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ECONOMIA

Luego de apuntar contra Tierra del Fuego, el Gobierno va contra los monopolios de los laboratorios

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El Gobierno nacional acaba de tomar una nueva decisión en línea con su política de desregulación económica. Luego de anunciar la eliminación progresiva de los aranceles a la importación de teléfonos móviles, con el fin de desarticular el régimen promocional de Tierra del Fuego, las autoridades ahora se enfocaron en otro mercado con características similares: la producción y comercialización de vacunas veterinarias, en particular la vacuna contra la fiebre aftosa.

En esta línea, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 333/2025, establece un nuevo sistema para autorizar la importación de productos veterinarios registrados en otros países. El texto permite el reconocimiento de certificaciones extranjeras emitidas por organismos equivalentes, quitando exigencias técnicas locales consideradas restrictivas y fija un plazo máximo de 90 días hábiles administrativos para otorgar permisos, en lugar de los dos años que solía demorar el trámite.

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Los cambios de SENASA sobre la importación de vacunas para animales

El nuevo esquema genera un impacto directo sobre el negocio de las vacunas contra la fiebre aftosa, cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. En Argentina, Biogénesis Bagó es principal productor de la vacuna en un sector en el que también se destaca CDV y otros laboratorios chicos. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dictó la semana pasada un dictamen técnico en el cual señaló barreras regulatorias que «podrían estar limitando en forma injustificada la competencia en la provisión» de vacunas para esa enfermedad.

La decisión de Senasa tomó las recomendaciones de la CNDC, que intervino tras una denuncia presentada por el laboratorio Tecnovax y por la Sociedad Rural del Sur de Salta. En el expediente, ambas partes advirtieron sobre un sistema que restringía la competencia a través de regulaciones específicas. Según el dictamen, uno de los principales obstáculos era la exigencia de realizar la prueba de Protección a la Generalización Podal (PGP) para registrar e importar nuevas vacunas. Esa metodología, considerada onerosa y lenta, ya no aplica en otros países de la región.

Asimismo, la CNDC también marcó la negativa a reconocer certificaciones internacionales, incluso aquellos que provengan de países con programas sanitarios eficaces, como una traba a la competencia. Al mismo tiempo, se detectaron restricciones al funcionamiento de los entes sanitarios que intervienen en la distribución y aplicación de las vacunas. Según el documento, estas limitaciones disminuyen las alternativas disponibles para los productores ganaderos y elevaban los costos operativos.

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Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, a través de un extenso mensaje de la red social X, detalló que en nuestro país existía una única vacuna habilitada contra la fiebre aftosa, mientras que en contaban con siete. Según indicó, la vacuna local costaba 1,20 dólares por dosis, mientras que en Paraguay se vendía a 0,35 dólares y en Uruguay a 0,72 dólares.

Al mismo tiempo, se hizo énfasis en que el mismo laboratorio argentino que abastecía el mercado local también proveía vacunas en Paraguay, a precios significativamente menores. «Esto le reduce los costos a la cadena ganadera en aproximadamente 100 millones de dólares al año», resaltó Sturzenegger durante una entrevista radial. Luego, añadió en redes sociales que la especificación técnica de la vacuna tetravalente en Argentina, la cual contenía cuatro cepas, dos de las cuales ya no circulaban globalmente, funcionaba como una traba artificial a la competencia, ya que solo un laboratorio nacional contaba con las cepas necesarias para cumplir con la norma.

Javier Milei busca desarticular rápidamente el monopolio de las vacunas para animales

En su mensaje, el funcionario reconoció que el presidente Javier Milei lo instruyó a resolver esta situación en forma urgente, y que la resolución del Senasa es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Desregulación y otras áreas del Ejecutivo. La norma se orienta a eliminar las trabas técnicas y acelerar la aprobación de productos que ya estén autorizados en países con estándares similares.

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Luis Caputo, ministro de Economía, también celebró las modificaciones. En un mensaje publicado ayer en la misma red social, aseguró que la nueva medida «promueve el acceso a insumos de calidad con estándares internacionales» y permitirá una baja significativa en los costos de productos como la vacuna contra la fiebre aftosa. El funcionario puntualizó que mientras en diciembre de 2023 la vacuna local costaba 1,36 dólares por dosis, su precio hoy ronda los 1,20 dólares, en contraste con los 0,37 dólares en Paraguay y los 0,50 dólares en Uruguay.

