La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para el mes de febrero de 2026. En ese sentido, quienes tengan el DNI finalizado en 5 deberán consultar cuidadosamente el cronograma para conocer la fecha exacta de cobro.

Dicho cronograma, publicado por la ANSES y disponible en su sitio web, organiza las fechas según el tipo de prestación y la terminación del documento, considerando los feriados nacionales y el esquema escalonado dispuesto para evitar demoras en las entidades bancarias.

Quienes cobren la jubilación mínima o una pensión que no supere ese monto y tengan DNI terminado en 5 podrán acceder a sus haberes el 18 de febrero de 2026. Según la última actualización informada por ANSES, el haber mínimo garantizado es de $359.254,35. Además, para febrero se acredita un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el total a $429.219,42 para quienes perciben la mínima. El pago se realiza en la cuenta bancaria habitual y puede visualizarse desde la jornada asignada.

Para jubilados y pensionados cuyo haber mensual supera el mínimo, el calendario oficial indica que el pago para quienes tienen DNI finalizado en 5 será el 25 de febrero de 2026. En estos casos, el monto máximo de la jubilación asciende a $2.417.441,63. El bono extraordinario de $70.000 se otorga en forma proporcional, de modo que la suma del haber y el bono no supere $429.254,34. Los montos pueden consultarse en el recibo de haberes digital y están sujetos al esquema de movilidad mensual, regulado por el decreto 274/2024.

Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 5 cobrarán el 18 de febrero de 2026. La AUH es una de las principales herramientas de protección social y su monto se ajusta periódicamente según la política de movilidad. Para febrero de 2026, el monto base de la AUH es de $52.554, según la comunicación oficial de ANSES. El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria informada al organismo.

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 5 podrán cobrar el 19 de febrero de 2026. Este beneficio está destinado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social. El monto de la asignación para febrero de 2026 es de $52.554. El acceso a este pago sigue el mismo esquema escalonado por terminación de documento, con el objetivo de garantizar un trámite ordenado y ágil en los puntos de cobro.

Para quienes reciben la Asignación por Prenatal o la Asignación por Maternidad y tienen DNI terminado en 5, la fecha de pago es el 13 de febrero de 2026. El monto de estas asignaciones varía según los ingresos del grupo familiar y la categoría laboral de la beneficiaria, oscilando entre $13.864 y $69.407 para febrero de 2026, de acuerdo con la escala oficial publicada por ANSES. Estas prestaciones acompañan económicamente a trabajadores registrados durante el embarazo y el período posnatal.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, para titulares con DNI terminado en 5, se abonan el 11 de febrero de 2026. El monto estimado para febrero es de $251.453,59, mientras que los titulares también perciben el bono extraordinario de $70.000. Este esquema de actualización mensual busca equiparar el incremento de las jubilaciones y se ajusta conforme al índice de inflación medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Quienes sean beneficiarios del Plan de Desempleo 1 y tengan DNI terminado en 5 cobrarán el 26 de febrero de 2026. El monto depende del período trabajado y del salario percibido anteriormente, con un mínimo de $62.500 y un máximo de $125.000 para febrero de 2026, según la escala oficial de ANSES. Los pagos se efectúan por transferencia bancaria en la cuenta declarada por el beneficiario.

Todos los pagos pueden visualizarse desde la fecha asignada en la cuenta bancaria y se efectúan únicamente en sucursales habilitadas y la red de cajeros automáticos. Es fundamental presentar el Documento Nacional de Identidad y la tarjeta de débito para efectuar el retiro.

No obstante, se recomienda consultar el calendario actualizado en la página oficial de ANSES o a través de su aplicación móvil.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha iniciado una nueva etapa de vigilancia extrema sobre los activos financieros de los argentinos. Este organismo, que reemplazó a la antigua AFIP, busca cerrar definitivamente las brechas de evasión en el mercado de servicios digitales. La clave de esta ofensiva reside en la implementación de estándares internacionales de transparencia que antes no alcanzaban a las nuevas tecnologías.

El mundo financiero global está atravesando una transformación sin precedentes hacia la transparencia total de los fondos. Los freelancers que exportan servicios se encuentran hoy en el centro de esta tormenta regulatoria debido a su uso intensivo de plataformas digitales. Ya no se trata solo de controlar los bancos tradicionales, sino de mapear cada movimiento de dinero que cruza las fronteras.

La presión internacional para identificar el origen de los fondos ha llevado a la creación de marcos normativos mucho más estrictos y dinámicos. Argentina ha decidido alinearse con estas políticas para fortalecer sus reservas y garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Esta decisión marca el fin de una era de relativa tranquilidad para quienes operaban por fuera del sistema bancario clásico.

