La creciente tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán tendrá una fuerte repercusión en los mercados internacionales y reabre interrogantes sobre la estabilidad financiera global. En este mapa, la Argentina enfrenta un escenario dual e impredecible.

Por un lado, un eventual salto en el precio del petróleo podría mejorar el valor de las exportaciones energéticas, mientras que, por otro, un aumento de la incertidumbre global generaría un encarecimiento del financiamiento para los mercados emergentes y, lo que presionaría sobre el riesgo país.

Anoche, a las 22 de Argentina, mientras hablaba el presidente Javier Milei en el Congreso, los futuros de las bolsas estadounidenses abrieron en rojo, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 perdiendo cerca del 1% en las primeras horas de negociación en Asia. Las acciones australianas siguieron la tendencia y los operadores se alejaron de los activos de riesgo. El índice Nikkei 225, de Tokio, caía 2,07%, mientras que el Topix bajaba un 1,97%.

Toyota, la compañía de mayor capitalización local, caía un 3,2%; Honda retrocedía casi un 3%; Sony bajaba un 2,5% y SoftBank se dejaba cerca de un 2%.

El caso del petróleo, los contratos de referencia llegaron a subir hasta un 13% ante el temor a una interrupción en el suministro global tras los ataques y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. El petróleo Brent, de referencia local, saltó más de 10% y el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 7,3% hasta los USD 71,94 el barril en la primera jornada. El oro, tradicional activo de refugio, subió un 1,5% hasta los USD 5.357,53 la onza.

El economista Pablo Tigani advirtió que el problema central de la Argentina es la subestimación del “cisne negro”, en referencia a eventos inesperados que los mercados no anticipan sino que absorben cuando ya están en curso. “Los conflictos armados se incorporan al análisis financiero como un shock exógeno que altera precios, primas de riesgo y flujos de capitales. Pero esa traducción técnica no es neutral. La guerra no es solo volatilidad, es un proceso político complejo”, sostuvo.

Según su mirada, el mayor riesgo para la Argentina es el canal financiero. En escenarios de tensión global, dijo, “se activa el llamado flight to quality: los capitales salen de los mercados emergentes y buscan refugio en activos considerados más seguros”.

Sin embargo, resaltó que “la Argentina está pendiente de que baje el riesgo país para volver a los mercados. Pero cuando aumenta la incertidumbre internacional, eso se vuelve más difícil”. Esta situación, explicó, es un problema para el país, que enfrenta vencimientos en dólares por unos USD 18.000 millones este año y el equivalente a más de USD 87.000 millones en pesos que deberán renovarse. “Si sube la tasa de interés y no estamos en condiciones de pagarla, se afecta la solvencia fiscal intertemporal. Eso es riesgo de default”, advirtió.

Para Tigani, además, el riesgo país ya venía mostrando señales de tensión. “Estuvimos debajo de los 500 puntos básicos y en las últimas semanas volvió a ubicarse por encima de los 570. En un contexto global más adverso, esa tendencia puede profundizarse”, señaló.

Respecto a un eventual beneficio exportador ante un crudo más apreciado, el economista insistió en que los mercados reaccionan cuando el conflicto ya está en marcha. “Es muy difícil proyectar beneficios comerciales cuando el canal financiero puede deteriorarse primero”. Y agregó que el enfoque excesivamente financiero puede subestimar los impactos políticos y estratégicos de un conflicto que todavía no tiene horizonte claro ni territorial ni temporal.

Desde otra perspectiva, Martín Redrado analizó, a través de su cuenta de X, el factor geopolítico estructural. Para el economista, detrás del accionar de Estados Unidos sobre Irán hay una lógica estratégica más amplia vinculada a la competencia con China.

“El verdadero desafío geopolítico para las próximas décadas es China. Importa alrededor de 10 millones de barriles de petróleo por día y depende en buena medida de suministros provenientes de Venezuela e Irán. El control de la energía es vital para el desarrollo de inteligencia artificial y para su base industrial”, sostuvo. Según su lectura, los movimientos en Medio Oriente no solo responden a tensiones regionales sino a una disputa por el control de recursos estratégicos.

