Tras el registro inflacionario del 2,9% que dejó el índice de precios al consumidor de febrero, el Gobierno de Javier Milei aplicará desde el primer minuto del domingo un ajuste tarifario del 7,6% en las líneas de colectivos que unen los municipios del Gran Buenos Aires con la Capital Federal.

El aumento, que está casi un 170% por encima de la variación inflacionaria del mes pasado, forma parte del esquema de actualización tarifaria aprobado a principios de febrero que había incluido una suba inicial del 31%.

El boleto de colectivo en AMBA aumenta más que la inflación: las líneas incluidas

Con el nuevo cuadro tarifario, los boletos con tarjeta SUBE de las líneas metropolitanas pasarán a tener los siguientes valores: $ 700,00 (hasta 3 km.); $ 779,78 (3 a 6 km); $ 839,86 (6 a 12 km.); $ 899,99 (12 a 27 km.) y $ 959,71 (más de 27 km.).

Los aumentos impactarán en las 104 líneas del AMBA que están bajo la jurisdicción nacional de la Secretaría de Transporte que conduce Fernando Hermann. Ese bloque está integrado por las siguientes líneas:  1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

A partir de abril, la gestión libertaria prevé volver a aplicar el mismo mecanismo de actualización mensual que había implementado la anterior administración de Alberto Fernández y que consiste en tomar como base la inflación de dos meses atrás.

No se descarta que, tal como vienen haciendo el gobierno porteño y la provincia de Buenos Aires, se agregue a esa variación un porcentaje adicional del 2% para recomponer los ingresos de las empresas y reducir gradualmente los subsidios tarifarios.

Más allá de los aumentos por venir, las autoridades nacionales aseguraron que se mantendrá el sistema «Red SUBE» que permite descuentos en la tarifa al momento de realizar una o más combinaciones de transporte dentro del AMBA.

Además, en los casos que corresponda, se aplicará la Tarifa Social Federal (TSF) que habilita el descuento del 55% a través de la tarjeta SUBE. Esa bonificación alcanza a jubilados y pensionados, estudiantes del programa PROGRESAR, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, titulares de la AUH y la AUE, participantes de programas sociales, beneficiarios de seguros de empleo, pensiones no contributivas y monotributistas sociales inscriptos en el REDLES.

En el caso de las líneas de colectivos que dependen de la administración capitalina encabezada por Jorge Macri, el esquema automático de aumento vigente ya tiene definido cuál será el ajuste que registrarán los boletos a partir del 1 de abril.

La suba –basada en la inflación de febrero más un 2% adicional– llegará al 4,9% y elevará el boleto mínimo actual con tarjeta SUBE de $ 681,85 a $ 715,26. 

Bajo la órbita capitalina se encuentran las siguientes líneas que empiezan y terminan sus recorridos dentro del territorio porteño: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

En lo que respecta al Subte y Premetro, también quedó confirmado de antemano un ajuste del 4,9% para el próximo mes. El boleto actual para viajar en la red de subterráneos de $ 1.320 se irá a $ 1.385 y en el caso del Premetro, la tarifa vigente de $ 462 pasará a $ 489.

Por el lado de los colectivos intermunicipales que dependen del gobierno provincial bonaerense, el ajuste previsto para abril también rondará un 5%. El boleto mínimo con tarjeta SUBE para un viaje de hasta 3 kilómetros que hoy cuesta $ 832,57 7 trepará a $ 873,36.

El único servicio de transporte público del AMBA que, por ahora, no tiene previsto remarcar sus tarifas es el ferroviario. Los trenes de pasajeros tienen los boletos congelados desde agosto de 2024 y hasta nuevo aviso, la gestión libertaria seguirá manteniendo para los usuarios que tengan la SUBE registrada las siguientes tarifas: $ 280 para la primera sección; $ 360 la segunda sección de recorrido y $ 450 para los trayectos más largos.

Al analizar la situación tarifaria de los colectivos, el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET) destacó que «tras la eliminación del «Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior» en febrero de 2024, se produjo un abrupto salto en el nivel de tarifas de las líneas que operan fuera del ámbito del AMBA, llevando el boleto promedio por encima de los valores registrados en el año 2019″.

