El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la eliminación del esquema vigente de planes sociales y la creación de un nuevo programa orientado a la capacitación y la inserción laboral formal. La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

De acuerdo con la información oficial, el nuevo esquema propone una transición desde un modelo de asistencia hacia otro enfocado en la generación de empleo y la autonomía económica de los beneficiarios. La iniciativa contempla un proceso de reconversión con una duración de 12 meses, período durante el cual se implementará el cierre progresivo del sistema actual.

Alcance del programa y revisión de beneficiarios

El programa alcanza a aproximadamente 5.000 personas que actualmente forman parte de distintos planes sociales en la Ciudad. En paralelo, el Gobierno porteño informó que, durante el proceso de revisión del padrón, se detectaron 1.274 beneficiarios considerados irregulares, los cuales fueron dados de baja.

Según los datos difundidos, el esquema anterior implicaba un gasto anual cercano a los $10.000 M y estaba compuesto por 85 convenios con organizaciones. Con la implementación del nuevo modelo, estos acuerdos serán rescindidos.

La medida se enmarca en una revisión más amplia de las políticas sociales aplicadas en las últimas dos décadas, con el objetivo de modificar los mecanismos de asignación de recursos y los criterios de acceso a los beneficios.

Eliminación de intermediarios y pagos directos

Uno de los ejes centrales del nuevo programa es la eliminación de intermediarios en la gestión de los beneficios. A partir de su implementación, los pagos serán realizados de manera directa a los beneficiarios, sin la participación de organizaciones sociales.

El Gobierno de la Ciudad señaló que este cambio apunta a mejorar los mecanismos de control y transparencia en la distribución de los recursos. Asimismo, se establecieron criterios de permanencia que incluyen requisitos vinculados a la residencia, la situación socioeconómica y el nivel de ingresos de los beneficiarios.

En declaraciones públicas, Jorge Macri sostuvo que el nuevo esquema implica una transformación en la política social, al establecer condiciones vinculadas a la capacitación y el trabajo como requisitos para el acceso y la continuidad en el programa.

Estructura del nuevo programa

El nuevo sistema se organiza en torno a cuatro pilares principales que definen su funcionamiento:

• Formación obligatoria: los beneficiarios deberán participar en instancias de capacitación laboral y educativa. La continuidad en el programa estará sujeta al cumplimiento de estas actividades
• Duración limitada: el programa tendrá un plazo máximo de 12 meses, durante los cuales se buscará facilitar la transición hacia el empleo formal
• Articulación con el sector privado: se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, además de empresas y universidades, con el objetivo de generar oportunidades de formación práctica e inserción laboral
• Criterios de elegibilidad: se definieron requisitos específicos para el acceso al programa, orientados a asegurar que los beneficios sean asignados a personas que cumplan con determinadas condiciones sociales y económicas

El diseño del programa prevé la vinculación de los participantes con sectores como servicios, salud, hotelería y mantenimiento, en los que se desarrollarán instancias de capacitación y prácticas formativas.

Rol del Ministerio de Desarrollo Humano

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, encabezado por Gabriel Mraida, será el encargado de implementar y supervisar el nuevo esquema.

Desde esa cartera se indicó que la medida forma parte de un proceso de cambios en la política social local, que previamente incluyó modificaciones en el sistema de comedores comunitarios. En ese sentido, se destacó la incorporación de herramientas digitales para el registro y control de la asistencia.

Control y fiscalización del sistema

En el marco de la revisión de los programas sociales, el Gobierno porteño informó que se detectaron irregularidades en distintos dispositivos de asistencia. Entre los casos señalados se incluyen registros de beneficiarios fallecidos, personas con bienes declarados como vehículos e inmuebles, y titulares con ingresos previsionales elevados.

Asimismo, se identificaron más de 5.000 raciones consideradas irregulares en comedores comunitarios. Como resultado de estas auditorías, se dispuso el cierre de 40 establecimientos.

En relación con el funcionamiento de los comedores, la Ciudad implementó una aplicación que permite registrar a los beneficiarios mediante el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este sistema tiene como objetivo contabilizar las raciones entregadas y mejorar la trazabilidad de los recursos asignados.

