La semana tuvo solo tres sesiones operativas debido a los feriados de Carnaval, aunque exhibió, a la vez, un movimiento intenso de noticias locales que motivó una ligera recuperación de precios para las acciones, junto con la confirmación del sendero de declive para la cotización del dólar.

Una novedad principal fue la sanción dada a la ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados el jueves 19, que con la eliminación del polémico Artículo 44 referido a licencias por enfermedad regresará al Senado para su aprobación definitiva.

La iniciativa fue presentada como una pieza clave en el esquema de desregulación de la economía que impulsa la administración de Javier Milei. Y si bien su avance parlamentario estaba en cierto modo descontado en los precios bursátiles, ésta representa un éxito político para el oficialismo y también implica una señal para la toma de decisiones de cartera de los inversores.

Además de la reforma laboral, los agentes asimilaron datos del superávit comercial de casi USD 2.000 millones en enero, la baja de la desocupación al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, la caída del El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella en febrero y la desaceleración de 1,7% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) informado por el Indec para enero.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 2% semanal en pesos, a 2.873.248 puntos, para reducir las pérdidas que venía acumulando a lo largo de febrero a un 10%, rojo que deja fuera de convergencia a la plaza local respecto de las bolsas del exterior.

Medido en dólares, el panel de acciones líderes recuperó la barrera psicológica de los 2.000 puntos, con una ganancia de 5,1% semanal.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhibieron balance mixto, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó un entero respecto del viernes 13, en los 519 puntos básicos.

“En lo que va del año, gracias al rally que tuvieron en enero, los bonos soberanos bajo legislación local -Bonares- acumulan una suba del 4,1% (y sólo 0,3% en febrero), por encima de los emitidos bajo legislación extranjera (Globales), que avanzan 3,5% en el año (-0,1% mensual). Esta mayor demanda relativa por Bonares derivó en una compresión del spread de legislación, ubicándolo en el nivel más bajo de los últimos meses», detallaron los analistas de IEB.

“A pesar de la positiva lectura entre los inversores que deja el avance de la reforma laboral en Diputados, la reacción de los activos domésticos resultó mixta ya que se venía descontando, con las acciones respondiendo con calma mientras que los bonos en dólares ensayan un repunte”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“Este se debe a que resulta un importante avance para mejorar el clima de inversión privada a mediano plazo, un componente que debería llevar la delantera en el crecimiento económico, aunque no se anticipa que genere efectos inmediatos. Ante ello es que los operadores vienen posando una creciente atención sobre la dinámica de la inflación y el nivel de actividad, en conjunto con las tasas, en busca de mejoras que sigan sosteniendo la confianza sobre el modelo”, continuó el titular del Estudio Ber.

“La semana estuvo marcada por la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral , que continúa el momentum de la agenda de reformas impulsada por el Gobierno. En paralelo, el Gobierno informó en enero un superávit primario de $3,1 billones y un resultado financiero positivo de $1,1 billones, de alrededor del 0,3% y 0,1% del PIB, respectivamente, profundizando la política de consolidación fiscal”, señalaron los expertos de Puente.

“Mirando más a mediano plazo, tanto para valuaciones de acciones como de bonos en dólares, la clave será sostener la acumulación de reservas netas y las reformas pro oferta que den más dinamismo a la economía. Respecto a esto último, la política monetaria debería calibrarse de modo tal de reducir la volatilidad, manteniendo tasas reales positivas que permitan impulsar depósitos y aumentar capacidad prestable de los bancos”, evaluó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

“En tanto, otro foco a mediano plazo estará por el lado de si los dólares ‘del colchón’ finalmente comienzan a circular impulsando el consumo y la inversión. Finalmente, los factores exógenos juegan, por lo que precios de commodities, tasas y cuestiones geopolíticas deberán ser monitoreadas muy de cerca por los inversores”, resumió Franco.

“De cara a 2026, la sostenibilidad del crédito como motor de actividad dependerá fundamentalmente de la recuperación del salario real y la trayectoria de las tasas de interés. Con una base de deudores más amplia, mayor carga financiera y niveles de mora elevados, el margen para repetir una estrategia de crecimiento apoyada en la expansión del endeudamiento luce considerablemente más acotado”, aportó un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

En el mercado de cambios el dólar siguió perdiendo posiciones, tal como vino ocurriendo desde que empezó el año. Tasas positivas en pesos combinadas con un recurrente ingreso de divisas a la plaza -por el superávit comercial y colocación de bonos corporativos y provinciales en el exterior- convergieron en un dólar mayorista que perforó el piso de los 1.400 pesos después de tres meses.

