Los primeros días de abril mostraron la misma tendencia en el mercado cambiario que el primer trimestre: un Banco Central que continúa con un buen ritmo de compras, mientras que el tipo de cambio no levanta.

Ayer fue una jornada más distendida por la tregua entre Estados Unidos e Irán, beneficiando tanto a acciones como bonos argentinos. En el caso del dólar, se afirmó la tendencia a la baja y se destacó la una nueva caída del “blue”, que se consolidó como el más barato.

El dólar operado en circuitos informales, que mientras duró el cepo a las personas era el único que se operaba libre en el mercado, ayer cerró a 1.390 pesos. De esta forma, se ubicó $20 por debajo del tipo de cambio oficial, que finalizó también a la baja a 1.410 pesos.

Se trata de un fenómeno inusual en el mercado argentino. En general, dólar que se consigue en circuitos no oficiales es más caro que el que se vende a través del home banking. Pero ahora esa lógica se dio vuelta.

La causa por la cual es más barato conseguir dólares por el circuito no oficial es sencilla: faltan pesos, en particular en los sectores que tienen más transacciones informales. Posiblemente donde más se esté notando es en las empresas textiles, que históricamente son las que más volumen aportan a la operatoria informal.

“Casi no vienen a comprar dólares y por el contrario son muchos más lo que precisan vender para cubrir gastos”, explicó un operador de larga trayectoria del mercado local.

Es probable que la brecha negativa no se extienda mucho más allá de los niveles actuales (del orden del 1,5%) porque rápidamente los inversores arbitran entre una cotización y otra.

Los dólares financieros también cayeron levemente ayer, pero están por encima del oficial. El dólar MEP finalizó en $ 1.424, pero el contado con liquidación está en $ 1.478. Esta diferencia, a su vez, estaría reflejando más presión de demanda de divisas por parte de las empresas, que luego buscan llevarse los dólares a través del mercado bursátil.

Un dato llamativo que surgió del último balance cambiario del Central es que la demanda de dólares por parte del público se mantiene en niveles relativamente altos: solo en el primer bimestre la demanda llegó a USD 5.000 millones aun en un contexto de mucha tranquilidad cambiaria.

Ni siquiera los cerca de USD 4.700 millones que compró el BCRA en el primer trimestre de 2026 local lograron impulsar el tipo de cambio. Con una inflación que acumuló cerca de 9% en los tres primeros meses del año y un tipo de cambio a la baja, el tipo de cambio real volvió a apreciarse significativamente.

Esto llevó a que varios economistas, incluyendo a Domingo Cavallo, insistan con la necesidad de levantar totalmente las restricciones cambiarias. La apertura del cepo para las empresas implicaría presumiblemente un tipo de cambio más alto y al mismo tiempo una apuesta para conseguir una baja más acelerada del riesgo país.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que divulgó ayer el Central arrojó una proyección para el tipo de cambio nominal de $1.420 por dólar para el promedio de abril de 2026, o sea 32 dólares más bajo que en la encuesta anterior.

Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.700, lo que arroja una variación interanual esperada de 17,4 por ciento. Esto contrasta con una inflación esperada del 29% para todo el año, lo que sugiere que hay carry trade para rato, ya que el tipo de cambio se mantendrá muy controlado y subiendo mucho menos que la inflación a lo largo de todo el año.

La Cámara Civil de Cipolletti determinó que los bancos deben asumir el costo total de los fraudes digitales, incluso cuando el cliente haya sido víctima de engaños como el phishing, consolidando un cambio profundo en la jurisprudencia argentina.

La decisión, que responsabiliza al Banco Patagonia por el vaciamiento de una cuenta bancaria en cuestión de minutos, pone en el centro del debate la seguridad de la banca digital, el rol de las entidades financieras y el alcance de la protección al consumidor en un contexto de creciente ciberdelincuencia.

El phishing que expuso las fallas del sistema bancario

El caso comenzó con una maniobra clásica de phishing: un correo electrónico fraudulento que simulaba provenir del banco y dirigía al usuario a una página falsa para capturar sus datos. Una vez obtenida la información, los delincuentes ejecutaron una serie de operaciones en tiempo récord: cambiaron credenciales, habilitaron nuevos mecanismos de validación, realizaron transferencias, vendieron moneda extranjera y desviaron los fondos a cuentas de terceros.