Redrado consideró que, más allá de los riesgos inmediatos, para América Latina y para la Argentina podría abrirse una ventana de oportunidad en un mundo que reconfigura cadenas de suministro y fuentes energéticas. “Habrá que saber aprovecharla”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Vanoli, economista y ex Presidente del Banco Central de la República Argentina, coincidió en que el impacto más inmediato para la Argentina tiene dos caras. Por un lado, la volatilidad financiera global. Por otro, el precio del petróleo.

“Va a haber mucha volatilidad y eso puede generar un aumento del riesgo país y de la tasa de interés. Hay que ver la duración de esta incertidumbre, pero desde lo financiero es negativo”, planteó.

En paralelo, el petróleo introduce un efecto doble. Desde el punto de vista inflacionario, un aumento de precios energéticos podría encarecer los costos de transporte y producción, lo que puede presionar sobre la inflación global y trasladarse a la economía argentina. Pero también existe un efecto potencialmente favorable. “Una suba del precio del crudo puede mejorar el valor de las exportaciones y el balance comercial”, explicó.

De hecho, en las horas posteriores a los ataques y tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el tránsito de aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y refinados, el precio del barril de petróleo crudo Brent subió un 10%, a USD 80, en el mercado extrabursátil el domingo, según informaron operadores petroleros a Reuter. Al mismo tiempo, distintos analistas pronosticaron que los precios podrían subir hasta USD 100 por barril.

Vanoli advirtió que la Argentina llega a este escenario con menos herramientas que otros países emergentes. “No tiene acceso al mercado internacional de capitales, no cuenta con reservas elevadas ni con margen fiscal y monetario suficiente para amortiguar un shock externo”, señaló y explicó que, a diferencia de economías con mayor espalda financiera, el país no dispone de colchones significativos para aplicar políticas contracíclicas en un entorno global adverso. “Eso implica un mayor grado de vulnerabilidad”, resume.

Las miradas de los especialistas difieren en el balance final. Mientras algunos ponen el foco en las posibles ventajas comerciales derivadas de un petróleo más caro, otros advierten que el canal financiero puede imponerse rápidamente.

Sin embargo, la variable clave, coinciden los analistas, será la extensión del conflicto. Tanto en su dimensión territorial como en su duración. Mientras un episodio acotado podría traducirse en volatilidad transitoria, una escalada prolongada tendría implicancias más profundas sobre precios energéticos, primas de riesgo y flujos de capital hacia economías emergentes.

El presidente, Javier Milei, expuso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el núcleo de su plan de reformas económicas. El presidente remarcó que la propiedad es la piedra angular de toda la economía, con base en ello, anticipó una batería de proyectos para modificar el andamiaje normativo y fiscal, y delineó una estrategia de apertura comercial con énfasis en el aprovechamiento de los recursos naturales. El discurso se integró en un contexto de alta expectativa por la agenda de cambios estructurales y se vinculó con los anuncios recientes en materia de relaciones internacionales y política tributaria.

El jefe de Estado definió como objetivo central profundizar en las reformas necesarias para salvaguardar la propiedad. Milei señaló que el Gobierno enviará al Congreso iniciativas para modificar el Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial y un paquete de leyes orientado a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a quienes, según sus palabras, “solo saben vivir de lo ajeno”. El planteo apuntó a reforzar la seguridad jurídica, uno de los ejes que el oficialismo considera clave para el desarrollo económico y la captación de inversiones.

Entre las prioridades, Milei afirmó que se impulsará una profunda desregulación con la meta de eliminar lo que calificó como “una montaña de cadenas regulatorias”. Según el presidente, el propósito consiste en dar rienda suelta a la inversión en “industrias hoy muertas”, lo que permitiría la reactivación, la innovación y la generación de empleo en sectores paralizados o con bajo dinamismo. El mandatario enfatizó la necesidad de crear condiciones que habiliten el flujo de capital y el despliegue de nuevas oportunidades productivas.

En materia tributaria, el presidente sostuvo que la reforma del esquema impositivo resulta ineludible, aunque destacó que ahora dependerá de lo que hagan los gobernadores e intendentes. Milei reiteró que el sistema de impuestos debe “servir al crecimiento, no al recaudador de turno”. El mandatario ratificó la convicción de que menos impuestos representan un incentivo para la producción, y que la estructura fiscal actual actúa como un freno para el desarrollo. La agenda gubernamental, según lo expuesto, contempla una revisión integral de la carga tributaria con el objetivo de alentar el crecimiento y la formalización de la economía.