Es fundamental entender que el anonimato financiero está desapareciendo a pasos agigantados en toda la región latinoamericana. El entrecruzamiento de datos se ha convertido en la herramienta más letal del fisco para detectar inconsistencias patrimoniales. Ante este escenario, la educación tributaria y la prevención se vuelven activos indispensables para cualquier profesional que cobre en moneda extranjera.

El algoritmo global que rastrea tus divisas en cada rincón

El Estándar Común de Reporte, conocido mundialmente como CRS, ha recibido una actualización profunda denominada versión 2.0 por parte de la OCDE. Esta nueva normativa es un protocolo de intercambio automático de información que obliga a los países firmantes a compartir datos financieros. Argentina ya ha formalizado su adhesión a este sistema para rastrear activos que antes eran invisibles para el radar estatal.

A diferencia de la versión anterior, el CRS 2.0 ha sido diseñado específicamente para capturar la economía digital moderna. El sistema original presentaba fallas técnicas que permitían que ciertos activos digitales escaparan al reporte anual de las autoridades. Ahora, el algoritmo es capaz de procesar volúmenes masivos de información sobre usuarios que operan en múltiples jurisdicciones simultáneamente.

La transparencia total es el objetivo final de este mecanismo de cooperación entre las potencias económicas y los países emergentes. Cada vez que un usuario abre una cuenta en una entidad financiera del exterior, sus datos quedan registrados en esta red global. La velocidad del intercambio de información se ha incrementado, reduciendo el margen de maniobra para quienes intentan ocultar rentas.

El impacto para los exportadores de servicios es directo, ya que sus herramientas de cobro habituales entran ahora en el radar. El fisco argentino recibirá reportes detallados que incluyen la identidad del titular, los saldos acumulados y los movimientos realizados. Es un giro de 180 grados en la forma en que el Estado monitorea la riqueza de sus ciudadanos fuera del territorio nacional.

Criptomonedas y billeteras digitales: el nuevo territorio conquistado por ARCA

Las billeteras digitales como Wise, Payoneer y Revolut han sido históricamente el refugio preferido de los trabajadores remotos. Sin embargo, la normativa CRS 2.0 incorpora a estas instituciones bajo la categoría de «Entidades Financieras Obligadas a Informar». Esto significa que las plataformas fintech deberán comportarse exactamente igual que un banco tradicional ante el fisco internacional.

El mercado de los criptoactivos, que durante años funcionó en una zona gris legal, también ha sido alcanzado por esta ola regulatoria. Las plataformas de intercambio de criptomonedas ahora tienen la obligación de identificar a sus beneficiarios finales y reportar sus tenencias. Aquel mito de que las criptos son rastreables solo para expertos ha quedado totalmente desterrado por la burocracia estatal.

Muchas empresas de tecnología financiera ya están notificando a sus usuarios sobre la necesidad de actualizar su información de residencia fiscal. Este proceso es el primer paso para cumplir con los reportes que llegarán a las oficinas de ARCA en los próximos años. El sistema no distingue entre dólares billete, dinero electrónico o activos digitales basados en tecnología blockchain.

La tecnología de control fiscal ha evolucionado para comprender la naturaleza de los activos virtuales y su valor de mercado. Las billeteras que antes se consideraban «seguras» por su sede en paraísos tecnológicos están cambiando sus términos de servicio. El mensaje es claro: si hay valor económico, el fisco tiene el derecho y la herramienta para saber de quién es.

El calendario del fisco: ¿cuándo saltan las alarmas en el tablero de control?

El cronograma de implementación ya tiene fechas críticas que todo profesional debe marcar en su calendario financiero. Argentina firmó el addendum necesario para el CRS 2.0 en julio de 2025, iniciando un proceso administrativo irreversible. Se espera que la recopilación de datos frescos comience formalmente a partir del 1 de enero de 2026.

Las instituciones financieras de todo el mundo están adaptando sus sistemas internos para capturar la información durante todo el próximo año. Una vez recolectados estos datos, el primer gran intercambio masivo de información con Argentina ocurriría en el año 2027. Este desfasaje temporal le otorga a los contribuyentes un margen muy estrecho para regularizar sus situaciones impositivas previas.

La publicación de la Resolución General por parte de ARCA es el paso administrativo final que terminará de definir las reglas de juego locales. Este documento detallará cómo se procesará la información recibida y qué criterios de riesgo se aplicarán para iniciar inspecciones. Sin esta reglamentación, el intercambio sigue su curso internacional pero carece de ejecución operativa interna inmediata.

