Con un barril de crudo que quebró la barrera de los u$s100 promedio tras escalar un 50% desde el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 27 de febrero, el precio de los combustibles en la Argentina registró en marzo de 2026 su máximo nivel histórico.

El aumento de los precios en los surtidores responde a una combinación de factores externos e internos. Por un lado, las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz pero por el otro, es explícita la decisión de la Secretaría de Energía de no intervenir en el proceso de fijación de precios -aunque sí en el componente impositivo y de biocombustibles- para atenuar esos shocks, lo que permitió que los conflictos externos impactaran de lleno en los surtidores locales y de manera indirecta en la inflación.

Como resultado, de acuerdo a un informe del Centro de de Economía Política Argentina (CEPA), «el precio de las naftas en Argentina nunca fue tan caro como en marzo de 2026: medidos en dólares para aislar el efecto de la inflación y la volatilidad cambiaria, los valores muestran un salto significativo respecto a los promedios históricos».

La nafta súper, cuyo precio más bajo en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en $1.999 por litro, entre enero de 2018 y febrero de 2026 promedió u$s0,94 por litro, con un máximo de u$s1,26 en abril de 2018 y un mínimo de u$s0,69 en septiembre de 2023.

Sin embargo, la dinámica de las ultimas cinco semanas permitió que esos valores alcanzaran en marzo de 2026 los u$s1,43, es decir, un 52% por encima de su promedio histórico.

Con un barril por encima de los u$s100 promedio durante la ultima semana, el crudo experimentó un incremento en torno al 50% desde el 27 de febrero, el día previo al primer ataque de Estados Unidos sobre Irán. Por entonces el Brent cotizaba a u$s72 en una estabilidad desde principios de año, pero a partir del conflicto la repercusión en los surtidores llevó el precio a un alza por sobre el 20% de acuerdo a distintos relevamientos privados.

Los precios de la nafta y el gasoil

Ante ese escenario externo, el comportamiento de la nafta premium y el gasoil fue similar. La premium promedió en el mismo período u$s1,12 por litro, con un máximo de u$s1,48 en abril de 2018 y un mínimo de u$s0,86 en julio de 2020, hasta escalar en marzo de 2026 a u$s1,58, un 41% por encima del promedio.

El gasoil, por su parte, pasó de un promedio de u$s0,92 por litro, con un máximo de u$s1,18 en febrero de 2026 y un mínimo de u$s0,70 en julio de 2020, a ubicarse en u$s1,48 en marzo último, lo que representa un incremento del 61% frente a su valor medio histórico, de acuerdo al CEPA.

Para intentar moderar el impacto social de estas subas, el Poder Ejecutivo activó mecanismos de alivio parcial. Mediante el Decreto 217/2026, se dispuso suspender para abril la actualización de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), evitando que la carga tributaria sume mayor presión a un costo de materia prima ya elevado.

Como medida complementaria, la Resolución 79/2026 autorizó a las empresas petroleras a incrementar el corte de bioetanol en las naftas hasta un 15%. Dado que el biocombustible de origen nacional posee actualmente un costo de producción inferior al de la nafta fósil, esta mezcla voluntaria funciona como una herramienta técnica para intentar reducir los costos operativos finales.

Asi, al primero de abril los valores promedio para la nafta súper en la ciudad de Buenos Aires eran de $1.999 por litro en el caso de YPF que controla el 55% de las ventas minoristas, y de $2.049 de la red Shell, el segundo jugador del mercado con más de 20% de market share.

El resto de los precios de YPF ascendían a $2.207 la nafta premium, $2.065 el diesel 500 y $2.271 el gasoil premium, mientras que en el caso de Shell los precios eran de $2.365 la nafta premium, $2.019 el diesel y $2.437 el diesel premium.

Una medida clave de las petroleras

YPF anunció este jueves por la noche la decisión de frenar hasta mediados de mayo las subas en los precios de los surtidores para morigerar el impacto del aumento del precio internacional del crudo Brent por la crisis armada en Medio Oriente. En lo que se considera un cambio en la estrategia comercial de la compañía, técnicamente la petrolera lo definió como un mecanismo de «estabilización».

