ECONOMIA
La presión tributaria de las pymes duplica la de las empresas beneficiarias del RIGI
Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.
El análisis subraya que el RIGI fue diseñado por el gobierno de Javier Milei como una herramienta central para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía, apuntando especialmente a sectores intensivos como la energía y la minería. Sin embargo, su implementación ha derivado en un escenario de dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones globales operan con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales; por el otro, el 99% del tejido empresarial local enfrenta condiciones estructurales desventajosas que dificultan su competitividad.
Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.
Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el RIGI ha permitido la aprobación de proyectos por un valor superior a los 15.700 millones de dólares. Entre los incentivos que facilitaron estos desembolsos se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital. A esto se suma la libertad para disponer de las divisas generadas, un factor determinante para las inversiones de largo plazo que contrasta con las restricciones del resto de la economía.
La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.
La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.
Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.
El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.
En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.
El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.
Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.
Focus Market detalla que un régimen orientado a pymes debería basarse en seis pilares fundamentales para equiparar la competencia. En primer lugar, se propone la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada para aliviar las más de 900 horas anuales que las empresas dedican exclusivamente a trámites impositivos. En segundo lugar, se destaca la necesidad de estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas para ofrecer previsibilidad.
El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.
El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.
Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.
El director de la consultora enfatizó que mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo, cerró, depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.
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Huelva, 5 abr (.).- Un equipo de investigadores del Centro de Investigación CITES de la Universidad de Huelva (UHU) ha desarrollado un sistema pionero de bajo coste capaz de localizar con precisión el origen de las perturbaciones que dañan la red eléctrica.
El prototipo, denominado NIDI, permite identificar las fuentes de distorsión y desequilibrio en microrredes, un problema que genera pérdidas superiores a los 150.000 millones de euros anuales en la Unión Europea, según se precisa en el estudio, cuyos resultados han sido publicados recientemente en la revista científica ’Investigación sobre sistemas de energía eléctrico’.
La investigación aborda uno de los retos más complejos del sector energético actual: el aumento de dispositivos electrónicos y fuentes de energía renovable, que introducen «ruido» en la red.
Estas anomalías, conocidas como distorsión armónica y desequilibrio, provocan sobrecalentamiento de equipos, pérdida de eficiencia y daños en dispositivos sensibles tanto en hogares como en industrias.
La principal innovación del sistema NIDI (Red para la Identificación de Distorsión y Desequilibrio) radica, según los investigadores en su arquitectura.
A diferencia de los analizadores comerciales tradicionales, que suelen ser costosos y limitados a puntos específicos, este dispositivo utiliza hardware de código abierto y software libre, lo que reduce drásticamente los costes de implementación.
El sistema se compone de una unidad central de control y múltiples dispositivos de medición inalámbricos que se pueden instalar en cualquier tipo de microrred sin necesidad de interrumpir el suministro eléctrico.
«Es una herramienta versátil y fácilmente transportable que permite realizar un análisis continuo del estado de la red», señalan los autores del estudio.
La investigación introduce además dos nuevos indicadores científicos, denominados DSI (Identificador de Fuente de Distorsión) e ISI (Identificador de Fuente de Desequilibrio). Estos algoritmos permiten distinguir si la «contaminación» eléctrica proviene del proveedor o de un consumidor específico, facilitando la toma de medidas correctoras en el nodo de origen.
Para garantizar la precisión, el dispositivo es capaz de filtrar fluctuaciones temporales, analizando ciclos de tensión y corriente de forma casi instantánea para evitar errores de medición en entornos ruidosos.
Según los datos recogidos en la investigación, la mala calidad de la energía eléctrica es un factor crítico para la economía europea. La capacidad de detectar dónde se genera la distorsión no solo protege los electrodomésticos y la maquinaria industrial, sino que optimiza el transporte de energía, reduciendo las pérdidas en los cables y transformadores.
Tras el éxito de las simulaciones y las pruebas experimentales en laboratorio, el equipo de la Universidad de Huelva planea ahora validar el sistema NIDI en microrredes operativas reales para consolidar su aplicación práctica en el mercado energético.
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ECONOMIA
Cómo funciona el mecanismo que anunció YPF para mantener estables los precios de los combustibles
En medio de la volatilidad internacional de los mercados energéticos, la petrolera de mayoría estatal YPF anunció que mantendrá estables los precios de los combustibles durante 45 días, a pesar del aumento del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente.