Según el documento de la CNDC, para que el cambio regulatorio tenga verdadero impacto también es necesario reformar el esquema de aplicación de las dosis. En ese sentido, el dictamen propuso eliminar el requisito de personería jurídica sin fines de lucro como condición para ser habilitado como ente sanitario, abrir el mercado a personas físicas con matrícula veterinaria vigente y suprimir la asignación geográfica exclusiva de áreas por parte de fundaciones o entidades. De esta manera, cada productor podría escpger de forma libre a quién contratar para la inoculación del ganado.

La CNDC también recomendó derogar el artículo 16 de la Resolución SAGPyA 108/2001, que fija los aranceles de los entes sanitarios según valores de referencia determinados por el Senasa. La meta de esta propuesta es permitir que los precios se acuerden libremente entre partes, lo cual fomentaría la competencia y la baja de costos para los productores.

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Es importante presente que, si bien la nueva norma del Senasa se diseñó a partir del conflicto por la vacuna aftosa, su alcance es más amplio. En este sentido, la Resolución 333/2025 aplica al conjunto de productos veterinarios: medicamentos, kits de diagnóstico y productos biológicos que se encuentran enfocados exclusivamente al uso en animales. En todos los casos, los productos importados deben presentar un Certificado de Libre Venta, el dossier aprobado por la autoridad sanitaria del país de origen, y cumplir con normas de Buenas Prácticas de Manufactura.

En el artículo 6° de la resolución marca que, una vez finalizado el procedimiento, se emitirá un Certificado de Uso y Comercialización que habilitará la venta del producto en el país. Las empresas tendrán que afrontar los costos de auditoría y fiscalización. Al mismo tiempo, las disposiciones serán informatizadas progresivamente a través del sistema SIG-TRÁMITES.

De momento, la nueva regulación no impacta en la campaña de vacunación vigente, pero según fuentes oficiales, podría habilitar la importación de nuevas vacunas a partir de 2026. Entre las firmas que podrían beneficiarse de la apertura aparece Tecnovax, que lleva adelante una estrategia para incorporar dosis importadas provenientes de Brasil.

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En su dictamen, la CNDC concluyó que el marco normativo anterior restringía el ingreso de productos ya probados en mercados similares. La modificación de estas reglas busca disminuir el precio por dosis, ampliar la oferta disponible y permitir que cada productor acceda al proveedor que considere más conveniente para la ejecución de las políticas sanitarias establecidas por el Senasa.



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ECONOMIA

Obligaciones negociables: una inversión segura con altos rendimientos de hasta 10% en dólares

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En un escenario donde el ahorrista argentino sigue buscando alternativas para proteger su capital en moneda dura, las obligaciones negociables (ON) vuelven a ganar protagonismo como una de las inversiones más atractivas del mercado.

Emitidas por empresas privadas, con rendimientos en dólares que superan ampliamente a los instrumentos tradicionales y con un riesgo acotado, las ON se consolidan como una opción cada vez más elegida tanto por inversores sofisticados como por pequeños ahorristas.

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Las obligaciones negociables son títulos de deuda corporativa mediante los cuales las empresas se financian en el mercado de capitales. A cambio, se comprometen a pagar intereses periódicos y a devolver el capital al vencimiento. A diferencia de las acciones, no otorgan participación en la compañía, pero sí ofrecen previsibilidad en los flujos y una rentabilidad conocida desde el inicio.

Desde Balanz sostienen que «es un instrumento que se comercializa en el mercado de capitales tanto local como internacional».

A lo anterior, agregan: «Es un activo de renta fija, ya que representa una promesa cierta de repago futuro tanto de su capital como del interés».

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En lo que hace a los fundamentos de las mismas, «son una fuente de financiamiento para la empresa emisora y una posibilidad de inversión para los inversores», concluyen.

Uno de los principales atractivos de las ON es su rentabilidad en dólares. Mientras los plazos fijos en moneda extranjera pagan tasas de interés que en el mejor de los casos llegan al 5,5% anual, las ON hoy ofrecen retornos que pueden llegar al 10% anual en dólares, e incluso más en algunos casos puntuales. Este diferencial explica por qué crecieron con fuerza en las carteras conservadoras y moderadas.

A esto se suma que la mayoría de estas emisiones corresponden a empresas líderes, con ingresos dolarizados o vinculados a sectores estratégicos como energía, petróleo, gas, telecomunicaciones y agroindustria. Compañías como YPF, PAE, Vista, Tecpetrol, Telecom o Arcor han recurrido en reiteradas oportunidades al mercado para financiar proyectos de expansión, lo que refuerza la percepción de solidez detrás de estos instrumentos. A manera de ejemplo, a continuación se menciona algunas de ellas con la tasa de interés anual, que por lo general pagan en forma semestral:

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  • Mastellone Clase G: 10,9%
  • Edenor Clase 3: 9,75%
  • Telecom Clase XXI: 9,7%
  • Pampa Energia Clase 9: 9,13%
  • Vista Energy: 8,5%

Cómo se invierte en ONs

Desde IOL aportan que «se puede invertir en las suscripciones que participe IOL tanto para nuevas Obligaciones Negociables como para reaperturas de ONs que ya fueron emitidas. Se debe tener en cuenta que tienen fechas límite, pero se puede conocer de antemano toda la información como el monto mínimo, la tasa de interés y el riesgo de la empresa».

