La celebración por la apertura del mercado estadounidense a la carne argentina puede tener su «lado B»: ya se esta notando en el mercado de Cañuelas un sostenido aumento del ganado, con el novillito en $5.000 por kilo vivo, un 42% por encima del precio de octubre y un 25% más que en diciembre, en plena suba estacional del consumo.

En las carnicerías, el precio para los consumidores aumentó un 4,1% en las últimas cuatro semanas, según el relevamiento de inflación de alimentos que realiza la consultora LCG. El consumo local viene recuperándose y cerró el año pasado con un promedio de 116,4 kilos per capita, de los cuales unos 49,9 kilos corresponden a cortes vacunos.

Y la perspectiva de un boom exportador siempre renovó en Argentina el viejo debate respecto de si el mercado internacional puede presionar los precios del mercado interno. No hay que ir muy atrás en el tiempo para ver políticas que demonizaban la exportación en momentos de inflación alta: los topes a la exportación en las gestiones de Cristina Kirchner y luego en la de Alberto Fernández, cuando se «culpaba» a la demanda china por la presión inflacionaria.

En aquel entonces, los ganaderos locales se defendían con el argumento de que el tipo de carne que se consume en China no es el mismo que compran los argentinos, por lo que no existía esa tensión. Sin embargo, el tema dio para una intensa polémica.

¿Y ahora? En Estados Unidos se consume una carne de alta calidad, lo cual queda en evidencia en las estadísticas. A pesar de que China es el destino del 65% de la exportación cárnica argentina -medida en volumen-, sólo representa 48% medida en dólares. El mercado estadounidense, en cambio, que el año pasado compró apenas un 5% del volumen, representó casi el 8% de la facturación, según un reporte de la Fundación Mediterránea.

¿Presión sobre los precios?

¿Hay que preocuparse por una presión al alza de los precios de la carne en el mercado doméstico? En una situación normal, la respuesta sería un rotundo no. Después de todo, por más que el gobierno y los ganaderos celebren el acuerdo, Argentina seguirá siendo un proveedor marginal del mercado estadounidense -actualmente es un 2% de las importaciones del país del norte-.

Para ponerlo en números, las 100.000 toneladas anuales que están comprendidas en el acuerdo equivalen aproximadamente al volumen que el año pasado exportó Uruguay a EE.UU.

Y por encima de Argentina se han ubicado en los últimos años Australia, Canadá, Brasil, Nueva Zelanda y México. Nuestro vecino del Mercosur exportó diez veces más que Argentina al principal mercado consumidor. Esto ayuda a entender que, si bien para el sector frigorífico se trata de una oportunidad histórica, tampoco se trata de cifras capaces de desestabilizar un mercado.

Sin embargo, desde hace meses que los expertos en el negocio ganadero están advirtiendo sobre una escasez de novillos y reducción del rodeo, justo cuando se intensifica la demanda internacional.

Los precios internos fueron afectados por la especulación cambiaria, lo que llevó a bajos niveles de venta y caída de márgenes para los ganaderos. Ahora, tras la suba de precios de fin de año, el esquema cambió, pero en el negocio pecuario los tiempos dependen de los ciclos biológicos, por lo que hay dudas sobre la capacidad de respuesta de la oferta.

En el sector frigorífico transmiten confianza respecto de la capacidad de crecimiento en el stock, aunque advierten que el proceso puede implicar dos años de precios altos mientras la hacienda se recompone. Y esta situación ha llevado incluso a pronósticos sobre importación de carne brasileña para abaratar la oferta en los momentos de picos de consumo.

«Siempre escuchamos que tenemos un stock que no crece, necesitamos crecer en oferta y tener un Estado que genere condiciones de negocios. Y una de esas condiciones es el precio. Y hoy tenemos precio de hacienda que son récords históricos», dijo Daniel Urcía, presidente de la gremial Fifra, en un foro de Agroeducación.  

Los tiempos del negocio requieren una certidumbre sobre sostenimiento de precios con un horizonte de cuatro años, y los más optimistas en el sector cárnico argentino creen que esas condiciones hoy están dadas.

EE.UU. con demanda insatisfecha

«Para los exportadores locales, el desafío pasa por mantener la continuidad y la consistencia de la oferta, aprovechando los buenos precios pero sin perder de vista los condicionamientos del mercado norteamericano, que suele priorizar la previsibilidad y la calidad constante por sobre las grandes cantidades», apuntaba el analista Nicolás Razzetti, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de aumentar la cuota de exportación.

Lo que parece asegurado es la continuidad de la demanda estadounidense, dado que se produjo una reducción del rodeo vacuno, que llegó a un mínimo histórico de 95 millones de cabezas, y que luce incapaz de satisfacer la demanda para el principal mercado consumidor del mundo.