Agregó que «en términos reales, las tarifas actuales del AMBA alcanzan el 79% del valor que tenían en 2019. En tanto, en el interior del país, el boleto promedio se ubica un 42% arriba del precio que estaba vigente hace siete años».

Según el análisis del Observatorio, «medido contra el salario mínimo, vital y móvil; el costo del transporte público para los usuarios de la región metropolitana representa algo más del 10% de ese ingreso y se ubica por encima de los valores registrados en ciudades como Bogotá, Montevideo y Asunción de Paraguay».

De todas maneras, aún con los aumentos en juego, los boletos de colectivos en el AMBA seguirán estando en los niveles más bajos a nivel país y muy lejos de las tarifas mínimas de $ 2.046 que deben pagar los usuarios en Bariloche; $ 1.890 en Corrientes; $ 1.885 en Resistencia y $ 1.720 en Córdoba.

La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) permite actualizar la comparación del ritmo de aumento de precios en América Latina. Con un registro del 2,9% mensual, Argentina se consolida en el segundo puesto del ranking regional, solo superada por Venezuela, y mantiene una brecha significativa respecto al resto de las economías del cono sur, que presentan variaciones mayoritariamente por debajo del 1 por ciento.

En el acumulado del primer bimestre del año, el país registró una variación de precios del 5,9 por ciento. Este escenario se da en un contexto donde, tras una desaceleración previa, la inflación local muestra una tendencia alcista que se sostiene desde junio de 2025. Al mismo tiempo, el dato interanual se ubicó en el 33,1%, cifra que supera ampliamente los promedios anuales de los países vecinos.

Venezuela continúa ocupando el primer lugar de la medición regional con una marcada diferencia. Según los datos del Banco Central de Venezuela, la inflación de febrero fue del 14,60%, mientras que el acumulado del primer bimestre escaló al 51,90 por ciento. A pesar de ciertos periodos de estabilidad relativa en años anteriores, la dinámica de precios en ese país se mantiene en dos dígitos mensuales, reflejando grande desequilibrios macroeconómicos.

Argentina, en el segundo puesto con el mencionado 2,9%, se distancia del grupo de países con metas de inflación de un solo dígito anual. La evolución del IPC local en febrero estuvo traccionada por aumentos en servicios públicos y regulados, además del impacto estacional en ciertos rubros de consumo masivo.

Colombia se ubicó en el tercer escalón del ranking con una inflación mensual del 1,08% en febrero y un acumulado bimestral del 2,27%, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La economía colombiana ha enfrentado presiones por el lado de los precios de los alimentos y la indexación de contratos de arrendamiento, aunque mantiene una tendencia de convergencia hacia niveles más bajos respecto al año previo.

Por su parte, Perú registró una variación del 0,69% en febrero, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El acumulado de los primeros dos meses del año alcanzó el 0,72 por ciento. Según los medios locales, el país ha logrado mantener su estabilidad monetaria a pesar de las fluctuaciones en los precios internacionales de la energía, apoyado en una política monetaria restrictiva y una recuperación en la oferta de productos agrícolas tras eventos climáticos que habían afectado el inicio del año pasado.

Ecuador reportó una inflación del 0,21% mensual y un 0,57% acumulado en el primer bimestre. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de ese país refleja niveles de variación de precios que se encuentran entre los más bajos de la región, vinculados a la ausencia de expansión monetaria y a un consumo interno que mantiene una dinámica moderada.

Brasil, la principal economía de la región, mostró un IPC del 0,70% en febrero, con un acumulado bimestral del 1,03 por ciento. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el índice se vio influenciado por los costos de transporte y educación, típicos del segundo mes del año. No obstante, el Banco Central de Brasil mantiene una vigilancia estrecha sobre las expectativas de inflación para asegurar el cumplimiento de sus metas anuales.