Condiciones de permanencia y seguimiento

El nuevo programa establece que los beneficiarios deberán cumplir con una serie de condiciones para mantenerse dentro del sistema. Entre ellas se incluyen la asistencia a instancias de formación, el avance en trayectorias educativas cuando corresponda y el cumplimiento de estándares definidos por la autoridad de aplicación.

El incumplimiento de estos requisitos dentro de los plazos establecidos implicará la pérdida del beneficio. De esta manera, el esquema incorpora mecanismos de seguimiento orientados a evaluar la participación y el desempeño de los participantes.

Articulación con empresas y universidades

Como parte de la estrategia de inserción laboral, el Gobierno de la Ciudad firmó acuerdos con nueve cámaras empresariales, además de empresas y universidades. Estos convenios están orientados a facilitar la capacitación técnica y la generación de oportunidades laborales para los beneficiarios.

Las prácticas formativas previstas en el programa buscan establecer un vínculo directo entre los participantes y el sector productivo, con el objetivo de mejorar las posibilidades de acceso al empleo formal.

Transición hacia un nuevo esquema

El proceso de transición se desarrollará durante un año, período en el cual coexistirán el sistema actual y el nuevo programa. Durante ese tiempo, se prevé la incorporación progresiva de los beneficiarios al esquema de capacitación e inserción laboral, hasta la finalización definitiva de los planes sociales vigentes.

El Gobierno porteño indicó que el objetivo del nuevo modelo es redefinir el rol de la asistencia estatal, orientándola hacia la formación y el empleo como ejes centrales de la política social.

En ese marco, la medida se inscribe en una serie de cambios que buscan modificar los criterios de asignación de recursos y los mecanismos de implementación de programas sociales en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué pasará con quienes no cumplan

De acuerdo con lo informado, el nuevo régimen tendrá reglas más claras que el anterior. Los beneficiarios deberán acreditar participación en las actividades de formación, cumplir con estándares de avance y sostener las condiciones de elegibilidad fijadas por la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad advirtió que que aquellos no cumplan con esos requisitos dentro de los plazos establecidos perderán el beneficio. De esta manera, el programa no solo será temporal, sino también exigente en materia de contraprestación y permanencia.

La idea oficial es que el acompañamiento estatal tenga fecha de finalización y que la ayuda funcione como una herramienta para salir de la dependencia, no para perpetuarla.

El antecedente de los comedores y las irregularidades detectadas

La modificación del esquema de planes sociales se enmarca en una revisión más amplia de la política social porteña. La Ciudad recordó que ya había avanzado sobre el sistema de comedores mediante una aplicación en la que cada persona carga su DNI para registrar cuántas raciones se entregan.

A partir de ese mecanismo de control, el Gobierno aseguró haber detectado más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos o personas con autos, inmuebles y jubilaciones millonarias. En ese proceso, además, fueron cerrados 40 comedores.

Con esos antecedentes, la gestión porteña busca mostrar que el nuevo programa de educación y empleo forma parte de una estrategia más amplia de auditoría, depuración de padrones y rediseño de la asistencia social.

El desafío, hacia adelante, será ver si este nuevo modelo logra efectivamente transformar asistencia en inserción laboral y reducir la dependencia estatal en uno de los distritos más grandes del país.

Málaga, 7 abr (.).- La compañía aeronáutica Aertec invertirá 15 millones de euros orientados a reforzar su presencia internacional e impulsar el liderazgo tecnológico dentro del plan de crecimiento y reforzará su plantilla con 200 profesionales.

Con motivo de la presentación de su plan estratégico 2026-2028, la compañía ha destacado que mantiene un crecimiento sostenido superior al 18 % anual y ha anunciado que potenciará su perfil tecnológico incorporando capacidad industrial para duplicar su negocio en una segunda fase.

Este impulso se apoya en el refuerzo de la plantilla, que sumará 200 profesionales de alta cualificación, y en una apuesta por la innovación, con una inversión en investigación y desarrollo (I+D) en torno al 8 % anual respecto al volumen de negocio.

