ECONOMIA
La reforma impositiva, laboral y previsional traerá cambios en la economía argentina

El gobierno de Javier Milei avanzará con reformas claves destinadas a mejorar la equidad tributaria, fomentar la contratación de empleados y volver a financiar el sistema previsional.
Se trata de un trío de reformas: impositiva, laboral -estas dos con fecha estimativa de presentación antes de fin de año- y previsional, un tema de mayor sensibilidad y que recién quedaría para fines de 2026.
El objetivo es seguir bajando el costo argentino y desincentivar la informalidad. Por las dudas, el Fondo Monetario advierte que la implementación de estas transformaciones deberá ser gradual y acompañada de un fuerte «apoyo social».
En el Gobierno aseguran que esa diferencia radica en que un cambio estructural jubilatorio está relacionado con modificaciones que previamente deberían tener lugar en el mercado laboral, de manera de hacer más viable el sistema de jubilaciones.
Reforma laboral
La reforma laboral es la más reclamada por el sector empresarial. Las empresas advierten que la ley del Trabajo vigente fue pensada para estructuras productivas y modalidades de trabajo perimidas. Consideran que se debe avanzar en una flexibilización en todos los niveles de la relación entre empresas y trabajadores.
Eso incluye horarios, tareas, modalidades de labores. Los informes que circulan hacen hincapié en la necesidad de que se flexibilice el mercado laboral para negociar salarios y en las relaciones de trabajo. Pero también alertan que esta reforma tiene que ir de la mano de cambios impositivos para eliminar las barreras entre los sectores informales y formales.
En su reciente paso por Estados Unidos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, dijo que los cambios que se vienen están vinculados a la flexibilización laboral y la reforma tributaria. También a una mayor apertura del comercio internacional.
El FMI, en la previa a la firma del acuerdo, había pedido avanzar con reformas que flexibilicen las negociaciones salariales, simplifiquen la relación laboral y reduzcan los costos para empleadores. Esto incluye reemplazar las indemnizaciones actuales por nuevos esquemas contractuales y ofrecer incentivos fiscales.
En 2024, parte de estas reformas se incorporó en la Ley Bases, pero las más sensibles fueron rechazadas por oposición y gremios. Por eso, el Gobierno planea retomar el debate en el Pacto de Mayo, aunque aún no hay fecha ni formato definidos.
El proyecto oficial propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir la intervención estatal en acuerdos privados, incluso eliminando la homologación obligatoria de paritarias.
También contempla volver optativo el pago de la cuota solidaria a los sindicatos, obligar a que elijan autoridades con elecciones periódicas y supervisadas, y aplicar convenios específicos por actividad.
El Gobierno buscaría además eliminar aportes no contributivos a sindicatos y limitar el derecho a huelga, declarando servicios esenciales al 50% de sectores clave como salud, transporte, telecomunicaciones y educación.
Reforma tributaria
En cuanto la reforma tributaria, uno de los ejes será reducir 90% de los tributos nacionales y fomentar la competencia fiscal entre provincias para atraer inversiones.
El proyecto en elaboración dejaría solo seis impuestos vigentes. «Vamos a terminar con el infierno tributario en la Argentina», afirmó Milei. Estos tributos —IVA, Ganancias, Seguridad Social, IIBB, débitos y créditos, y retenciones— concentran el 83% de la recaudación, según IARAF.
La iniciativa apunta a dar autonomía fiscal a las provincias sobre impuestos hoy cobrados por Nación. También busca eliminar tributos distorsivos como IIBB y tasas municipales, que encarecen los precios finales por su efecto cascada.
Expertos como César Litvin y Nadín Argañaraz destacan la necesidad de una reforma coordinada entre Nación, provincias y municipios, para evitar que al bajar un nivel de gobierno un impuesto, otro lo suba. El nuevo esquema incluiría un piso mínimo nacional, pero cada provincia podrá ajustarlo libremente.
Uno de los proyectos en los que trabaja el Gobierno es en el denominado «Súper IVA«. Sería similar al que rige en Brasil. La discusión es cuál sería la alícuota. El IVA por ahora tributa 21%, luego de haberse ubicado en el 13% hasta los ’90.