El discurso del presidente incluyó referencias a la política de inserción internacional de la Argentina. Milei anunció que el Gobierno ratificará el acuerdo con Estados Unidos como ya hizo con el de la Unión Europea la semana pasada. Además, mencionó que se reformará el código aduanero para “adecuarlo a los nuevos desafíos”, en sintonía con el objetivo de facilitar el comercio exterior y remover trabas burocráticas que, a juicio del oficialismo, obstaculizan la competitividad.

La agenda de integración internacional, según el presidente, responde a la necesidad de colocar al país en “la mesa del comercio internacional”, con la meta de alcanzar un nivel de relevancia que impida que los intereses nacionales sean ignorados. Milei sostuvo que la relevancia de la Argentina en el escenario global depende del “aprovechamiento de los recursos naturales” y de la capacidad para remover las barreras que separan a la sociedad de sus riquezas. El mensaje apuntó a subrayar la importancia de las materias primas y los sectores estratégicos como vectores de crecimiento y como instrumentos de inserción en los mercados globales.

El jefe de Estado abordó también la cuestión de los acuerdos bilaterales y multilaterales. Milei subrayó la importancia de “integrarse a los tratados internacionales necesarios” para expandir las oportunidades comerciales y asegurar un rol protagónico en la toma de decisiones globales. En este sentido, el mandatario vinculó la estrategia de apertura al aprovechamiento de los recursos naturales, que considera vitales para el posicionamiento internacional del país.

La política de apertura comercial recibió un lugar destacado en el discurso presidencial. Milei precisó que la “relevancia” de la Argentina en el comercio internacional depende de la capacidad para aprovechar los recursos y remover obstáculos internos. El presidente manifestó que el país debe sentarse “en la mesa del comercio internacional” y participar activamente en la definición de las reglas y oportunidades de los mercados globales.

La referencia a los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea remarcó la voluntad de fortalecer la inserción internacional. Milei consideró que la adecuación del código aduanero y la integración a tratados internacionales resultan pasos indispensables para modernizar la economía y elevar la competitividad. En ese esquema, el aprovechamiento de los recursos naturales fue presentado como un pilar estratégico para la inserción global.

En su intervención, Javier Milei insistió en que la protección de la propiedad privada constituye una condición indispensable para el desarrollo. El mandatario vinculó este principio con la necesidad de consolidar un marco de seguridad jurídica robusto, capaz de brindar previsibilidad a los actores económicos. Según el presidente, solo en un contexto de reglas claras y estables resulta posible atraer inversiones y fomentar la innovación.

La referencia a las “industrias muertas” se enmarcó en el diagnóstico oficial sobre el estado de sectores clave de la economía argentina. Milei remarcó que la acumulación de regulaciones y el peso de la carga fiscal han dejado a numerosas ramas productivas en situación crítica. El presidente enfatizó que la eliminación de trabas y la reducción de impuestos pueden actuar como catalizadores para la reactivación y el crecimiento sostenido.

El mensaje presidencial se produjo en un contexto signado por la expectativa sobre la continuidad y la profundidad de las reformas estructurales. La narrativa oficial hizo hincapié en la necesidad de remover las barreras que, según el diagnóstico del presidente, impiden que la sociedad acceda plenamente a las riquezas del país. Milei expuso que el Gobierno promoverá la adecuación de la legislación en materia aduanera y civil, al tiempo que impulsará la integración comercial como vía para potenciar el desarrollo.

La postura oficial sostiene que la protección de la propiedad, la desregulación, la reducción de impuestos y la apertura comercial constituyen los ejes del nuevo programa económico. El mensaje presidencial generó expectativa sobre la implementación de las reformas y sobre el impacto potencial en la inversión, la producción y el empleo.

Los cambios legislativos propuestos por Milei buscan dotar de mayor solidez al marco legal, promover la seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales. El Gobierno anticipó que la agenda de reformas incluirá iniciativas para remover obstáculos regulatorios y fiscales, habilitar la reactivación de sectores productivos y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

La estrategia oficial plantea que el crecimiento económico sostenible solo será posible si se remueven las barreras que separan a la sociedad de sus riquezas. El discurso de Javier Milei se inscribió en esa lógica, destacando la centralidad de la propiedad, la desregulación, la reforma impositiva y la apertura comercial como elementos constitutivos del plan de gobierno.

