cuentas fiscales.

Lo cierto es que, por más que el tema que ocupe más lugar en la agenda mediática sea la denuncia por coimas en la Agencia de Discapacidad, el gobierno sabe que ese tipo de polémicas raras veces mueven la aguja electoral. En cambio, ocurre lo contrario con el nivel de las jubilaciones, que continúa siendo un motivo de preocupación, por más que el Congreso haya dejado firme el veto presidencial al proyecto opositor.

El motivo de la incidencia de este tema es obvio: hay 7,5 millones de jubilados y pensionados en el país. Y están todos enojados: lo de los niveles bajos, porque el congelamiento del bono implicó una falta de protección frente a la inflación, y los de niveles altos, porque sostienen que ellos han subsidiado en los últimos años a quienes no tenían suficientes aportes e ingresaron al sistema por las moratorias.

A esas críticas, el gobierno muestra que hay una recuperación de las jubilaciones en términos reales, desde que se cambió la fórmula de Martín Guzmán -que estaba ligada a la recaudación de Anses- a la nueva, que ajusta por inflación.

Todos tienen parte de razón. Es cierto que el nivel de gasto público destinado a jubilaciones está creciendo. En julio, el informe fiscal mostró un aumento real anual de 16% para el rubro jubilatorio que es, por lejos, el más voluminoso del presupuesto nacional -representa el 38% del gasto total-. Pero también es cierto que, el año pasado, al inicio de la gestión, había sido el rubro que explicó el recorte del déficit fiscal, dada la licuación inflacionaria sobre las prestaciones de Anses.

En los últimos meses, el ajuste jubilatorio vino superando al IPC, pero en julio se quebró la tendencia: el aumento fue 1,5%, pero los precios subieron 1,9%. Y esos números sólo son válidos para la jubilación promedio, pero no para la mínima, que está sufriendo el efecto de congelamiento del bono complementario. Así, cuando se calcula la retribución completa a los jubilados de la mínima, el aumento mensual queda reducido a 1,2%.

Seduciendo a la punta de la pirámide

En realidad, lo que está detrás de la pelea entre López Murphy y el gobierno es la puja por ver quién representa mejor los intereses de los jubilados de las franjas más altas, que sienten que en cada moratoria o en cada bono extraordinario para los que cobran la mínima, ellos son quienes pagan la cuenta.

Como quedó demostrado en el debate sobre el congelamiento del bono de $70.000, lo que está haciendo Toto Caputo, de forma deliberada, es revertir el fenómeno de «achatamiento de la pirámide» que se había producido durante el gobierno anterior. Cada vez Alberto Fernández le pagaba un bono a la franja de menores ingresos, pero dejaba un ajuste por debajo del IPC para el resto, estaba haciendo que, en los hechos, los jubilados de nivel más alto subsidiaran a los de la base.

Es cierto que podía haber argumentos para defender esa postura -a fin de cuentas, los jubilados de la máxima no tienen en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas-, pero se generaba un enojo en buena parte de los jubilados, algo de lo que también se valió Milei en la campaña electoral. Ocurre que los beneficiarios de la mínima son, principalmente, los jubilados que ingresaron al sistema por régimen de moratorias. Y quienes veían cómo ese grupo se les acercaba mes a mes eran los que habían hecho las contribuciones más altas.

Se estima que, de los aproximadamente 7,5 millones de jubilados y pensionados, apenas un tercio cumplió con todos los requisitos, mientras que el resto ingresó bajo algún régimen de excepción. Sólo la última moratoria, votada en plena campaña electoral de 2023, sumó unas 800.000 personas al sistema previsional.

Así, el congelamiento del bono complementario en $70.000 no solamente tiene un efecto de ahorro fiscal: implica, además, una decisión política de resarcir a los jubilados de niveles medios y altos.

El proyecto de López Murphy en el Congreso

Pero la recuperación, si bien se está produciendo, viene más lenta de lo que a los jubilados les gustaría. La estimación de López Murphy es que, entre 2017 y 2024, el promedio de las jubilaciones tuvo una caída real de 35%, pero que dentro de ese universo los más castigados son «los que aportaron de verdad» -que coinciden con los haberes más altos-, que perdieron un 50%. En contraste, «los moratorios», como define el diputado a quienes ingresaron sin los 30 años de aportes, tuvieron un recorte real de «sólo» un 25%.