Los tributaristas también explican que este super impuesto haría que el IVA actual aumente -por encima del 21%-, aunque el precio total de los productos disminuiría, porque otros gravámenes dejarían de pagarse. El Súper IVA incorporará parte de la recaudación que surge de los impuestos distorsivos que ya no se usarán.
En cambio, los precios finales de los productos ya no tendrán incorporados los porcentajes de IIBB y tasas de seguridad e higiene, entre otros, que ahora se pasan a precio, por lo que -aseguran en el Gobierno- el consumidor final debería pagar menos.
Reforma previsional
En cuanto a la reforma previsional -que incluirá una suba de la edad jubilatoria más acorde a los tiempos actuales y el incremento de la expectativa de vida-, la meta será mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema. Para ello, se prevé una reestructuración del esquema vigente, actualmente caracterizado por su fragmentación, con el fin de alinear de manera más eficiente las contribuciones con los beneficios otorgados.
Milei prometió al FMI presentar una propuesta para antes de diciembre de 2026 que simplifique el régimen actual. Entre las medidas en estudio figuran el aumento de la edad jubilatoria y la eliminación de las moratorias previsionales.
Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió a sostener el valor real de los programas sociales, implementando un nuevo sistema de monitoreo —el SIS— para mejorar la focalización del gasto.
El Gobierno sostiene que se debe seguir el camino de reformas como la de los alquileres. Y destaca que, tras eliminar el control de alquileres, para que la gente pudiera firmar los contratos en la moneda que desee, con las condiciones que quiera, en el tiempo que prefiera, los precios bajaron un 30% y la oferta aumentó en forma drástica.
«Las reformas estructurales que vienen tienen que ver con la flexibilización del mercado laboral. Necesitamos ajustar el sistema tributario y abrir la economía para aumentar las exportaciones y mejorar nuestra competitividad», le dijo la semana pasada Sturzenegger a inversores y referentes del mercado, durante su paso por Washington.
Quieren que el Gobierno acelere en los cambios
En el Gobierno aseguran que todas las reformas apuntarán a sostener el camino atravesado en el primer año y medio de presidencia de Javier Milei, y destaca que la economía haya crecido un 6% de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, a pesar de haber reducido el déficit fiscal en 5 puntos y el cuasi en 10 (Banco Central).
Para algunos analistas, el Gobierno debería acelerar con los cambios de fondo. El titular del instituto IDESA, Jorge Colina, recordó que estas transformaciones están incluidas en el acta de Mayo, firmada hace un año casi todos los gobernadores. «Allí se incluyó la reforma tributaria, la eliminación de la coparticipación, una reforma laboral y previsional, la apertura del mundo, la promoción de las provincias que desarrollen sus recursos naturales», recuerda.
En esa línea, señaló que el gobierno está perdiendo la oportunidad: «Aun cuando los gobernadores no estaban muy convencidos del Acta de Mayo igual se sentaron, firmaron y mostraron su muy buena predisposición. Ahí había que seguir trabajando con ellos. Y hay un punto muy fundamental a trabajar con los gobernadores y los intendentes que es el tema del impuesto a los ingresos brutos y las tasas municipales, que están matando al sector productivo. Hoy un productor, un comerciante tiene que pagar tres impuestos: IVA a la nación, ingresos brutos a la provincia y tasas municipales al intendente. Y la verdad que recibe muy pocos servicios a cambio», explicó Colina.
Laura Caullo, de Fundación Mediterránea, sostiene que algunas alternativas que podría incluir la reforma previsional serían las escalas progresivas en los beneficios de la PUAM, según los años de aporte, eliminación de regímenes especiales y revisión de pensiones duplicadas entre otros temas centrales.
En este escenario, Caputo prefiere destacar lo logrado hasta ahora e insiste en recordar que «todo el mundo decía que esto iba a ser a costa de una brutal recesión, y que no se podía hacer». Y señala que se pudo crecer, los salarios reales mejoraron 15% y se sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza.
El ministro de Economía asegura que el objetivo es recorrer un camino «inverso al que se vivió los últimos 20 años. Vamos a un esquema en donde lo importante va a ser la eficiencia y donde vamos a continuar reduciendo el tamaño del Estado, porque le va a devolver más recursos al sector privado, que los administra mejor».
