ECONOMIA
“Lo mejor que podría hacer”: Cavallo listó qué reformas debe iniciar el gobierno para seguir sumando reservas y reactivar la economía
En un texto más positivo que otros que le ganaron cierta antipatía oficial, Domingo Cavallo publicó en su blog el documento “Re-monetización por compra de reservas, la mejor opción para reactivar la economía”, en línea con la “fase 4” del programa económica.
“La baja del riesgo país conseguida con compra de reservas por parte del Banco Central es una muy buena señal y esta política, si se acompaña con reformas cambiarias y financieras, puede transformarse en la mejor opción para reactivar la economía”, escribió el exministro. Pero, alertó, “el gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade), porque esa calma esconde un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno”.
Para que las reformas estructurales que busca el gobierno puedan llevarse a la práctica, subrayó, “es muy importante que 2026 sea un año de fuerte reactivación del mercado interno sin que tienda a aumentar sostenidamente la tasa de inflación, que a lo largo de 2025 osciló alrededor del 2% mensual. Para lograr esos objetivos Cavallo hizo un minucioso análisis de lo que está haciendo y de lo que podría hacer el gobierno.
Para el ministro, en la actual coyuntura “es la política monetaria más apropiada”. Ya no deben quedar dudas, remarcó, en línea con lo que pregonaba hace largo tiempo, de que la acumulación de reservas libres en el Banco Central2 ayuda a que baje la tasa de riesgo país”. Si eso continúa, explicó, “se irá aproximando el momento en el que Argentina recupere el acceso al mercado internacional de capitales a tasas de interés que no excedan su ritmo potencial de crecimiento”, que calculó en 7%: 5% de crecimiento y 2% de inflación internacional.
Pero Cavallo pidió no confundir la compra de reservas para acumularlas en el BCRA con la compra de divisas que deben hacer el Tesoro y las provincias para pagar intereses de deuda externa. “No incluyo referencia a compras para amortizar deuda, porque parto del supuesto de que conseguirán nueva deuda para atender los vencimientos de capital que se vayan sucediendo en el tiempo. Para la compra de divisas por parte de los Tesoros Nacional y provinciales, se necesita que la Nación y las Provincias generen superávit fiscal primario suficiente. Si no lo logran, tendrán que financiar esta compra de divisas con endeudamiento, sin afectar las reservas del Banco Central. Es decir, la responsabilidad de conseguir las divisas para pagar los servicios de la deuda es claramente del Tesoro Nacional y de los Tesoros Provinciales. Esta es una regla de política fiscal (…) una suerte de reaseguro de la política de déficit cero, que habrá que mantener mientras no se consiga la estabilización completa de la economía”.
REUTERS/Matias Baglietto
A su vez, prosiguió, “para que la única emisión monetaria sea la destinada a acumular reservas en el BCRA es necesario que los vencimientos de intereses y capital de la deuda en pesos también se financien con superávit fiscal primario o con nuevo endeudamiento, pero nunca con emisión monetaria del Banco Central. Si se sigue esta regla, la demanda de liquidez de la economía alimentará la acumulación de reservas del Banco Central, porque ésta será la única fuente de emisión monetaria”.
En cambio, el exministro considera “peligroso” que las tasas de interés en pesos sean demasiado altas en términos reales (esto es, muy superiores a la tasa de inflación). “Si baja la tasa de riesgo país, es decir el costo del endeudamiento en dólares, deberían bajar también las tasas de interés en pesos en términos reales. A su juicio, la “única razón” por la que eso no está ocurriendo “es porque el mantenimiento del cepo cambiario a las empresas y a los intermediarios financieros sigue dejando como espada de Damocles en el mercado cambiario la decisión, que en algún momento deberá tomarse, de disponer la completa libertad de movimiento de capitales, algo que se da en todas las economías bien organizadas y estables del mundo”.
Por eso, aconsejó, “lo mejor que podría hacer el gobierno en este momento es seguir acumulando reservas sin inducir carry trade, sino avanzando rápidamente hacia la eliminación completa del cepo con garantías de que no va a ser reintroducido bajo ninguna circunstancia. Esto requeriría declarar al dólar como moneda de curso legal, derogar la ley penal cambiaria y liberalizar la intermediación financiera para permitir la expansión del crédito bancario, tanto en pesos como en dólares, a tasas de interés que en términos reales no superen la tasa de crecimiento potencial de la economía” (el ya referido 7% nominal).
