La prórroga por un año del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que anunció el pasado miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, vuelve a abrir una puerta para que la industria automotriz argentina pueda aplicar al programa que le permitiría producir vehículos electrificados con beneficios impositivos y estabilidad de condiciones por 30 años, lo que redundaría en automóviles con menor costo de producción que puedan tener mejores precios en el mercado.

Aunque originalmente se habían anunciado varios proyectos industriales que pretendían entrar al RIGI, técnicamente no se pudo avanzar a la velocidad que estas inversiones requerían en la agenda entre las automotrices y el Gobierno, y con solo cuatro meses de plazo para inscribirse, las reformas que pedían las marcas como necesidades que facilitaran la aplicación estaban en un aparente “callejón sin salida”.

La decisión de postergar esa fecha límite para entrar al programa permitirá retomar las reuniones, que hoy son meramente técnicas, y en las que aún estando de acuerdo en las necesidades de la industria, se debe reglamentar cuidadosamente cada modificación.

El punto en conflicto es, básicamente, la exigencia que plantea la reglamentación del programa de tener una empresa exclusivamente destinada a producir bajo estos beneficios, con lo cual las automotrices deberían abrir una nueva compañía en paralelo con la existente.

A esa situación se la denomina en el sector como tener “doble CUIT” (Clave Única de Información Tributaria), que no es algo tan complicado en sí mismo, pero que termina generando un sobrecosto, especialmente impositivo, si una de las empresas tiene que facturarle a la otra por partes, servicios, empleos, etc.

“El problema es que si en una línea de producción viene un auto con motor de combustión y atrás viene uno híbrido (como suele ocurrir en las fábricas de autos con las versiones de los modelos), hay que definir quién le paga el sueldo al operario, o quién paga el costo de uso de la herramienta que hace una operación sobre cada vehículo. Si una empresa le tiene que facturar a la otra, cada operación implica pagar impuestos innecesarios porque en realidad es la misma marca produciendo el mismo vehículo en la misma línea”, explicaron desde una automotriz a Infobae.

La primera marca en proyectar su ingreso fue Renault, que a mitad de 2024, al anunciar el programa de la nueva pick-up Niágara que se comenzará a fabricar en el segundo semestre de este año, confirmó su decisión de hacerlo al amparo del RIGI, ya que el vehículo tendrá una plataforma nueva, multipropulsión, que incluye versiones híbridas.

De hecho, en la víspera del anuncio, Pablo Sibilla (CEO de Renault Argentina) y Luis Pedrucci (por entonces CEO Latam) tuvieron una reunión con el Ministro de Economía y su equipo para manifestarle esta decisión y ambas partes acordaron darlo a publicidad.

Sin embargo, pasaron los meses y la propia compañía empezó a dejar trascender datos acerca de un estudio más profundo en el que se evaluaron costos y beneficios de entrar al RIGI, que estableció que gran parte de los beneficios también se logran con la Ley de Promoción de la Industria Automotor y Autopartista vigente, y que vence recién el 31 de diciembre de 2031.

“Tal como fue reglamentado, el RIGI requiere abrir otra sociedad específica. Eso obliga a estudiar realmente los beneficios pero también los impactos fiscales que tiene crear otra empresa específica para un proyecto determinado. Tenemos que ver si los beneficios son mayores que las complejidades de ingresar al RIGI”, señaló Sibilla al explicar los motivos de la demora.

Más adelante en el año, se anunciaron otros dos programas industriales que también podrían entrar al RIGI. Primero fue el de la nueva pick-up Amarok que Volkswagen Argentina comenzará a fabricar en 2027 en General Pacheco, y que tiene una plataforma completamente nueva sobre la cual se pueden montar motorizaciones de distintas tecnologías.

Al igual que ocurrió con Renault, hubo una reunión entre los directivos y el Gobierno, luego de la cual Caputo posteó en su red social X que la nueva pick-up tendrá una versión híbrida, algo que la marca no había anunciado oficialmente, y por la cual el proyecto podía entrar al RIGI.

Finalmente, terminando 2025, Ford anunció que también desde 2027 se fabricará en su planta nacional la versión híbrida enchufable de la pick-up Ford Ranger, otro vehículo que por su tecnología podría entrar al programa de incentivos para las grandes inversiones.

