ECONOMIA
La presión tributaria de las pymes duplica la de las empresas beneficiarias del RIGI
Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.
El análisis subraya que el RIGI fue diseñado por el gobierno de Javier Milei como una herramienta central para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía, apuntando especialmente a sectores intensivos como la energía y la minería. Sin embargo, su implementación ha derivado en un escenario de dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones globales operan con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales; por el otro, el 99% del tejido empresarial local enfrenta condiciones estructurales desventajosas que dificultan su competitividad.
Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.
Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el RIGI ha permitido la aprobación de proyectos por un valor superior a los 15.700 millones de dólares. Entre los incentivos que facilitaron estos desembolsos se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital. A esto se suma la libertad para disponer de las divisas generadas, un factor determinante para las inversiones de largo plazo que contrasta con las restricciones del resto de la economía.
La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.
La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.
Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.
El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.
En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.
El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.
Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.
Focus Market detalla que un régimen orientado a pymes debería basarse en seis pilares fundamentales para equiparar la competencia. En primer lugar, se propone la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada para aliviar las más de 900 horas anuales que las empresas dedican exclusivamente a trámites impositivos. En segundo lugar, se destaca la necesidad de estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas para ofrecer previsibilidad.
El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.
El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.
Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.
El director de la consultora enfatizó que mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo, cerró, depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.
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ECONOMIA
Horacio Marín, CEO de YPF: “Insisto, no habrá cimbronazos en el precio de la nafta, seguiremos con nuestra estrategia, pero sin saltos”
Desde Nueva York – Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, está en esta ciudad para ser parte del Argentina Week, el evento que organiza el gobierno de Javier Milei para promocionar el país en el corazón del mundo financiero e inversor.
El ejecutivo habló con Infobae en medio de la incertidumbre por un nuevo salto del precio del petróleo, que rozó los USD 120 por barril esta mañana, mientras aumenta la tensión bélica en Medio Oriente.
“Repito, no habrá cimbronazos. Tenemos un compromiso honesto con los consumidores. Tenemos un moving average que tiene en cuenta los costos, cuyos detalles no revelamos. Y se transfiere para arriba y para abajo. No damos detalles de los cómo y los cuándo de ese proceso. Entiendo la incertidumbre que generar la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”, destacó.
“No sabemos si este proceso será largo o no. Habrá que ver el valor final de equilibrio de este periodo, que marcará el real movimiento de los combustibles hacia adelante. Hay mucha volatilidad porque nadie sabe qué ocurrirá: llegó a 120 pero muy rápido bajó a 104”, dijo.
“Está claro que no generando cimbronazos. Si no, hoy la nafta tendría que tomar el precio internacional de USD 100 y no es así, para nada. Todavía no se afectaron los costos de YPF, pero a medida que se vayan afectando, podría haber movimientos, pero mucho más lento. Eso es bueno porque si la semana que viene se normaliza Ormuz va a volver a bajar. Por eso insisto con el compromiso que tomamos con la gente”, remarcó.
“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo. Cuando en los diarios vemos un bombardeo a una zona de Irán, de depósito de petróleo o refinería, si es así, es lógico que se mueve el precio porque empieza a ver que va a haber escasez. Lo mismo cuando el Estrecho de Ormuz se paraliza. Todo eso impacta en los precios globales”, dijo Marín, quien confió que esta mañana tuvo una call con sus vicepresidentes para monitorear la situación.
El ejecutivo destacó que la “base” del los precios de los surtidores locales, de antes del comienzo del conflicto, estaba en unos USD 70 por barril, y que de ahí se fue moviendo para arriba.
La escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos disparó el precio internacional del petróleo y encendió las alarmas sobre el posible impacto en los consumidores argentinos, aunque la petrolera estatal YPF, bajo la conducción de Horacio Marín, descartó días atrás aumentos automáticos en los surtidores. El temor inmediato radica en un traslado directo de la volatilidad internacional a los combustibles locales, pero la empresa aseguró que su política de precios, basada en promedios móviles, busca evitar “cimbronazos” que afecten el bolsillo de los conductores, según declaraciones de Marín
La situación en el Estrecho de Ormuz parece cada vez más complicada. El precio del barril crudo Brent, referencia local, experimentó una suba de más de 34% en menos de una semana y llegó hoy a un máximo de USD 119, para luego bajar y ubicarse en torno a 104 dólares (si se toman los últimos 6 meses, el salto fue de más de 57%). A fines de la semana pasada, los analistas hacían cálculos negativos para el eventual escenario que barril superara los USD 100.
