Luego de la salida de la convertibilidad, se consolidó una matriz social profundamente heterogénea que perdura hasta la actualidad, mostrando importante brechas tanto en materia de ingresos como de acceso a oportunidades entre los distintos niveles socioeconómicos.

En ese marco, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA describe la situación de las familias según el lugar que ocupan en la pirámide social.

El centro de estudios señala que en el tercio superior, se configura un estrato de clases medias-altas y altas plenamente integrado a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad.

Es un segmento con acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad, y con capacidad de orientar sus decisiones económicas hacia horizontes de largo plazo.

En términos de ingresos, para integrar el 3% de mayores recursos, el hogar familiar requiere percibir al menos $30 millones. A continuación se ubica el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde $15 millones. Luego aparece el 20% correspondiente a los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se sitúa en $5 millones.

En el tercio intermedio, se ubica una amplia clase media y media baja aspiracional, “sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico. Este grupo acumula expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política ante la recurrencia de crisis macroeconómicas, la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”, indicó el ODSA.

Para pertenecer al 20% de los hogares que compone el estrato medio aspiracional es necesario percibir al menos $3.500.000, mientras que en el segmento medio bajo vulnerable el ingreso mínimo requerido es de $2 millones.

En el tercio más bajo de la distribución se agrupa una población inserta en trabajos informales, inestables o de mera subsistencia, condicionada por un entramado de baja productividad, menor nivel educativo acumulado, fragilidad laboral y fuerte dependencia de asistencia estatal.

El ODSA indica que la debilidad de los ingresos provenientes del trabajo dificulta quebrar el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.

Ahora bien, el 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita contar con ingresos de al menos $800.000. Esa misma suma, en paralelo, funciona como el límite máximo para el 10% ubicado en situación de pobreza extrema.

Puntualmente sobre este segmento, el informe asegura las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis previa, aunque hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y una recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.

No obstante, observan que la mejora observada en los indicadores sociales durante el período 2023-2025 se asocia principalmente a la desaceleración inflacionaria, más que a una recomposición genuina del poder de compra o a un aumento sostenido de la capacidad de consumo de los hogares.

Además, el ODSA analizó: “El actual régimen libertario abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social”.

“Sin embargo, sus límites emergen en la falta de mecanismos inclusivos de transición y en la desarticulación del entramado productivo existente, lo que amenaza con profundizarla informalidad y la pobreza estructural si no se acompaña de una estrategia capaz de generar empleos formales y políticas activas de integración territorial y de capital humano que integren socialmente a los sectores hoy excluidos del desarrollo”, añadió.

“Sin una estrategia explícita de inversión —interna y externa— orientada a expandir el tejido pyme, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macro podría derivar en un orden social más desigual, con menor movilidad ascendente, mayor fragmentación y una sociedad disciplinada por la supervivencia más que integrada por oportunidades», consideró el ODSA.

La división en el movimiento obrero organizado quedó plasmada con las decisiones que tomaron la Confederación General del Trabajo (CGT) y el flamante Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) de cara al rechazo de la Ley de Modernización Laboral que será tratada este viernes en el Senado para su aprobación.

Por el momento nadie quiere hablar de quiebre, pero las declaraciones de los dirigentes de los gremios combativos auguran tiempos donde la unidad parece cada día más endeble. Las diferencias comenzaron a verse hace un par de semanas y se profundizaron el viernes último, cuando desde el FreSU anunciaron que le iban a reclamar al triunvirato cegetista un paro con movilización que fue desoído desde Azopardo.

El Gobierno, en tanto, desplegará el viernes el protocolo antipiquete en la zona del Congreso para garantizar el normal funcionamiento de la Cámara Alta. Desde el ministerio de Seguridad revelaron que se reforzarán los controles teniendo en cuenta que en las últimas dos concentraciones se registraron incidentes.

La CGT descartó un cese de tareas con movilización

La mesa chica ampliada de la CGT se reunió ayer en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), donde descartó tanto un nuevo cese de actividades como una manifestación frente a la Plaza de los Dos Congresos. Asimismo, confirmó su estrategia de ir por la vía judicial, donde su cuerpo de abogados ya tiene lista la presentación de las demandas que llevarán el lunes a los Tribunales.