En su última exposición ante inversores, empresarios y economistas, Caputo dijo que buscarán implementar las «reformas estructurales que son tan necesarias, como la reforma fiscal, la laboral, y al final la previsional. Estas reformas son muy necesarias para seguir bajando el costo argentino y para desincentivar la informalidad».
Economía en crecimiento
El Gobierno ahora proyecta que la economía podría crecer más del 6% este año, impulsado por el cambio de fase del plan económico, que incluye menores restricciones cambiarias y un dólar flotante. Sin embargo, los economistas señalan que las reservas del Banco Central y la inflación podrían ser factores clave para la evolución de la actividad económica en los próximos meses.
Aunque existe un ancla fiscal y un crecimiento económico sostenido, la falta de liquidez en el sistema requiere la implementación de nuevas medidas para mantener la expansión, reconocen en el Ejecutivo.
Para ello el gran desafío inmediato es monetizar la economía, porque está en un nivel de monetización muy bajo, de poco menos de la mitad de lo que es normalmente.
Caputo explicó que aunque existe un ancla fiscal y un crecimiento económico sostenido, la falta de liquidez en el sistema requiere la implementación de nuevas medidas para mantener la expansión.
Para el FMI, las reformas estructurales implementadas en Argentina a partir de fines de 2023 tienen el potencial de generar un aumento significativo en el crecimiento del PBI en el mediano plazo.
Destaca que si el país logra reducir las brechas estructurales con respecto a las economías emergentes de referencia, podría aumentar su tasa de crecimiento anual durante los próximos cinco años.
El FMI subraya que las reformas en gobernanza y regulación empresarial, enfocadas en mejorar la calidad regulatoria y reducir los requisitos administrativos, son cruciales.
«Reducir las barreras externas, tanto arancelarias como no arancelarias, y abrir el mercado cambiario permitiría aprovechar más eficientemente los sectores productivos de Argentina, lo que incrementaría el crecimiento económico en al menos 2,75 puntos porcentuales adicionales cada año en los próximos cinco años», explica el último reporte del organismo multilateral.
Este tipo de apertura y flexibilización no solo impulsaría las exportaciones, sino que también fomentaría la llegada de inversiones extranjeras directas (IED), esenciales para la diversificación de la economía argentina.
La visión del FMI
Según el FMI, «el éxito de estas reformas dependerá de la secuenciación adecuada de las mismas y de un marco político y social que apoye su implementación, evitando dislocaciones en el mercado laboral y en sectores vulnerables. El equilibrio entre la apertura de la economía y la protección de los sectores más débiles será clave para que las reformas tengan éxito sin generar resistencias que dificulten su continuidad».
El informe también menciona la importancia de mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, como factores fundamentales para garantizar que los beneficios de las reformas lleguen a todos los sectores de la sociedad. «El fortalecimiento de la transparencia y la mejora en la gobernanza permitirán que las reformas estructurales se implementen de manera eficiente y equitativa, contribuyendo a un ambiente político y social más estable», señala el Fondo Monetario.
En este escenario, la reforma tributaria comenzó a ser trabajada el año pasado en el ámbito del Ministerio de Economía. El objetivo es eliminar la mayor cantidad de impuestos que tienen peso marginal en la recaudación, y reducir la cantidad de gravámenes que componen el sistema tributario nacional.
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ECONOMIA
Cuánto sale cada multa de tránsito en la Ciudad y en provincia de Buenos Aires en octubre 2025

El exceso de velocidad puede pasar los $3.000.000 y cruzar con el semáforo en rojo, el millon de pesos. Los distintos valores vigentes
21/10/2025 – 11:29hs
Las multas de tránsito en CABA aumentaron un 9% en septiembre, con un valor inicial que parte de $39.925 por no portar licencia y llega a superar los $3.000.000 en casos de exceso de velocidad grave. En octubre, se mantendrán los mismos valores. Asimismo, la provincia de Buenos Aires también recientemente aplicó un nuevo incremento en las multas.
En esta línea, aplicó un nuevo incremento en las multas de tránsito, actualizando la unidad fija que se usa para calcular y establecer los valores de las multas. En este caso, el costo de las infracciones se calcula a partir de la unidad fija (UF), que es un monto establecido con relación al valor de medio litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA).