Uruguay registró una inflación del 0,35% en febrero y un 1,27% en el primer bimestre. El Instituto Nacional de Estadística (INE) uruguayo ha destacado que el país atraviesa un ciclo de estabilidad prolongado; de hecho, en periodos recientes ha alcanzado sus niveles de inflación interanual más bajos en siete décadas. La apreciación de la moneda local frente al dólar y una política fiscal orientada al control del gasto han contribuido a este resultado.

En el caso de Paraguay y Chile, ambos países reportaron una variación del 0% en el segundo mes de 2026. Paraguay acumula un 0,60% en el bimestre, según el Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que Chile registra un 0,40% en el mismo periodo, de acuerdo al INE chileno. En Chile, la estabilidad se produce luego de un proceso de ajuste tras los picos inflacionarios de la post-pandemia, logrando anclar nuevamente las expectativas del mercado.

Bolivia fue el único país de la región que presentó una variación negativa de precios en febrero, con una deflación del -0,62%. De esta manera, el acumulado bimestral se situó en el 0,68 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística (INE) boliviano vincula estos movimientos a la caída estacional en el precio de productos básicos de la canasta alimentaria y al sistema de subsidios vigentes que mantiene regulados los costos de la energía y los combustibles.

La brecha entre Argentina y sus vecinos se manifiesta al observar que el dato mensual argentino (2,9%) es casi tres veces superior al de Colombia, que ocupa el tercer lugar. Si se compara con Brasil o Uruguay, la diferencia es de cuatro y ocho veces, respectivamente. Esta disparidad resalta la persistencia del fenómeno inflacionario en el país en contraste con una región que, en su mayoría, ha logrado estabilizar sus indicadores de precios tras los choques externos de los últimos años.

Ahora queda más clara la resistencia de Toto Caputo a cambiar la canasta que mide la inflación. Si se hubiera aplicado la metodología nueva, el IPC de febrero habría sido de 3,1%, un índice que, con apenas dos décimas por encima del IPC oficial, habría resultado nocivo políticamente para un gobierno que se aferra al discurso de que la inflación está bajando.

Lo cierto es que, contando febrero, van nueve meses consecutivos en los que la inflación se mantiene o sube, y cada vez le resulta más difícil al gobierno dar una explicación. Durante la campaña electoral del año pasado, el argumento preferido era la caída en la demanda de pesos causada por el «riesgo kuka». Pero las elecciones ya quedaron muy lejos, y no hay indicios de que la inflación esté aflojando.

Más bien al contrario, ni siquiera se puede recurrir al argumento de que lo importante es la «inflación núcleo», como hacía Javier Milei el año pasado, porque ahora ese indicador, con un 3,1%, también muestra una tendencia preocupante. Y resulta cada vez más difícil sostener el pronóstico de que en el segundo semestre el índice mensual será inferior al 1%.

La explicación de Caputo es que todavía no se completó el proceso de «cambios de precios relativos», que básicamente refiere a que los servicios -sobre todo, los regulados por el Estado-, tenían precios tan atrasados con respecto a los bienes, que lleva un período largo para que se llegue a una situación de equilibrio. Y es cierto que el gobierno de Milei recibió un sistema energético con «tarifas pisadas», pero también es verdad que los ajustes tarifarios más grandes fueron pospuestos para el momento post electoral.

La bomba tarifaria

Es así que, en febrero, el rubro «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» registró un explosivo incremento de 6,8%, más del doble de lo que venía marcando hasta fin del año pasado. No fue una sorpresa para nadie, dado que recién a partir de febrero se empezó a sentir con toda plenitud el recorte de los subsidios tarifarios para los hogares de ingresos medios.

Y la perspectiva de corto plazo es que esa recomposición tarifaria continuará. Ocurre que la necesidad de recortes de los subsidios -que representan un 6% del gasto presupuestario- se acentuó por la peligrosa tendencia en la recaudación impositiva: las cifras de ARCA marcaron en febrero la séptima caída consecutiva, medida en variación interanual real.

Ese rubro, que en la canasta del Indec tiene asignada una ponderación de 9,4% del presupuesto familiar, tendría un 14,5% si Caputo no hubiese cuestionado el cambio metodológico que propuso el resignado Marcos Lavagna.