Martín Galdeano, presidente de la compañía a nivel sudamericano, explicó que “no sólo es el doble CUIT. El RIGI te permite compartir plataformas ya existentes pero hay que definir muchas cosas. Quién paga los sueldos de los empleados, si se tienen que facturar entre la empresa A y la empresa B los elementos que hace una y usa la otra, a quién le facturan los proveedores, el doble pago de impuestos por operaciones entre ambas empresas, y muchas cosas más que quizás no se nos ocurren ahora, pero que los equipos de contabilidad están estudiando. Para el Gobierno será más fácil fiscalizarlo, pero esa dificultad se la trasladan a los fabricantes”, señaló.

Stellantis también empezó a producir versiones de Peugeot 208 y 2008 microhíbridos en Palomar para exportar a Brasil, y anunció que comenzarán a venderse en Argentina este año. Toyota confirmó que la nueva pick-up Hilux llegará en 2027 a la planta de Zárate y tendrá versiones híbridas también, ya que actualmente los híbridos de Corolla, Corolla Cross y Yaris Cross se hacen en Brasil.

La extensión del plazo por un año más permitirá que se pueda avanzar en solucionar estas diferencias de criterio entre la reglamentación existente y las necesidades de las automotrices. La nueva fecha es ahora junio de 2027.

Argentina atraviesa un reacomodamiento empresario que combina señales dispares: en las últimas semanas, conviven cierres de plantas industriales, la venta de activos históricos y procesos de reestructuración, junto con el anuncio de proyectos millonarios en energía y minería que prometen transformar el mapa productivo y exportador del país.

El hilo conductor es la competitividad y la seguridad jurídica. Los sectores orientados al mercado interno enfrentan un consumo todavía débil, con costos elevados en dólares y una mayor presión importadora, mientras que los grandes desembolsos privados se concentran en actividades con perfil exportador o ancladas en recursos naturales.

El nuevo mapa de la inversión empieza a mostrar cuáles complejos y cuáles, incluso, encuentran oportunidad para expandirse. Otros, acuden a herramientas para reducir sus plantillas de empleados, reordenar las finanzas o directamente optan por cerrar plantas productivas.

Esta tensión afecta afecta a parte de la industria tradicional: en los últimos meses, se registraron cese de actividades y repliegues que encendieron alertas sobre la capacidad de competir en un escenario de apertura comercial y costos impositivos altos. Destacan el caso reciente fue el de la fábrica de neumáticos argentina Fate, que anunció el cierre de su planta, bajo fuerte presión de importaciones y caída de actividad que la llevó a operar al 30% de la capacidad fabril instalada.

La textil Emilio Alal bajó las persianas de sus fábricas en Corrientes y Chaco a comienzos de año, mientras TN & Platex, fabricante de Nike y Adidas cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en Tucumán, y solicitó su concurso preventivo de acreedores y Whirlpool, que el año pasado cerró su planta de lavarropas en Pilar -inaugurada solo tres años antes- y despidió a más de 200 trabajadores para concentrar su operación en la importación de productos terminados.

En paralelo, la canadiense Saputo vendió el 80% de su negocio lácteo local al grupo peruano Gloria en una operación valuada en USD 500 millones. Incluso en retail, el mercado especuló con una eventual venta de Carrefour en el país, aunque finalmente la operación no avanzó.

La industria automotriz no quedó al margen. La producción mostró retrocesos en los últimos meses, presionada por menores exportaciones, en especial a Brasil, y por una estructura de costos que vuelve más exigente la competencia externa. El freno en uno de los complejos industriales más relevantes del país resalta la necesidad de una discusión acerca de la competitividad sistémica.

A ese cuadro se suman casos de estrés financiero como el de la biotecnológica Bioceres, que atravesó un proceso de fuerte reestructuración en medio de tensiones en el mercado de capitales y caída en su valuación.

Al mismo tiempo que algunas actividades se repliegan, emergen proyectos que redefinen el mapa productivo. En energía, uno de los hitos más importantes del período es el proyecto de licuefacción de GNL impulsado por el consorcio Southern Energy -integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG-. Este prevé inversiones por hasta USD 30.000 millones para construir la infraestructura de exportación de GNL desde Río Negro y Neuquén, incluyendo unidades flotantes de licuefacción y tendido de ductos.

También en Vaca Muerta, la firma local Vista Energy se quedó con los activos de la noruega Equinor por USD 712 millones, lo que la posicionó como la mayor petrolera privada en shale oil del yacimiento.