Cuáles son los montos actualizados por infracciones en CABA
Los valores actualizados por las infracciones en CABA son los siguientes
- Superar la máxima en hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70
- Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040
- Mal estacionamiento: $79.851
- No tener la VTV al día: $79.851
- Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50
- Obstruir rampa para discapacitados: $239.553
- Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
- Tapar la patente: $798.510
- Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
- Conducir usando el celular: $159.702
- No cumplir con grabado de autopartes: $119.776,50
- Intentar colarse en peajes de AUSA: $119.776,50
- No usar cinturón de seguridad: $79.851
- Conducir con auriculares: $79.851
- No portar licencia: $39.925,50
- Vidrios polarizados: $39.925,50
Resolución de multas por videollamada
Hay que tener en cuenta que, desde octubre de 2025, los conductores de la Ciudad de Buenos Aires pueden resolver sus multas de tránsito mediante videollamadas, evitando la necesidad de acudir a una oficina presencial. Las audiencias virtuales se realizan de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, con una duración máxima de 20 minutos. Durante la videollamada, el vecino debe presentar un documento válido, y todo el proceso queda grabado en video para garantizar la transparencia y el derecho a la defensa.
Para acceder al servicio, los usuarios deben solicitar un turno a través de BOTI, el WhatsApp oficial de la Ciudad (11-5050-0147). Una vez iniciado el diálogo con las palabras «multa» o «infracciones», el sistema guía al solicitante para agendar una audiencia virtual, donde podrán presentar pruebas y exponer su descargo.
Es importante destacar que, al igual que en la modalidad presencial, quienes opten por esta vía pierden el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. La resolución final se incorpora al expediente electrónico del caso, optimizando la gestión y reduciendo costos operativos para el Estado.
Cuáles son los montos por infracciones en provincia de Buenos Aires
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los nuevos montos de las multas e infracciones actualizados, según la Unidad Fija (UF) son los siguientes:
- Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.
- Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.
- Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000
- Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.
- No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.
- Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
Cabe recordar que, en la Provincia de Buenos Aires, la UF se ajusta cada dos meses, lo que implica que las multas crecen bimestralmente al ritmo del aumento de la nafta. En cambio, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste que se aplica es semestral.
Plazos de prescripción de multas de tránsito, provincia por provincia
Los plazos de prescripción para multas de tránsito varían significativamente entre provincias. A continuación, un breve resumen:
- Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)
- Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)
- Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Chubut: 6 meses (sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)
- Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)
- Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego: 2 años
- Neuquén y Córdoba: 3 años (todas las faltas)
- Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis: 5 años
- Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán: siguen el criterio nacional.
Es crucial recordar que las multas pueden extinguirse si el acreedor no reclama su pago dentro del plazo establecido.
¿En qué casos no prescriben las multas de tránsito?
- Si una multa de tránsito ya prescribió, la persona interesada debe reunir la documentación necesaria, como el comprobante de la infracción, su DNI y cualquier otro respaldo relacionado.
- Luego, debe comunicarse con el juzgado de faltas correspondiente a su jurisdicción, ya sea de forma presencial o a través del sitio web oficial.
- Una vez iniciado el trámite, puede solicitar formalmente la baja de la multa por prescripción, acreditando que se cumplió el plazo legal sin que se haya iniciado un proceso de cobro o judicialización. Igualmente, y aunque pase un período de tiempo, hay situaciones en las que las multas no caducan:
- Cuando se comete una nueva infracción grave, el contador se reinicia. Un ejemplo: si un conductor tiene una infracción que fue considerada leve de 2020 y luego comete una falta grave en 2023, la multa de 2020 no prescribe.
- Si la multa se judicializa o inicia un proceso de cobro, la prescripción se interrumpe.
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ECONOMIA
El dólar volvió a $1.500: ¿hora de comprar o de vender?

El dólar minorista supera una vez más los $1.500 en la pizarra de Banco Nación, mientras el mercado cambiario transita jornadas de alta volatilidad y expectativa. A menos de una semana de las elecciones legislativas, los precios de referencia del dólar volvieron al centro de la escena. Indicadores oficiales marcan que el tipo de cambio minorista se vende a $1.505, el mayor valor desde septiembre. Las cotizaciones financieras suman presión: el MEP opera en torno a $1.555 y el contado con liquidación orilla los $1.575.