Es un error grave pensar que el retraso en la reglamentación local significa que el control no existe hoy. Las bases de datos se alimentan de forma retroactiva y los cruces de información pueden disparar alertas sobre años fiscales no prescriptos. La planificación financiera debe mirar hacia 2026 como el punto de no retorno para la visibilidad de los activos externos.

El «refugio» de Estados Unidos y las limitaciones de la red FATCA

Muchos freelancers consideran que operar exclusivamente con cuentas en Estados Unidos los mantiene a salvo del reporte automático. Es cierto que el país del norte no forma parte del CRS de la OCDE y mantiene su propio sistema de control. Sin embargo, la existencia del acuerdo FATCA genera un flujo de información específico que no debe ser subestimado por el contribuyente.

La información que envía Estados Unidos a la Argentina es más acotada pero igualmente peligrosa si se utiliza para detectar inconsistencias. Generalmente, el reporte se centra en intereses percibidos y dividendos generados por cuentas de personas físicas en territorio estadounidense. No se informa el saldo total de la cuenta de manera automática como ocurre en el sistema CRS.

Existen diferencias técnicas fundamentales entre poseer una cuenta personal y una cuenta a nombre de una sociedad (LLC). No obstante, ARCA cuenta con herramientas de investigación para solicitar información específica cuando detecta gastos elevados en el mercado local. El mito del «blindaje total» estadounidense es cada vez más poroso ante la cooperación bilateral entre ambos países.

La estrategia de diversificar fondos en cuentas norteamericanas requiere una ingeniería contable sólida para evitar contingencias legales futuras. El fisco argentino tiene la potestad de pedir informes manuales a sus pares extranjeros ante sospechas fundadas de evasión agravada. Confiar ciegamente en la falta de reporte automático del CRS puede ser una trampa mortal para el patrimonio no declarado.

Cómo evitar multas millonarias y navegar el nuevo mapa tributario

Tener una cuenta en el exterior es una actividad perfectamente lícita para cualquier ciudadano argentino, siempre que esté declarada. El verdadero riesgo legal surge cuando existe una falta de coherencia entre el nivel de vida y los ingresos facturados. ARCA utiliza algoritmos de inteligencia artificial para detectar consumos con tarjetas extranjeras que no coinciden con el perfil del contribuyente.

La recomendación principal de los expertos es utilizar la Factura E para respaldar cada ingreso de divisas que se percibe. Este documento es la prueba legal del origen de los fondos y permite justificar el crecimiento patrimonial ante cualquier inspección. Operar en la informalidad total se ha vuelto una apuesta de altísimo riesgo con consecuencias económicas que pueden ser devastadoras.

Las multas por no declarar cuentas en el extranjero pueden superar ampliamente el capital original que se intentó proteger del fisco. Además de las sanciones monetarias, el contribuyente enfrenta intereses resarcitorios y posibles causas penales bajo la Ley Penal Tributaria. El costo de la regularización suele ser significativamente menor que el costo de ser descubierto en una fiscalización electrónica.

Contar con un asesor impositivo especializado en servicios digitales es hoy una inversión necesaria y no un gasto extra. El contexto normativo es extremadamente volátil y requiere una actualización constante para no cometer errores administrativos involuntarios. La transparencia es la nueva norma, y adaptarse a ella es la única forma de garantizar la tranquilidad financiera a largo plazo.

El mercado automotor argentino también está pendiente de lo que pueda suceder a partir de este miércoles con el debate por la Reforma Laboral en el Congreso. Pero la atención no está puesta tanto por el impacto que podrían tener los cambios respecto al régimen laboral en sí mismo, que a esta industria no le cambia el escenario como a otras, sino por el capítulo fiscal que incluye en uno de sus últimos artículos.

Se trata del inciso que elimina el impuesto interno, que en Argentina se hizo famoso como “Impuesto al lujo”, y que en la actualidad impacta en los autos con precios superiores a los $103.000.000 en un 18%. Si bien la eliminación de este tributo beneficiará a los consumidores de autos de alta gama o precios altos, también podría generar un reacomodamiento de precios de un segmento muy especial para los argentinos: las pick-up medianas de mayor equipamiento, que aunque no pagan impuesto al lujo por su condición de ser vehículos comerciales, se verán empujadas a ajustar su escala de precios para no perder mercado.

Un año atrás, a comienzos de 2025, el Gobierno suspendió la escala 1 de este impuesto, que afectaba a la franja media de precios del mercado con una alícuota del 20% -que terminaba siendo casi del 25% al aplicarse-, y redujo al 50% la escala 2, la que sigue vigente, al llevarla del 35% al 18 por ciento.