Pero, además, agregan que «se puede comprar y vender Obligaciones Negociables en el mercado secundario cualquier día hábil con pesos o dólares en horario de rueda, para lo cual es conveniente seguir de cerca como evolucionan las cotizaciones y la liquidez». 

Qué las diferencia de otros instrumentos

Otro punto clave es la seguridad relativa que ofrecen frente a otras alternativas en dólares. Si bien ninguna inversión está exenta de riesgo, las ON cuentan con mayor respaldo que los bonos soberanos y, en muchos casos, incluyen cláusulas de protección para el inversor, como garantías, fideicomisos de pago o prioridad de cobro frente a otros acreedores. Además, al tratarse de deuda corporativa, su desempeño está más vinculado a la salud financiera de la empresa que a la volatilidad política o fiscal del país.

Desde el punto de vista operativo, las ON también resultan accesibles. Se pueden comprar y vender en el mercado secundario a través de un bróker, en pesos o en dólares, y algunas emisiones permiten ingresar con montos relativamente bajos. Esto democratizó el acceso a un instrumento que durante años estuvo reservado a grandes inversores institucionales.

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En términos de liquidez, si bien no todas las ON tienen el mismo volumen de operaciones, las más negociadas permiten salir antes del vencimiento sin mayores inconvenientes. Esto les da flexibilidad frente a otros instrumentos de renta fija que obligan a inmovilizar el capital durante largos períodos.

El contexto macroeconómico también juega a favor. Con un escenario de mayor estabilidad cambiaria, expectativas de inflación estable o en el mejor de los casos a la baja y una reconfiguración del mercado financiero local, las ON aparecen como un puente ideal para dolarizar carteras sin necesidad de recurrir al dólar billete ni asumir riesgos excesivos. Para muchos inversores, representan un equilibrio atractivo entre seguridad, rendimiento y previsibilidad.

No obstante, los especialistas recomiendan analizar cada emisión en particular: evaluar el perfil crediticio de la empresa, el plazo, la tasa, la moneda de pago y las condiciones legales. Diversificar entre distintas ON y sectores también es clave para reducir riesgos.

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En síntesis, las obligaciones negociables se posicionan como una de las mejores alternativas para quienes buscan invertir en dólares, con rendimientos altos y un riesgo controlado, en un mercado que vuelve a ofrecer oportunidades para el ahorrista argentino. En tiempos de incertidumbre, la renta fija corporativa vuelve a ocupar un lugar central en las estrategias de inversión.

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ECONOMIA

Cambios en la tarjeta de crédito: se usa menos para financiar compras y más para llegar a fin de mes

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«La tarjeta deja de ser un instrumento de conveniencia para convertirse en una herramienta defensiva. Se usa para llegar, no para crecer», enfatizó el estudio

El uso de la tarjeta de crédito por parte de los consumidores argentinos tiene más relación con la necesidad de llegar a fin de mes ante aprietos económicos que con su intención de mejorar sus consumos. El hábito de tarjetear, de esa manera, es una señal de alarma en la “situación financiera desgastada” antes que un signo de optimismo, según un informe de D’Alessio IROL.

La morosidad en el financiamiento con tarjetas alcanzó el 8% y eso, asegura el reporte, “es una señal temprana de fatiga económica en una clase media que sigue pagando, pero cada vez con menos margen de error. En este contexto, la tarjeta deja de ser un instrumento de conveniencia para convertirse en una herramienta defensiva. Se usa para llegar, no para crecer».

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Pagar con plástico, de esa forma, se volvió “una forma de administrar el límite y estirar el mes. Cuando el ajuste se prolonga, esa estrategia empieza a mostrar desgaste”.

El Estudio Sistemático de Medios de Pago elaborado por D’Alessio IROL revela que en 2025 el 35 % de los argentinos enfrenta dificultades para afrontar las deudas crediticias, las de tarjeta de crédito en particular, un fenómeno que afecta especialmente al grupo de entre 35 y 45 años que recién comienza a formar familia, sin distinción de nivel socioeconómico. Además, el informe detalla que 2 de cada 10 encuestados destina el 75 % de sus ingresos al pago de deudas.