Esa situación contribuyó a una agudización de la inflación en Estados Unidos, lo que derivó en que la administración Trump priorizara el incremento de la importación. El reporte de diciembre del USDA (Ministerio de Agricultura) advirtió que en 2026 disminuirá la producción vacuna tanto en Oceanía, Brasil y Estados Unidos. Eso deja margen para que la exportación argentina gane competitividad -en los últimos años sus precios superaban al promedio regional- y se expanda un 7% en volumen.

Hablando en números, la previsión de la agencia estadounidense es que Argentina exporte este año unas 810.000 toneladas al mercado global, con lo cual se ubicaría en el quinto puesto del ranking, detrás de Brasil, Australia, India y EE.UU., cuyos volúmenes sufrirán recortes.

En cuanto a los compradores, China sigue liderando la tabla, aunque se prevé una leve baja en las compras. En cambio, Estados Unidos aumentará un 2% su importación, que totalizaría 2,47 millones de toneladas.

En términos de ingreso de dólares, para Argentina, con los actuales precios del mercado internacional, la mejora en el acceso a EE.UU. implicaría un potencial de u$s800 millones, según estiman en el sector cárnico.

El dólar mayorista cedió diez pesos o 0,7%, a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero. A lo largo de la semana, el tipo de cambio oficial experimentó un descenso de 15 pesos o 1 por ciento. Asimismo, desde que empezó el 2025 el dólar comercial resignó 23 pesos o 1,6 por ciento.

Los negocios en el segmento de contado fueron de importantes 541,9 millones de dólares.

Dado que el Banco Central fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.574,05, el dólar mayorista quedó a 142,05 pesos o 9,9% de ese límite de libre flotación, el margen más amplio desde el 13 de octubre del año pasado (10,2%).

En forma similar al mayorista, el dólar al público restó diez pesos o 0,7%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación.

En tanto, la cotización del dólar blue retrocedió cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta, piso desde el 5 de diciembre. El billete informal recorta en febrero 35 pesos o 2,4%, mientras que en el primer tramo de 2026 descuenta 95 pesos o 6,2 por ciento.

“El mercado va a seguir muy de cerca las compras en el MULC en un contexto en que la demanda estacional de pesos comienza a ceder. En tanto, el BCRA flexibilizó algunas disposiciones relativas a encajes para dar algo más de aire a la liquidez de entidades financieras, en lo que es otro paso mas hacia una mayor monetización de la economía en pesos”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

El jueves el Tesoro argentino hizo efectivo un pago por USD 832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que una misión técnica del organismos e encuentra en el país, para analizar junto al equipo económico del ministro Luis Caputo el cumplimiento de las metas dela cuerdo de facilidades extendidas.

El equipo de Research de Adcap Grupo Financiero indicó que “Caputo brindó más detalles en una entrevista radial, donde explicó que el Tesoro había comprado DEG al Tesoro de Estados Unidos y luego los utilizó para cumplir con el pago al FMI. Sin embargo, al viernes el Tesoro contaría con apenas USD 526 millones en cuentas del Banco Central, y el propio Caputo subrayó que la operación no implicó nueva deuda, lo que sugiere que al menos una parte de la compra de DEG podría haberse financiado en pesos”.

“Por su parte, el Tesoro estadounidense confirmó que la venta de DEG tuvo lugar el jueves pasado. Por el momento, no está claro por qué el Gobierno eligió este mecanismo para pagarle al FMI, aunque vale recordar que un esquema similar ya había sido utilizado en octubre”, añadieron desde Adcap Grupo Financiero.

“La preocupación del BCRA por los desvíos experimentados en el proceso de desinflación se traduce en recuperar el ‘ancla cambiaria’ para disciplinar las actualizaciones de precios. Por el momento, el objetivo -no explicitado- es estabilizar el tipo de cambio nominal en torno a los 1.450 pesos por dólar, recurriendo a una política de “rienda corta” en términos monetarios», consideró Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Las compras netas de dólares a un ritmo de 60 millones/día llevó a bajas sucesivas de riesgo país, lo cual ayudó a contener la demanda de divisas por particulares y activó emisiones de deuda de compañías y provincias -de las concretadas, por más de 8.000 millones de dólares, menos de la mitad de las divisas han sido ‘descargadas’ en el mercado oficial de cambios-. Este principio de ‘círculo virtuoso’, de todos modos, necesita girar varias veces para impactar en la economía real, más allá del hecho que hay una contribución positiva por la merma experimentada en la ‘fuga de capitales’ de personas físicas”, agregó Vasconcelos.

Por otra parte, el BCRA permitió a los bancos trasladar hasta 5% de su encaje mínimo mensual al mes siguiente. La medida no implica una reducción de los encajes, pero brinda mayor flexibilidad operativa.

El proceso judicial vinculado a la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo cuando la República Argentina entregó ante la corte del Distrito Sur de Nueva York una declaración jurada sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El escrito responde a una solicitud del tribunal a cargo de la jueza Loretta Preska, quien falló a favor del fondo Burford Capital en la causa por la estatización de la petrolera.