Un integrante del consejo directivo admitió que «si la marcha a Tribunales es igual a la última que hicimos frente al Congreso, no le vamos a mover el amperímetro a los jueces; debe ser una manifestación masiva y contundente con un discurso frente al Palacio… no digo de «meter miedo», pero sí que noten que la CGT está viva».

El cónclave comenzó después de las 14 horas y registró momentos de tensión. Según fuentes gremiales, la dirigencia del transporte exigió que se vuelva a protestar frente al Parlamento, con una huelga por 24 horas para el viernes. La moción fue desestimada, planteando que «no hay clima para otro cese de tareas», sosteniendo que «los gobernadores ignoraron nuestros reclamos al igual que los legisladores, ahora tenemos que ir por los jueces, a quienes también les están recortando funciones y derechos».

Marcha a Tribunales para declarar la ley «inconstitucional»

Al término del encuentro, Jorge Sola -uno de los cotitulares de la CGT-, manifestó que «la decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto».

Recordó que esta estrategia fue utilizada contra el DNU 70/2023 -en el capítulo de reforma laboral- donde se logró un recurso de amparo y la declaración de inconstitucionalidad del decreto. Detalló que el actual proyecto altera tanto la representación gremial como los derechos individuales, configurando «un escenario de regresión laboral sin precedentes».

Solá aprovechó la oportunidad para pasarle factura a la clase política. Informó que desde diciembre mantuvieron reuniones con 16 gobernadores y más de 90 legisladores para advertir sobre los riesgos de la ley, pero que muchos no mantuvieron sus compromisos durante el debate.

El integrante del triunviro, por otra parte, puso la mirada en el contexto económico y social, advirtiendo que «vienen meses muy complicados, donde cada gremio y cada actividad tienen que discutir paritarias», y denunció la caída del salario real, el endeudamiento familiar y la desaparición de pymes. Frente a este panorama adelantó que los sindicatos se encuentran en un estado permanente de «debate, lucha y acción».

Esperan el respaldo de la justicia

Del encuentro participaron los miembros del triunvirato, Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros); el anfitrión Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (construcción, UOCRA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y CATT), Omar Maturano (La Fraternidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Marina Jaureguiberry (docentes privados SADOP), Pablo Flores (AEFIP), Omar Plaini (Canillitas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Miguel Angel Paniagua (espectáculos públicos, SUTEP)

El cuerpo de letrados de la CGT tiene prácticamente armado el amparo que será presentado el mismo lunes cuando se movilicen al Palacio de Tribunales en esta Capital. No descartan que algunas organizaciones gremiales presenten sus propias demandas, para que entren por distintos juzgados, repitiendo la modalidad aplicada contra la Ley Bases.

En los pasillos de Azopardo esperan que el malestar que generó en el ámbito judicial la eliminación del fuero nacional laboral y el traspaso a la Ciudad más la colisión entre muchos de los puntos de la reforma con la Constitución Nacional, generen la tormenta perfecta para que la Ley de Modernización Laboral sea rechazada por inconstitucional.

Viernes, jornada de lucha de los combativos: clima de ruptura con la CGT

Por su parte, el Frente de Sindicatos Unidos ratificó que el viernes, a partir de las 12, comenzarán a concentrarse frente al Congreso en tanto que dejaron en libertad de acción para que las organizaciones que la integran decidan la aplicación del paro, que rondará las 24 horas, aunque no afectará ni el servicio de trenes ni de colectivos.

El FreSu está integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), Aceiteros, Personal Aeronáutico, Viales, Marítimos, Portuarios, Jerárquicos de Energía y cerca de 100 organizaciones de distintas centrales obreras.

Para reflejar el clima de división en el sindicalismo, el titular de la UOM, Abel Furlán se refirió a la CGT afirmando: «No esperábamos que hagan nada, pero no importa. Nosotros vamos a seguir en la calle y vamos a federalizar el Frente en los próximos días». La intención es llevar las protestas a las provincias cuyos gobernadores apoyaron la reforma laboral oficial, por lo que no se descarta que a partir de la semana próxima se organizen marchas que, además servirán para formatear el FreSU en todo el país.