Este nuevo escenario tarifario es el correlato de un acuerdo transversal que agrupa a los principales actores de la industria hidrocarburífera. La iniciativa cuenta con el respaldo de productores especializados como Tecpetrol, Pluspetrol y Phoenix, junto a empresas refinadoras de la talla de Raízen y Trafigura.

Asimismo, se sumaron las compañías integradas que operan en todos los eslabones productivos, representadas por YPF y Pan American Energy como operadora de Axion y la red Puma Energy, que se consolida como el cuarto jugador del mercado en volúmenes de ventas.

Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, anunció la creación de «un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días». Esta medida busca contener las fuertes oscilaciones que presenta el escenario energético internacional, ofreciendo una ventana de previsibilidad para los consumidores.

La medida se adopta a horas de que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía coordinaron una serie de medidas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, orientadas a mitigar el traslado de esos costos internacionales al precio de venta al público en las estaciones de servicio.

El mecanismo técnico adoptado por la petrolera, denominado por la empresa como un «amortiguador», implica que YPF no trasladará de forma inmediata las variaciones del crudo Brent al costo final de la nafta y el gasoil. Sin embargo, explicaron voceros de la compañía, no se puede hablar de un congelamiento porque hay otras variantes que conforman el precio de los combustibles que sigien su propia dinámica más allá del componente fósil.

La actualización de cuadros tarifarios

En paralelo a la situación de los combustibles líquidos, el Gobierno nacional redefinió los cuadros tarifarios para otros servicios energéticos estratégicos. A partir de la Resolución 23/2026, se estableció que el Gas Natural Licuado (GNL) importado para los picos de consumo invernal dejará de contar con asistencia estatal, quedando excluido del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Bajo este nuevo esquema, las bonificaciones oficiales solo se mantendrán sobre el gas de origen local vinculado al Plan Gas.Ar. Esto implica que cualquier contrato de abastecimiento que exceda dicha planificación o que requiera regasificación de combustible importado, impactará de forma plena en los costos de la cadena energética sin el paraguas de los subsidios.

En el sector eléctrico, el ENRE oficializó ajustes para las transportistas de energía en alta tensión mediante las resoluciones 180 y 192. Estos incrementos aplican una fórmula de actualización que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el de Precios Internos al por Mayor (IPIM), con el objetivo declarado de preservar los ingresos reales de las empresas del sector frente a la inflación.

Finalmente, el servicio de gas por redes también percibe ajustes desde el 1° de abril, con una suba del 1,8% para usuarios de las principales distribuidoras. Este incremento integra el nuevo precio del gas en el punto de ingreso al sistema, la cuota correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas 2025-2030 y el mecanismo de ajuste mensual, completando un panorama de fuerte presión sobre el costo de vida en la Argentina.

Luego de la publicación del dato de pobreza por parte del Indec, un informe del Cedlas, de la Universidad de La Plata, identificó tres mecanismos clave que incidieron en la medición y que generaron una sobrestimación de la baja registrada entre 2023 y 2025. El estudio concluye que la baja de la pobreza es real, pero que su dimensión es mucho más pequeña de lo que muestran los datos oficiales.

La tasa de pobreza mostró un aumento pronunciado seguido de una caída de magnitud: según la estadística oficial, pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar reduciéndose hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

“Variaciones tan abruptas suelen estar asociadas a modificaciones muy grandes en el producto, en el empleo o en el gasto público social; cambios que no parecen haberse producido en esos años, o al menos no lo hicieron con la intensidad necesaria para explicar las fluctuaciones observadas”, sostuvo el documento elaborado por Iván Albina, Leopoldo Tornarolli y Leonardo Gasparini.

Ocurre que el indicador puede verse condicionado por aspectos metodológicos que cobran especial relevancia en contextos de alta inflación y de reacomodamientos en los precios relativos, señaló el estudio.

El Cedlas plantea un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Estas dimensiones no solo tienen efectos sobre el nivel de pobreza, sino también sobre su evolución.