Según Cavallo, si el gobierno adopta esas decisiones el aumento del precio del dólar para encontrar “el tipo de cambio real de equilibrio” será mucho menor que el que se daría si se demora la eliminación del cepo y se va deteriorando el superávit comercial. Sucede, fundamentó, que luego del sinceramiento “y contando con una baja acentuada del riesgo país, si se produce algún impacto sobre la tasa mensual de inflación será de escasa magnitud y muy transitoria. Por el contrario, con una economía que se irá reactivando por re monetización y más bajas tasas de interés reales, tanto en pesos como en dólares, será mucho más fácil lograr estabilidad cambiaria porque ya no existirá el riesgo de una fuerte devaluación en el futuro”.
Además de reiterar sus advertencia sobre los riesgos del carry trade, Cavallo volvió también a mencionar “las ventajas de evitar una moneda demasiado apreciada en términos reales”. Según él, “es peligroso que la contención de la inflación dependa de la apreciación real del Peso lograda por restricciones cambiarias y altas tasas reales de interés”. Es así, fundamentó, porque las altas tasas reales de interés que inducen carry trade “son fuente de inestabilidad cambiaria futura y demoran la reactivación sostenible de la economía”. Además, abundó, “apreciar el peso con tasas altas y restricciones cambiarias por una parte “dificulta la implementación de las reformas laboral y de la apertura de la economía” y por otra “aumenta el costo financiero de la deuda del Tesoro y quita espacio fiscal para atender inversiones en infraestructura que son necesarias no sólo para apuntalar la reactivación sino para ayudar a mejorar la competitividad de la producción”.
Cavalló considera “fundamental” avanzar pronto con las reformas cambiaria y financiera. Al respecto, recordó lo sucedido durante el gobierno de Macri, por lo que es “fundamental poner un fuerte ajuste fiscal al frente del plan de estabilización”.
Una segunda lección es que acumular reservas en el BCRA “facilitando la entrada de capitales de corto plazo, mediante manejo de la tasa de interés para mantener bajo el tipo de cambio nominal, alimenta una crisis cambiaria futura”. Al respecto recordó debates que tuvo en el pasado con el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Entre 2016 y 2017, señaló, el manejo de tasas para estabilizar con el sistema de “metas de inflación” llevó a una apreciación del peso que se revirtió de golpe en mayo de 2018, cuando “quienes habían operado en carry trade decidieron salir todos juntos”.
“Sturzenegger en parte tenía razón porque sólo USD 10 mil millones de esa acumulación artificial de reservas se originaba en la colocación de LEBACs por parte del BCRA. La otra mitad tenía su origen en el financiamiento del déficit fiscal con endeudamiento externo conseguido por la Secretaría de Finanzas conducida por Luis Caputo”, escribió Cavallo. Pero, siguió, “esas dos fuentes de acumulación de reservas iban a desaparecer por cambios en las condiciones externas e incertidumbre política interna, por lo que la reversión del carry trade y el cierre de los mercados externos para la deuda, provocaron una sucesión de devaluaciones que desmoronaron la popularidad del gobierno”.
Ahora en cambio Cavallo considera “bajo” el cierre de mercados externos, “porque gracias a la muy prudente política fiscal, los mercados externos que estuvieron cerrados para la deuda pública en los últimos ocho años, en lugar de cerrarse se están tendiendo a abrir”, como refleja la reducción del riesgo país.
Sin embargo, persiste y es “alto” el riesgo de reversión del carry trade “en la medida que se acumulan evidencias de atraso cambiario tales como un ritmo de crecimiento de las importaciones superior al de las exportaciones, creciente demanda de dólares para turismo en el exterior y atesoramiento de dólares de las personas. Además, está siempre presente el riesgo de mayor incertidumbre política y de conflictos armados en el exterior que pueden repercutir negativamente sobre las economías emergentes”.
Evitar estos peligros, dijo, es simple: tanto el Estado Nacional como las provincias deben tener prohibido endeudarse en pesos a tasa fija. “Sólo podrán hacerlo en pesos ajustables por inflación o por tipo de cambio y por plazos mayores a seis meses”, aconsejó. En cambio, siguió, “el sector privado, incluidos los bancos, podrá endeudarse en pesos con cualquier modalidad, incluido, por supuesto, depósitos y préstamos a tasa fija, ajustables por tasa y ajustables por inflación y por tipo de cambio”.