En su intención de sumar voluntades, dirigentes del espacio ya mantuvieron reuniones tanto con el ferroviario Maturano (uno de los más combativos dentro de la central obrera) como de Pablo Moyano. De hecho, ayer trascendió en las redes una foto del camionero con el secretario general de los Aceiteros, Daniel Yofra. Por ahora estos dos dirigentes siguen alineados en las filas cegetistas, pero la dinámica sindical está tan cargada de incertidumbres como la política.

El jefe de ATE, Rodolfo Aguiar, también cuestionó a la CGT: «Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno».

Aseguró que la norma «va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una ley que sólo beneficia a los empleadores» y manifestó: «Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad».

El personal de casas particulares recibirá en marzo de 2026 un nuevo incremento salarial, que impacta directamente en los ingresos de quienes se dedican al cuidado de niños y personas. Las cifras actualizadas surgen del acuerdo paritario más reciente, que incluye aumentos escalonados y bonos extraordinarios.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) avaló una suba salarial del 3% para el personal doméstico, distribuida en dos tramos: 1,5% aplicable desde febrero y otro 1,5% desde marzo. Junto a este ajuste, se incorpora un esquema de bonos no remunerativos, cuyo monto varía según la cantidad de horas semanales trabajadas.

La Secretaría de Trabajo confirmó que quienes cumplen menos de 12 horas semanales cobrarán un bono adicional de $8.000. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales, el monto será de $11.500, mientras que quienes superan las 16 horas cobrarán $20.000 extras. Estos montos no remunerativos se suman al salario habitual en ambos meses y no inciden sobre el cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

Las remuneraciones varían en función de la tarea desempeñada y el régimen de trabajo. Las categorías oficiales incluyen supervisión, tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales. Cada una cuenta con escalas propias tanto para el pago por hora como para la contratación mensual, diferenciadas según se trate de trabajo con retiro o sin retiro.

Para el mes de marzo de 2026, tras aplicar la suba del 1,5%, los salarios básicos mínimos quedan de la siguiente manera para la categoría de asistencia y cuidado de personas (que abarca a quienes trabajan como niñeras):

• Por hora con retiro: $3.599,86
• Por hora sin retiro: $4.012,14
• Mensual con retiro: $455.160,14
• Mensual sin retiro: $505.578,34

En el caso de tareas generales, la tarifa por hora es de $3.348,37 (con retiro) y $3.599,86 (sin retiro). El salario mensual correspondiente asciende a $410.773,52 y $455.160,14 respectivamente.

A estos valores se añade el bono no remunerativo de marzo, que puede llegar a $20.000 para quienes superan las 16 horas semanales, elevando el salario mensual total de una niñera a $475.160,14 (con retiro) o $525.578,34 (sin retiro).

El esquema salarial contempla también adicionales por antigüedad (1% por cada año trabajado con el mismo empleador) y zona desfavorable (30% extra sobre el sueldo mínimo para quienes trabajan en ciertas provincias y regiones). Ambas sumas se agregan de manera automática si corresponde.

El costo de vida continúa en alza y presiona sobre los ingresos del personal doméstico y de las familias empleadoras. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó en enero de 2026 los $623.990 para una familia tipo de cuatro integrantes. Esta cifra representa un aumento del 5,8% en el primer mes del año, superando a la inflación general.

La CBA mide los ingresos mínimos necesarios para cubrir únicamente la alimentación básica y determina el umbral de indigencia. Para hogares de diferente tamaño, los valores varían: una familia de cinco personas necesita $656.301 mensuales, mientras que un hogar de tres integrantes requiere $496.769 para no caer en la indigencia.

El informe también señala que la Canasta Básica Total (CBT), que incluye todos los gastos esenciales, llegó a $1.360.299 en enero, con una suba del 3,9%. Las familias cuyos ingresos no alcanzan ese monto son consideradas pobres según la medición oficial.