El comportamiento de la demanda refleja la fuerte incertidumbre que atraviesa el mercado. La intervención del Banco Central a través de la banda de flotación limita momentáneamente la escalada, aunque los valores continúan próximos al techo fijado por la autoridad monetaria. El contexto político marca la dinámica: la cercanía de los comicios define el pulso, con operadores atentos a las señales sobre el rumbo de la gestión económica una vez que se conozcan los resultados.
En este escenario, tanto ahorristas como inversores y analistas discuten si es oportuno comprar o vender dólares frente a las inminentes definiciones políticas y económicas. Las posturas de los especialistas muestran diferencias notables y matices que evidencian la complejidad del momento.
Federico Domínguez, economista, considera que el dólar no tiene fundamentos para disparar un cambio inmediato de esquema, por lo que elegiría vender. “Volvería a vender, porque confío en que se mantendrá el esquema de bandas. No veo motivos para modificarlo, dado que el monto de la intervención fue bajo en relación a las compras acumuladas en lo que va de la gestión, y en relación a otros periodos electorales”, asegura. Su perspectiva descarta movimientos bruscos oficiales que alteren el equilibrio actual.
Desde otra óptica, Juan Pazos, de One618, señala que la dirección del tipo de cambio no está clara sin la variable de la elección definida. Advierte que la decisión de comprar o vender dólares se vincula más a los resultados políticos que a cuestiones puramente económicas. “No le veo una dirección clara a ese trade hasta no saber el resultado de la elección. Comprar o vender dólares hoy es una pregunta para un encuestador o un politólogo, no para un economista. Con lo cual, el FX no depende de si ‘está bien o mal’ fundamentalmente, sino de una elección que luce muy apretada”, describe.
Otros especialistas coinciden en que la incertidumbre electoral domina el escenario. Fernando Baer, de Quantum Finanzas, no cree que el dólar necesariamente vaya a subir en el corto plazo, pero sostiene que tiene sentido que los inversores busquen cobertura en la divisa hasta que se despejen las dudas tras los comicios: “Creo que estar long en USD está bien hasta que se disipe un poco la incertidumbre respecto del nuevo régimen cambiario, que implica nivel, restricciones, forma de abrir el cepo, etc. Es un FX alto para un escenario de estabilidad, pero la demanda hoy es principalmente por cobertura”.
Ariel Sbdar, de Cocos Capital, suma un matiz al considerar que las expectativas de suba no son inevitables. “Muchos dicen que el único camino del dólar es para arriba y no estoy de acuerdo. Si el resultado electoral no es adverso para el gobierno, ojo porque el dólar no necesariamente tiene que subir desde estos niveles. El nivel de cobertura del mercado es muy importante y eso puede generar un flujo vendedor de dólares pasadas las elecciones con un mercado más tranquilo”, apunta.
La indefinición y las expectativas cruzadas predominan en las estrategias de posicionamiento. Pablo Repetto, de Aurum Valores, señala que la complejidad reside principalmente en el desenlace electoral y su impacto inmediato sobre el mercado: “Bastante difícil definir si es momento de comprar o vender pensando en lo incierto del escenario electoral. En caso de que el resultado esté en torno a lo que parecería ser el consenso (34/38% para LLA) sería un dólar bastante lógico pensando en que debería haber un reseteo de la política monetaria/cambiaria en las próximas semanas o meses. Es un dólar apenas por debajo de lo que creo que podría servir para ayudar a no perder divisas y que el BCRA compre. Quizá el nivel con compras del BCRA sea un poco más alto en noviembre. Cuando sea el momento de la liquidación del agro podría ser un tipo de cambio equivalente más bajo”.
Por su parte, Juan Manuel Truffa, de Outlier, opta por sostener su posición compradora hasta que las señales de un nuevo equilibrio sean nítidas. “Elijo comprar todavía. La demanda sigue mostrando que está firme, que hay demanda a este precio. Obviamente que hay una parte que es un shock electoral, no obstante no necesariamente es lo único que hay. Por lo tanto, todavía estoy long dollar o short peso, como más te guste. Seguramente si hay un reajuste del régimen se provoque un nuevo equilibrio, el tipo de cambio, y ahí cambiaré mi postura. Pero por el momento, desde hace varios meses, vengo en long dollar y viene saliendo”.