La investigación indica que 6 de cada 10 personas observan cada vez más obstáculos para “mantener su economía personal en la calidad de vida respecto al año anterior”, y que el ajuste económico ”dejó de ser coyuntural para volverse parte de su vida cotidiana“. Y en lo que hace al dinero plástico destacó que, según datos oficiales, el 90,7% de las operaciones con tarjeta se hacen en un solo pago. Por ello, el uso de la tarjeta como vía de financiamiento para el consumo se ve reducido a atrasar el pago para transitar el fin de mes con mayor holgura.

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Frente a este panorama, el estudio afirmó que el 81% de los argentinos ha modificado sus hábitos de consumo para adaptarse a la coyuntura, con estrategias que combinan de planificación, flexibilidad y búsqueda activa de ahorro. A la hora de comprar, el 44 % opta por la adquisición semanal en supermercados, mientras que el 36 % alterna compras grandes con pequeñas transacciones, eligiendo entre supermercados y comercios chinos, motivados por la búsqueda de promociones y descuentos.

infografia

Este escenario se enmarca en un contexto en el que, según la investigación de D’Alessio IROL, un 61% de los encuestados dijo en diciembre pasado que su situación económica personal es peor que un año atrás mientras que solamente el 34 aseguró estar mejor.

En base a estos datos, el estudio concluyó que en la Argentina actual la tarjeta de crédito funciona como puente de liquidez y no como motor de crecimiento de la economía personal.

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“El riesgo ya no es solo la morosidad, sino la fatiga financiera silenciosa. El crédito no se usa para crecer, se usa para llegar a fin de mes”, señaló el estudio.

Destacó además que la utilización de tarjetas de crédito alcanza una presencia dominante en todos los niveles socioeconómicos de la población argentina, con porcentajes elevados en todos los casos de usuarios que informan haberlas utilizado para compras en el último mes, de acuerdo con el Estudio Sistemático de Medios de Pagos de D´Alessio IROL.

Una tendencia reflejada es la multiplicidad de opciones: solo el 10% de los usuarios utiliza un único medio de pago, mientras que, en promedio, cada persona dispone de al menos 5 alternativas para pagar y utiliza de manera habitual 4 de ellas. Este panorama marca un giro fundamental en la relación con el sistema financiero, “donde se privilegia la evaluación constante de cada medio de pago sobre la exclusividad de un solo proveedor».

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El 89% de los usuarios consultados en la investigación dijo no abandonar su medio de pago principal, aunque sólo el 30% lo prioriza frente a otras alternativas. Lejos de atarse a la fidelidad de una determinada tarjeta o aplicación, las múltiples opciones dieron paso a una elección continua en cada transacción.

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ECONOMIA

Caputo no dejó pesos sueltos en el mercado, pero tuvo que resignarse a pagar una tasa mucho más alta

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Luis Caputo había llegado a su primera licitación del año más necesitado de liquidez que nunca. Con apenas $3 billones en la cuenta del Tesoro, no podía darse el lujo de dejar en la calle una cantidad importante de pesos, que necesita para comprarle dólares al Banco Central. Por otra parte, el dato de la inflación de diciembre confirmó las sospechas sobre la persistencia de una baja demanda de dinero por parte del público.

Una situación muy diferente a la de hace tres meses, cuando el ministro, en ese momento preocupado por la aguda falta de liquidez del sistema financiero, había renovado apenas un 45% de los vencimientos.

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Pero en ese lapso muchas cosas cambiaron: el BCRA volvió a comprar dólares, con lo cual inyecta pesos al mercado, y las tensiones inflacionarias ya resultan inocultables.

En consecuencia, no resultó sorpresivo que consiguiera un «rolleo» casi total de los $9,6 billones que vencían este miércoles. La renovación del 98% implica que dejó en el mercado $0,2 billones.

Lo que sí resultó sorpresivo, en cambio, es el alto nivel de tasas de interés que el ministro tuvo que convalidar para que los bancos renovaran. En los títulos de renta fija a plazos más cortos fue donde se acumuló el grueso de la demanda. Por ejemplo, la Lecap que vence a fines de febrero, ofreció una tasa de 3,39% efectiva mensual, equivalente a una tasa anual efectiva de 49,16%.

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Esto implica un quiebre de tendencia, dado que en la segunda mitad del año pasado se estaba constatando una disminución paulatina del costo de financiamiento para el Tesoro: desde el pavoroso 75,6% que se llegó a pagar en pleno pánico del mercado luego del desarme de régimen de las LEFIs -que le daban refugio «overnight» a la liquidez bancaria- hasta el 37,5% logrado sobre fin de año.