Es por eso que el diputado vuelve a la ofensiva, con un proyecto que quiere diferenciarse del anterior, promovido por el kirchnerismo y que finalmente fue vetado. Aquella ley implicaba una suba generalizada de jubilaciones, pero ponía especialmente el foco en los de la franja mínima, dado que mantenía el bono especial con un ajuste mensual por IPC.

En cambio, López Murphy propone una mejora que reconoce el 7,2% pendiente de inicios 2024 -cuando se produjo el cambio de fórmula- y que otorga, solamente para «los verdaderos aportantes», una mejora de 20% sobre la inflación a lo largo del año próximo.

El costo fiscal será inferior al proyecto que ya vetó Milei, dado que, en este caso, la mejora alcanzaría sólo a 2,5 millones de jubilados. Hablando en plata, López Murphy calculó que se necesita u$s3.500 millones -al cambio de hoy, la cifra en pesos sería de $4,7 billones- para financiar esa mejora.

Y, a diferencia del proyecto peronista, que quería tomar fondos de las Sociedades de Garantías Recíprocas -SGR, uno de los principales instrumentos de financiación pyme- propone dos fuentes tributarias de financiación: el juego y los combustibles.

En el primer caso, aumentaría un 25% sobre la «ganancia determinada». Implica, en términos reales, que el impuesto suba del 40% actual a un nivel de 50%.

Y para los combustibles, prevé un incremento del 10% en el precio de todos los productos. De esa manera, afirma el diputado, el impuesto a los combustibles, que ahora recauda medio punto del PBI, volverá a recaudar un punto, que era el nivel de 2017.

Las cuentas que no cierran en el Gobierno

El encargado de refutar a López Murphy desde el gobierno fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien desplegó cifras para argumentar que el diputado sacó mal las cuentas. De hecho, las diferencias en los cálculos de ambas partes son abismales.

Según Guberman, si el proyecto para mejorar 20% a los jubilados «no moratorios» se aplicara desde septiembre, implicaría un costo mensual de $550.000 millones. Y eso requeriría un aumento de $447 para la nafta y de $258 para el gasoil. En términos porcentuales, serían aumentos, respectivamente, de 32% y de 20% en los combustibles.

«Pero dado que del 100% de la recaudación del impuesto a los combustibles, sólo el 39% se podría usar para jubilaciones, la suba debería ser de $1.222,70 en naftas (duplicando el precio) y de $661,90 para el gasoil (incrementando más de 50% el precio en surtidor», argumenta Guberman.

Es decir, el funcionario da a entender que el proyecto de López Murphy es inviable, porque requeriría tal nivel de aumento de combustibles que repercutiría sobre la inflación.

En cuanto a los tres tributos que se aplican al juego, el secretario de Hacienda calcula que deberían incrementarse en 3.300% para pagar el aumento jubilatorio que pretende López Murphy.

Mensajes «contra la demagogia»

La respuesta fue ampliamente celebrada por el resto del equipo económico. Por caso, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, escribió: «La responsabilidad de hacer los números y cuidar el equilibrio fiscal. Por más Bulldog que venda lo contrario sin hacer los deberes».

Mientras, Javier Lanari -subsecretario de prensa y señalado como futuro vocero presidencial- escribió un mensaje que el propio Milei retuiteó: «Hay políticos que se venden como ‘racionales’ que proponen subir 20% las jubilaciones, aumentando impuesto a los combustibles y al juego. Es la remake del 20% de aumento a los jubilados con la plata de las Leliqs. No aprenden más…».

El mensaje establecía una comparación irónica entre la propuesta de López Murphy y la promesa de campaña de Alberto Fernández de 2019.

Y hasta el presidente Milei se refirió al tema, al elogiar los cálculos de Guberman como un «antídoto contra la demagogia». Y, sin mencionar a López Murphy, lo califica como un economista «de los que algunos creen que saben…» Y remata: «Si así sacan la cuenta los que saben, lo que serán los otros».

De momento, López Murphy no respondió. Un posible motivo de la diferencia entre los cálculos del diputado y los del gobierno es la forma en contabilizar la recaudación del impuesto a los combustibles -que hoy representa un 21% del precio del litro de nafta super-, y que según el nuevo proyecto de ley sería volcado íntegramente a las jubilaciones, sin coparticipación a las provincias.

Lo cierto es que el tema es hipersensible, tanto a nivel político como económico. Y todo indica que la discusión recién empieza.