Marín explica que en escenarios donde el petróleo se mantiene en niveles altos durante varios meses —por ejemplo, USD 85 durante cuatro meses— el incremento sí se traslada a los precios locales. En cambio, “si mañana sube a 100 dólares y al día siguiente vuelve a 70, el efecto sería prácticamente nulo”, aclaró el titular de YPF.
Con respecto al proyecto Argentina LNG, para exporta gas licuado al mundo desde la Patagonia, Marín destacó que se están terminando todos los documentos con los socios Eni y XRG (Adnoc), para comenzar el proceso de due diligence formal para hacer el FID, la decisión final de inversión, para fin de año. “Y ya en 2027 empezar la construcción de plantas, oleoductos, gasoductos, para que en el 2031 sea una realidad la exportación de Argentina a partir del Argentina LNG. Por otro lado, en paralelo, el otro, el LNG, el que hacemos con PAE y otras empresas, está en marcha y ya le vendió gas a Alemania para empezar a exportar en 2027″, aseguró.
El proyecto requerirá inversiones en infraestructura de USD 20.000 millones y otros USD 10.000 millones en upstream para llegar el pico de producción. Luego la inversión será continua.
Con respecto al Argentina Week, Marín dijo que se trata de un evento, “fundamental” para mostrar las posibilidades que hay en Argentina. “Hay que visibilizar aún más todos los sectores de crecimiento para que los inversores vean las posibilidades que hay en Argentina con los cambios que se están dando, con las nuevas leyes. Es un país con grandes posibilidades de inversión y me parece excelente la iniciativa de realizarlo, de venir a Nueva York”, expresó.
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ECONOMIA
Guerra en Irán dispara precio del gas cuando Argentina define importación para enfrentar el invierno
La volatilidad extrema regresó a los mercados energéticos globales y puso a la Argentina frente a un escenario de máxima tensión. El conflicto armado en Medio Oriente no solo disparó señales de alerta sobre los precios del crudo que en el caso del Brent se acerca peligrosamente a la barra de los u$s100 por barril, sino que se extiende al comercio global del Gas Natural Licuado (GNL), del cual el país es aún comprador estacional.
En este contexto, el país se prepara para cubrir el pico de demanda invernal bajo una modalidad inédita en dos décadas a partir del traspaso del control de las importaciones de GNL hacia manos privadas, mediante una licitación pública internacional en marcha. Este giro en la política energética local ocurre en un momento de fragilidad logística internacional.
El cierre virtual del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del gas y petróleo mundial, paralizó el despacho en Qatar, uno de los mayores exportadores del planeta. Como resultado, el indicador TTF de Europa -referencia clave para las compras argentinas- registró un salto del 70% desde el 24 de febrero al 6 de marzo, lo que obliga a recalcular los costos de un suministro que el país necesita asegurar en cuestión de semanas.
El proceso de desregulación, oficializado mediante el Decreto 49/2026, estableció que un «agregador-comercializador» privado reemplace el rol histórico que cumplía la estatal Enarsa en la compra de cargamentos. Esta nueva figura debe gestionar la logística y el financiamiento de los buques regasificadores, asumiendo riesgos de mercado que hasta el año pasado recaían exclusivamente en el Tesoro Nacional.
GNL de importación para la Argentina
Juan Bosch, presidente de SAESA, advierte sobre la particularidad de esta crisis en comparación con el mercado del petróleo. Según el directivo, «aunque el estrecho de Ormuz ve pasar a diario un quinto del petróleo mundial, hay más fuentes y rutas para el petróleo que para el GNL, lo que hace que el impacto en el gas sea más pronunciado», con lo cual es mucho más sensible al bloqueo de arterias marítimas estratégicas.
Para la Argentina, a pesar del estremecimiento global, el mercado local se encuentra en una posición ventajosa al pasar de ser deficitaria a superavitaria en energía, principalmente por las exportaciones de petróleo, lo que significa mayores ingresos al subir el precio del crudo. Además, se posiciona para convertirse en pocos años como un proveedor de GNL confiable y alejado de las zonas de conflicto y rutas afectadas.
«Un impacto negativo es que Argentina, a pesar de ser superavitaria en energía y gas natural en general, sigue siendo importadora de GNL durante los picos de consumo en invierno (junio-julio). Los precios de importación son muy elevados, y este será el primer invierno en que la gestión de importación y comercialización de GNL estará en manos de una empresa privada», resalto Bosch.