La decisión, según definió la propia compañía, busca funcionar como un “buffer de precios” para evitar un impacto inmediato en el bolsillo de los consumidores. La medida comenzó a regir el miércoles 1° de abril en todo el país.
Fuentes de YPF señalaron a Infobae que la empresa optó por no trasladar al surtidor el incremento del valor internacional del crudo Brent, referencia para el mercado local, en un contexto de baja de consumo registrado, sobre todo, en el interior de Argentina.
“Se van a moderar los aumentos”, aseguraron desde la compañía, que definió la estrategia como un amortiguador para el sector. Esta política estará vigente por un mes y medio, tras lo cual se analizará la evolución del escenario internacional y la posibilidad de recuperar las subas si persiste la inestabilidad energética global.
El precio de la nafta y el gasoil en Argentina surge de varios componentes: el valor del barril de crudo Brent, el tipo de cambio y los impuestos nacionales, como el de los Combustibles Líquidos y el del Dióxido de Carbono.
Voceros de la empresa aclararon a Infobae: “Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos y se aplican o si hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí habría traslado. Pero son variables que no debería moverse tanto. Es un gesto para nuestros clientes”.
La dirección de YPF, encabezada por Horacio Marín, remarcó que la medida responde a la intención de evitar especulación ante la volatilidad internacional. “Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, comunicó el directivo en sus redes oficiales.
Y también subrayó: “No buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía”. Añadió que la estrategia de precios busca cuidar la demanda en un contexto de incertidumbre global, renovando el compromiso con los consumidores y adaptando la política comercial a la dinámica de oferta y demanda.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que se espera que otras compañías del sector, como Axion Energy (del grupo Pan American Energy) y Shell (gestionada por Raizen y la angloholandesa Shell, actualmente en proceso de venta), se sumen a la iniciativa de YPF y mantengan sin cambios los precios en el corto plazo.
Según lo informado por la empresa, el impacto de los recientes aumentos de precios fue más notorio en el interior del país, donde ya percibió una retracción en la demanda de combustibles.
El anuncio de YPF contempla que, independientemente de la evolución del precio internacional del Brent, los valores en los surtidores de la petrolera estatal permanecerán sin modificaciones durante el plazo acordado. Esta decisión refuerza el rol de la compañía como referente en la formación de precios en el mercado argentino, donde posee una participación superior al 55 por ciento.
El Gobierno nacional ya había impulsado medidas complementarias para contener la suba de precios, como la postergación en la aplicación de los aumentos de los impuestos a los combustibles líquidosy al CO₂ para mayo y la aprobación de un mayor porcentaje de bioetanol en las naftas, buscando diversificar insumos y reducir la exposición a los valores internacionales. Voceros oficiales explicaron a Infobae que la iniciativa apunta a proteger el poder de compra de los consumidores y favorecer la competitividad interna.
Al término del período de 45 días, desde YPF anticiparon que evaluarán cómo recuperar las posibles subas no aplicadas, siempre en función de la evolución del conflicto bélico y la estabilidad energética global.
Impacto en inflación
De acuerdo con datos de la consultora Romano Group, la principal petrolera del país incrementó desde el 28 de febrero hasta el 28 de marzo un 19% el precio del gasoil, un 15% la nafta Infinia y un 17% la nafta súper, en promedio y a nivel nacional. Este comportamiento se refleja en la Ciudad de Buenos Aires, donde el litro de nafta súper ronda los $2.000, manteniéndose por debajo de los valores de la competencia.
En relación al impacto inflacionario, los analistas puntualizaron que los combustibles representan un 3,8% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un aumento del 10% en los combustibles agrega 0,38 puntos porcentuales al indicador. En marzo de 2026, el incremento promedio fue del 7,3%, lo que podría sumar al menos 0,3 puntos al índice.
También destacaron que la mayor parte de las subas se concentró en la segunda quincena del mes, dejando un arrastre estadístico adicional de 0,36 puntos porcentuales, ya que el último precio de marzo superó en 9,45% el promedio mensual.
