Tras la misión en Buenos Aires a mediados de febrero, una comitiva del Ministerio de Economía, encabezada por el viceministro José Luis Daza, partió la última semana a Estados Unidos para encarar la etapa final de las negociaciones de la segunda revisión del acuerdo y así destrabar el desembolso por USD 1.000 millones, que robustecerá las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ese giro dependerá de los tiempos administrativos en Washington D.C.

Durante los últimos días, los equipos técnicos del FMI y la delegación argentina mantuvieron encuentros presenciales en Estados Unidos. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía consultadas por Infobae, la intención es concluir la revisión en los próximos días.

La urgencia por ese desembolso perdió intensidad ante un BCRA que mantuvo compras sostenidas en el mercado de cambios, lo que le permitió que las reservas internacionales volvieran a incrementarse hasta casi USD 47.000 millones -antes de los ajustes de encajes en divisas de las entidades bancarias propio de fin de mes- y acercarse a las recomendaciones del organismo internacional y reforzar la estabilidad cambiaria.

El cronograma de trabajo con el Fondo Monetario Internacional se activó a comienzos de febrero, cuando una misión del organismo arribó a Buenos Aires para iniciar la revisión. Los técnicos del Fondo analizaron el cumplimiento de metas fiscales y monetarias, con foco en los objetivos de acumulación de reservas internacionales netas.

Este último punto no pudo ser alcanzado por el ministro Luis Caputo tras un 2025 marcado por tensiones cambiarias, motivadas tanto por la cobertura previa a las elecciones legislativas como por la decisión oficial que prevalecía de no comprar reservas hasta que el dólar mayorista alcanzara el piso de la banda, una condición que no se cumplió, en un intento por priorizar la desaceleración de la tasa mensual de inflación.

Un ex director del Fondo Monetario Internacional contó a Infobae que la aprobación de un eventual acuerdo entre el Gobierno y el organismo podría demorarse hasta mediados o fines de marzo. El economista explicó que el proceso formal dentro del FMI abarca varias etapas que exceden la negociación técnica inicial.

El economista detalló que, una vez finalizadas las conversaciones técnicas entre el equipo argentino y el personal del FMI, el acuerdo debe ser revisado y aprobado primero por el staff del organismo, junto con la directora gerente Kristalina Georgieva. En esta instancia, los departamentos de seguimiento de programas con condicionalidad, fiscal y legal del FMI analizan la propuesta.

A continuación, el procedimiento requiere la elaboración de un documento formal y una carta de intención por parte de las autoridades argentinas, que luego se eleva a la Junta Directiva del FMI.

El ex directivo del FMI para América Latina afirmó: “Normalmente, este trámite puede llevar entre dos y tres semanas, aunque a veces puede resolverse en menos tiempo”. Existe además un plazo obligatorio para que los miembros de la Junta examinen el expediente antes de su tratamiento.

El economista remarcó: “Es muy difícil que esté aprobado a nivel de la Junta Directiva, board en términos del organismo, antes de mediados o fines del mes que viene”, en referencia al momento en que el directorio del organismo podría tratar el acuerdo. Esta proyección añade una nueva estimación temporal sobre los próximos pasos en la negociación entre Argentina y el FMI, mientras el Gobierno busca avanzar con el entendimiento en el contexto financiero actual.

La revisión técnica del programa con el Fondo Monetario Internacional constituye un paso fundamental para la continuidad del acuerdo y el acceso a los desembolsos programados. El monto pendiente, correspondiente a la segunda revisión, asciende a USD 1.000 millones y representa un refuerzo relevante para las reservas del BCRA. Con la ayuda de Santa Fe, que giró USD 800 millones colocados en Nueva York al banco de la provincia, las reservas superaron los USD 46.000 millones.

Debe resaltarse que el BCRA consolidó su estrategia de compras diarias y priorizó recomponer el nivel de activos externos, determinantes para la estabilidad macroeconómica y la credibilidad del programa, desde el inicio de la fase cuatro en enero de 2026. Pese a algunas ventas puntuales, la tendencia anual muestra una recuperación sostenida de reservas.

Las reuniones en Washington serán decisivas para la resolución de la negociación. El equipo económico argentino, liderado por José Luis Daza, presentará los últimos detalles técnicos y buscará obtener el aval del staff del FMI.