Se suman los proyectos mineros de gran escala. En la provincia de San Juan, la minera Vicuña anunció una inversión de USD 18.000 millones para desarrollar depósitos de cobre, oro y plata hasta 2030, el mayor desembolso privado directo extranjero reciente. La empresa destacó que la existencia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue un factor crítico para decidir la ubicación del proyecto en Argentina y no en otra parte del mundo. El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, afirmó en un encuentro con la prensa del que participó Infobae: “El RIGI es crítico, sin esa herramienta no habría proyecto”.

También la minera canadiense First Quantum, operadora del proyecto de cobre Taca Taca en Salta, elevó recientemente su inversión estimada a USD 5.250 millones, superando la cifra anterior de USD 3.600 millones. En un informe técnico, la empresa explicó que el incremento en el desembolso se debe a una actualización de costos y a la ampliación del emprendimiento, que permitirá producir 40.000 toneladas adicionales de cobre por año respecto a lo previsto.

De esta manera, la producción anual promedio durante los primeros diez años alcanzará las 291.000 toneladas de cobre, lo que a precios actuales representa exportaciones por USD 3.400 millones.

En paralelo, el proyecto minero Los Azules, encabezado por McEwen Copper para la explotación de cobre en San Juan, proyecta desembolsos por más de USD 2.600 millones una vez que se concreten las etapas de factibilidad y construcción. La multinacional anglo-australiana Rio Tinto, por su parte, llevará adelante inversiones por unos USD 2.724 millones para expandir la producción de litio en Salta, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales del llamado ‘oro blanco’ apto para baterías.

Este conjunto de iniciativas se concretó en un contexto en el que el RIGI se convirtió en la herramienta central para atraer capitales de largo plazo. En todos los casos, los inversores destacaron la necesidad de contar con estabilidad fiscal, acceso previsible a divisas y reglas claras para proyectos que demandan desembolsos iniciales multimillonarios y plazos de ejecución de más de una década.

El resultado es un mapa de inversión cada vez más concentrado en determinadas provincias y complejos productivos. Neuquén y Río Negro se consolidan como el epicentro del nuevo ciclo energético, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos asociados al GNL. San Juan y Salta ganan preponderancia de la mano del cobre y el litio, con desembolsos que superan los USD 20.000 millones en conjunto y que transformarán a la minería en uno de los principales motores de ingreso de divisas proyectado para la próxima década.

El contraste es evidente. Mientras el eje energético-minero concentra inversiones de escala inédita y horizonte exportador, buena parte de la industria orientada al mercado interno enfrenta una transición marcada por ajustes, ventas y reestructuraciones. El nuevo mapa productivo no solo redefine qué sectores crecen, sino también qué provincias captan los mayores flujos de capital y cuáles deben reconfigurar su estructura económica para recuperar competitividad.

El contexto económico de Argentina ha vuelto a poner en el centro del debate la precisión y la metodología de las estadísticas oficiales. Recientemente, el Gobierno nacional tomó la decisión de postergar de manera indefinida la implementación de la nueva fórmula para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que estaba prevista para entrar en vigencia con los datos de enero.

Esta determinación, que llevó a Marco Lavagna a renunciar a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se fundamentó en la intención oficial de esperar a que el proceso de desinflación se consolide, pero según la mayoría de los economistas generó un “ruido” innecesario en torno de los datos estadístics oficiales y en particular sobre los de inflación

En este escenario de postergaciones técnicas por motivos de oportunidad política, un análisis de la economista Rebecca Riley en la revista Finanzas & Desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI), advierte los peligros de no modernizar las mediciones. Las estadísticas tradicionales, sostiene, están perdiendo la capacidad de captar la realidad de una economía reconfigurada por la tecnología y los activos intangibles, lo que sumerge a los responsables de las políticas en una peligrosa ceguera informativa.

La tesis central de Riley apunta a que las evaluaciones actuales de las economías mundiales podrían estar omitiendo billones de dólares en actividad económica. Según la experta, los parámetros para calcular el PIB y la inflación no logran adaptarse a la vertiginosa evolución de los modelos de negocio. Al respecto, el artículo es tajante: “Sin información precisa sobre el verdadero estado de la economía, las autoridades económicas se verán sumidas en la incertidumbre, sin saber cuándo pisar el acelerador para enfrentar una recesión o cuándo pisar el freno para ralentizar la inflación”.