La defensa argentina sostuvo ante la magistrada que las reservas internacionales del BCRA tienen inmunidad y no pueden ser objeto de ejecución judicial en los Estados Unidos ni en ningún otro país, independientemente de cualquier pedido de discovery. Esta posición se plasmó en una declaración jurada firmada por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.

El documento dejó constancia del conocimiento disponible en la repartición sobre la ubicación y administración del oro, mencionando que se consultó al ministro de Economía, Luis Caputo, así como al Ministerio de Seguridad y al propio BCRA, que ratificó la imposibilidad de entregar la información requerida.

La declaración argentina llegó tras la negativa inicial a revelar detalles sobre las tenencias internacionales de oro del BCRA, un tema sensible debido al interés de los fondos demandantes en identificar bienes susceptibles de ejecución para cumplir la sentencia dictada por la expropiación de YPF. El pedido de información incluyó la identificación de cuentas, movimientos y localización del oro, así como la disposición de un funcionario con conocimiento directo para declarar sobre el tema.

El BCRA remarcó que entregar información sobre la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas utilizadas para mantener activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria, así como el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero. Según el organismo, la administración de las reservas constituye una función bajo su órbita como ente autárquico, y responder a solicitudes de este tipo vulneraría su independencia funcional.

Fuentes oficiales subrayaron que “las reservas del BCRA gozan de inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos, en la Argentina ni en ningún otro país, con independencia de cualquier solicitud de discovery”. Además, afirmaron que “cualquier información relacionada con la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas que utiliza para mantener sus activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del propio sistema financiero”.

La posición del Estado argentino se apoyó en la consulta a diversas áreas del Gobierno, incluyendo al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Economía, así como al propio BCRA, que reiteró su postura de proteger la confidencialidad y el resguardo de las reservas internacionales.

El conflicto se inscribe en el marco de la ejecución de la sentencia por la expropiación de YPF, que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management. Los demandantes vienen insistiendo desde mayo de 2024 mediante pedidos formales de discovery para obtener información clave sobre los activos del país, en particular sobre más de 1.000 millones de dólares en reservas de oro.

A pesar de que la jueza Preska ordenó expresamente en agosto de 2025 que la Argentina presentara a un testigo para declarar sobre el oro, la defensa argentina sostuvo que el representante enviado no contaba con las credenciales ni la preparación requeridas para responder a las preguntas del tribunal. Ante la falta de respuesta satisfactoria, los fondos solicitaron la convocatoria a una audiencia probatoria con la comparecencia de funcionarios con conocimiento directo, incluyendo al ministro Caputo.

La declaración jurada presentada por el secretario Legal y Técnico de Economía buscó dejar en claro el alcance de la información disponible por parte del Estado y el criterio adoptado respecto al resguardo de datos sensibles. El BCRA insistió en que revelar detalles sobre la localización del oro comprometería la política de seguridad y la autonomía de la entidad, además de contrariar el interés público.

La Procuración del Tesoro también intervino en la presentación, reiterando que la información sobre las reservas se encuentra bajo la administración exclusiva del BCRA y que facilitar esos datos “vulneraría su independencia funcional”. El criterio de confidencialidad, argumentaron, se justifica por razones de seguridad, respaldo de los depósitos y resguardo del sistema financiero.

El pedido de discovery de los fondos incluyó la exigencia de que el Estado argentino identificara dónde se encuentra el oro, en qué cuentas está depositado y cómo llegó allí, además de poner a disposición un funcionario capacitado. Si la Argentina alegaba no tener acceso a la información por estar bajo control del BCRA, los demandantes pidieron la convocatoria a una audiencia con funcionarios con conocimiento directo.

Hasta el momento, la jueza Preska no emitió una resolución definitiva sobre la solicitud de los fondos ni sobre la posibilidad de realizar una audiencia específica sobre el oro. Tampoco resolvió el pedido de suspensión de todo el proceso de discovery que la defensa argentina presentó ante el tribunal. En caso de rechazo, la defensa anticipó que recurrirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

La postura argentina incluyó la advertencia sobre la legitimidad de los pedidos de información y la defensa de los principios constitucionales y de derecho internacional. En despachos oficiales no ocultan su cansancio con estos pedidos a los que consideran ilegítimos porque vulneran las leyes locales, la Constitución Nacional y los principios básicos del derecho internacional.

El conflicto judicial por YPF y sus derivaciones sobre los activos del BCRA representa un punto de tensión relevante para la política económica y financiera argentina, en un contexto de presión internacional por el cumplimiento de la sentencia y el resguardo de los intereses soberanos.

La situación genera incertidumbre sobre los próximos pasos en el proceso judicial y sobre la estrategia del Estado argentino para proteger sus reservas internacionales y evitar eventuales embargos o ejecuciones en el exterior.