Tras la misión en Buenos Aires a mediados de febrero, una comitiva del Ministerio de Economía, encabezada por el viceministro José Luis Daza, partió la última semana a Estados Unidos para encarar la etapa final de las negociaciones de la segunda revisión del acuerdo y así destrabar el desembolso por USD 1.000 millones, que robustecerá las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ese giro dependerá de los tiempos administrativos en Washington D.C.

Durante los últimos días, los equipos técnicos del FMI y la delegación argentina mantuvieron encuentros presenciales en Estados Unidos. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía consultadas por Infobae, la intención es concluir la revisión en los próximos días.

La urgencia por ese desembolso perdió intensidad ante un BCRA que mantuvo compras sostenidas en el mercado de cambios, lo que le permitió que las reservas internacionales volvieran a incrementarse hasta casi USD 47.000 millones -antes de los ajustes de encajes en divisas de las entidades bancarias propio de fin de mes- y acercarse a las recomendaciones del organismo internacional y reforzar la estabilidad cambiaria.

El cronograma de trabajo con el Fondo Monetario Internacional se activó a comienzos de febrero, cuando una misión del organismo arribó a Buenos Aires para iniciar la revisión. Los técnicos del Fondo analizaron el cumplimiento de metas fiscales y monetarias, con foco en los objetivos de acumulación de reservas internacionales netas.

Este último punto no pudo ser alcanzado por el ministro Luis Caputo tras un 2025 marcado por tensiones cambiarias, motivadas tanto por la cobertura previa a las elecciones legislativas como por la decisión oficial que prevalecía de no comprar reservas hasta que el dólar mayorista alcanzara el piso de la banda, una condición que no se cumplió, en un intento por priorizar la desaceleración de la tasa mensual de inflación.

Un ex director del Fondo Monetario Internacional contó a Infobae que la aprobación de un eventual acuerdo entre el Gobierno y el organismo podría demorarse hasta mediados o fines de marzo. El economista explicó que el proceso formal dentro del FMI abarca varias etapas que exceden la negociación técnica inicial.

El economista detalló que, una vez finalizadas las conversaciones técnicas entre el equipo argentino y el personal del FMI, el acuerdo debe ser revisado y aprobado primero por el staff del organismo, junto con la directora gerente Kristalina Georgieva. En esta instancia, los departamentos de seguimiento de programas con condicionalidad, fiscal y legal del FMI analizan la propuesta.

A continuación, el procedimiento requiere la elaboración de un documento formal y una carta de intención por parte de las autoridades argentinas, que luego se eleva a la Junta Directiva del FMI.

El ex directivo del FMI para América Latina afirmó: “Normalmente, este trámite puede llevar entre dos y tres semanas, aunque a veces puede resolverse en menos tiempo”. Existe además un plazo obligatorio para que los miembros de la Junta examinen el expediente antes de su tratamiento.

El economista remarcó: “Es muy difícil que esté aprobado a nivel de la Junta Directiva, board en términos del organismo, antes de mediados o fines del mes que viene”, en referencia al momento en que el directorio del organismo podría tratar el acuerdo. Esta proyección añade una nueva estimación temporal sobre los próximos pasos en la negociación entre Argentina y el FMI, mientras el Gobierno busca avanzar con el entendimiento en el contexto financiero actual.

La revisión técnica del programa con el Fondo Monetario Internacional constituye un paso fundamental para la continuidad del acuerdo y el acceso a los desembolsos programados. El monto pendiente, correspondiente a la segunda revisión, asciende a USD 1.000 millones y representa un refuerzo relevante para las reservas del BCRA. Con la ayuda de Santa Fe, que giró USD 800 millones colocados en Nueva York al banco de la provincia, las reservas superaron los USD 46.000 millones.

Debe resaltarse que el BCRA consolidó su estrategia de compras diarias y priorizó recomponer el nivel de activos externos, determinantes para la estabilidad macroeconómica y la credibilidad del programa, desde el inicio de la fase cuatro en enero de 2026. Pese a algunas ventas puntuales, la tendencia anual muestra una recuperación sostenida de reservas.

Las reuniones en Washington serán decisivas para la resolución de la negociación. El equipo económico argentino, liderado por José Luis Daza, presentará los últimos detalles técnicos y buscará obtener el aval del staff del FMI.

Si bien en Economía no precisan si hay fecha de regreso, Infobae pudo saber que Daza no permanecerá en Estados Unidos hasta el Argentina Week que se realizará en Nueva York del 9 al 11 de marzo, lo que anticipa que regresará al país antes de esa fecha. Queda por definirse si la rendición de cuentas estará cerrada a su retorno.

