Desde 2012, con la incorporación del ausentismo entre los indicadores de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), la dinámica laboral argentina suma una nueva variable a la matriz de la productividad.

La medición sistemática de las inasistencias permite ahora dimensionar, por primera vez con datos integrados del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y estimaciones ad hoc sobre productividad, una realidad poco analizada: la relación entre el ausentismo laboral y la productividad media del trabajo, el salario y el crecimiento económico.

En los últimos 13 años, la EIL -hoy dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano- relevó la evolución del ausentismo con una cobertura que, al 2025, afecta el 67% del empleo asalariado registrado en empresas privadas con 10 o más trabajadores de los principales aglomerados del país. Quedan excluidos los sectores primarios, servicios personales, salud, enseñanza y energía, pero la muestra refleja el pulso de la economía formal urbana.

Un primer hallazgo que surge del trabajo conjunto entre los equipos técnicos de la Secretaría de Empleo y las áreas de estadística de Economía es que si bien los puntos que determinan la productividad y el salario medio van mucho más allá de la sola presencia de los trabajadores -abarcan desde el entramado tech-productivo hasta el marco normativo y las competencias adquiridas mediante formación y experiencia-, la variabilidad del ausentismo, sobre todo el que no responde a causas personales o laborales reconocidas, empieza a cobrar relevancia como palanca de productividad.

Según el análisis de las fuentes oficiales, “un nivel elevado de ausentismo perjudica tanto a empresas como a trabajadores: las firmas reducen su capacidad de generar ingresos por contracción de la productividad, mientras que los empleados se exponen a descuentos salariales por inasistencias no justificadas”.

Datos poco difundidos cruzados al tercer trimestre de 2025 -con base 100 en el empleo asalariado registrado de los sectores relevados por la EIL- permiten visualizar la transformación. La productividad laboral total de la economía se ubicó en septiembre de 2025 un 8,3% por encima del promedio de la última década, mientras que la pérdida de jornadas por inasistencia cayó 10,9% y el empleo formal creció solo 1,1 por ciento.

El estancamiento del empleo registrado privado, sumado al descenso en las inasistencias, sugiere que los empleadores pudieron achicar la brecha entre personal teóricamente activo y trabajadores efectivamente presentes, logrando mayor producción real con una dotación similar.

Se estima, además, que el ausentismo impacta especialmente en sectores donde la ausencia es más difícil de cubrir sin afectar la cadena productiva.

Así lo demuestran los datos: para el 61% de las empresas privadas de aglomerados urbanos -unas 177.000 compañías- el ausentismo afectó a al menos un empleado durante septiembre de 2025, lo que equivale a 572.000 trabajadores sobre un total de 4,58 millones cubiertos por aportes al sistema previsional (SIPA). El promedio mensual de inasistencias fue de 4,9 días por trabajador ausente.

Ese fenómeno, traducido a jornadas laborales, implica que el 2,9% de las jornadas mensuales en empresas privadas urbanas se perdió por ausentismo -un número elevado, pero en retroceso respecto a años previos-, según reporta la Secretaría de Empleo.

Los motivos que explican las ausencias reflejan una marcada diversidad: 50,5% por enfermedad (común o profesional), 18,7% sin causa justificada, 10,3% por razones personales, 5,2% por accidentes laborales, otro 5,2% por estudios, 3,2% por sanciones, 2,4% por cuestiones gremiales, 1,8% por nacimiento, matrimonio o defunción, 1% por otros motivos y 0,3% por enfermedades laborales específicas.

El salto productivo de 2025 se explica en parte por una caída en el ausentismo general respecto de los años previos.

Exceptuando los años atravesados por la pandemia, este tercer trimestre resultó el segundo más bajo desde 2012 -con solo 2019 registrando menor nivel-, alentando un debate sobre las causas posibles.

Entre ellas, sobresale el aumento del riesgo percibido de perder el empleo: en un contexto donde la contratación formal se encuentra virtualmente estancada, los trabajadores optan, según fuentes del Ministerio de Economía, por una mayor presencia para minimizar el riesgo de exclusión.

El relevamiento exhibe desigualdades marcadas entre sectores. En transporte, almacenaje y comunicaciones, que concentra unos 513.000 trabajadores formales, el nivel de ausentismo trepa al 16% de la nómina (83.000 personas con al menos una jornada de ausencia mensual), superando en 3,5 puntos la media general.