Si bien en Economía no precisan si hay fecha de regreso, Infobae pudo saber que Daza no permanecerá en Estados Unidos hasta el Argentina Week que se realizará en Nueva York del 9 al 11 de marzo, lo que anticipa que regresará al país antes de esa fecha. Queda por definirse si la rendición de cuentas estará cerrada a su retorno.

El acuerdo técnico, una vez cerrado, debe ser elevado al directorio del Fondo Monetario Internacional, que debe formalizar la aprobación del desembolso.

Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, explicó que los equipos técnicos del organismo informan periódicamente al directorio sobre el avance de las negociaciones. Cuando el board del Fondo trata el tema, ya cuenta con toda la información sobre el nuevo acuerdo o las revisiones. Una vez aprobada la revisión, se autoriza el desembolso.

Delgado destacó que los plazos suelen ajustarse a las necesidades y que, actualmente, la situación de la Argentina es más holgada a corto plazo.

El programa vigente entre Argentina y el Fondo contempla metas trimestrales de déficit fiscal, acumulación de reservas y reducción de la emisión monetaria. Cada revisión técnica implica una auditoría exhaustiva de los resultados alcanzados y la definición de los próximos pasos para el cumplimiento de los objetivos.

En enero de 2026, la administración pública nacional, junto con empresas y sociedades estatales, registró 278.705 cargos, según los datos oficiales analizados por Nadin Argañaraz. Esta cifra mostró una reducción de 62.768 empleos respecto a diciembre de 2023, lo que representó una caída del **18%** en la dotación de personal. El proceso implicó recortes en todos los meses comprendidos entre las dos fechas.

El informe señala diferencias notables entre los organismos estatales afectados. De la merma total, la administración centralizada absorbió el 24% de los recortes, mientras que la descentralizada alcanzó el 35% y las empresas y sociedades estatales sumaron el 34% de la baja. El desglose revela que la mayor reducción en términos absolutos se concentró en la administración centralizada, donde se eliminaron 15.105 cargos.

Entre las empresas y organismos con mayor reducción se ubicaron Correo Oficial, que reportó 5.290 cargos menos; Operadora Ferroviaria S.E., con 3.615 empleos menos; ARCA, que recortó 3.221 puestos; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con 2.261; el Banco de la Nación Argentina, con 2.116; y Aerolíneas Argentinas, que contabilizó 1.899 recortes. Estos datos ilustran el alcance transversal de la política de ajuste en distintos sectores y rubros bajo control estatal.

El análisis de la intensidad de los recortes revela que cuatro organismos, entre los que más empleos eliminaron, redujeron el 100% de sus cargos, lo que implicó su desaparición dentro del esquema estatal. Se trata del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SACPEM y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La eliminación total de estas dependencias impactó tanto en la estructura estatal como en la provisión de servicios y funciones que desempeñaban.

Otros organismos experimentaron bajas proporcionales elevadas, aunque no en su totalidad. La Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal recortó el 78% de su planta de personal, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) redujo sus cargos en un 56% y la Casa de la Moneda ajustó un 49% de sus puestos. Estas cifras muestran el alcance dispar de las medidas, con algunos organismos obligados a realizar ajustes más severos que otros.

Por otro lado, hay instituciones que sufrieron recortes mucho menos pronunciados. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) redujo su dotación solo en un 6%, el CONICET registró una merma del 8% y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ajustó su personal en un 10%. La disparidad en los porcentajes de reducción evidencia diferentes criterios y necesidades según el área de gestión y la función que cada organismo cumple dentro del Estado nacional.

La comparación entre los números de diciembre de 2023 y enero de 2026 indica que cada mes registró una disminución en la cantidad de cargos estatales. Los recortes no afectaron de manera uniforme a todas las áreas. El informe distingue entre las principales jurisdicciones, empresas y organismos descentralizados, enfatizando las diferencias en la magnitud de los ajustes. La administración centralizada, que agrupa a ministerios y dependencias de gobierno, lideró la reducción en términos absolutos, mientras que las sociedades estatales y entes descentralizados tuvieron bajas más acentuadas en términos relativos.

La información analizada por Argañaraz permite observar el impacto de las políticas de reducción del empleo público en la estructura y funcionamiento de la administración nacional. Las cifras muestran el volumen del ajuste aplicado en distintos sectores, el cierre de organismos completos y la permanencia relativa de otros que, por sus funciones, conservaron la mayor parte de su personal.