De resultas de esas reglas, señaló, “la tasa de depósitos que los bancos ofrecerán a sus clientes dependerá de la tasa que estén dispuestos a pagar los demandantes de crédito a tasa fija que los bancos consideren merecedores de crédito”.
En ese paquete entra la declaración del dólar como moneda de curso legal, igual que el peso, la eliminación de “todas las restricciones” a la compra y venta de dólares de modo que el mercado cambiario “sea totalmente libre”, haya un solo tipo de cambio, con lo cual las empresas y personas que operen en dólares no incurrirán en ningún costo de transacción, fuera de los spreads normales entre tipo comprador y tipo vendedor y si se trata de una operación mayorista o minorista, pues “el BCRA sólo intervendrá comprando dólares para aumentar sus reservas según un plan que deberá ser preanunciado”.
Según Cavallo, el manejo de “metas de inflación a la peruana o la dolarización completa de la economía con desaparición del Banco Central, como la proponía el Presidente Milei en la campaña electoral, sólo será posible una vez que el BCRA haya acumulado reservas propias en un porcentaje del PBI parecido al que representa la base monetaria”. Y concluye: “el efecto que tendrá esta reforma financiera y cambiaria sobre la competitividad de la economía será mucho más rápido y efectivo que el que pueda derivarse de una reforma laboral discutida y aprobada en un contexto de recesión en vastos sectores del mercado interno”. Por eso, explicó, en posteos anteriores ya había señalado que las reformas financiera y cambiaria deberían ocurrir antes que lñas demás reformas estructurales, “incluidas la laboral y la apertura de la economía”.
Mientras busca captar más obras y empleos en los sectores de minería y energía con la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta 2027; la administración de Javier Milei mantiene vigente una medida que les impide a varias empresas inversoras poder actualizar por inflación los saldos del impuesto a las Ganancias que tienen a favor por quebrantos impositivos registrados en los últimos años.
Tras un dictamen emitido a fines de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desconoce los ajustes de los quebrantos impositivos por las variaciones inflacionarias que han realizado las empresas y considera que las diferencias surgidas hasta ese año entran en la categoría de «deudas tributarias» que se deben afrontar.
Impuesto a las Ganancias: una medida de ARCA preocupa a empresas con RIGI
En tanto, para los ejercicios fiscales iniciados a partir de 1 de enero de 2025,el artículo 190 de la ley de modernización laboral que aprobada por el Congreso en febrero dejó establecido que «los quebrantos generados desde esa fecha en adelante se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el INDEC».
Si bien el organismo recaudador, que conduce Andrés Vázquez, tiene abiertos distintos planes de pago para regularizar la situación de los años anteriores, los abogados de las medianas y grandes empresas afectadas resisten la interpretación oficial y advierten que el total de lo reclamado estaría en torno de u$s 5.000 millones que de pagarse dejarían de ir a las obras e inversiones comprometidas.
Según la normativa vigente, si una empresa cierra un ejercicio anual con pérdidas puede trasladarlas a los siguientes balances para que sean compensadas con las ganancias que se obtengan en esos períodos.
Al momento de liquidar los pagos de Ganancias, la mayoría de las empresas que habían acumulado resultados en los últimos años procedieron a actualizar sus quebrantos con los registros inflacionarios del 211% de 2023 y del 118% de 2024.
Tras no convalidar esas actualizaciones que presentaron compañías de distintos sectores que van desde productoras de alimentos hasta operadoras de servicios públicos; el titular de la ARCA avanzó con inspecciones integrales a todas las empresas que habían tomado la inflación como parámetro de ajuste a contramano del planteo oficial que establece que los montos de los quebrantos debían permanecer sin cambios.
La no actualización de los quebrantos impositivos anteriores a los balances de 2025 forma parte de los reclamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) le viene planteando al Gobierno desde hace varios meses.
A fines del año pasado, por medio de una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, la entidad advirtió que la medida «genera efectos confiscatorios, particularmente para aquellas empresas que realizaron inversiones significativas o que operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos de largo plazo».
Ante las intimaciones lanzadas por ARCA para cancelar las «deudas tributarias» generadas en las presentaciones de Ganancias, solo la petrolera YPF y Pampa Energía decidieron aceptar el criterio oficial y saldar lo reclamo mediante planes de pago.