La industria (con 1.144.000 empleados) también presenta un ausentismo superior al promedio: 15% de los trabajadores (164.750) registra al menos un día de inasistencia por mes.

En el extremo opuesto, el sector de comercio, restaurantes y hoteles (con 1.523.000 ocupados) se ve menos afectado: 10,9% de la dotación (162.740 personas) se ausenta mensualmente.

La segmentación por tamaño expone una correlación directa: a mayor cantidad de empleados, mayor incidencia del ausentismo:

• Empresas pequeñas (menos de 50 trabajadores) tuvieron en septiembre un ausentismo en 56,4% de los casos, involucrando al 11% de la dotación, con una media de 5 días perdidos por ausente.
• Medianas elevaron la incidencia a 85% de los establecimientos y 11,6% de los trabajadores, con 5,1 días promedio.
• Grandes compañías superaron el 90% de casos con ausentes, un impacto sobre el 15,7% de la nómina y 4,8 días de media por ausente.

En todos los segmentos, se identificó un aumento de la cantidad de empresas que reportan ausentes, pero -de modo inédito desde 2017- cayó la proporción de personal afectado y las jornadas perdidas en promedio por ausente.

A nivel territorial, la EIL proporciona una radiografía detallada por aglomerado urbano. Para septiembre de 2025, el promedio simple de empresas con ausentismo se ubicó en 56,7%. Lideran la estadística Gran La Plata (66,5%), Ciudad de Buenos Aires (65,4%) y Gran Mendoza (63,7%). En el extremo opuesto, Gran Paraná (42,4%) y Gran Bahía Blanca (44,1%) exhiben los valores más bajos.

Cuando se analiza la proporción de trabajadores ausentes, la media se ubicó en 10,8% nacionalmente. Gran Paraná (8,3%) y Gran Bahía Blanca (7,4%) repiten como los menos afectados, mientras que las cifras más altas se observan en Gran Buenos Aires (13,1%), Gran Jujuy (12,6%) y Gran Mendoza (12,3 por ciento).

Llama la atención que en todas las jurisdicciones, la tasa de ausentismo de trabajadores fue inferior al promedio de la década, con mínimos en CABA (11,2%), Gran Rosario (11,3%) y mínimos históricos recientes en Gran Paraná y Bahía Blanca.

La tendencia a la baja también alcanzó la cantidad de días no trabajados, descendiendo en la mayoría de los grandes aglomerados. Solo en Gran Paraná (4,6 días) y Gran Jujuy (4,1 días) se alcanzaron los pisos históricos para un mes de septiembre desde 2012.

A excepción de la pandemia -cuando la movilidad y la actividad estuvieron especialmente condicionadas- el último pico de jornadas perdidas se verificó en septiembre de 2021, con 6,2 días promedio y máximos de 7 días en Gran Resistencia y Gran Paraná.

El cruce inédito de fuentes públicas y estimaciones especializadas apunta a factores múltiples. El principal diagnóstico señala que la mayor reticencia de las empresas a incorporar empleo formal -combinada con normativas laborales inflexibles y el contexto macroeconómico incierto sobre una reforma de la legislación laboral de fondo- genera un “efecto disciplinador” sobre la fuerza de trabajo, que prioriza la presencia laboral.

A ello se suman avances en la digitalización de los registros empresariales, mejoras en los sistemas de control y un mayor monitoreo de las licencias y su justificación.

La tendencia se refleja también en las causas reportadas por las empresas a la EIL: la proporción de ausencias “sin motivo justificado” disminuyó respecto de los máximos de la década, cediendo espacio a inasistencias médicas debidamente certificadas o registradas.

La baja del ausentismo mejora la productividad en el corto plazo, pero expone riesgos estructurales: menor rotación, menor ingreso de nuevos empleados y mayor rigidez en la oferta laboral.

Además, la persistente heterogeneidad sectorial y regional exige políticas focalizadas: los sectores con mayores tasas de ausentismo enfrentan, a la vez, desafíos logísticos y mayor dificultad para reemplazar personal.