Malo, pero no tanto

Es cierto que, pese a la suba en las tasas, no resultó una licitación mala para el Gobierno. Primero, en los títulos con vencimiento de mediano plazo el mercado aceptó tasas más alineadas con las previsiones del gobierno. Por caso, en la Lecap que paga en noviembre, la tasa efectiva mensual cae a 2,5%. Es decir, sigue siendo una tasa elevada si se la compara con las proyecciones de inflación oficiales -20% para todo el año- pero que, de todas formas, prevé una tendencia a la estabilización.

Por otra parte, los inversores no mostraron interés por los títulos «dólar linked» -ajustables por el tipo de cambio oficial-, lo cual parece confirmar que en el mercado no hay una expectativa de que el dólar experimente un impulso al alza que lo haga traspasar el nuevo techo de la banda de flotación. Es una situación que contrasta con la previa a las elecciones legislativas, cuando había un marcado temor por un salto del dólar y, ante la demanda por cobertura devaluatoria, más de la mitad de la deuda que colocaba el Tesoro era en títulos dólar linked.

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Tampoco hubo gran interés por los bonos CER -que ajustan con la inflación más un premio-. Es un tipo de inversión típicamente defensiva en momentos de alta volatilidad, cuando resulta arriesgado hacer proyecciones de inflación a largo plazo. Esta vez, apenas tuvieron demanda por un 13% del monto de deuda a renovar.

Luis Caputo cumplió con el objetivo de corto plazo

En términos generales, la licitación cumplió con el objetivo de corto plazo del Gobierno. Pero, de todas formas, no deja de tener un sabor agridulce. Porque confirma que el célebre «Punto Anker» prácticamente dejó de existir.

En el equipo de Caputo llamaban así al momento en el que la demanda por crédito en el sector privado subía de tal forma que resultaba natural que los bancos no renovaran el 100% de los vencimientos de deuda, ya que necesitaban esa liquidez para acompañar los requerimientos de una economía en crecimiento.

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Por eso, la tónica del 2024 y el inicio del año pasado fue la de celebrar cada vez que en las licitaciones quedaba un «sobrante» de pesos. La interpretación oficial era que esa situación era normal, en el contexto de superávit fiscal y una recuperación del crédito. Según la célebre definición de Caputo, «los bancos vuelven a trabajar de bancos».

Sin embargo, hace ya varios meses que el sector público se queda con la mayor parte del ahorro, en detrimento de los préstamos bancarios para la producción y el consumo. Es, justamente, lo que Caputo y su equipo le reprochaba al gobierno peronista.

Dicho de otra forma, el Gobierno se vio en la dura disyuntiva de tener que elegir entre priorizar el crédito o la recomposición del Tesoro para manejar el exigente calendario de deudas. Y priorizó lo segundo.

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De hecho, uno de los mayores temores de los analistas es que Caputo termine echando mano a los depósitos que el Tesoro tiene en la banca pública, donde hay unos $14 billones producto del superávit fiscal. En teoría, esos pesos podrían ser usados para comprar divisas. Pero el costo de esa decisión limitaría el margen de acción de los bancos estatales, que quiere estimular la actividad en el rubro hipotecario y tienen prestada la mayor parte de esos depósitos del Tesoro.

Los próximos vencimientos de deuda

Lo que viene en el corto plazo no será fácil. El calendario de la deuda en pesos emitida por el Tesoro indica vencimientos desafiantes en un mercado donde los bancos se siguen quejando de la falta de liquidez.

A fin de mes habrá vencimientos por $11,5 billones, y en febrero $15,8 billones. El promedio de los vencimientos mensuales hasta junio es de $12 billones.

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La contracara de la situación del Tesoro es la caja del Banco Central, que el mismo miércoles de la licitación compró su mayor volumen de dólares del año: u$s187 millones en una sola jornada, en la que hubo muy poca demanda por parte de los inversores privados. Los más optimistas ven en este hecho un síntoma de que se mantiene la demanda de dinero por parte de los argentinos.

Lo cierto es que en lo que va del año el BCRA lleva comprados u$s515 millones. O, visto desde otro punto de vista, volcó al mercado unos $0,7 billones. Es un tema que está generando creciente polémica, porque si bien es cierto que había un clamor para que se acumularan reservas, aprovechando el momento de calma financiera, también hay quienes creen que esa política agravará la presión inflacionaria.

También ha generado críticas la intervención del BCRA en el mercado de bonos dólar linked y en el del dólar futuro. Ambas operaciones son consideradas formas de contener la demanda de divisas en el corto plazo, pero con un costo financiero a mediano plazo.

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