En efecto, el mayorista quedó ofrecido a $1.376, un mínimo desde el 14 de octubre, luego de descontar 23,50 pesos o 1,7% en la última semana. Dado que el BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias de $1.595,93, el dólar quedó ahora a 219,93 pesos o 16% de ese límite, el rango más amplio desde el 4 de julio de 2025 (16,4%).

El dólar minorista finalizó con baja de 15 pesos o 1,1%, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un mínimo desde el 29 de septiembre ($1.380). En la semana el dólar al público cedió 25 pesos o 1,8 por ciento.

El dólar blue, a $1.430 para la venta, retrocedió diez pesos o 0,7% semanal, mientras que anota un descenso de 100 pesos o 6,5% en el transcurso de 2026.

En las tres ruedas operativas el Banco Central compró en el mercado de cambios un total de USD 323 millones, mientras que las reservas internacionales brutas, en USD 46.261 millones. aumentaron en 1.103 millones de dólares.

Más allá de las discusiones sobre indemnizaciones, horas extra, vacaciones y salarios, la reforma laboral que recibió ya el apoyo del Congreso de la Nación -solo falta que el Senado revise la quita del artículo sobre licencias por enfermedad- incluye beneficios fiscales para empleadores y artículos que apuntan a reducir el costo y el riesgo de contratar. ¿Será suficiente para conseguir un incremento del empleo registrado, que es la meta última que esgrimió el oficialismo para su proyecto de ley? 

De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desocupación abierta es del 6,6% de la población económicamente activa, en tanto que solo se tiene en cuenta como mercado informal a aquellos ocupados en el sector privado sin descuento jubilatorio, que serían unas 3,6 millones de asalariados. Extraoficialmente, teniendo también en consideración a personas registradas como cuentapropistas aunque estén en algún tipo de relación de dependencia, se estima que el 40% del mercado laboral aproximadamente estaba en la informalidad a la salida de la pandemia.

Tener esta cantidad de trabajadores sin aportes pone en riesgo la sustentabilidad del sistema, además de dejarlos fuera de las protecciones de seguridad social. Es una problemática seria, a la cual el Gobierno apunta a responder desde esta reforma, en un contexto en el cual a la baja registración se le suma una caída pronunciada del empleo en general: entre noviembre de 2023 (asunción del Gobierno de La Libertad Avanza) y noviembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en en 21.938 casos (30 por día) y se perdieron 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,95%) o 400 puestos por día, según relevó mediante datos oficiales el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En ese marco, ¿será la nueva ley laboral un punto bisagra para generar más empleo registrado o solo facilitará el proceso contrario?

Se aprueba la reforma, ¿se activa el empleo?

Al recibir la reforma laboral media sanción en la Cámara de Senadores, iProfesional consultó a varias de las principales consultoras de empleo del país y la mayoría coincidió en que los procesos de selección de personal, que habían repuntado tras las elecciones de octubre 2025, seguían su curso y no aguardaban la aprobación del nuevo marco normativo. 

Ese escenario se mantiene: «Las empresas no están demorando los procesos de selección a la espera de la sanción de la ley. Para bien o para mal, la demanda que existe es independiente de ello, y responde más a una situación de negocio y la coyuntura de cada sector», dijo Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil y autor del libro «Mi trabajo ahora». «Obviamente que una modernización laboral es positiva, pero la decisión de abrir o no una posición laboral hoy tiene más que ver con la perspectiva económica a corto y mediano plazo que con la entrada en vigencia de la ley de reforma», añadió.

En este sentido, evaluó cómo quedó el proyecto que se debatirá nuevamente en el Senado en breve: «Lo que se está por sancionar cubre parcialmente el objetivo de incrementar la demanda de empleo registrado. Porque falta la decisión fundamental de disminuir los costos de contratación, para las empresas en general y para las Pyme en particular. Solo hay un artículo que habla de una reducción y se da en un plazo determinado, solo si se cumplen determinadas características de las personas a contratar.»

La industria viene siendo uno de los sectores más afectados por despidos, frenos de producción y suspensiones. Además del ampliamente público caso de FATE -que anunció su cierre y el despido de más de 900 personas- los últimos casos incluyen a la láctea Verónica (endeudada y con freno de fábrica), la automotriz Stellantis (frenó su planta de El Palomar), la productora de calzado Dass, la de lavarropas Whirlpool, entre otras. 

