El Gobierno cerró acuerdos de último momento con aliados e incluyó más de 20 cambios en el proyecto de reforma laboral que comenzará a tratarse este miércoles en el Senado. Uno de ellos está vinculado a la caída del estatuto del periodista y otros gremios.

Tal como anunció Patricia Bullrich, en este caso el cambio es el plazo: se derogará el Estatuto, pero habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

«Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos», afirmó la legisladora.

Tal como trascendió, «la derogación de los estatutos y regímenes especiales es a partir de los 180 días desde la sanción de la ley».

Además de los periodistas, el capítulo de derogaciones del proyecto también alcanza a estatutos de otras actividades, como los de viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y el del personal administrativo de empresas periodísticas.

Como parte de la negocación con bloques aliados por la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), acordó que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

«En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes, y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social», destacó.

Los cambios que aceptó el Gobierno para que salga la reforma labora

El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista del Senado cerraron este martes por la tarde un acuerdo político clave para destrabar la ley de reforma laboral, que, salvo imprevistos de último momento, será aprobada este miércoles en sesión extraordinaria, convocada para comenzar a las 11.

El entendimiento implicó modificaciones sustanciales sobre el dictamen de mayoría que había sido impulsado a contrarreloj en diciembre por la ministra Patricia Bullrich, y obligó al Gobierno libertario a ceder en puntos sensibles.

Los cambios alcanzan temas de alto impacto fiscal y político: Ganancias, con efecto directo en la recaudación de Nación y provincias; concesiones a sindicatos y cámaras empresarias en materia de aportes obligatorios; el mantenimiento del porcentaje destinado a obras sociales; y una atenuación del esquema original pensado para el nuevo fondo de indemnizaciones.

Con estas concesiones ya acordadas, el oficialismo y sus aliados se encaminan a una sesión que buscará ser rápida y ordenada, con el objetivo de sancionar la norma y girarla cuanto antes a Diputados. Antes de la conferencia que encabezó Bullrich -anunciada recién al mediodía y con escasas referencias a los cambios introducidos-, los jefes de bloque mantuvieron una reunión de Labor Parlamentaria en la que sellaron un acuerdo para minimizar el debate en la votación en particular.

La estrategia consensuada apunta a votar por títulos, dejando que quienes tengan objeciones las manifiesten previamente sobre artículos específicos. El objetivo es evitar un trámite extenso y delicado, en una ley que toca intereses cruzados del sindicalismo, el empresariado y los gobiernos provinciales.

Ganancias

Entre las modificaciones centrales, se resolvió eliminar el artículo 190, que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 30% al 27%, un punto que había generado fuerte resistencia entre gobernadores por su impacto fiscal.

Contribución a obras sociales y cuotas sindicales

También se mantuvo sin cambios la «contribución a cargo del empleador equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia» en el régimen de obras sociales. La iniciativa original buscaba bajarla al 5%, pero finalmente se impuso la postura sindical. La única aclaración incorporada establece que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará habilitada para auditar el destino de esos fondos.

Otro retroceso significativo para el Gobierno fue la eliminación del artículo 137, que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas sindicales, siempre que mediara consentimiento expreso del trabajador y acuerdo entre las partes. Ese punto fue directamente descartado del texto final.

En materia de aportes compulsivos, el dictamen redefinió los límites. A partir de la sanción de la ley, «los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo» destinados a cámaras empresarias u organizaciones integradas por empleadores no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones.

En paralelo, se fijó que «los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo» a favor de asociaciones de trabajadores, tanto para afiliados como no afiliados, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones. Quedaron excluidas las cláusulas que otorguen beneficios adicionales vinculados a la afiliación sindical.

Además, el texto introduce un cambio estructural a partir de 2028. Desde el 1 de enero de ese año, los aportes patronales a cámaras empresarias pasarán a ser estrictamente voluntarios, sin posibilidad de imponerlos mediante cláusulas convencionales y sin obligatoriedad para empleadores que no integren esas asociaciones.

Justicia Nacional del Trabajo

Otro punto sensible fue la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo. El artículo 91 del borrador final establece que el fuero seguirá funcionando hasta que se concrete la transferencia de competencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El despacho aclara que, una vez firmado ese acuerdo, se avanzará en una reorganización progresiva, sin afectar materias laborales de competencia federal, que permanecerán bajo la órbita de la Justicia federal.

Reducción de contribuciones patronales

En cuanto a las contribuciones patronales, la norma dispone una reducción de UN (1) punto porcentual para grandes empresas y de DOS puntos y MEDIO (2,5 puntos) para micro, pequeñas y medianas empresas, siempre que las relaciones laborales no estén incluidas en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). El Poder Ejecutivo podrá ampliar esos beneficios, con aval de la Comisión Bicameral, hasta 1,5% para grandes empresas y 3% para pymes, en función de las metas de equilibrio fiscal.

Indemnizaciones

El capítulo de indemnizaciones también sufrió ajustes. Las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral se financiarán con una contribución obligatoria del UNO POR CIENTO (1%) para grandes empresas y del DOS Y MEDIO POR CIENTO (2,5%) para pymes, calculada sobre la base de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al igual que en otros artículos, el Ejecutivo podrá incrementar esos porcentajes con aval parlamentario.

