El INDEC dio a conocer este martes el dato de inflación de enero y una variación llamó la atención, más allá de la aceleración del IPC general al 2,9%. Es que el rubro «Prendas de vestir y calzado» presentó una variación negativa.

Luego de los dichos de Luis Caputo, quien se quejó de los precios locales de la ropa y dijo que compraba en el exterior, en enero los precios de la indumentaria cayeron -0.5%. Incluso, al analizar por regiones, se observa que en el GBA la caída de precios fue -1,5%.

Al desagregar el rubro, se destaca que las «prendas de vestir y materiales» cayeron 2,5% en enero, mientras que el rubro calzado subió 1,8%, igualmente por debajo del IPC.

En tanto, en la comparación interanual, la suba del rubro fue del 15,6%, la mitad del nivel general. Lo que marca que, más allá de que los precios son más elevados en el país que en el exterior, en el último tiempo subieron por debajo de la inflación.

Según informó INDEC, la división con mayor alza mensual en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1%). Por su parte, comunicación aumentó 3,6% y «vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» treparon 3%, también por encima del nivel general.

Por el contrario, el rubro «Prendas de vestir y calzado» presentó variación negativa: los precios bajaron 0,5%, en medio del debate por la importación de prendas textiles.

Además, detalló que en enero de 2026, Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,8%).

Las críticas de Luis Caputo al sector textil por los precios de la ropa

El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó al sector textil días atrás y lo graficó con una frase que generó polémica: «Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo». Luego, en otro mensaje, celebró que algunos empresarios reconozcan públicamente que los precios de la indumentaria en la Argentina son elevados, en el marco del debate por la apertura de importaciones y la competitividad de la industria local.

Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que afirmara que nunca compró ropa en el país y mientras representantes del sector advierten por el impacto de los costos internos y la competencia con productos importados.

A través de su cuenta en la red social X, Caputo sostuvo: «Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente». El comentario fue una respuesta a declaraciones recientes del presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández.

Fernández había señalado que los precios de la indumentaria aumentaron un 11% desde 2023 y reconoció que el sector estaba caro. «Hicimos una mea culpa como empresariado nacional de que estábamos caros«, expresó en diálogo con TN.

Según explicó, los proveedores de materias primas aplicaban fuertes remarcaciones, en parte debido a las medidas de protección a las importaciones vigentes durante el gobierno anterior. Esa falta de competencia externa, afirmó, permitió que se consolidara un mercado con precios elevados.

Caputo ya había cuestionado previamente al sector textil al calificarlo como uno de los más protegidos de la economía. «Se ha protegido durante muchísimos años con el argumento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto, pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo«, afirmó.

En declaraciones radiales, el ministro calificó al proteccionismo como «una medida zonza» que perjudica a los sectores de menores ingresos y sostuvo que quienes tenían la posibilidad de viajar compraban ropa en el exterior debido a los precios locales.

Consumo, competencia y diseño

Caputo planteó que una mayor competencia permitiría liberar recursos para otros consumos. «Si pagás cinco dólares una remera en vez de 50, tenés 45 dólares para gastar en otra cosa», señaló, y agregó que esos recursos podrían destinarse a otras actividades económicas.

También consideró que la Argentina debería competir a nivel internacional a través del diseño y sostuvo que el país tiene condiciones para desarrollarse en el sector de los hilados, al contar con algodón y energía.

Las declaraciones del ministro generaron malestar entre los empresarios del rubro. Desde la Fundación Pro Tejer señalaron que los impuestos representan alrededor del 50% del precio final de una remera. A ese porcentaje se suma un 30% correspondiente a alquileres comerciales y costos financieros, un 12% destinado a logística, marketing y rentabilidad, y solo un 8% vinculado directamente a la industria.

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, expresó «desilusión y tristeza» por los dichos del ministro y cuestionó el tono utilizado. Consideró inapropiado que un funcionario de alto rango afirme con sarcasmo que no compra ropa en el país.

Drescher sostuvo que el problema de los precios elevados no se limita al sector textil y enumeró otros productos que, según indicó, son más caros en la Argentina que en otros mercados, como automóviles, alimentos y neumáticos.

El empresario también criticó la comparación con países asiáticos y afirmó que no se tuvo en cuenta la carga impositiva local. «Se quiere comparar a Bangladesh con la Argentina y se omiten todos los impuestos que en dos años no han logrado desarmar», señaló, al tiempo que cuestionó la falta de reformas estructurales en materia fiscal.

En la recta final de las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más sensibles del proyecto. Se trata del artículo 190 del dictamen, que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, al bajar la alícuota del 30% al 27%. La medida formaba parte del capítulo fiscal de la iniciativa y fue retirada tras el rechazo explícito de gobernadores y sectores de la oposición, que advirtieron sobre el impacto negativo en la recaudación provincial.