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En pos de ajustar los números y mantener el superávit fiscal, el Gobierno nacional continúa achicando su planta de personal. Desde que Javier Milei asumió como Presidente de la Nación, se produjo una caída del 19% en la cantidad de trabajadores del Estado Nacional. En total, había 343.357 empleados estatales en noviembre de 2023 y hay 276.952 en la actualidad, de donde se desprende que fueron despedidas (o renunciaron) 66.405 personas.
De ese número, 44.856 bajas pertenecen a la Administración pública nacional (APN) y 21.549 a las empresas y sociedades.
Entre los trabajadores afectados de la APN, 16.580 pertenecían a la administración descentralizada (30% de caída), 22.461 a la administración centralizada (-16%), 4.278 a la administración desconcentrada (-17%) y 1.537 a “otros entes” (-10%).
Lo llamativo, es que nunca en la actual gestión se registró un incremento de la planta de personal de un mes a otro. Hasta el momento, el mes más crítico fue abril de 2024, cuando la planta del Estado se achicó un 2,4% y se produjeron 7.911 despidos en sólo 30 días.
Qué pasó en febrero
De acuerdo a los números publicados por el Indec, en febrero otros 1.737 trabajadores del Estado perdieron su empleo. En total, se pasó de 278.689 trabajadores en enero a 276.952 en el segundo mes del año.
¿Dónde estuvo el recorte? Para responder a esa pregunta, es necesario analizar las estadísticas con mayor detalle. Según el organismo de estadísticas, la mayor parte de los despidos se produjeron dentro de la Administración pública nacional, que presentó una reducción de personal de 1.451 personas. Dentro de ese número, 408 despidos se dieron en la administración centralizada, 407 en la administración descentralizada y 664 en la administración desconcentrada. La excepción fue la categoría de “otros entes”, que incrementó su planta de personal en 28 personas.
Los otros 286 empleos que se perdieron se recortaron de las “empresas y sociedades”. En total, todas las compañías que pertenecen al Estado tenían 88.996 empleados en enero y bajaron a 88.710 en febrero.
La administración centralizada
Como se mencionó, fueron 408 los trabajadores que dejaron de trabajar para el Estado en la Administración centralizada, pero no todas las subdivisiones se comportaron de la misma manera. El desagregado estadístico presentado por el Indec permite conocer que el recorte más significativo se produjo en el Ministerio de Salud, que perdió a 149 trabajadores en el último mes.
Fue significativa también la reducción de personal en el Ministerio de Economía (96 trabajadores menos) y en la Jefatura de Gabinete de Ministros (-76).
La única excepción dentro de la administración centralizada fue el Ministerio del Interior, que incorporó a 26 empleados en el segundo mes del año.
La administración descentralizada
Entre las áreas del Estado que pertenecen a la administración descentralizada, se registraron varias bajas considerables. El organismo que más trabajadores perdió en febrero fue la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que pasó de 1.196 a 1.141 trabajadores (55 menos).
El segundo lugar en el ranking de despidos lo ocupó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De acuerdo a los números publicados por el Indec, dejaron de trabajar 46 personas en ese organismo.
Otra entidad que sufrió de bajas fue la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con 37 empleados menos en total.
La administración desconcentrada
En la categoría de “administración desconcentrada” se dio una situación muy particular. Dos entidades achicaron considerablemente sus plantas de personal, mientras que otras dos las agrandaron.
El recorte más importante se dio en el Estado Mayor General del Ejército Argentino, que experimentó una reducción de 645 empleados. Por su parte, el Estado Mayor General de la Armada Argentina sufrió 266 bajas.
En contraparte, sumó 117 trabajadores el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas e incorporó 128 empleados el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Empresas y sociedades
Entre las empresas y sociedades que pertenecen al Estado, sobresalieron los despidos en compañías que están pronto a ser privatizadas. Es el caso de Operadora Ferroviaria S.E., que en sólo un mes sufrió un recorte de su planta de personal de 131 trabajadores. De todas formas, sigue teniendo una planta de personal de tamaño significativo, con 20.066 empleados.
Se suma a la lista el Correo Argentino. De acuerdo a los datos del Indec, entre enero y febrero dejaron de trabajar para ese empresa un total de 43 personas.
En tercer lugar, empataron con 32 bajas el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas.
Otros entes
Finalmente, dentro de la categoría de “otros entes”, hubo un solo organismo que experimentó más bajas que altas en el segundo mes del año. Se trata del Instituto Nacional de los Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp/PAMI), que sufrió de 61 despidos en ese período.
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