Sistemas críticos para aviones civiles y militares

La multinacional ha resaltado que avanza en su posicionamiento en ámbitos estratégicos como la electrificación del avión y el desarrollo de sistemas críticos embarcados para aviones civiles y militares.

En sistemas específicos de defensa la firma trabaja en la calificación de productos propios, especializándose en munición con guiado de precisión, y en todos los casos se incorpora tecnología desarrollada en Andalucía con la participación de grupos de investigación de universidades de la comunidad.

La empresa continúa ampliando su actividad en el ámbito aeroportuario y ofrece conocimiento experto, planificación y diseño de instalaciones por el mundo con el objetivo de que sus ingresos internacionales en este ámbito representen el 80 % del total en 2028.

Aertec ha dado a conocer estos datos con motivo de la visita a su sede mundial ubicada en Málaga de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, que ha incidido en el papel de la empresa como referente aeroespacial andaluz.

Crecimiento del 18 %

La tecnológica planea desde Andalucía multiplicar la inversión y el empleo con un crecimiento anual en torno al 18 %.

Fundada en 1997 en Málaga, Aertec se consolidó como compañía internacional especializada en ingeniería aeronáutica, consultoría aeroportuaria y tecnología para la defensa que, con base en Andalucía, tiene presencia en varios países y una trayectoria vinculada al desarrollo de la industria aeroespacial española.

Gómez-Guillamón ha señalado que se encuentran «en una fase de crecimiento con alto valor añadido que responde a una estrategia definida y sostenida en el tiempo» y que apuestan por el desarrollo tecnológico y producto propio como elemento diferencial, reforzando capacidades de industrialización en ámbitos clave del sector aeroespacial y de defensa.

«Este avance se apoya en el talento de nuestro equipo y en una cultura de innovación constante, que nos permite adaptarnos a un entorno cada vez más exigente y competitivo. Al mismo tiempo, seguimos ampliando nuestra proyección internacional y reforzando nuestro posicionamiento global desde una base sólida en Andalucía», ha afirmado sobre su empresa, con proyectos en más de 40 países.

La actividad de seguridad privada volvió a actualizar sus ingresos en la Argentina. A partir de enero de 2026, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 perciben nuevos salarios tras el acuerdo paritario firmado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), que regirá durante el primer semestre del año.

El entendimiento establece nuevas escalas salariales mensuales entre enero y junio de 2026, sumas no remunerativas escalonadas, un adicional vacacional especial y la continuidad del convenio colectivo durante todo el año, en un contexto de inflación aún elevada y con negociaciones previstas para la segunda mitad del año

Cuánto gana un empleado de seguridad privada en abril, mayo y junio de 2026

El acuerdo paritario prevé incrementos progresivos mes a mes, con sumas no remunerativas que se pagan entre enero y junio y que, en el caso de la correspondiente a junio, se incorporarán al salario básico en julio de 2026.

De acuerdo con las grillas oficiales, el salario total de un vigilador general alcanzará en junio de 2026 los $1.644.650, mientras que categorías como vigilador principal, administrativo o instalador de sistemas electrónicos superarán los $1,75 millones, siempre en valores brutos.

Este esquema busca acompañar la evolución de los precios durante el primer semestre, con una cláusula de revisión abierta ante eventuales cambios macroeconómicos.

De acuerdo con las escalas oficiales del acuerdo paritario, estos son los salarios brutos por categoría en los meses siguientes:

Abril 2026

• Vigilador General: $1.564.150

• Vigilador Bombero: $1.636.800

• Administrativo: $1.671.100

• Vigilador Principal: $1.708.400

• Verificación de Eventos: $1.636.800

• Operador de Monitoreo: $1.636.800

• Guía Técnico: $1.671.100

• Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.708.400

• Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.564.150

Mayo 2026

• Vigilador General: $1.584.600

• Vigilador Bombero: $1.658.200

• Administrativo: $1.692.900

• Vigilador Principal: $1.730.700

• Verificación de Eventos: $1.658.200

• Operador de Monitoreo: $1.658.200

• Guía Técnico: $1.692.900

• Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.730.700

• Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.584.600

Junio 2026

• Vigilador General: $1.644.650

• Vigilador Bombero: $1.721.000

• Administrativo: $1.757.100

• Vigilador Principal: $1.796.300

• Verificación de Eventos: $1.721.000

• Operador de Monitoreo: $1.721.000

• Guía Técnico: $1.757.100

• Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.796.300

• Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.644.650

Evolución salarial del semestre

Las escalas muestran un incremento progresivo a lo largo del semestre, con subas en el salario básico, el viático y las sumas no remunerativas. En junio se registra el mayor aumento, con valores que superan los $1,7 millones en varias categorías.