La eliminación de ese artículo fue presentada como una concesión política para destrabar el tratamiento del proyecto. Mientras las provincias celebraron la decisión por el alivio fiscal que implica, el sector empresario quedó sin uno de los beneficios que venía reclamando desde hace años. El resultado dejó en evidencia las tensiones entre la necesidad de construir mayorías legislativas y el objetivo oficial de reducir la carga tributaria sobre el sector privado.

El artículo 190 establecía una reducción de tres puntos porcentuales en la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. La iniciativa apuntaba a equiparar la carga tributaria local con la de otros países de la región y, según el argumento oficial, a mejorar la competitividad y estimular la inversión privada.

Sin embargo, el punto generó una rápida reacción de los gobernadores, ya que el impuesto a las Ganancias es uno de los tributos coparticipables. Esto implica que una baja en la recaudación impacta directamente en los ingresos que reciben las provincias.

Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaería en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se vería compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serían formalizados. Pese a esto, desde varias jurisdicciones plantearon que la reducción no contaba con una compensación clara y que afectaba recursos clave para financiar gastos corrientes.

La resistencia no se limitó a un signo político en particular. Mandatarios de distintos espacios coincidieron en rechazar el capítulo fiscal, aun cuando estaban dispuestos a acompañar otros aspectos de la reforma laboral. Esa posición se trasladó a senadores y diputados, que advirtieron que el artículo no contaba con los votos necesarios para ser aprobado.

Noticia en desarrollo

El dólar volvió a acentuar la tendencia a la baja de las últimas semanas, en un marco casi óptimo para que el Banco Central continúe con sus compras diarias de contado, en medio de un sostenido volumen de oferta privada.

El tipo de cambio mayorista recortó diez pesos o 0,7% este martes, a $1.406 para la venta, luego de tocar un mínimo en el día en $1.401, precio que no se daba desde el 18 de noviembre ($1.400), casi tres meses atrás.

El Banco Central fijó en $1.580,27 el techo de las bandas cambiarias, lo que dejó al dólar mayorista a 174,27 pesos o 12,4% del límite superior de libre flotación. No se registraba una distancia tan amplia desde hace casi seis meses, en el 12,5% del 20 de agosto último.

El dólar al público restó 15 pesos o un 1% en su precio de venta, a $1.425 en la ventanilla del Banco Nación. El dólar minorista cae 55 pesos o 3,7% en 2026, mientras que el mayorista recorta 49 pesos o 3,4% en el breve recorrido del año.

El precio del dólar blue recortó otros cinco pesos o 0,3% este martes, a $1.425 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre. El blue se viene desplomando 105 pesos o 6,9% en 2026.

Un reporte de Wise Capital destacó que la serie compradora de divisas del BCRA “llevó a que las reservas internacionales vuelvan a superar los USD 45.000 millones, en un contexto en el que la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) está en el país para continuar la segunda revisión del programa económico y el Gobierno se apresta a discutir el cumplimiento de metas y un posible waiver debido a que algunas metas de reservas no se alcanzaron».

“En 2026 se estará testeando la capacidad del programa económico para compaginar satisfactoriamente el ‘trilema’ de incrementar las reservas del Banco Central, retomar el proceso de desinflación, que se interrumpió desde setiembre pasado, en simultáneo con la superación del estancamiento del nivel de actividad, que lleva tres trimestres consecutivos y amenaza con extenderse a este primer trimestre de 2026″, evaluó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Con la instrumentación de la ley bautizada como “Inocencia Fiscal”, el Gobierno busca incrementar los depósitos en dólares en base a sumas no declaradas previamente, con la idea de que la medida ayude a reactivar la economía.

El último informe de Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del INDEC, al cierre del tercer trimestre de 2025, daba cuenta de que los argentinos tenían en su poder USD 251.210 millones en efectivo, de los cuales solo USD 31.389 millones correspondían a depósitos privados en efectivo en moneda extranjera en el sistema financiero.

Esto implica que en medio de la fuerte dolarización de carteras cerca de las elecciones legislativas de octubre último, había unos USD 219.821 millones en billetes en manos de los argentinos que se encontraban fuera del sistema financiero local. Mucho de este efectivo constituye depósitos en el exterior que están declarados, mientras que otra parte se encuentra “en el colchón” o en cajas de seguridad, dentro del país pero fuera de los bancos. Buena parte de estos fondos no está declarado.

El ministro Luis Caputo fue explícito al convocar a los ahorristas: “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, en una arenga que buscó reforzar la confianza en el nuevo marco legal. “Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico; podríamos bajar más rápidamente los impuestos, ser más competitivos, aumentar el empleo y que haya mejores salarios”, afirmó el jefe del palacio de Hacienda.

La recientemente reglamentada normativa busca incentivar el ingreso al circuito legal de los dólares fuera del sistema. El esquema establece que si el contribuyente cumple con la presentación y pago de impuestos en tiempo y forma, se presume exactitud por defecto y se hace foco en la facturación y no así en el patrimonio.