Estudiar esquemas de incentivos, el acceso a licencias justificada y la salud laboral será clave para lograr un mayor equilibrio entre presencia, bienestar y empleabilidad.

La aprobación del primer Presupuesto propio de Javier Milei le dio al Gobierno una foto de la gobernabilidad y el orden institucional largamente buscada y un argumento potente para alimentar la narrativa para la reelección del Presidente en 2027. Pero, como suele ocurrir, el día después del festejo empieza a mostrar la letra chica: la gobernabilidad de 2026 será bastante más áspera de lo que sugiere el triunfalismo libertario.

Detrás del éxito parlamentario del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, para captar los dólares del colchón de los argentinos, quedaron expuestos los límites de la estrategia económica, y los vasos comunicantes todavía frágiles con el sistema financiero.

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, apostó al Plan Colchón para captar dólares para el sistema financiero, pero la Ley de Inocencia Fiscal colisión con las normativas antilavado del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera (UIF), con lo cual la apuesta nació renga.

Los bancos no pueden aceptar fondos sin declarar el origen porque pueden provenir de actos ilícitos y quedan legal y judicialmente comprometidos según las actuales normas. La Ley de Caputo no derogó esas normas.

Además, se viene en 2026 una agenda legislativa de alto voltaje social y una relación con la CGT y con los gobernadores que combina pragmatismo, fastidio y facturas por cobrar. Durante el verano, un grupo de senadores peronistas encabezados por Jorge Capitanich, intentará construir una agenda propia en el Congreso.

«No podemos estar siempre defendiéndonos de la agenda de Milei, tenemos que llevar nuestra agenda», arengó Capitanich a varios senadores del bloque de José Mayans. Y desde allí competirán contra Milei por el apoyo de varios gobernadores que tuvieron que ceder ante Milei pero quedaron disconformes en el reparto de fondos, jubilaciones y obras.

Dólares del colchón: el entusiasmo y el blooper

El intento de seducir a los dólares «del colchón» mediante la Ley de Inocencia Fiscal tropezó, apenas nacer, con un obstáculo obvio y previsible: los bancos.

Pese a que el canciller Pablo Quirno desestimó con suficiencia esa dificultad en la red X en diálogo con iProfesional, las sorpresas no se hicieron esperar. La invitación pública de Luis Caputo a depositar dólares no declarados chocó contra las normativas del Banco Central y la Unidad de Información Financiera, que obligan a reportar operaciones sospechosas si no hay respaldo documental suficiente.

El resultado fue un blooper inesperado: entidades que, lejos de abrir las puertas, activaron alarmas de compliance. Tributaristas y banqueros coincidieron en el diagnóstico: sin reglamentación clara de ARCA y sin una norma explícita del BCRA, el «andá y depositá» por X es más riesgoso que tranquilizador. En lugar de una convocatoria por X hacen falta normas más explícitas para no recibir una intimación del Banco Central o la UIF.

Caputo reaccionó a su estilo, con ironía y enojo tuitero, invitando a los ahorristas al Banco Nación, como si cambiar de banco fuera cosa de todos los días.

En el mercado, sin embargo, quedó flotando una pregunta incómoda: ¿cómo pudo lanzarse una medida clave sin coordinación fina con el Banco Central? Se supone que la reglamentación llegará y el esquema se ordenará, pero el daño inicial a la credibilidad ya está hecho.

Deuda: el reloj corre más rápido que la épica

El frente financiero es el condicionante central del 2026. El 9 de enero asoma un vencimiento de u$s4.225 millones y el Tesoro cuenta, por ahora, con unos u$s1.800 millones y algunos dicen ya 2.000 millones. El resto se arma con un mix de herramientas: reaperturas de deuda local (Bonar 2029), líneas REPO con bancos, uso quirúrgico de reservas y apoyos multilaterales.

En Wall Street descuentan que se paga. La incógnita no es el cumplimiento, sino el cómo y el costo. Caputo prometió evitar una nueva emisión bajo ley de Nueva York y «reducir la dependencia» del mercado internacional, una frase que despertó tantas ironías como dudas.