Más en detalle, en cuanto al desfasaje temporal, el informe explica que los ingresos reportados en la EPH suelen referirse al mes anterior al de la entrevista, mientras que las canastas de pobreza se valorizan con los precios vigentes en el mes de la encuesta. Esta diferencia es poco relevante en momento de baja inflación, pero en escenarios de aceleración puede llevar a una sobreestimación, algo que impactó sobre todo entre fines de 2023 y principios 2024.

Respecto al subreporte de ingresos, el estudio muestra que la evolución de los ingresos en la EPH no coincide con los registros administrativos. En ese sentido, parte de la reducción de la pobreza observada en las estadísticas oficiales puede atribuirse a una mayor captación por parte de la encuesta y no exclusivamente a una transformación real en las condiciones económicas de los hogares.

Sobre este punto, el Cedlas destaca que incidieron tanto a ajustes en el cuestionario introducidos a partir del cuarto trimestre de 2023 —vinculadas al empleo y a los ingresos no laborales— como las fuertes variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pueden afectar la capacidad de los entrevistados para recordar sus ingresos.

Como resultado, se encuentra que la pobreza se sobreestimó entre el segundo semestre de 2021 y los primeros 6 meses de 2024, y se subestima antes y después de ese período.

En relación a los patrones de consumo, el reporte resalta que la Canasta Básica Total (CBT) sigue definiéndose con ponderadores basados en la ENGHo 2004/05. Al actualizarla con los de la ENGHo 2017/18, donde los servicios tienen mayor peso, la pobreza estimada es más alta en todos los períodos analizados, con brechas variables y superiores a 5 puntos porcentuales (p.p).

“Al combinar las 3 ‘correcciones’, la trayectoria de la pobreza se modifica de manera significativa: entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, no habría caído 10 p.p, como sugieren las estadísticas oficiales, sino aproximadamente 2 p.p, al ubicarse en 41,5%”, precisó el CEDLAS. En ese mismo lapso, el Indec registró una tasa de 31,6%.

En este marco, vale mencionar que Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo en Infobae en Vivo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Y advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”.

“Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró.

Al mismo tiempo, un análisis del Ieral (Fundación Mediterránea) proyectó: “La evolución futura del indicador de pobreza estará fuertemente condicionada por la dinámica de los precios. En un escenario en el que los alimentos crecen por encima del nivel general, incluso ajustes salariales alineados con la inflación promedio pueden resultar insuficientes para sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables”.

En la misma línea, la consultora LCG señaló que existen factores concurrentes que “pondrían un freno al descenso de la tasa de pobreza”. Entre ellos, mencionó una inflación estancada en torno al 3% mensual y salarios formales con paritarias homologadas por debajo de ese nivel, lo que implica una caída real de los haberes.

Se añade el deterioro en las condiciones del mercado de trabajo: la suba de la desocupación en el cuarto trimestre de 2025, junto con una “mayor tasa de sobreocupación y mayor demanda de empleo por subocupación”, ponen de manifiesto la necesidad de mayores ingresos.

Las cámaras de la industria pesquera presentaron ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la Nación una solicitud de intervención urgente ante el deterioro de los costos operativos del sector. El eje central del reclamo es el incremento del precio del gasoil, que según advierten las entidades, ya acumuló una suba superior al 40% en los primeros meses de 2026.

Según manifestaron las entidades, la situación coloca a la actividad, el octavo complejo exportador del país, en un escenario de vulnerabilidad que compromete la continuidad de las operaciones y el sostenimiento de más de 43.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El sector pesquero genera ventas externas por más de 2.000 millones de dólares anuales, pero actualmente enfrenta una crisis de costos donde el combustible representa entre el 20% y el 45% del gasto operativo total de un buque, dependiendo de la especie capturada y el tipo de pesca. Las cámaras informaron que, a diferencia de 2025, cuando el gasoil aumentó en línea con la inflación, la velocidad de los incrementos en lo que va de 2026 ha superado cualquier previsión, paralizando la planificación empresaria.

Carga fiscal y asimetrías internacionales

La presión sobre la rentabilidad se ve agravada por la carga tributaria. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) incide en un 15,8% sobre el precio final, a lo que se suma el tributo al CO2 con un 0,9%. Según el sitio especializado Pescare, la escalada bélica en Medio Oriente expuso la fragilidad de la economía pesquera argentina, donde cada crisis energética impacta inicialmente en el combustible y luego se traslada a toda la cadena de valor.