«La malaria se ha terminado»: en esa frase puede sintetizarse el mensaje que Javier Milei envió en su discurso inaugural de las sesiones del Congreso, en el que prometió acelerar a fondo con las reformas estructurales, aprovechando que ahora cuenta con mayoría legislativa y que fracasaron «los intentos golpistas».

El del domingo fue el mismo Milei de siempre, pero sin embargo se le notó algo diferente: esta vez no lució incómodo ni enojado, sino que pareció disfrutar al máximo los intercambios de chicanas con la bancada kirchnerista. De hecho, nunca un discurso suyo había estado tan basado en la antinomia «ellos versus nosotros».

Sabiendo de antemano cuáles eran los temas con los que podía ser cuestionado, tuvo a mano cifras para contestar rápido ante acusaciones como la de haber aumentado el desempleo o favorecer intereses económicos foráneos.

Y, aunque no mencionó ni una vez la palabra «casta» -su gran acierto en la campaña electoral de 2023-, el presidente retomó ese concepto como eje medular de su mensaje: todas las medidas que tomó y las que tomará tienen como objetivo sacarle privilegios a las diversas castas, así sean políticas, empresariales o culturales. Y todos los problemas económicos que tuvo su programa deben ser atribuidos al «riesgo kuka» y no a errores propios.

De hecho, ya en los últimos días, hasta había cuantificado qué porción del actual índice de riesgo país corresponde a su gestión y cuánto es el adicional del «riesgo kuka»: como el nuevo bono en dólares del Tesoro que vence en octubre de 2027 pagó una tasa de menos de 6%, mientras los títulos que vencen al año siguiente reflejan el riesgo país de 545 puntos, el presidente concluyó que el «verdadero» riesgo que ven los inversores es 230 puntos -la diferencia entre la tasa que pagó el bono y el interés de los US Treasuries– mientras que todo el resto se explica por el temor al default con un eventual regreso del kirchnerismo.

Y el domingo, ante el Congreso, le puso un precio: como hubo un recorte de la actividad económica respecto de la proyección original, el presidente dijo que el costo del «riesgo kuka» había sido de dos puntos del PBI -unos u$s12.000 millones-.

La visión conspirativa y los popes industriales

El intercambio de chicanas tomó en un momento las características de un verdadero show, con muchas frases que tendrán destino de videos virales en las redes sociales de Argentina y buena parte del exterior.

Pero las frases más filosas de Milei no fueron las dedicadas a Cristina Kirchner y al peronismo, sino a la cúpula de la industria nacional. Siempre Milei había estado del lado de los críticos de las empresas «prebendarias», pero esta vez su argumento apareció condimentado con una acusación seria: que habían formado parte de un complot para desestabilizar políticamente su gobierno.

Así, Milei atribuyó a esa supuesta intentona golpista la turbulencia cambiaria de marzo del año pasado, cuando quedó en evidencia que era imposible de sostener el esquema de «crawling peg» en el que el dólar viajaba al 1% mientras los precios lo hacían al 2,5%. Esa volatilidad, que terminó cuando se anunció la asistencia con dólares frescos por parte del Fondo Monetario Internacional y el nuevo sistema cambiario de banda de flotación fue, según el presidente, una conspiración política.

También lo fue, desde su punto de vista, la extrema volatilidad de tasas de interés y la escalada del tipo de cambio después de julio del año pasado. Para Milei, sólo se explica esa situación por un intento golpista, en el que el kirchnerismo asumía la parte política, con la aprobación de leyes que erosionaban las cuentas fiscales, mientras un grupo de empresarios hacía lo suyo en el plano financiero.

Por irónico que suene, desde los tiempos de Cristina Kirchner no se escuchaba a un presidente elaborar una teoría conspirativa para explicar la caída en la demanda de pesos y la suba de una expectativa devaluatoria.

Así como Cristina acusaba a empresas con nombre y apellido -por ejemplo, a Shell por la devaluación de 2014-, también Milei insinuó con claridad que veía en Paolo Rocca -líder del grupo Techint-, en Javier Madanes Quintanilla -CEO del Aluar, controlante de la quebrada Fate-y en la cúpula de la industria textil, además de un grupo de medios, a los interesados en hacer caer al gobierno.