En el transcurso del martes, apareció un «suplemento» del Boletín Oficial, donde se publicó la Resolución 2124/2025 de Economía: allí se adjudican las represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados, Piedra del Aguila, lo cual garantiza que ingresarán al Tesoro 710 millones de dólares, que se destinarán a la colecta que motoriza el Ministro de Economía, de cara a los vencimientos: contaría ahora con 2.710 millones de dólares y faltarían 1.500 millones de dólares. Esa cifra es la que se cubriría mediante un REPO con bancos internacionales, a los que se les daría BONAR 2035 y 2038

Sobre el cierre de 2025, el equipo económico dio indicios de que los vencimientos de deuda de enero se pagarán mediante un REPO con bancos internacionales, a los que se les entregaría como garantía los BONAR 2035 y 2038 que tienen legislación argentina. Aunque no se conocen los detalles de la operación, fuentes del mercado estiman que sería a dos años con una tasa algo menor a 9%.

Sin embargo, el problema no es este vencimiento puntual, admiten operadores del mercado, que descuenta que se cumplirá, sino la película completa: en julio vencen otros u$s4.200 millones y, más adelante, un calendario que obliga a juntar dólares de manera sostenida. El gran desafío de Caputo es acumular reservas en el BCRA y el Plan Colchón era una herramienta en ese sentido.

De todos modos, la dificultad será subsanada por nuevas normas del BCRA y de su presidente Santiago Bausilli.

Una mala noticia de luces amarillas se sumó en estas horas: se esperaba un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cerca 1.050 millones de dólares, por la aprobación de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas, prevista para la tercera semana de enero. Se iba a fijar asi un waiver o dispensa por no cumplir las metas del Programa de Facilidades Extendidas.

Pero tanto la misión del Fondo, como el waiver y ese adelanto clave en las finanzas deberán esperar varias semanas más. El FMI evalúa el segundo waiver (perdón) consecutivo por incumplimiento de la meta de reservas netas internacionales del Central. Hubo un waiver en la primera revisión. Luces amarillas en el equipo económico.

El gobierno incumplió en 12.000 millones de dólares. Para el arranque de 2026, solo debía tener reservas netas negativas por 3.300 millones de dólares y, en cambio tiene 15.700 millones, según la medición del FMI, pese a sus reservas brutas positivas de 43.000 millones. En el Fondo descuentan que se otorgará esa dispensa, pero implicará probablemente un sendero más ambicioso de acumulación de reservas para 2026. La misión técnica que validaría esta revisión que debía llegar en estos días no viajará a Buenos Aires. 

Tambien llegaron noticias de Washington que le impedirán a la Argentina contabilizar el swap con la Reserva Federal como parte de las reservas del Banco Central y hasta ahora se usaron solo 2250 millones de dólares.

«Vamos a viajar al menos cuando haya una certificación firme con opinión favorable de los estados financieros«, señalan en el Fondo a medios diversos.

La estrategia oficial es, en el fondo, una administración profesional de la escasez: superávit fiscal como ancla, roll-over casi total en pesos, multilaterales para liberar caja y, si hace falta, algo de ingeniería financiera.

No resuelve el problema estructural de la deuda, pero compra tiempo. Y en política económica argentina, el tiempo suele ser el activo más valioso.

Reforma laboral y tributaria: el corazón del conflicto

Con el Presupuesto aprobado, Milei quiere ir por las reformas estructurales que definen su identidad. La modernización laboral es la más sensible: toca indemnizaciones, convenios colectivos, vacaciones, banco de horas y crea el Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes patronales y previsionales. Traducido: más flexibilidad para las empresas, menos litigiosidad y un esquema que, según los críticos, traslada parte del costo de los despidos al sistema previsional. Los jubilados pagan las indemnizaciones.

La futura reforma tributaria completa el combo: blanqueo amplio para empleadores, perdón del pasado para quienes formalicen trabajadores, contribuciones iniciales del 5% frente al 35% actual y alivio en Ganancias para la cuarta categoría. El objetivo es achicar los 8 millones de trabajadores en negro sin provocar un shock de costos que expulse a las pymes del sistema.

El problema no es técnico, sino político. La CGT mantiene una tregua táctica, pero la reforma laboral es una línea roja. Si avanza sin consensos, el conflicto social puede escalar y erosionar el capital político del Gobierno justo cuando más necesita respaldo parlamentario.

En medio de la recesión de la economía real, los 270 mil despidos y las 19.000 empresas Pymes cerradas la reforma laboral podría convertirse en un conflicto social mayor.