Es que la tensión global se dio en momentos en que «la administración de las importaciones de gas ya no estará a cargo de la empresa estatal ENARSA, sino de una empresa privada a través de una licitación. Aunque es pronto para evaluar, se espera que una gestión privada sea más diligente y eficiente, lo que podría generar eficiencias en la asignación de costos y el análisis de riesgos, aunque el éxito dependerá también de factores como la severidad del invierno», advirtió.
La invasión rusa de Ucrania en 2022 disparó los precios del gas, afectando severamente a Europa. En ese momento, Argentina se vio obligada a comprar GNL a precios altísimos que llegaron hasta 22 USD/MBTU, comparado con los 2-3 USD/MBTU actuales al no haber anticipado las compras. Sin embargo, la guerra también favoreció comercialmente a Argentina al disparar los precios de los productos agrícolas.
Un cambio de paradigma en la gestión
El principal desafío para el futuro operador privado reside en un complejo desfasaje temporal de precios. El esquema diseñado por el Gobierno y la complejidad misma del mercado obliga al comercializador a cerrar los principales contratos de compra con los comercializadores internacionales durante los meses de marzo y abril, cuando no es posible anticipar si la volatilidad por el conflicto en Irán podrá bajar o seguirá en alza.
Sin embargo, ese recurso se venderá a las distribuidoras locales recién dos o tres meses después, durante el pico de consumo invernal, lo que puede generar una renta extraordinaria en caso de que el combustible mantena esta volatilidad alcista o generar un bache financiero que requiere de una espalda de capital considerable, explicaron voceros del sector.
Este escenario expone al adjudicatario a un riesgo cambiario y de mercado que podría volverse inmanejable. Mientras el precio de adquisición queda cristalizado en el momento de la contratación internacional, el precio de venta final en el mercado interno debe responder a una estructura de tarifas que no siempre se ajusta con la misma celeridad. Sin mecanismos de cobertura claros, el operador privado corre el riesgo de sufrir un estrangulamiento de caja, advierten los analistas.
La ingeniería financiera se vuelve aún más compleja al observar el mecanismo de selección de la licitación. Al basarse en la oferta de la menor tarifa en USD/MMBTU, el modelo busca eficiencia, pero deja un margen de error casi inexistente, poniendo en duda la sustentabilidad de toda la operatoria para este primer invierno sin Enarsa.
Para mitigar estos riesgos, la Secretaría de Energía introdujo una «cláusula de seguridad» que le permite al Estado adquirir volúmenes adicionales ante cualquier amenaza al suministro. Esta reserva es una admisión implícita de que la capacidad de respuesta del sector privado podría verse desbordada por factores exógenos. Si el agregador no logra utilizar plenamente la capacidad de regasificación de las terminales de Escobar o Bahía Blanca, o si las ventanas de arribo de los buques se ven alteradas por la logística global, será el Estado quien deba volver a intervenir de emergencia.
El costo de importación en invierno
Para entender la magnitud del mercado que el Gobierno decidió delegar, basta observar el desempeño de la balanza energética en los últimos dos años. Durante 2024 de acuerdo a las cifras públicas de Enarsa, la Argentina importó un total de 30 cargamentos de GNL por un monto aproximado de u$s672 millones. En aquel invierno, el precio promedio por cada millón de BTU (MMBTU) se ubicó en torno a los u$s10,7, una cifra que permitió un ahorro significativo respecto de los picos históricos de la pospandemia.
Sin embargo, el escenario de 2025 mostró una dinámica diferente que sirve de advertencia para el nuevo operador privado. El año pasado, la cantidad de buques se mantuvo en niveles similares —se adjudicaron finalmente 27 barcos— pero el costo total ascendió a cerca de u$s740 millones. Este incremento respondió a un precio promedio de importación más elevado, que osciló entre los u$s12,5 y los u$s13,6 por MMBTU en las licitaciones de Enarsa.
En 2024, el país logró reducir las importaciones en más de u$s1.000 millones respecto del año anterior porque la engrada en oepración de nueva infraestrutura de transporte como el gasoducto Perito Moreno permitió un mayor abastecimiento del mercado local. Aquel año fue el primero en que estuvo operativo durante los 12 meses el nuevo gasoducto que aportó más de 20 MMm3/d.