Respecto a las sentencias judiciales, el texto habilita que las grandes empresas puedan cancelarlas en hasta Seis (6) cuotas mensuales consecutivas, mientras que las pymes podrán hacerlo en hasta Doce (12) cuotas, con ajustes según el artículo 276 de la ley.

Certificados médicos

También se incorporaron precisiones sobre los certificados médicos. En caso de discrepancias entre el diagnóstico del trabajador y el control del empleador, se podrá recurrir a juntas médicas en instituciones oficiales o a institutos públicos o privados de reconocida trayectoria, cuyo costo deberá ser asumido por el empleador.

Pago de sueldos

Finalmente, uno de los puntos que sí se dio de baja por completo fue la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. El artículo sobre pago de haberes quedó redactado de forma taxativa: las remuneraciones deberán abonarse únicamente mediante acreditación en cuenta bancaria o en institución de ahorro oficial, eliminando toda referencia a Proveedores de Servicios de Pago regulados por el BCRA.

Con este esquema, el Senado se encamina a una sesión extensa, que podría prolongarse hasta entrada la noche, pero con un consenso político que busca evitar sobresaltos y cerrar uno de los debates laborales más relevantes del período extraordinario.

El Gobierno nacional anunciará el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la fase “B” de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, un esquema que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales consideradas estratégicas. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en la red social X, donde detalló el alcance territorial del proyecto, los corredores incluidos y el modelo de gestión previsto.

Según informó el funcionario, la Etapa II-B comprende trazas ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará organizada en cuatro tramos. “Mañana estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones”, señaló Caputo.

De acuerdo con la publicación, el esquema incluye el tramo Mediterráneo, de 672 kilómetros, que conecta el centro productivo del país; el tramo Puntano, de 720 kilómetros, definido como un corredor de integración interprovincial y de transporte de cargas de larga distancia; el tramo Portuario Sur, de 637 kilómetros, que vincula accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos; y el tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, orientado a mejorar la conectividad con polos industriales y portuarios del centro del país.

Las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, además de los accesos A005 y A008. Según indicó el ministro, el proyecto forma parte de “un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.

La licitación de la fase B de la Etapa II se inscribe dentro del proceso de reorganización del sistema de concesiones viales que impulsa el Gobierno, luego del lanzamiento de la Red Federal de Concesiones, que contempla la participación privada en la operación y mantenimiento de corredores estratégicos. La Etapa II, en su conjunto, prevé la concesión de miles de kilómetros de rutas nacionales, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En julio de 2025, el Ejecutivo había anticipado la preparación de una licitación para concesionar 4.400 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, como parte de la segunda etapa del programa. En ese momento, se indicó que el objetivo era avanzar en un esquema de concesiones que permitiera mejorar la infraestructura vial sin recurrir a subsidios del Estado, mediante contratos de largo plazo y reglas definidas para los operadores privados.

La fase B anunciada ahora por Caputo se suma a ese proceso y amplía el alcance territorial del plan, incorporando corredores que conectan zonas productivas, accesos portuarios y rutas utilizadas por el transporte de cargas de larga distancia.

En la publicación en X, Caputo remarcó que la Etapa II-B se desarrollará bajo un esquema “sin subsidios”, con mayor competencia entre oferentes y reglas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión vial. “Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó el ministro.

El llamado a licitación será nacional e internacional, lo que habilita la participación de empresas locales y extranjeras interesadas en la operación de los corredores incluidos. El proceso se realizará bajo las normas vigentes para concesiones de obra pública y servicios, con pliegos que definirán las condiciones técnicas, económicas y contractuales.

Con el anuncio de la fase B de la Etapa II, el Gobierno busca dar continuidad al esquema de concesiones iniciado en 2025, ampliando el alcance de la Red Federal de Concesiones y sumando nuevos tramos estratégicos para el transporte y la logística. El detalle de los plazos, los requisitos para los oferentes y las condiciones contractuales se conocerá con la publicación formal del llamado a licitación.

El avance hacia la Etapa II se apoya en lo realizado durante la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que incluyó corredores clave del Mercosur. En noviembre de 2025, el Ministerio de Economía avanzó con la apertura de los sobres económicos correspondientes a la primera etapa, en un proceso que marcó el inicio formal del nuevo esquema concesionario.

Esa etapa abarcó rutas estratégicas para el comercio regional y el tránsito internacional, con especial énfasis en los corredores utilizados para el intercambio con Brasil, Uruguay y Paraguay. En ese marco, el Gobierno destacó que el nuevo modelo buscaba separar la planificación y el control estatal de la operación privada, con contratos que establecen obligaciones de inversión, mantenimiento y estándares de servicio.

Se dieron a conocer nuevos pronósticos de más de 40 economistas de bancos y consultoras privadas para el precio de dólar e inflación para fin de año, en un momento en que el INDEC acaba de publicar el índice de precios al consumidor (IPC) de enero, que fue de 2,9%, una cifra más alta a lo esperado por el mercado.