El proceso de reducción de cargos en la administración pública nacional, empresas y sociedades estatales durante el período considerado se distribuyó de manera heterogénea entre los distintos organismos y sectores. Las decisiones adoptadas generaron cambios estructurales en la composición del empleo estatal y en la presencia de determinadas áreas dentro del entramado público argentino.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementó un plan para evitar que comerciantes, pymes y otros contribuyentes acumulen saldos a favor (SAF) en el Impuesto a los Ingreso Brutos. El nuevo esquema modifica de manera automática las alícuotas de recaudación en función de la conducta de cada contribuyente y establece reducciones para que esos saldos no se formen en exceso causando un perjuicio financiero.

El régimen, denominado “Riesgo 0, SAF 0″, apunta a pequeñas y medianas empresas, comercios y otros contribuyentes. El objetivo central del programa es “evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y profundizar la política de racionalización del sistema de retenciones y percepciones en la provincia de Buenos Aires”, explicó ARBA en un comunicado. Desde el organismo explicaron que con otras medidas ya implementadas de “devoluciones digitales más rápidas” la acumulación de SAF se redujo y “se devolvió al sector privado más de 1 billón de pesos”.

El nuevo esquema ajusta las alícuotas de recaudación en función del comportamiento fiscal de cada contribuyente. Cuando los adelantos superan parámetros razonables, el sistema aplica reducciones de oficio en las alícuotas de los distintos regímenes y activa mecanismos de monitoreo continuo para impedir la acumulación estructural de saldos a favor. La prioridad del programa está puesta en las pymes y los sectores productivos que atraviesan caídas de actividad.

La implementación del régimen “Riesgo 0, SAF 0″ será gradual y priorizará a quienes registren buen cumplimiento fiscal. Para acceder, los contribuyentes deberán ingresar al Panel de Autogestión disponible en el sitio oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), utilizando CUIT y Clave CIT. El beneficio se mantendrá siempre y cuando no se registren incumplimientos en los requisitos establecidos por el organismo.

El nuevo esquema forma parte de un conjunto de medidas orientadas a reducir la carga administrativa y evitar la sobre-recaudación. Entre estas herramientas, explicaron en ARBA, se encuentra el Sistema Único de Compensación (SUC), que permite aplicar créditos a distintos impuestos provinciales, así como la optimización de los regímenes de retención, percepción y recaudación bancaria con alícuotas orientadas por riesgo fiscal.

También destacaron la racionalización del universo de agentes de recaudación que “busca disminuir los costos operativos” para los contribuyentes. Otra novedad es la aceleración de devoluciones con circuitos 100% digitales y plazos abreviados, facilitando la recuperación de fondos por parte de las empresas y comercios.

El programa incluye también el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas, lo que amplía el alcance de la simplificación administrativa y facilita el cumplimiento tributario.

Con estas herramientas, ARBA señaló que “consolida un modelo tributario más transparente y progresivo, que combate la evasión en los sectores de mayor capacidad contributiva y, en simultáneo, reduce la carga sobre pymes y actividades productivas”.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó: “Con ‘Riesgo 0, SAF 0’ buscamos evitar distorsiones financieras, liberar capital de trabajo y reconocer a quienes cumplen”. Girard remarcó que la medida fortalece la recaudación genuina sin afectar a quienes producen y generan empleo.

ARBA impulsó una reforma integral del sistema de Ingresos Brutos. En ese marco, el stock de saldos a favor alcanzó un piso histórico: al comienzo equivalía a tres meses de recaudación, y actualmente se ubica por debajo de un mes (0,9). A modo de comparación, el promedio de los fiscos provinciales, incluyendo la provincia de Buenos Aires, posee saldos acumulados por el equivalente a 1,6 meses.

“Esta política permitió devolver recursos al sector privado que estaban inmovilizados, mejorando la liquidez de pymes, comercios y emprendimientos productivos, a la vez que se logró un crecimiento de la recaudación real. De esta manera, se avanza hacia un esquema más equitativo, que simplifica el cumplimiento tributario y sostiene la inversión pública en infraestructura, salud y educación”, afirmó Girard.

La decisión de priorizar a las empresas y sectores productivos que atraviesan caídas de actividad responde a la necesidad de sostener la liquidez y el capital de trabajo en un contexto de desafíos económicos. El monitoreo continuo y la reducción automática de alícuotas constituyen los pilares centrales del nuevo esquema, que apunta a evitar que los contribuyentes acumulen saldos a favor innecesarios en el sistema tributario provincial.