Gobernadores: socios por conveniencia

El Presupuesto dejó una enseñanza clara: Milei no tiene la vaca atada. Los gobernadores acompañaron por pragmatismo, no por convicción. Y muchos salieron, apenas votado el texto, a marcar límites.

El bonaerense Axel Kicillof habló de «ajuste brutal»; Quintela denunció un esquema «asfixiante«; el pampeano Sergio Ziliotto apuntó al desfinanciamiento previsional; el fueguino Gustavo Melella cuestionó subsidios y obras; el formoseño Gildo Insfrán endureció su discurso federal.

Entre los dialoguistas, Martín Llaryora, de Córdoba, fue explícito: «Está bueno tener presupuesto, pero no refleja ningún reclamo provincial». El santafecino Maximiliano Pullaro y el chubutense, Ignacio Torres, también quedaron disconformes. «No muy conforme. Sin obras claves para la provincia. Nada de la deuda que tienen con Santa Fe», dijo a iProfesional un allegado a Pullaro. Nacho Torres tiene que firmar ahora su convenio con Nacion.

Aun asi, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene pensado comenzar a recorrer nuevamente el interior durante el verano para juntar voluntades para la reforma laboral y tributaria.

Tambien tiene en carpeta los proyectos de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares.

Todos ellos quedaron para 2026, pero deberá para ello recomponer su relacion con la CGT, con sectores empresarios, especialmente Pymes, y con los gobernadores que quedaron descontentos luego de haber perdido giros en el Presupuesto, obras y fondos previsionales.

Ni siquiera cerca del aliado mendocino Alfredo Cornejo había fuerte entusiasmo por el Presupuesto. «Para Cornejo era fundamental que el gobierno tenga presupuesto, una hoja de ruta. Por supuesto falta para que sea el ideal, pero siempre es mejor que no tenerlo».

En privado, el mensaje de todos los gobernadores es más crudo: hay acuerdos pendientes -ATN, obras, cajas jubilatorias- que no están en el Presupuesto. Sin cumplirlos, advierten, será difícil conseguir apoyo para la reforma laboral y la tributaria. Cada ley, en 2026, se negociará voto por voto.

En la reforma laboral, los gobernadores en conjunto perderían 3200 millones de dólares en coparticipación por la rebaja en ganancias y la eliminación de impuestos internos, todas rebajas impositivas a sectores de alto poder contribuyente y ninguna para las Pymes.

Empresarios: apoyo con advertencias

El empresariado sigue respaldando el rumbo macro: orden fiscal, previsibilidad y señales promercado. Valoran la Inocencia Fiscal como incentivo a la formalización y el discurso anti-default. Pero crecen las luces amarillas: recesión prolongada, falta de reactivación de la economía real, consumo deprimido, despidos en 2025 y un clima social que puede tensarse.

La pregunta que recorre despachos y mesas sectoriales es simple: ¿cuándo llega el crecimiento? Sin reactivación de la economía real, el apoyo empresarial puede volverse más condicional.

Milei cerró 2025 con derrotas sonoras y apenas dos victorias legislativas que revitalizan la narrativa del «Milei 2027». Pero antes está 2026, un año sin red: menos margen político, más presión social, dependencia de gobernadores incómodos y una agenda económica que exige precisión quirúrgica.

El Presupuesto ordenó los números. Ahora el Gobierno debe demostrar que puede ordenar la realidad. Y en la Argentina, esa suele ser la parte más difícil del plan.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), responsables de cerca del 70% del empleo formal en Argentina, enfrentan un contexto de incertidumbre y no ven señales claras de reactivación económica. La crisis actual en la industria limita las expectativas de mejora a corto plazo.

Entre los referentes del sector predomina la preocupación por la falta de alternativas concretas para frenar la caída de la producción y el consecuente deterioro en el nivel de empleo. La debilidad del consumo interno y las restricciones de financiamiento profundizan las dificultades.

Según la consultora LCG, la actividad creció a un ritmo de apenas 0,1% mensual en los últimos 10 meses y opera por debajo del máximo alcanzado durante la presidencia de Javier Milei, en febrero de 2025.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestaron cautela y describieron un panorama poco alentador de cara al nuevo año, con varios problemas pendientes a resolver. Actualmente, el uso de la capacidad instalada se ubica entre el 50 y 60% y se aceleran los cierres y despidos.