En este contexto, la industria local observa con preocupación las medidas adoptadas por otros países competidores. España implementó un paquete de emergencia de 5.000 millones de euros que incluyó una reducción del IVA de los carburantes al 10% y una ayuda directa de 20 céntimos por litro para la pesca. Por su parte, Uruguay estableció un precio excepcional para el gasoil marino de 30.000 pesos uruguayos por metro cúbico para contener el impacto del shock externo.

“A diferencia de estos casos, la Argentina ofrece por ahora otra secuencia”, señala Pescare, destacando que mientras otros estados absorbieron parte del impacto para evitar que la volatilidad energética inmovilizara las flotas, el gobierno argentino mantiene una postura de equilibrio fiscal que genera incertidumbre sobre posibles medidas de alivio.

La flota fresquera y el mercado interno

La situación es particularmente crítica para las embarcaciones de menor escala. “Si para la flota de altura la situación es crítica, para las embarcaciones costeras y fresqueras el incremento del gasoil representa directamente el tiro de gracia”, afirmó un empresario del sector. Estas flotas operan con márgenes de rentabilidad más estrechos y no poseen capacidad para absorber nuevos aumentos.

Las estadísticas reflejan la gravedad del cuadro: en el primer bimestre de 2026, las descargas de variado costero en puertos como Mar del Plata registraron caídas de casi el 40% en comparación con el mismo período del año anterior. La retracción de la actividad no solo afecta las exportaciones, sino que impacta en el abastecimiento del mercado interno. Está claro que la corrida del combustible erosiona la estructura empresaria de menor escala, lo que podría derivar en una parálisis progresiva de la flota costera, afectando directamente el precio y la disponibilidad de pescado fresco en las góndolas locales.

Variables externas y logística

A la crisis del combustible se suman factores internacionales que actúan como agravantes. El conflicto en Medio Oriente provocó un aumento exponencial en los fletes de contenedores, lo que funciona como un arancel encubierto para las exportaciones argentinas. Asimismo, la caída de la demanda en Europa, debido a la retracción del consumo en gastronomía y turismo, presiona a la baja los precios de venta internacionales.

Un dirigente del sector describió la situación de manera gráfica: “Estábamos al borde del precipicio y con esto del gasoil dimos un paso al frente”. Esta frase resume la percepción de una industria que se considera en un punto de quiebre operativo. Si bien el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un “buffer” de precios por hasta 45 días para evitar traslados plenos de las variaciones internacionales del petróleo, desde el sector entienden que esto constituye apenas un paliativo de coyuntura que no soluciona el problema de fondo de las unidades pesqueras.

El pedido formal al Gobierno

Ante la gravedad del escenario, las cámaras que integran el sector solicitaron formalmente a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros una serie de medidas urgentes:

1. Gestionar una exención transitoria del ICL y del impuesto al CO2 para el gasoil naval de uso productivo.
2. Establecer un plan de previsibilidad en los precios de los hidrocarburos destinados a la pesca.
3. Articular medidas de fomento que compensen el encarecimiento de los fletes internacionales.

La industria ha manifestado su disposición para conformar una mesa técnica de trabajo con el fin de profundizar los datos presentados y buscar soluciones que eviten la pérdida de empleos en las plantas procesadoras y comunidades portuarias de todo el litoral.

Según la publicación Pescare, el pedido del sector choca con el credo de la administración nacional, que rechaza esquemas de tutela estatal sobre la actividad privada. “La duda ya no pasa solo por la magnitud del problema, sino por la distancia entre la urgencia que describen las cámaras y el tipo de Estado que el oficialismo está dispuesto a ejercer”, señaló el medio.

En definitiva, la pesca advierte que sin condiciones de competitividad y un alivio efectivo en el costo de los insumos básicos, la operatividad de una parte significativa de la flota nacional es inviable en el corto plazo. La crisis de costos, que se venía gestando desde hace meses, encontró en el aumento sostenido del combustible el detonante final para una situación de quebranto contable que ya afecta los niveles de descarga en los principales puertos del país.