Según el informe de FocusEconomics, el dólar mayorista se ubicará en $1.729 para fin de diciembre, unos 5 pesos menos que lo esperado en el relevamiento de hace un mes.

Estas proyecciones marcan cierta estabilidad, debido a que el Gobierno tiene un tranquilo presente en el frente cambiario, con un billete estadounidense que se encuentra en $1.408 en la plaza mayorista, el menor valor desde el 19 de noviembre del año pasado.

En ello influyen las nuevas bandas de flotación, en las que no interviene el Banco Central en el mercado, debido a que desde inicios de enero ajustan por inflación de dos meses atrás (t-2). Así, el rango mínimo permitido es de $884 y el máximo es de $1.580,27. Por lo que la cotización actual se ubica unos 172 pesos por debajo de este límite. 

El ingreso de divisas por liquidación de exportaciones y los dólares provenientes de las colocaciones de deuda corporativas, más la caída de la demanda de billetes estadounidenses, y las compras por parte del Banco Central de u$s1.692 millones de reservas, desde el 5 de enero pasado al presente, están incidiendo en una tendencia a la baja en la cotización del dólar.

A ello se le suma la necesidad de pesos por la colocación de deuda del miércoles, donde el Gobierno debe renovar alrededor $9,5 billones.

Y las miradas se centran en la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la segunda revisión del cumplimiento de metas del programa económico, donde el oficialismo espera un posible waiver (o «perdón» ), debido a que algunos compromisos de reservas no se alcanzaron.

Como contrapartida, se aguarda una tendencia algo más elevada para la inflación.

«Se espera que la inflación siga moderándose en los próximos trimestres gracias a la contención del gasto público, la mejora de la competencia en el mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones. Sin embargo, la fuerte depreciación de la moneda y la reducción de los subsidios añadirán presión alcista«, advierte el FocusEconomics. 

Por lo tanto, los panelistas prevén un aumento promedio del 25,4% en los precios al consumidor en 2026, lo que representa un incremento de 1,4 punto porcentual respecto al mes anterior.

Según los analistas, la economía debería crecer «más rápido que el promedio regional en 2026, gracias a una serie de factores: la menor inflación y las tasas de interés, la sólida inversión en energía y minería, el buen estado de las exportaciones primarias y la sólida confianza de los inversores gracias al sólido desempeño de los partidos de derecha en las elecciones de octubre de 2025, todos factores que respaldarán el crecimiento». 

Aunque advierten que «es fundamental» monitorear el progreso de las reformas estructurales. 

Por eso, los economistas relevados estiman una expansión del PBI del 3,2% en 2026, sin cambios respecto al mes anterior.

Precio proyectado para el dólar

Respecto precio de dólar mayorista proyectado para diciembre, el consenso de los analistas es de cierta estabilidad respecto a las estimaciones del mes pasado.

Esto se traduce a que los economistas encuestados por el FocusEconomics llegaron a un consenso que el tipo de cambio mayorista alcanzará los $1.729 a fin de año, un descenso de 5 pesos respecto a lo esperado en el informe anterior.

Con esta referencia cambiaria, en todo 2026, el billete estadounidense podría aumentar 19%. Por lo que avanzaría menos que la inflación proyectada (25%) para el mismo período.

Cabe recordar que el Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso de la Nación a fines del año pasado, contempla un tipo de cambio de $1.423 a fin de diciembre. Una cifra que parece haber quedado fuera de sintonía.

En cuanto a lo esperado en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex, las negociaciones esperan un tipo de cambio mayorista para fin de diciembre de $1.766,5. Es decir, unos 37 pesos más arriba de lo proyectado por los economistas en el FocusEconomics.

Es decir, una cifra más similar a la estimada hace días atrás en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta que realiza el Banco Central todos los meses con unos 40 economistas nacionales, donde espera un consenso de tipo de cambio mayorista de $1.750 para fin de año.

Precio de dólar, economista por economista

Los economistas encuestados por el FocusEsconomics consideran que el precio de dólar mayorista para fin de año puede ubicarse entre un mínimo de $1.335 y un máximo de $2.141, el mismo rango que se registró en el informe del mes pasado.

Así, las proyecciones de tipo de cambio mayorista más altos previstos para fines de 2026, según el último informe de FocusEconomics, son MAPFRE Economics ($2.141), Empiria Consultores ($2.001), Invecq consulting ($2.000), Banco Supervielle ($1.869), Oxford Economics ($1.859), y Aurum Valores, con 1.850 pesos.

«Es el mismo panorama que venimos manteniendo, es un año tranquilo en materia financiera y, de hecho, está bastante bajo el tipo de cambio. Además, está por delante la parte de la cosecha gruesa próximamente, que eso es un buen flujo de dólares. Un escenario en donde, al no haber un episodio que provoque una fuga de capitales como la del año pasado, el tipo de cambio tendría que estar bastante contenido», resume Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, que proyecta un dólar mayorista de $1.623 para diciembre.

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, que prevé $1.850, concluye: «Es una proyección que considera algún grado de mejora del tipo de cambio real y una inflación cercana al 20% en el año. Es consistente con una buena acumulación de reservas y un colchón para evitar problemas en el 2027, que es año electoral».