Empresas recurren a la Justicia para modificar medida de ARCA
La mayoría de las empresas decidió resistir la movida de ARCA con reclamos administrativos y judiciales. Una de ellas es PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), la empresa controlada por las familias Cavallo y Brandi que tiene negocios en petróleo, gas y energía renovables.
Su reclamo contra la posición de ARCA se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación, el organismo administrativo que depende de la subsecretaría de Ingresos Públicos y que ahora tiene que resolver esta cuestión clave que es seguida de cerca por otras empresas energéticas que están en la misma situación y con proyectos de inversión encuadrados dentro del RIGI.
PCR es la segunda empresa generadora más importante en el sector de energías renovables. Opera cinco parques eólicos que tienen una capacidad de generación total de 530 MW y tiene en camino dos nuevos proyectos para instalar 572 MW adicionales en parques eólicos localizados en la provincia de Buenos Aires y un equipo generador solar en San Luis.
A mediados de marzo, la empresa consiguió de la IFC –la pata financiera del Banco Mundial—y otras entidades comerciales un crédito por u$s110 millones para la construcción del «Parque Eólico Olavarría» que demandará una inversión total de u$s 257 millones.
El parque -que alimentará de energía renovable a la siderúrgica ArcelorMittal Acindar- integra la lista de los proyectos del RIGI que ya cuentan con la aprobación de las autoridades económicas, mientras la empresa inversora sigue jaqueada por el reclamo que llevan adelante los funcionarios del ente recaudador.
RIGI: los proyectos aprobados hasta el momento
En lo que respecta al RIGI, hasta ahora se contabilizan cerca de 30 iniciativas presentadas y un total de 13 proyectos aprobados que se desarrollarán básicamente en las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.
Los proyectos con visto bueno oficial se concentran principalmente en los sectores energético y minero, que representan más del 96% del total las inversiones proyectadas que llegan a casi u$s 30.000 millones.
Las iniciativas abarcan desde energías renovables hasta infraestructura petrolera y gasífera, además de proyectos de litio, cobre, oro y plata, junto con inversiones industriales y logísticas.
A mediados de febrero, el Gobierno extendió la vigencia del RIGI por un año más y permitió que se sumen proyectos vinculados a la exploración y producción de petróleo y gas con un monto mínimo de inversión de u$s 600 millones.
Entre los principales incentivos que ofrece el RIGI a las empresas inversoras sobresalen la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la deducción del IVA desde antes del inicio de las actividades y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para la resolución de disputas legales.
Más allá de los anuncios oficiales sobre las bondades del RIGI, el economista Santiago Polo advirtió que «tras la extensión por un año y la ampliación del listado de proyectos aprobados, ahora el régimen le plantea desafíos al Gobierno en términos de seguimiento, control y evaluación de resultados».
En un análisis publicado en el sitio «ElAuditor», el economista alertó que «el principal interrogante no gira ya en torno al volumen de anuncios, sino a la capacidad de transformar compromisos de inversión en obras ejecutadas, producción efectiva y generación de divisas».
«En ese proceso—destacó Polo– también aparece la expectativa de que estos desarrollos impulsen el crecimiento de proveedores locales, evitando una dependencia excesiva de insumos importados y generando encadenamientos productivos en distintas regiones del país».
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El reacomodamiento de precios que se está dando en el mercado automotor argentino permite que la mayoría de los autos 0 km tengan, empezando abril, un precio prácticamente igual al de enero, incluso, con algunas bajar interesantes, porque van más allá de la eliminación del impuesto al lujo que rige desde este mes, sino que se dieron en modelos que no se veían afectados por ese tributo.
Los autos de acceso a la gama de cada marca siguen siendo los que dan volumen de ventas con muy bajo margen, con precios que van desde los 26 a los 33 millones de pesos, con algunos pequeños ajustes en torno al 1% en pocos casos.
Uno de los casos es el del Renault Kwid, el más barato del mercado desde diciembre de 2024, que aunque subió su precio un 1,1%, mantiene esa posición privilegiada que justifica plenamente por ser el auto más vendido de la marca en Argentina.
Pero hay un condicionante para que se mantenga el statu quo y es un dólar todavía bajo que permite, a medida que pasan los meses, que los vehículos importados que se publican en dólares, se acerquen cada vez más a aquellos que dominaron este particular ranking.