No todos los que intervienen en el circuito cambiario muestran la misma tendencia hacia la cobertura. Francisco Díaz Mayer, jefe de operaciones de ABC Mercado de Cambios, se define como vendedor en la coyuntura actual: “Yo soy vendedor. Yo creo que en estos valores, y esperando un resultado favorable para el gobierno, el lunes debería empezar a descomprimir”.
El comportamiento del mercado en las jornadas previas se ve influido por movimientos internacionales, intervenciones oficiales y el clima de cautela. El flujo comprador se mantiene firme pese a los anuncios orientados a sumar estabilidad —como la confirmación de líneas de financiamiento externo y reestructuraciones de deuda— mientras aumentan las dudas sobre la persistencia del control cambiario una vez pasado el evento electoral.
La avidez por dólares adquiere particular fuerza entre aquellos que privilegian la tranquilidad emocional antes que las consideraciones puramente financieras. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, lo resume al decir: “Es obvio que ante la incertidumbre electoral, el ahorrista tiende a dolarizarse. Pero, precisamente por esa incertidumbre y ante un escenario algo imprevisto en cuanto a resultados el próximo domingo, no sé si es momento de comprar. Pero, siempre aconsejo lo mismo: ¿cómo estás más tranquilo? ¿con dólares en el bolsillo? entonces comprá. Por el contrario, el valor actual parecería alto, pero, ‘in dubio, pro dólar’”.
Salvador Di Stéfano, asesor financiero, atribuye su postura vendedora a los resultados positivos de los principales indicadores económicos. “Hora de vender, hay superávit fiscal y comercial, con superávit gemelos, ¿por qué habría que devaluar?”, afirma. Destaca también la presencia de herramientas externas para afrontar compromisos financieros: “Tenemos un swap para pagar vencimientos de deuda en el año 2026. Podrían llegar más dólares para financiar los pagos de deuda 2027”. Además, subraya la llegada de fondos vinculados a nuevas inversiones: “Llegan muchos dólares de los RIGI, más proyectos de inversión de empresas nacionales e internacionales”. Según Di Stéfano, “las empresas argentinas consiguen financiamiento en el exterior, en los últimos 12 meses más de U$S 15.000 millones”. Para el año próximo, proyecta exportaciones altas: “Las exportaciones en el año 2026 superarían los U$S 90.000 millones, cambió la matriz energética, y este año exportaremos más de U$S 10.000 millones en energía”. Concluye que estos elementos sostienen su perspectiva de venta: “Con estos argumentos sobran para que el dólar baje”.
De fondo, la evolución del mercado revela que la plaza cambiaria se mueve al ritmo de las expectativas políticas, con la oferta y la demanda determinando los precios de referencia ante cada novedad. La cercanía de las elecciones acentúa la tensión y acota los márgenes de acción, mientras la política monetaria sostiene una lógica de intervención discreta, sin grandes cambios estructurales en la estrategia defensiva del Banco Central.
El lunes posterior a las elecciones se perfila como un día clave para medir el grado de confianza de los inversores y el éxito de las medidas de contención aplicadas en las últimas semanas. Tanto operadores como analistas aguardan definiciones, con estrategias diversificadas entre la cobertura por dolarización y la expectativa de que los precios actuales, aunque elevados, no sean necesariamente el piso futuro.
La variación de las cotizaciones oficiales y alternativas, combinada con el menú de expectativas e incertidumbres políticas, determina la búsqueda de refugio entre los actores del mercado. La posibilidad de movimientos adicionales en los valores cambiarios no puede descartarse mientras persista la volatilidad derivada del factor electoral.
Las miradas se mantienen sobre los datos de la jornada y el desarrollo de las últimas ruedas cambiarias antes de la elección, con la atención puesta en los límites de intervención y en los mecanismos disponibles para absorber o contener la demanda. La tensión financiera y la proximidad de la votación suman interrogantes sobre el camino futuro y las decisiones que pueden adoptar inversores, ahorristas y funcionarios.