Sin embargo, la posible eliminación definitiva de este impuesto, de aprobarse, significará un alivio para los importadores, sean terminales automotrices nacionales o solo representantes oficiales, porque las ventas de autos alcanzados por este impuesto quedaron prácticamente paralizadas desde el mes de diciembre, al conocerse la existencia de este item en el proyecto de ley del Gobierno.

La expectativa de los consumidores de autos que pagan impuesto al lujo respecto a una baja sustancial en el precio generó que se frenen casi todas las operaciones de compra desde el 15 de diciembre en adelante. Como cuenta básica para entenderlo, se podría decir que un vehículo que hoy cuesta $125.000.000 y está alcanzado por este impuesto, podría bajar su precio a unos $108.000.000.

Ante ese escenario, hubo diferentes reacciones de los importadores. Algunas marcas incluso decidieron paralizar la nacionalización de los autos que llegaron desde entonces y dejarlos en depósito fiscal hasta que se tenga certeza respecto al resultado que se logre en el Congreso, especialmente porque hubo varios actores del sector que consideraron que este capítulo impositivo de la Reforma Laboral cumplía un doble rol de ser una “moneda de cambio”, como de hecho sucedió con el impuesto a las Ganancias recientemente. Es decir, que la eliminación del impuesto interno a los autos podría caerse si el Gobierno tuviera que hacer concesiones para que se apruebe el proyecto de ley.

Otros, en cambio, apostaron por seducir a los compradores con descuentos cercanos al 10% durante enero y febrero, algo representativo de la baja de precio que podía hacerse en caso de que se sancione la ley, y que en el caso de una hipotética caída del capitulo impositivo o el artículo relacionado con impuestos internos, será un beneficio que ya no existirá en marzo.

Pero la eliminación del impuesto interno no beneficiará únicamente a los consumidores de autos de alta gama o precios altos, sino que podría generar un reacomodamiento de precios de un segmento muy especial para los argentinos: las pick-up medianas de mayor equipamiento. Si bien esta clase de vehículos no pagan impuestos internos por ser automotores destinados a actividades comerciales y producción, la baja de los SUV más caros pisarán su precio.

“La baja de impuestos es siempre una buena noticia. Más allá de la franja de precios que afecte o beneficie. Cuando bajan los impuestos a un segmento, automáticamente se redefinen los precios que están alrededor”, explicó un importador de autos de alta gama a Infobae.

“Los que se ven más influidos son los inmediatamente por debajo, porque deben bajar precio para no competir con vehículos de mejor categoría. Siempre es importante entender que así como en las gamas bajas de autos tienen muy poco margen de ganancia para el fabricante porque en esos segmentos se apuesta a ganar volumen y participación de mercado, en los autos más caros el margen es mayor y se puede ajustar sin perjuicios importantes para la marca”, señaló la misma fuente.

Si se aprueba la eliminación del impuesto interno a los autos, la franja de vehículos que tendría que ajustar precios es la que tiene modelos entre los $70.000.000 y los $90.000.000, lo que automáticamente deja incluidas a las pick-up argentinas de precios superiores, las de mayor equipamiento de todo el portafolio de las marcas.

Estos vehículos tuvieron un mayor auge cuando las restricciones a la libre importación del Gobierno de Alberto Fernández y la plena vigencia del impuesto interno afectaba los autos y SUV de ese nivel de precios, y como las camionetas no pagan el impuesto al lujo por estar enmarcadas entre los vehículos comerciales livianos, dotarlas de mayor equipamiento y confort las convirtió en una excelente alternativa para los usuarios que le daban un uso como automóvil particular.

Esto llevó a las pick-up argentinas a aumentar su cuota en el mercado automotor durante varios años, alcanzando casi el 30% del total de patentamientos. Sin embargo, desde la apertura de las importaciones promovida por el Gobierno, con dos años en los que empezaron a llegar más SUV medianas y grandes de precio equivalente, el porcentaje de mercado de las pick-up medianas bajó considerablemente y hoy ocupa el 18% del segmento de autos particulares y comerciales livianos.

De hecho, como consecuencia de ese reordenamiento de precios que está ocurriendo, la mayoría de los fabricantes de camionetas están reforzando su oferta en la gama más baja, las pick-up de trabajo, entendiendo que las de precios más altos tendrán un ajuste de ventas en un mercado cada vez más competitivo. En los últimos meses, Ford y Chevrolet volvieron a apostar por las versiones de cabina simple con caja, como ejemplo de este nuevo escenario.