El acuerdo técnico, una vez cerrado, debe ser elevado al directorio del Fondo Monetario Internacional, que debe formalizar la aprobación del desembolso.

Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, explicó que los equipos técnicos del organismo informan periódicamente al directorio sobre el avance de las negociaciones. Cuando el board del Fondo trata el tema, ya cuenta con toda la información sobre el nuevo acuerdo o las revisiones. Una vez aprobada la revisión, se autoriza el desembolso.

Delgado destacó que los plazos suelen ajustarse a las necesidades y que, actualmente, la situación de la Argentina es más holgada a corto plazo.

El programa vigente entre Argentina y el Fondo contempla metas trimestrales de déficit fiscal, acumulación de reservas y reducción de la emisión monetaria. Cada revisión técnica implica una auditoría exhaustiva de los resultados alcanzados y la definición de los próximos pasos para el cumplimiento de los objetivos.

Las automotrices que producen vehículos en la Argentina celebraron la aprobación en el Senado de la ley de modernización laboral, que incluye entre sus puntos centrales la eliminación del impuesto interno que se aplicaba sobre los autos. La nueva norma fue respaldada por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), que la consideró un avance clave para el sector.

“La eliminación definitiva del impuesto interno constituye un paso clave para el sector, ya que contribuye a corregir distorsiones acumuladas en la estructura de precios, ordenar el esquema tributario y dotar de previsibilidad a las terminales y a toda la cadena de valor”, afirmó la asociación en un comunicado difundido tras la votación.

La entidad, que reúne a las 12 automotrices con producción en el país, expresó su acompañamiento a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Economía.

Para Adefa, la nueva normativa laboral “representa una oportunidad para impulsar la creación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa la industria automotriz”. En este sentido, la definió como “un punto de partida relevante” frente a los desafíos que todavía enfrenta la economía argentina.

El Senado aprobó el viernes el proyecto que había sido modificado la semana anterior en la Cámara de Diputados. Más allá del capítulo laboral, la norma incluye una batería de modificaciones tributarias. Entre ellas, la eliminación del impuesto interno —también conocido como impuesto al lujo— para una serie de bienes y servicios.

Autos, servicios de telefonía, pólizas de seguro, aviones y embarcaciones dejarán de estar alcanzados por el gravamen. Cada uno tributaba con alícuotas diferenciadas, por lo que el impacto será dispar según el caso.

En el caso de los vehículos, el impuesto alcanzaba hasta ahora a los modelos con precios superiores a $103.000.000, con una alícuota del 18%. A comienzos de 2025 el Gobierno ya había suspendido la primera escala, que afectaba a la franja media con una tasa nominal del 20%, y había reducido la segunda del 35% al 18 por ciento.

Con la eliminación total aprobada por el Congreso, el beneficio se extiende a todos los modelos que aún permanecían gravados.

En términos prácticos, un vehículo que hoy se comercializa a $125.000.000 podría bajar a alrededor de $108.000.000 tras la supresión del tributo, siempre que la reducción se traslade plenamente al precio final.

El sector venía siguiendo de cerca esta definición. Aunque el impuesto estaba asociado principalmente a los autos de alta gama, su existencia generaba distorsiones en distintos segmentos. Las pick-ups medianas tope de gama, por ejemplo, no pagan el tributo por estar clasificadas como vehículos comerciales, pero compiten en rangos de precios similares. La eliminación del gravamen podría provocar un reacomodamiento en esa franja del mercado.

En la industria sostienen que el nuevo marco es determinante “para la planificación productiva, las decisiones de inversión y el sostenimiento del empleo en el mediano y largo plazo”, remarcaron desde Adefa.

La entidad también consideró que la decisión permite avanzar en la agenda de reducción de la carga tributaria a nivel nacional y abre la discusión sobre impuestos provinciales y municipales que impactan en la estructura de costos.

Para las terminales, la aprobación parlamentaria “reafirma la importancia del trabajo articulado entre el sector público, la industria y toda la cadena de valor para consolidar reglas claras, estables y sostenidas en el tiempo”. Con la sanción legislativa ya cerrada, el foco ahora pasa a la promulgación y a la reacción de las listas de precios, donde se verá si la baja del tributo se traslada de manera plena al consumidor.

La aprobación de la nueva normativa se produce en un contexto desafiante para la industria automotriz local. Según datos de Adefa, en enero las terminales instaladas en el país produjeron 20.998 unidades entre autos y vehículos comerciales livianos, una cifra alcanzada durante 12 días hábiles de actividad, tres jornadas menos que en el mismo mes de 2025.