Ganadores y perdedores

Con su acusación, Milei confirmó lo que tanto sus partidarios como sus críticos pensaban: que su modelo económico trazará una divisoria entre sectores ganadores y perdedores. Y que quienes dependen de un tipo de cambio alto y un cierre exportador quedarán irremediablemente en el lado perdedor.

No por casualidad, después de una seguidilla de noticias sobre cierres y suspensiones en la industria -cuyo nivel de producción cae un 4% interanual y que sólo utiliza el 53,8% de la capacidad instalada, y hay casos extremos, como el automotor, donde el uso es de sólo el 31% de la planta-, el centro de su mensaje fue la justificación de su política aperturista.

Milei no sólo dejó en claro que no piensa abandonar su estrategia de ancla cambiaria para contener la inflación, sino que además profundizará la apertura comercial. Alegó que prefería beneficiar a 47,5 millones de consumidores argentinos antes que a un puñado de empresarios que no puede competir sin protección política.

Lo que no dijo el presidente, pero que está en el centro de su estrategia, es que, además, esa polémica apertura comercial le permite atenuar la inflación, porque el abaratamiento relativo de los productos importados hace de contrapeso a los aumentos de las tarifas públicas y del rubro alimentos.

De hecho, mientras el IPC promedio del año pasado dio 31,5%, el rubro textil apenas subió un 15% y el de electrónica y equipamiento del hogar un 19%. Es decir, el salario argentino ahora puede comprar más ropa y celulares, pero no más cantidad de alimentos ni servicios públicos.

Trabajos que se destruyen y otros que se crean

La argumentación de Milei retornó a la más pura doctrina liberal: en todo proceso de cambio se destruye empleo, pero también se crea riqueza, que compensa con la creación de nuevos empleos. «Al comprar productos más baratos, se produce un efecto ahorro, que se aplica a mayor consumo de otros bienes, con lo que se reactiva la economía. En definitiva, se generan salarios más altos y precios más bajos».

A la hora de mencionar a los sectores a los que apuesta el gobierno para emplear a quienes queden en el camino por no poder hacer frente a los precios chinos, no hubo sorpresas: petróleo, gas, agroindustria, minería y tecnología como locomotora de la nueva etapa.

Por caso, prometió que la minería generará «cientos de miles» de nuevos puestos. Y que Neuquén será una metrópolis por el efecto combinado de la energía y la instalación de data centers en la zona patagónica.

«Muchos temen que falte trabajo. Nosotros no, porque estas industrias van a cumplir con creces la pérdida que se produzca en las viejas industrias y con mucho mejores sueldos», argumentó Milei, que llamó a abandonar «la trampa industrialista que decía que sólo podíamos vivir con lo nuestro».

Impuestos, condicionados al tema fiscal

Muchos menos específico fue el presidente respecto de un tema sobre el que se había generado expectativas de una reforma profunda: el esquema tributario nacional, que implica un nuevo relacionamiento entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.

Milei se limitó a recordar su vocación de bajar impuestos pero sin descuidar el plano fiscal. Por eso, las menciones a los tributos más criticados por su naturaleza distorsiva -como las retenciones a la exportación y el impuesto a los cheques– tendrán una «reducción gradual».

Habría sido raro que el presidente se animara a eliminar de un plumazo esos dos impuestos que, sumados, explicaron un 12% de la recaudación fiscal el año pasado.

En un momento en el que está cultivando su relación política con los gobernadores, incluyendo los peronistas que lo han apoyado en el Congreso, Milei se cuidó de no ser excesivamente agresivo con las provincias, aunque recordó que, después del «esfuerzo de 2,5% del PBI» que había hecho el gobierno central en bajar la presión impositiva, llegó el turno de que haya un recorte en los impuestos provinciales y tasas municipales.

Seguramente el tema impositivo estará entre los 10 paquetes de reformas que el presidente le pidió a cada área para que sean discutidas este año en el Congreso. Pero, de momento, están claras las prioridades: mantener la estabilidad macro, el alineamiento internacional y no permitir que la inflación haga un quiebre alcista. Aunque eso implique que la industria pague el costo del ajuste.