Además, la suma no remunerativa de junio está prevista para incorporarse al salario básico a partir de julio de 2026, tal como establece el acuerdo.

Qué pasa con las sumas no remunerativas

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el pago de sumas no remunerativas mensuales, identificadas como «Suma No Remunerativa – Acuerdo 2026».

Estas gratificaciones:

• Se abonan de enero a junio.

• No impactan en aguinaldo, vacaciones, horas extras ni indemnizaciones.

• Sí están alcanzadas por aportes sindicales y de obra social.

• La suma de junio se incorpora al básico en julio.

En el caso de trabajadores con jornada reducida, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, el monto se liquida de forma proporcional.

Adicional vacacional: cuánto se paga por día de vacaciones

El acuerdo también estableció un adicional vacacional extraordinario, reconociendo el carácter esencial del servicio de vigilancia privada. Los montos varían según el mes en que se tomen las vacaciones:

El adicional se paga por hasta 21 días de vacaciones y tiene carácter remunerativo.

Fondo de Ayuda Solidaria: se mantiene hasta junio

De manera transitoria, las partes resolvieron mantener vigente el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) previsto en el artículo 31 del CCT 507/07.

Entre enero y junio de 2026, el aporte será del 1% mensual sobre el salario básico del vigilador general, aplicado exclusivamente durante ese período.

Cuándo vuelven a discutirse los salarios

El acta paritaria fija una nueva instancia de negociación a partir del 20 de mayo de 2026, cuando UPSRA y CAESI volverán a reunirse para definir los salarios del sector desde julio en adelante.

Además, se dejó abierta una cláusula de revisión, que habilita a reabrir la discusión salarial si se producen variaciones económicas significativas.

Afiliados a FATRASEP: acuerdo cerrado para el primer semestre de 2026

En paralelo, la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) informó que alcanzó un acuerdo salarial para el período enero-junio de 2026. El convenio establece aumentos escalonados a lo largo de los seis meses. Una vez aplicadas todas las correcciones, el salario de los vigiladores del sector nucleado en la federación alcanzará $1.644.650.

En el anuncio formal, la conducción de FATRASEP también comunicó que se resolvió prorrogar durante todo 2026 los convenios colectivos de trabajo vigentes y sus anexos complementarios. La continuidad incluye las condiciones laborales actualmente establecidas para las distintas ramas de la actividad de seguridad privada.

Seguridad privada: empleo estable y demanda sostenida

Más allá de la negociación salarial, el sector de la seguridad privada continúa mostrando niveles estables de empleo en todo el país. La demanda se concentra especialmente en:

• Vigilancia de edificios y empresas

• Eventos masivos

• Monitoreo remoto y seguridad electrónica

• Transporte y custodia

• Control de accesos y admisión

A esto se suma la capacitación obligatoria y los reentrenamientos periódicos, exigidos por las provincias, que refuerzan la profesionalización del rubro.

Requisitos para trabajar en seguridad privada

Los requisitos varían según la provincia, pero la mayoría sigue pautas similares basadas en la Ley Nacional de Seguridad Interior 24.059 y las normas locales. En general, se exige:

1. Ser ciudadano argentino (nativo o naturalizado).
2. Tener entre 21 y 60 años (en Mendoza puede ser desde los 18).
3. Contar con estudios secundarios completos o equivalentes.
4. No poseer antecedentes penales ni inhabilitaciones legales.
5. Aprobar un examen psicofísico de aptitud.
6. Realizar el curso básico de vigilador privado dictado por un centro habilitado.
7. Tramitar la credencial oficial provincial o municipal.

Cada jurisdicción tiene su propio ente regulador que controla los registros, habilitaciones y renovaciones.