En primera instancia, el fallo había distribuido la responsabilidad entre el cliente y la entidad financiera. Sin embargo, la Cámara revocó esa decisión tras analizar los registros informáticos y concluyó que el problema no estaba en el uso de credencias válidas, sino en la falta de reacción del sistema bancario frente a operaciones claramente anómalas.

Para los jueces, la secuencia de eventos -cambios de datos, nuevas validaciones y transferencias de alto monto en pocos minutos- debió haber activado alertas y bloqueos preventivos. Al no hacerlo, el banco incumplió su deber de seguridad.

Adiós a la culpa del usuario: la teoría del riesgo creado

El fallo consolida un giro clave en la jurisprudencia argentina: el abandono de la idea de «culpa del usuario» como principal defensa bancaria.

Tradicionalmente, las entidades financieras argumentaban que el cliente era responsable por haber entregado sus datos. Sin embargo, los tribunales comenzaron a aplicar la teoría del «riesgo creado», basada en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.

Bajo este enfoque, la actividad bancaria digital implica riesgos propios -como el phishing o la ingeniería social- que deben ser asumidos por quien diseña y explota el sistema: el banco.

Esto implica reconocer una relación asimétrica: mientras la entidad controla la infraestructura tecnológica y obtiene beneficios económicos, el usuario carece de herramientas técnicas para detectar engaños cada vez más sofisticados.

En este contexto, entregar una contraseña bajo manipulación psicológica ya no se considera negligencia grave, sino una consecuencia previsible del ecosistema digital actual.

Ahora es el banco quien debe probar que hizo todo bien

Otro aspecto central del fallo es la inversión de la carga probatoria. Ahora es el banco quien debe demostrar que actuó diligentemente: que sus sistemas detectaron anomalías, que emitió alertas efectivas y que intentó bloquear el fraude.

Si la entidad no logra acreditar de forma contundente el funcionamiento adecuado de sus mecanismos de seguridad, la Justicia tiende a fallar a favor del consumidor.

Este criterio refuerza el principio de colaboración procesal, dado que los bancos son los únicos que poseen acceso completo a los registros y sistemas informáticos.

Una epidemia imparable: las ciberestafas crecen 21% en Argentina

El fallo no es aislado. Se inscribe en un escenario de crecimiento sostenido de las ciberestafas en Argentina. Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), en 2024 las denuncias por delitos informáticos aumentaron un 21,1% interanual.

Además del phishing tradicional, hoy proliferan modalidades más complejas:

• Vishing: llamadas telefónicas con suplantación de identidad bancaria
• Smishing: mensajes de texto o WhatsApp con enlaces falsos
• Phishing-as-a-Service: plataformas criminales que venden herramientas de estafa
• Fraudes con alias similares: aprovechando situaciones de emergencia o donaciones

La sofisticación de estas maniobras convierte al fraude digital en una industria organizada, que evoluciona más rápido que los sistemas de prevención.

El BCRA aprieta las tuercas con nuevas exigencias

El Banco Central de la República Argentina ha endurecido su regulación mediante comunicaciones como la A 7199, A 7319 y A 7370, que imponen obligaciones concretas a las entidades:

• Monitoreo de patrones inusuales
• Validaciones de identidad reforzadas
• Controles adicionales ante cambios de credenciales
• Demoras en acreditaciones sospechosas

El incumplimiento de estas normas genera una presunción de negligencia, lo que fortalece la posición de los usuarios en sede judicial.

Sanciones cada vez más duras para los bancos negligentes

Los tribunales no sólo ordenan la restitución del dinero. También avanzan con medidas cautelares (suspensión de cobros derivados de fraudes) y daño punitivo (sanciones económicas adicionales para disuadir conductas negligentes).

Estas herramientas buscan reparar a la víctima pero también generar incentivos para que las entidades mejoren sus estándares de seguridad.