Esta falta de precisión no es un detalle técnico menor, sino que afecta directamente la capacidad de los bancos centrales y las autoridades fiscales para guiar el crecimiento. La economista advierte que, aunque el mundo digital ofrece una abundancia de datos nuevos, los sistemas oficiales siguen anclados en conceptos antiguos. “Básicamente, los avances tecnológicos han reconfigurado nuestra economía, pero nosotros estamos tardando en reconfigurar nuestras estadísticas económicas, y eso crea un enorme punto ciego para quienes deben tomar decisiones”, señala la autora.

Uno de los pilares del análisis de Riley, y que resuena con especial fuerza en el debate argentino, es la necesidad de innovar en los índices de precios al consumidor. El método tradicional, basado en encuestas presenciales y seguimiento minorista, presenta signos de agotamiento. Riley destaca que “se trata de una labor costosa y cada vez más difícil porque las personas muestran menos disposición a responder a las encuestas”.

Ante esta realidad, la propuesta del FMI se centra en integrar fuentes de datos que ya existen en el sector privado pero que no siempre son aprovechadas por los organismos estatales. La economista detalla cómo la tecnología de consumo diario puede convertirse en la base de la estadística moderna:

“El mayor uso de códigos de barras y escáneres en los comercios minoristas y la prevalencia de datos en línea están cambiando las reglas del juego. Durante el último decenio, los organismos de estadística de los Países Bajos, Australia y el Canadá han incorporado gradualmente los datos de los puntos de venta en los índices de precios al consumidor”.

Para Riley, la incorporación de estos datos de escáner permite medir la evolución de los precios de una forma “más puntual y exacta”. Además, subraya que este enfoque ayuda a captar de mejor manera las experiencias heterogéneas de los consumidores en distintos puntos del país y con diversos niveles de ingreso, superando las limitaciones de los promedios generales que suelen ocultar realidades económicas divergentes.

El análisis de Riley también profundiza en por qué el PIB real y la productividad parecen estancados en muchas regiones a pesar de la innovación constante. La respuesta reside en la creciente importancia de los activos intangibles, como el software, las bases de datos y la cultura organizacional. En muchas economías avanzadas, la inversión en estos rubros ya iguala a la de bienes físicos, representando cifras que llegan a los billones de dólares. Sin embargo, “los cálculos oficiales de productividad y PIB no reflejan completamente esos activos intangibles”, afirma la autora.

A esto se suma el desafío de los servicios digitales gratuitos. El uso de motores de búsqueda, plataformas sociales y software de código abierto tiene un costo monetario nulo para el usuario, pero un valor económico inmenso. Riley cita investigaciones preliminares realizadas en el Reino Unido que sitúan el valor de estos servicios digitales de recreación en un 8% del PIB nominal. Al no haber una transacción monetaria, estos aportes al bienestar y a la actividad quedan fuera de las cuentas nacionales, distorsionando la percepción de la riqueza real generada por la sociedad.

La economista del FMI remarca que la economía de hoy, caracterizada por la abundancia de datos, requiere una reconfiguración total de las estadísticas para reflejar las nuevas realidades de la globalización y la digitalización. Aunque este año se espera una actualización del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) —la primera desde 2008—, el camino hacia la implementación efectiva es complejo debido a la necesidad de grandes inversiones iniciales y capacidades técnicas superiores.

Riley hace hincapié en que la obtención de estadísticas valiosas requiere superar la resistencia burocrática y financiar la modernización de los sistemas. “Es posible que se esté erosionando nuestra capacidad para vigilar la economía y tomar decisiones fundamentadas porque quizás hay billones de dólares de actividad económica que no se están contabilizando o que se están contabilizando sin suficiente detalle”, advierte.

La propuesta final es un llamado a la colaboración transnacional y multisectorial. Riley argumenta que los organismos estadísticos no pueden resolver estos vacíos por sí solos; necesitan acuerdos de intercambio de datos con el sector privado y marcos jurídicos actualizados. En conclusión, el artículo del FMI subraya que el rigor estadístico, la transparencia y el acceso igualitario a la información son las únicas herramientas capaces de disipar el “ruido de los datos” y permitir una gestión económica eficiente en el siglo XXI. Sin este esfuerzo coordinado, las autoridades seguirán operando con mapas obsoletos en un territorio económico que ya ha cambiado por completo.