La propia Unión Industrial Argentina (UIA) – que apoyó la modernización del marco laboral diciendo: «Es fundamental la reducción de la litigiosidad y la posibilidad de que las empresas tengan mayor previsibilidad del marco normativo»- también expresó su preocupación por la caída de la actividad y el empleo. Su Centro de Estudios CEU registró en diciembre 2025 que la producción cayó 3,9% i.a., y el sector se achicó en 60.224 puestos de trabajo registrados desde el último máximo (agosto de 2023)

No es un dato menor si se tiene en cuenta que la posibilidad de que la industria genere nuevos puestos de trabajo y regularice los que puedan estar fuera de la ley será una pata importante del éxito que sostenga a la reforma laboral.

Lucas Germán Silva, Associate Director de HALO Executive Search le dijo a iProfesional que «En el sector industrial no estamos viendo una paralización generalizada de procesos de selección a la espera de la reforma. Las empresas que necesitan cubrir posiciones críticas lo están haciendo.»

Sin embargo, destacó que se nota «mayor cautela» en los casos de «contrataciones vinculadas a expansión o crecimiento proyectado. La reforma puede modificar el nivel de riesgo percibido al contratar, pero no es el factor determinante en la decisión inmediata.»

«En la industria, la incorporación de personal está mucho más atada al nivel de actividad, al consumo interno y a la competitividad que a un cambio normativo. Hoy muchas PyMEs —que siguen siendo el principal generador de empleo formal en Argentina— están evaluando no solo el marco laboral, sino también la caída de la demanda, el acceso al financiamiento y el impacto de una mayor apertura comercial», explicó Silva, y aclaró que en estos casos el sector está reconfigurando los modelos de trabajo en función de la competencia con productos importados «lo cual incide directamente en la capacidad de sostener o ampliar dotaciones.»

Qué beneficios para empleadores tiene la reforma laboral

El proyecto se estructura sobre la base de aliviar el costo de entrada al empleo formal y simplificar la gestión administrativa. Estos son los ejes principales:

RILF

El proyecto incluye el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL): por cada nueva incorporación de trabajadores que no tuvieran empleo registrado al 10/12/2025, estuvieran desempleados hace 6 meses, fueran monotributistas o ex empleados públicos, se aplicarán alícuotas reducidas.

No es una baja generalizada de impuestos, sino un «premio a la nueva incorporación: durante los primeros 48 meses de la relación laboral, el empleador no pagará las cargas sociales habituales. En su lugar, ingresará una alícuota unificada del 2% para jubilación (SIPA), asignaciones familiares y fondo de empleo, más un 3% para la obra social de jubilados (PAMI).

Los empleadores no podrán despedir personal registrado para reemplazarlo por beneficiarios del RIFL; de detectarse este «uso abusivo», se caen todos los beneficios y se deberán pagar las diferencias con intereses y multas.

El sistema permite que el empleado que perciba un plan social lo mantenga durante el primer año de contrato, teóricamente facilitando la transición de la asistencia al empleo formal.

Blanqueo laboral

Para las empresas que hoy operan con talento en la informalidad, el régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) permite regularizar relaciones laborales vigentes, ya sea que no estén registradas o lo estén deficientemente.

El proyecto establece que la reglamentación no podrá condonar menos del 70% de la deuda por capital e intereses de aportes no realizados. El saldo restante se podrá abonar en hasta 72 cuotas, con un interés tope del 12% nominal anual, una cifra que, frente a la inflación proyectada, resulta atractiva.

Al adherirse, el empleador queda excluido del REPSAL (el registro de infractores laborales) y se extinguen las acciones penales por evasión de la seguridad social.

Reducción de costos y riesgos para empleadores

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema para ayudar a cubrir indemnizaciones. Los empleadores realizarán una contribución mensual (1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs) sobre la nómina salarial. Esto funciona como un «seguro» para no desfinanciar a la empresa ante una desvinculación. No obstante, este también uno de los puntos más criticados del proyecto. Se teme que se utilice dinero del sistema previsional para terminar financiando al Tesoro, mediante las inversiones del FAL en el Mercado de Valores.

Respecto de otros factores que generaban discrecionalidad en sentencias laborales, incrementando el riesgo para empleadores, la reforma trae mayor clarificación sobre lo que implica relación laboral vs. servicios independientes, y limita la presunción de dependencia que se manejaba hasta el momento.

Otro factor importante en cuanto al riesgo judicial es la simplificación de la base indemnizatoria: se excluye del cálculo conceptos no mensuales como el SAC (aguinaldo), vacaciones y bonos anuales, reduciendo el costo final del despido.Además, estipula la posibildad del pago de sentencias en cuotas: Las condenas judiciales podrán pagarse en hasta 6 cuotas (grandes empresas) o 12 cuotas (MiPyMEs), ajustadas por IPC + 3%.