De estar rigiendo la frustrada nueva canasta -que toma en cuenta patrones de consumo según un censo de 2018, mientras la canasta vigente considera un censo de 2004-, entonces se habría sumado casi dos puntos al IPC de febrero solamente por la incidencia de las tarifas de servicios públicos.

Sorpresa en el rubro alimenticio

Todo ese efecto estaba previsto por Caputo. En cambio, lo que resultó más sorpresivo fue que el rubro de alimentos, que después del pico de fin de año suele disminuir la presión alcista en el verano, continúa con una elevada tasa de aumentos.

Si bien se moderó respecto del impactante 4,7% de enero, el rubro alimenticio continúa muy por encima del promedio del año pasado, al registrar un 3,3% en un mes de apenas 28 días.

Los «villanos» del mes fueron, otra vez, las carnes. En el rubro vacuno, la paleta tuvo un incremento de 8,1% y el asado de 5,7%. Mientras que el pollo dio la nota con una suba de 10,2% en el mes.

Esta situación se da por una combinación de motivos locales y del mercado global. Los ganaderos, al ver subir el precio de la hacienda, tienen incentivo a engordar los animales y así recomponer el stock, que se redujo en casi 10 millones de cabezas tras la política de controles de precios en el gobierno kirchnerista.

Hay, además, un recorte en la producción global, y Argentina, con sus nuevos tratados comerciales, está posicionada para multiplicar su volumen de exportación, lo que genera un «efecto contagio» sobre las carnicerías.

Los expertos del negocio ganadero afirman que, dado el tiempo que lleva el ciclo biológico, los precios podrían seguir altos durante dos años.

La carne y el cambio de IPC

Esa es la parte que Caputo subestimó cuando tomó la decisión de mantener la actual canasta del Indec. Si hubiera aceptado el cambio, tal vez la categoría de alimentos habría neutralizado el efecto de la suba de tarifas.

Ocurre que en la canasta inflacionaria se le sigue asignando a la carne vacuna la misma ponderación en el presupuesto familiar que la que tenía en el año 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per capita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.

Y ese efecto nocivo no se limita al plano estadístico, sino que tiene peso político. En un país con altos índices de pobreza, la inflación del rubro de alimentos es la más sensible, y en buena medida es la que define la aprobación del plan económico de un gobierno.

En su primera etapa, el programa de Milei se pudo jactar de que los precios de alimentos subían menos que el promedio de la inflación, lo cual ayudaba a la caída en los índices de pobreza.

Pero desde octubre pasado esa tendencia se quebró, y ya van cinco meses consecutivos en los que la comida va por encima del resto de las categorías. Es algo que se ve más claro cuando se analiza la evolución de la canasta básica -la que marca el consumo mínimo para estar sobre la línea de pobreza- y la canasta alimentaria -la que indica una dieta diaria suficiente como para no estar en situación de indigencia-.

En febrero, la canasta alimentaria tuvo un incremento de 3,2%, lo que implica una variación de 37,6% en 12 meses. En cambio, el IPC fue de 2,9% en el mes y acumula un 33,1% mensual. Es una situación que habilita a los reclamos de ajustes superiores a la inflación para las jubilaciones y los salarios de las franjas de menores ingresos.

¿Marzo peor?

Y, acaso lo peor de todo, las perspectivas de marzo lucen feas. Ya se trata, de por sí, de un mes con alta inflación estacional, como consecuencia del impacto del inicio de clases y del cambio de temporada textil. Además, claro, seguirá presionando el factor tarifario. Pero, además, las consultoras privadas siguen registrando alzas de alimentos y pronostican que el IPC no se ubicaría debajo de 2,8%.

En definitiva, serán días en los que la capacidad persuasiva de Toto Caputo deberá esforzarse al extremo, dado que este pico inflacionario se produce justo cuando la mayoría de los gremios está renegociando los ajustes de salarios. Y, por otra parte, cuando el gobierno intenta convencer al sector financiero de que baje las tasas de interés en pesos para que se expanda el crédito al consumo y la producción.