ECONOMIA
Dueña del negocio de los pollos demora pagos y se conoce qué empresa de EE.UU. podría comprarla

Crece la tensión dentro de las plantas de Granja Tres Arroyos, la principal avícola de la Argentina. Los empleados de la firma vienen de llevar a cabo una medida de fuerza por 24 horas en reclamo por un nuevo retraso en el pago de las quincenas y, en paralelo, también hay demoras en el abono de las cuotas alimentarias. Esto último comprende un monto que se le descuenta a cada trabajador y se redirecciona a su núcleo familiar para cubrir gastos de educación y salud, entre otros ítems. El escenario de conflicto que atraviesa Granja Tres Arroyos también tiene al Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) como uno de los protagonistas de la situación. En torno a la avícola se señala que la empresa avanzaría con la fusión de algunos de sus frigoríficos, acentuaría el recorte de personal y hasta que sus propietarios negocian la venta de la avícola a capitales estadounidenses.
Según expuso en estos últimos días Miguel Klenner, secretario general del STIA, la compañía incumplió con el pago de las quincenas más recientes y la acumulación de incumplimientos salariales podría derivar en una medida de fuerza sindical a gran escala.
Si bien Granja Tres Arroyos hasta el momento no parece dar muestras de estar desacelerando su ritmo de producción, lo cierto es que el gremio sostiene que en los últimos años se recortaron al menos 400 puestos de trabajo.
Capitales estadounidenses, interesados en Granja Tres Arroyos
Hacia adelante, señalan voces ligadas al gremio de la Federación de la Carne, la firma proyecta reducir de 250 a 200 su dotación de operarios activos en su frigorífico Beccar, mientras que La China continuaría achicando personal: de los 1.200 trabajadores de los últimos años se pasaría a un número cercano a los 500 antes de que concluya 2025.
En paralelo, aumentan las versiones de que la avícola podría pasar a manos de capitales estadounidenses. Fuentes cercanas a la compañía señalan que la posibilidad de avanzar con un traspaso implicaría «una actualización de las instalaciones y la implementación de nuevas maquinarias, lo que formaría parte de un plan de modernización industrial» aunque, claro, una operación de esas características implicaría una ola de despidos.
«La venta de Granja Tres Arroyos a una empresa extranjera representaría una solución a los problemas financieros que aquejan al grupo desde hace meses. Fuentes dentro de la compañía indicaron que la inversión extranjera podría ser clave para solventar los compromisos financieros pendientes y poner en marcha el proceso de modernización», sostienen medios entrerrianos.
En ese distrito incluso se afirma que «los retrasos en el pago de los salarios podrían ser parte de una estrategia de la empresa para incentivar los retiros voluntarios y facilitar el ajuste de personal, en lugar de enfrentar una protesta masiva en un contexto de crisis económica y política en el país».
Con relación a la identidad de la compañía que podría quedarse con Granja Tres Arroyos, en el sector de la carne mencionan a Tyson Foods como la principal candidata. Se trata de una firma norteamericana que desde noviembre de 2022 ya controla el 34% de las acciones de la avícola argentina.
Tyson Foods es dueña desde hace décadas de la proveedora de genética avícola Cobb, clave para la generación de los pollos «parrilleros». Por ende, mantiene una relación histórica con Granja Tres Arroyos.
La avícola atraviesa una crisis que se acentúa
Sólo en lo que va del año la empresa lleva suprimidos más de 80 puestos de trabajo, con despidos que se concentraron mayormente en las instalaciones que la avícola posee en la entrerriana La China, en Concepción del Uruguay.
En diciembre del año pasado, Granja Tres Arroyos solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo. Y en ese mismo marco, anticipó que avanzaría con hasta 700 despidos y aplicaría, además, una reducción de salarios mediante la eliminación de adicionales.
En julio de este año, la compañía en cuestión, considerada la principal firma avícola de Argentina con una operación basada en ocho plantas que faenan hasta 700.000 pollos al día, informó a sus empleados que afrontaba complicaciones para abonar el medio aguinaldo.
Fuentes ligadas al sector avícola señalan que la empresa atraviesa dificultades a partir de la situación de crisis que evidencia el consumo y las complicaciones que el segmento exportador atravesó sobre todo en la primera parte del año.
La relevancia de la firma en el nicho de la producción de carne de pollo es clave: prácticamente el 20% del producto que se genera en la Argentina surge de las plantas de la empresa y hasta inicios de 2025 la avícola exportaba el 35% de todo lo que generaba.
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