Por otra parte, se simplifica la registración y los costos asociados: el registro ante la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero(ARCA) será único y suficiente para todas las autoridades, eliminando trámites adicionales y multas por duplicidad de registros.

El último punto fundamental a destacar será el régimen de Medianas Inversiones (RIMI): Incluye beneficios como la amortización acelerada en Ganancias para inversiones productivas que generen empleo.

El impacto de la reforma en el empleo

Más allá de los cambios legislativos y los incentivos para contratar, los expertos ponen en duda que haya en el contexto actual un repunte del empleo registrado en función de la reforma laboral, más allá de sectores puntuales que tienen desde antes un marco favorable para el desarrollo de sus negocios (minería, energía, etc.)

Silva lo resumió perfectamente: «La reforma puede aportar previsibilidad y reducir contingencias, lo cual es relevante, especialmente para PyMEs industriales con menor espalda financiera. Pero el empleo formal crecerá en la medida en que haya condiciones para producir, vender y competir. La norma puede facilitar; el crecimiento económico es lo que finalmente activa la contratación.»

Ghidini coincidió: «La reforma que se está por sancionar es un paso muy importante, que tiene que ver con el trasforndo de un marco laboral, con un cambio de filosofía sobre lo que había, que era arcáico. Se trabajó en las bases por un lado, y en cuestiones periféricas por otro, como el horario laboral, las vacaciones. Pero a los fines prácticos de generar una demanda laboral inmediata, yo estimo que no. Serían necesarias medidas más concretas para bajar el costo de contratar y para reducir la informalidad.»

Queda por ver entonces si algunas compañías deciden aprovechar las nuevas condiciones de contratación y registración para regularizar al personal o incluso contratar nuevos talentos una vez que la reforma laboral entre en vigencia.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dejó sin efecto la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles globales. En ese contexto, y tras el cierre de la planta de FATE, cuestionó la apertura de importaciones que impulsa la administración de Javier Milei.

El máximo tribunal estadounidense resolvió, por 6 votos contra 3, revocar la aplicación de gravámenes masivos a productos importados que habían sido establecidos para proteger la industria local, fomentar el empleo y reducir el déficit comercial.

La normativa invocada por Trump estaba pensada para situaciones excepcionales vinculadas a la seguridad nacional, pero fue utilizada como herramienta central de su política comercial frente a decenas de países, con China como principal contrapunto.

El mensaje de Victoria Villarruel: a favor de los aranceles de Trump y la crítica para Milei

En defensa de esa estrategia, Villarruel sostuvo: «La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos«. Con esa frase, la vicepresidenta marcó su respaldo al enfoque proteccionista del mandatario republicano y dejó entrever su desacuerdo con la resolución judicial.

Luego trazó un paralelismo con la situación argentina y profundizó su mirada: «Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina«.

El mensaje fue interpretado como una crítica indirecta al rumbo económico de la Casa Rosada, que avanza con un proceso de desregulación y reducción de barreras al comercio exterior. En esa línea, advirtió: «La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales».

La vicepresidenta, que suele expresar posiciones de corte nacionalista en contraste con el ideario más aperturista del Presidente, reforzó esa visión con una definición conceptual: «No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo».

Sus declaraciones se dan en un momento delicado para el sector manufacturero, afectado por la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo, y pocas horas después de que se confirmara el cierre de FATE, empresa propiedad del empresario Javier Madanes Quintanilla. La decisión dejó sin empleo a más de 900 trabajadores y fue atribuida, entre otros factores, a la retracción en las ventas y al incremento de importaciones de neumáticos de origen chino.

Revés para Donald Trump: la Corte de EE.UU. anuló los aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes los amplios aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, en una decisión que representa un revés significativo para uno de los ejes centrales de su agenda económica.

El fallo, adoptado por seis votos contra tres, declaró inconstitucionales los gravámenes establecidos bajo una ley de poderes de emergencia, entre ellos los llamados aranceles «recíprocos» aplicados a casi todos los países.

La mayoría del tribunal sostuvo que la Constitución asigna de manera explícita al Congreso la potestad de imponer impuestos, incluidos los aranceles.

«El texto constitucional es muy claro», escribió el presidente del tribunal, John Roberts. «Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo».

La decisión marca el primer gran pronunciamiento del máximo tribunal sobre una política estructural del segundo mandato de Trump. El presidente había designado a tres jueces conservadores durante su primera gestión, lo que consolidó una mayoría ideológicamente afín en la Corte.

Sin embargo, en este caso, tres magistrados –Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh- votaron en disidencia.

Kavanaugh sostuvo en su opinión que la política podía ser debatible desde el punto de vista económico, pero no ilegal. «Los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales», escribió.