El menor número de días de producción explica en parte la baja interanual del 30,1%, aunque no constituye el único factor. El promedio diario de fabricación en enero de 2025 fue de 2.003 unidades, mientras que en enero de 2026 descendió a 1.750 vehículos, lo que refleja una caída efectiva del 12,6% en la producción diaria, evidenciando el impacto negativo en el sector.

En la comparación mensual, la producción de enero respecto a diciembre mostró una disminución del 20,7%, similar a la registrada en el mismo período de 2025, cuando la caída fue del 20,9%. Sin embargo, al analizar la cantidad de días trabajados, el descenso se acentúa: en diciembre se produjeron 2.646 vehículos por jornada, casi 900 unidades más por día que en enero, lo que implica una caída del 33,8% al comparar ambos meses.

“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas para la producción de nuevos modelos, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado. Para tener mayor precisión sobre el desempeño anual de las principales variables, habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre”, dijo Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa, en la presentación de las primeras estadísticas del año.

Adefa reúne a las 12 terminales con producción en el país, entre ellas Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, Renault, Stellantis, Mercedes-Benz, Nissan, Scania, Iveco, Agrale y Honda. En conjunto, representan la totalidad de la fabricación local de autos, utilitarios y camiones, y concentran el grueso de las inversiones y exportaciones del sector.

En enero de 2026, la administración pública nacional, junto con empresas y sociedades estatales, registró 278.705 cargos, según los datos oficiales analizados por Nadin Argañaraz. Esta cifra mostró una reducción de 62.768 empleos respecto a diciembre de 2023, lo que representó una caída del **18%** en la dotación de personal. El proceso implicó recortes en todos los meses comprendidos entre las dos fechas.

El informe señala diferencias notables entre los organismos estatales afectados. De la merma total, la administración centralizada absorbió el 24% de los recortes, mientras que la descentralizada alcanzó el 35% y las empresas y sociedades estatales sumaron el 34% de la baja. El desglose revela que la mayor reducción en términos absolutos se concentró en la administración centralizada, donde se eliminaron 15.105 cargos.

Entre las empresas y organismos con mayor reducción se ubicaron Correo Oficial, que reportó 5.290 cargos menos; Operadora Ferroviaria S.E., con 3.615 empleos menos; ARCA, que recortó 3.221 puestos; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con 2.261; el Banco de la Nación Argentina, con 2.116; y Aerolíneas Argentinas, que contabilizó 1.899 recortes. Estos datos ilustran el alcance transversal de la política de ajuste en distintos sectores y rubros bajo control estatal.

El análisis de la intensidad de los recortes revela que cuatro organismos, entre los que más empleos eliminaron, redujeron el 100% de sus cargos, lo que implicó su desaparición dentro del esquema estatal. Se trata del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SACPEM y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La eliminación total de estas dependencias impactó tanto en la estructura estatal como en la provisión de servicios y funciones que desempeñaban.

Otros organismos experimentaron bajas proporcionales elevadas, aunque no en su totalidad. La Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal recortó el 78% de su planta de personal, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) redujo sus cargos en un 56% y la Casa de la Moneda ajustó un 49% de sus puestos. Estas cifras muestran el alcance dispar de las medidas, con algunos organismos obligados a realizar ajustes más severos que otros.

Por otro lado, hay instituciones que sufrieron recortes mucho menos pronunciados. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) redujo su dotación solo en un 6%, el CONICET registró una merma del 8% y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ajustó su personal en un 10%. La disparidad en los porcentajes de reducción evidencia diferentes criterios y necesidades según el área de gestión y la función que cada organismo cumple dentro del Estado nacional.

La comparación entre los números de diciembre de 2023 y enero de 2026 indica que cada mes registró una disminución en la cantidad de cargos estatales. Los recortes no afectaron de manera uniforme a todas las áreas. El informe distingue entre las principales jurisdicciones, empresas y organismos descentralizados, enfatizando las diferencias en la magnitud de los ajustes. La administración centralizada, que agrupa a ministerios y dependencias de gobierno, lideró la reducción en términos absolutos, mientras que las sociedades estatales y entes descentralizados tuvieron bajas más acentuadas en términos relativos.

La información analizada por Argañaraz permite observar el impacto de las políticas de reducción del empleo público en la estructura y funcionamiento de la administración nacional. Las cifras muestran el volumen del ajuste aplicado en distintos sectores, el cierre de organismos completos y la permanencia relativa de otros que, por sus funciones, conservaron la mayor parte de su personal.

El proceso de reducción de cargos en la administración pública nacional, empresas y sociedades estatales durante el período considerado se distribuyó de manera heterogénea entre los distintos organismos y sectores. Las decisiones adoptadas generaron cambios estructurales en la composición del empleo estatal y en la presencia de determinadas áreas dentro del entramado público argentino.