Así, un modelo de origen chino y propulsión 100% eléctrica, entró al Top 10 que hasta hace poco tiempo estaba reservado exclusivamente a autos Mercosur, tanto argentinos como brasileños. Y lo más llamativo es que, dependiendo de la cotización del dólar en el próximo mes, podría pasar a ser el auto más accesible del mercado.
Los 10 autos más baratos de febrero
1. Renault Kwid: $26.360.000
El Renault Kwid, en efecto, se mantiene e como el auto más barato del mercado, pero con la sombra de un vehículo chino que podría desplazarlo ya el próximo mes al segundo puesto. Viene importado desde Brasil y tiene dos versiones diferentes aunque sólo en su enfoque hacia el cliente pero con el mismo precio. Motor naftero aspirado y caja manual en ambas versiones.
2. Jmev EV3: USD 18.900 / $26.838.000
Este es el auto que puede desbancar al Kwid en mayo si el dólar se mantiene debajo de los $1.410 y Renault actualiza el precio como ocurrió en abril. Es chino, lo importa el Grupo Antelo y su principal cualidad distintiva es que ee trata de un auto 100% eléctrico. Su precio está en dólares, razón por la cual su posición en el ranking depende de la cotización oficial de cada día.
3. Fiat Mobi: $27.350.000
Este es el segundo Citycar de las marcas regionales en el mercado y también tuvo un leve incremento de precio del 0,5%. Como la mayoría de los modelos más accesibles, se trae importado de Brasil, pero tiene un menor volumen de ventas porque comercialmente es un auto que se prioriza para plan de ahorro. Funciona con caja manual y tiene solo la versión Trekking como opción de equipamiento.
4. Hyundai HB20: $27.600.000
Con este B-Hacth se da una especial situación de penetración en el mercado como el auto compacto más barato desde su lanzamiento un año atrás. Parte de esa estrategia es mantener el precio sin alteraciones desde noviembre pasado, lo que le permitió subir el volumen de ventas que casi llega a las 700 unidades en marzo. Se fabrica en Brasil y tiene versiones con caja manual y automática y con carrocería de dos y tres volúmenes.
5. Fiat Argo: $29.930.000
Es el primer escalón de Fiat en el ranking y el primero en el segmento B. El Argo es similar al Cronos pero sin baúl. Comparten la plataforma y la motorización, pero este hatchback se produce en Brasil, llega desde este año en dos versiones que sumó la caja automática tipo CVT a la ya conocida de accionamiento manual. El motor es aspirado 1.3 litros en ambos casos.
6. Fiat Cronos: $31.120.000
El tercer Fiat del ranking es también el primer y más barato modelo de fabricación nacional en la lista. El Fiat Cronos se renovó estéticamente en mayo de 2025 y se mantiene como uno de los dos autos más vendidos del mercado. Es un sedán fabricado en la planta de Córdoba de Stellantis y se comercializa en 4 versiones, dos con caja manual y dos con caja automática tipo CVT, todas con el motor naftero 1.3 aspirado.
7. Citroën C3: $31.360.000
Este es otro modelo que tuvo un leve ajuste de precio hacia arriba en abril, de apenas el 0,5% para las dos primeras versiones. El Citroën C3 es el más pequeño de la familia que componen otros dos modelos dentro del programa CCubo, lanzado en 2023 para reposicionar la marca entre las que ofrece vehículos accesibles. Se fabrica en Brasil y tiene tres versiones con motorizaciones aspirada y una con motor turbo.
8. Peugeot 208: $31.460.000
Este es el segundo y último modelo de fabricación nacional que está entre los 10 más baratos del mercado. También tuvo una suba del 0,5% en abril, aplicada a las tres versiones más accesibles de la gama. El 208 se produce en la planta de Stellantis en Palomar, y tiene cinco opciones, tres con motor aspirado y dos con el turbo T200 del grupo.
9. Chevrolet Onix: $31.505.900
Por tercer mes consecutivo, General Motors mantuvo para abril los precios de todos sus modelos, lo que le permitió al Onix ser tercero entre los autos compactos detrás del Peugeot 208 y el Fiat Cronos, es decir que fue el mejor auto del segmento B entre los importados de Brasil. El Onix se ofrece tanto en versión hatchback como sedán. Todos sus modelos están propulsados por motor turbo 1.0 litros y tienen opciones de caja manual o automática CVT.