Voceros de la entidad destacaron que el Gobierno cuenta hoy con un mayor margen político para avanzar en reformas estructurales que permitan ganar competitividad. Y aunque consideran estos cambiarios necesarios, ponen en duda que resulten suficientes para revertir el escenario de estancamiento de la industria pyme.

“Es imperioso que mejore el clima de expectativas de la gente, así como la previsibilidad, que se consolide una mejora del salario real y que exista un contexto económico micro más adecuado para impulsar las inversiones”, apuntan en CAME.

Además de una modernización laboral, subrayan la necesidad de una reforma tributaria, la cual no prevén que se concrete en 2026.

A esto se suma el déficit de infraestructura, que, según CAME, es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo del sector. La falta de ferrocarriles y rutas adecuadas limita la competitividad y eleva los costos.

“Uno se conforma con que esto que hemos tenido hasta ahora sea un piso y que, a partir de allí, la situación vaya mejorando de a poco. Pero no habrá mucho consumo este año ni un repunte contundente”, precisaron y recalcaron la importancia de reducir el costo financiero para poder ofrecer mayor financiación a los consumidores.

“Las pymes no están cómodas con esta situación, porque es muy ajustada y el consumo no reacciona. El 70% de lo que producen las pequeñas y medianas empresas se destina al mercado interno y si este no funciona, no hay demanda para la industria”, sintetizaron.

El vicepresidente de CAME y presidente de Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Alberto Kahale, había contado días atrás: “Fábricas que andaban muy bien hace 2 años con una inflación del 200%, hoy son galpones”.

Por su parte, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), dijo a Infobae: “Consideramos que 2026 será un año complejo para varios sectores de la industria, como el textil, el calzado, los fabricantes de bienes de capital y el automotriz, que llegan muy golpeados por el avance de las importaciones y la debilidad del mercado interno. El consumo, que cayó en 2025 por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, es un factor clave para la reactivación de la economía real. De no revertirse la situación, el 2026 se perfila como un año especialmente difícil en dichos rubros”.

El empresario remarcó que existe también una fuerte heterogeneidad: mientras una parte del entramado productivo mejora sus condiciones, una porción mayor las empeora. Esto se traduce en el cierre de más empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

“Las expectativas de mejora están puestas, principalmente, en sectores como el agro, el financiero y el hidrocarburífero, que son los que impulsan el crecimiento de las exportaciones. En contraste, el resto de las actividades sensibles, intensivas en mano de obra, atraviesan un entorno adverso que podría profundizarse en 2026 si no se modifican las reglas de juego”, manifestó Rosato.

“Sin un proyecto de ley que vuelva más competitiva a la industria en general con reducciones impositivas, menores costos laborales e incentivos a la inversión, el panorama se hará más difícil”, añadió el dirigente empresario.

Matías Bolis Wilson, economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), afirmó: “Evidentemente, como sector vinculado al consumo, estamos expectantes de que la recuperación continúe con solidez y se sostenga en el tiempo. Por eso, con una macroeconomía más estable y ordenada, y una vez superadas las condiciones críticas de finales de 2023, esperamos que la economía reaccione de manera positiva”.

Según el especialista, en 2026 la economía crecerá en línea con lo proyectado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA (REM), en torno al 3,4%, y el consumo -principal componente de la demanda agregada- acompañaría ese desempeño, aunque sin señales de un boom.

“No vemos amenazas ni por el lado cambiario, ni por el de la inflación”, sostuvo y resaltó que el nuevo esquema de bandas que empezará a regir en 2026 predice una mayor competitividad. Da cuenta que “el Gobierno no permitiría una revaluación de magnitud en términos reales”.

“En definitiva, en la CAC, ponemos el foco en la recuperación económica, que constituye la segunda etapa del programa y que no sería posible sin la estabilización previa. Este punto resulta clave porque no solo el crecimiento y las ganancias de las empresas dependen de ese proceso, sino también las principales variables sociales, estrechamente ligadas al crecimiento y al desarrollo, como el empleo formal, la pobreza y la indigencia, entre otras”, concluyó Bolis Wilson.