El futuro es de confianza cero o no será

El fallo de Cipolletti envía un mensaje claro al sistema financiero: la seguridad digital no es opcional ni trasladable al usuario.

Frente a un futuro donde tecnologías como la inteligencia artificial y los deepfakes harán los engaños casi indistinguibles, la Justicia exige a los bancos adoptar modelos de «confianza cero» (Zero Trust), donde cada operación sea verificada constantemente y no se asuma la legitimidad del usuario sin controles dinámicos.

El cambio es profundo: el costo de las fallas sistémicas ya no recaerá sobre el cliente, sino sobre las entidades que diseñan y operan las plataformas.

En definitiva, el fallo resuelve un caso puntual pero redefine las reglas del juego en la banca digital argentina y marca el rumbo hacia un sistema donde la confianza se construye con responsabilidad, tecnología y prevención efectiva.

La venta de viviendas nuevas en Panamá proyecta un crecimiento sustancial para 2026, según estimaciones del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, que anticipa la comercialización de 5,530 unidades el próximo año, es decir, un aumento del 38 % respecto a 2025. Esta expansión podría marcar un punto de inflexión en el sector construcción y su influencia en la economía nacional, de acuerdo con el informe anual presentado por Convivienda, principal gremio del sector en Panamá, y reportado por medios locales.

En 2025, Convivienda informó la entrega de 4,020 viviendas nuevas, con un rango de precios entre USD 40,000 y USD 60,000. El 81 % de estas ventas se realizó bajo el programa de interés preferencial, orientado a facilitar el acceso a la vivienda para los sectores de menores ingresos. A pesar de la implementación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2 % a la primera vivienda, la medida no logró incrementar la recaudación fiscal.

El estudio econométrico en el informe anual determinó que la recaudación estimada por ITBI sería de USD 37 millones, pero las pérdidas en ITBMS e ISR alcanzaron los USD 131.5 millones, generando un déficit fiscal neto de 94.5 millones, como consignó La Estrella de Panamá.

La aplicación del ITBI a la primera vivienda también tuvo efectos económicos negativos: la baja total fue de USD 1,288 millones, lo que representó el 1.6 % del PIB en 2025, según el análisis citado por Centroamérica 360.

El impuesto del ITBI no cumple el objetivo fiscal y reduce el acceso a vivienda

El estudio presentado por Convivienda concluyó que la carga tributaria sobre la adquisición de la primera vivienda afecta a los segmentos sociales más vulnerables. La directora ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez de Gómez, precisó a La Estrella de Panamá que, debido a este tipo de normativa, “se excluye a miles de familias del acceso habitacional y se reduce el efecto multiplicador de la construcción”.

El gremio planteó que existen mecanismos alternativos de recaudación tributaria que no impactan la adquisición de hogares por primera vez. Según su postura, la reactivación del sector construcción es esencial para dinamizar la economía, ya que —además de su incidencia directa en el producto interno bruto— contribuye a la generación de empleos de calidad.

El ITBI, conforme al informe, fue diseñado como una herramienta de recaudación, pero sus efectos reales derivaron en pérdidas fiscales y exclusión social, sin lograr el estímulo esperado para los ingresos del Estado. El reporte subraya que la recaudación objetivo de USD 37 millones contrastó con “una pérdida fiscal neta de USD 94.5 millones”.

El sector construcción y la economía panameña en 2026

De acuerdo con las previsiones de Convivienda y la interpretación de analistas citados por La Estrella de Panamá, 2026 podría representar un año de recuperación para la industria, impulsado por un crecimiento sostenido de la demanda habitacional y el impulso de la minería del cobre, que anticipa un avance nacional del 5.57 %. Los datos del gremio remarcan que, en términos de impacto económico, cada dólar invertido en la construcción fortalece tanto el producto interno bruto como los ingresos fiscales, apoyando así la recomendación de enfocar los incentivos tributarios en la reactivación del sector.

Las proyecciones y el análisis subrayan la relevancia que tendrá el mercado de vivienda nueva en la economía panameña el próximo año, mientras el debate sobre la política tributaria persiste, con el sector privado exhortando a revisar el gravamen al acceso a la vivienda para equilibrar crecimiento económico y recaudación.