10. Citroën Basalt: $32.260.000
Al igual que otros modelos de Stellantis, el Basalt también tuvo un ajuste de precio del 0,5% este mes, aunque sin alterar su posición en el ranking de los 10 más accesibles del mercado. Es el segundo Citroën de la lista y el único SUV del segmento B. El Basalt pertenece a la misma familia del C3 y el Aircross con una propuesta de cuatro versiones, dos con motor aspirado y dos con motor turbo y viene importado desde Brasil al igual que los otros dos modelos.
Dos modelos chinos están en la puerta del ranking. El primero es el BYD Dolphin Mini, modelo 100% eléctrico que podría sumarse a la lista por su precio de USD 22.990 que equivale a unos $32.518.000. Este auto es un compacto de segmento A, tiene un motor de 88 CV (65 Kw), una batería de 30.1 kWh y una autonomía declarada de 380 km. El otro es el Chery Tiggo 2 Pro Max, que es un vehículo hatchback propulsado por un motor 1.5 litros aspirado y tiene un precio de USD 23.000, es decir unos $32.660.000.
También hay dos utilitarios con un precio que le permitiría entrar al ranking, peor por su diferente uso y características, se pueden mencionar en un apartado. Se trata de dos productos de Fiat que llegan desde Brasil. La más accesible es el furgón chico Fiat Fiorino, que tiene motor aspirado 1.3 litros y un precio de $29.460.000. El otro modelo es la versión de acceso de la pick-up compacta Fiat Strada que tiene motor 1.3 litros aspirado, caja manual y un precio de $33.050.000.
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El Gobierno autorizó anticipos de coparticipación por hasta $400.000 millones a provincias, en busca de recomponer vínculos y asegurar respaldo legislativo
03/04/2026 – 11:44hs
El gobierno de Javier Milei habilitó un adelanto millonario de fondos a las provincias y reactivó el diálogo con los gobernadores, en una jugada clave para consolidar apoyos en el Congreso y acelerar el tratamiento de reformas estructurales.
La medida contempla la entrega de hasta $400.000 millones en concepto de adelantos de coparticipación para unas 12 provincias, incluyendo tanto distritos aliados como otros con vínculos más tensos con la Casa Rosada.
Javier Milei envía fondos a provincias: busca apoyo de gobernadores
En el oficialismo reconocen que la relación con los gobernadores es determinante para sostener la agenda legislativa. Por eso, el adelanto de fondos aparece como un gesto concreto para fortalecer esos vínculos y garantizar respaldo en votaciones clave.
El Ejecutivo busca aprovechar una «ventana política» en la que todavía cuenta con aliados dispuestos a acompañar las reformas, al menos en el corto plazo.
Además, la decisión apunta a evitar que las provincias deban financiarse en el mercado a tasas elevadas, lo que suma un componente financiero a la jugada política.
Ley de Glaciares y otras reformas, en la mira
En la Casa Rosada consideran urgente recuperar la iniciativa política y ganar protagonismo en la agenda pública. En ese marco, el Congreso se convierte en el principal escenario para impulsar proyectos que permitan al Gobierno retomar centralidad.
La estrategia también busca dejar atrás tensiones internas y mediáticas recientes, mientras se intenta mostrar dinamismo en la gestión y capacidad de avanzar con reformas.
Entre los proyectos que el oficialismo pretende tratar en las próximas semanas aparecen iniciativas sensibles, como modificaciones en la Ley de Glaciares y otros cambios regulatorios vinculados a sectores productivos.
El plan del Gobierno incluye un paquete amplio de reformas que necesita sí o sí del respaldo de gobernadores y legisladores dialoguistas para avanzar. En ese contexto, la negociación política se vuelve tan relevante como la estrategia económica.
La Casa Rosada apuesta a consolidar mayorías circunstanciales para aprobar leyes clave, en un escenario donde las provincias mantienen un rol central tanto por su peso legislativo como por su incidencia en sectores estratégicos como la minería o la energía.
Así, el adelanto de fondos no solo busca aliviar las cuentas provinciales, sino también ordenar el frente político y garantizar gobernabilidad en una etapa donde el oficialismo necesita mostrar resultados concretos.
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