En 2025 esa tendencia se estancó, pero en este caso parte de las importaciones de GNL no fueron para el abastecimiento de la demanda prioritaria (usuarios residenciales) sino a desplazar parte de los combustibles más caros y contaminantes como el gasoil y el fuel oil que utilizan las centrales térmicas.-
Así, a pesar de los récords de producción en el yacimiento neuquino, la Argentina sigue atada al mercado spot global para superar los meses de frío extremo, una dependencia que ahora el sector privado deberá gestionar con sus propios recursos. El nuevo comercializador privado debutará con el riesgo de enfrentar un mercado internacional con precios sensiblemente altos, como ya ocurrió en 2022 cuando se llegaron a pagar hasta 28,8 dólares por MMBTU tras la invasión rusa en Ucrania.
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ECONOMIA
El economista Fernando Marull estimó que si sube la nafta la inflación de marzo va a rondar entre 2,7 y 2,8%
El economista Fernando Marull analizó en diálogo con Infobae en Vivo el impacto que tendrá en la inflación una posible suba de los combustibles en los surtidores, a partir del aumento de los precios internacionales del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.
En primer lugar, para febrero, en el mercado esperan una inflación en torno al 2,7%. “Nosotros proyectamos 2,7% y el consenso del mercado está en un rango similar. Algunos colegas estiman cerca de 2,8% o incluso algo más”, señaló Marull.
En lo que respecta a marzo, explicó, no se esperan aumentos en tarifas de luz y gas. En cambio, los ajustes se concentrarían en educación y en los combustibles, cuya actualización dependerá de la decisión que tomen las petroleras.
Según estimaciones de Marull, si el precio de la nafta no registra subas, la inflación de marzo podría ubicarse entre 2,4% y 2,5%. En cambio, si hay incrementos en los combustibles, el índice podría acercarse a un rango de entre 2,7% y 2,8%.
Ocurre que, de acuerdo al economista, si el precio internacional del petróleo se estabiliza en torno a los USD 90 por barril, el impacto en la inflación podría rondar los 0,6 puntos porcentuales, dependiendo del momento en que se traslade a los surtidores. “Hay petroleras que tendrán que ajustar los precios casi de manera inmediata, por lo que es probable que en algunas estaciones de servicio el aumento se vea rápidamente”, explicó.
Sin embargo, otras compañías tendrían más margen para dosificar la suba. En el caso de YPF, por ejemplo, parte de ese impacto podría postergarse. La empresa, asegura Marull, obtiene ingresos adicionales por exportaciones de crudo y mantiene buenos precios en los combustibles premium, lo que le permitiría administrar el traslado a los surtidores.
Por otro lado, Marull destacó que la suba del petróleo tiene otros tres impactos principales para Argentina.
El primero es positivo: el país es ahora exportador neto de petróleo, y el aumento del 60% en el precio internacional podría generar 3.000 millones de dólares adicionales en exportaciones para 2026, lo que aporta más divisas y podría ayudar a moderar un poco la cotización del dólar.
El segundo impacto es negativo: según Marull, actualmente nadie quiere activos emergentes de Brasil o Argentina, y todos los inversores se vuelcan hacia los bonos del Tesoro estadounidense. Esto complica la situación si Argentina quiere salir a los mercados internacionales.
El tercero está vinculado al flujo de capitales: quienes tenían inversiones en pesos o monedas locales mediante carry trade enfrentan un dólar que sube a nivel global, y muchos prefieren moverse hacia la divisa estadounidense, lo que ya ha contribuido a que el dólar suba.
En este contexto, Marull señaló que el próximo vencimiento importante de deuda para Argentina es el 9 de julio, por un total cercano a 4.000 millones de dólares. “El país lo irá cubriendo a través de lo que compre el Banco Central, colocando unos 2.000 millones de dólares entre inversores locales esta semana, y también mediante ventas de empresas vinculadas a privatizaciones”, explicó.
Marull advirtió que, si se produce un problema económico global, como una estanflación, los inversores podrían retirarse de los mercados emergentes, afectando a países como Argentina, Brasil y Chile. “En ese escenario, Argentina no puede hacer mucho, solo continuar con las medidas que viene implementando para evitar un golpe más fuerte”, sostuvo.
Según el analista, la situación actual deja a Argentina relativamente mejor parada que en crisis anteriores. “Cuando la marea baja, se ve quién está mejor o peor parado. Este shock nos beneficia parcialmente, sobre todo por la suba del petróleo, que trae más dólares, a diferencia de hace seis años, cuando éramos importadores de energía y la situación era más crítica”, señaló.
Marull aclaró que, en el corto plazo, Argentina no tiene necesidad urgente de dólares para colocarse en el mercado. Sin embargo, advirtió que si la situación se prolonga por meses, podría complicarse durante el segundo semestre.
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