Varias de las principales compañías agroexportadoras del país avanzan con una propuesta conjunta para quedarse con la concesión del Belgrano Cargas, el ramal ferroviario que el gobierno de Javier Milei busca privatizar. La infraestructura ferroviaria no solo es clave para el campo: también despierta el interés de empresas mineras, lo que refuerza el carácter estratégico del proceso.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) fue la encargada de anunciar la movida: en un comunicado, informó que su presidente, Miguel Simioni, encabezó una reunión con directivos de Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company, Aceitera General Deheza y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Todas estas empresas «informaron el trabajo que vienen realizando en conjunto para presentar una propuesta en el marco de la concesión de la línea Belgrano».

Las mayores exportadoras de soja quieren quedarse con el Belgrano Cargas

Estas firmas figuran entre las diez mayores exportadoras de soja del primer semestre del año, período que cerró con récord de ventas, impulsado por la baja de retenciones aplicada por el Ejecutivo. «Durante el encuentro se destacó la importancia de contar con un sistema ferroviario que impulse el desarrollo productivo, especialmente en las zonas más alejadas de los puertos, como es el caso del Noroeste Argentino», señaló la BCR.

Además, los asistentes coincidieron en destacar la necesidad de completar la obra del circunvalar ferroviario de Santa Fe. «También se coincidió en resaltar la importancia de finalizar la obra del circunvalar ferroviario de Santa Fe, que permitirá mejorar fuertemente la eficiencia logística», agregó la entidad.

Participaron también del encuentro el vicepresidente primero de la BCR, Javier Gastaudo; el director ejecutivo, Javier Cervio; Andrés Williams, director de Relaciones Institucionales; Julio Calzada, a cargo del área de Información y Estudios Económicos; Alfredo Sesé, coordinador de la Comisión de Transporte; y Pablo Ybáñez, del área de Transporte.

La privatización del Belgrano Cargas forma parte de un paquete más amplio que abarca ocho empresas estatales. Dos de las más avanzadas en ese proceso son la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística (BCyL). En el caso de esta última, el Gobierno tomó la decisión de desintegrar verticalmente sus operaciones: cada unidad de negocio será separada y sus activos distribuidos, una medida que apunta a facilitar la concesión.

El Belgrano Cargas es clave para el transporte de productos agropecuarios

BCyL es un actor central en el transporte ferroviario de productos agropecuarios y también en la logística minera. Empresas como la multinacional Río Tinto ya manifestaron su interés ante autoridades nacionales.

Actualmente, la compañía opera unos 7.600 kilómetros de vías distribuidos en 17 provincias. La infraestructura seguirá bajo control estatal, pero será concesionada a operadores privados. Al frente del proceso se encuentra Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que depende del Ministerio de Economía.

Según los lineamientos oficiales, «el Gobierno planea licitar la infraestructura de vías y concesionar el uso de talleres del BCyL, mientras que el material rodante se ofrecerá en venta a través de un remate público». Las licitaciones estarán abiertas tanto a empresas locales como internacionales, e incluirán todos los tramos actualmente operativos de las líneas General Belgrano, General Urquiza y General San Martín.

El esquema que se impulsa es el de concesión de acceso abierto, lo que significa que la empresa adjudicataria deberá permitir el uso de las vías a cualquier operador que pague la tarifa correspondiente.

Aún se está realizando el relevamiento técnico de los bienes que entrarán en juego, que incluye el estado de las vías, talleres e instalaciones, de acuerdo al último informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó ante el Senado.

Mientras tanto, el Ejecutivo no contempla por ahora la reactivación de los tramos ferroviarios hoy clausurados. Según fuentes oficiales, cualquier intento de recuperar esas secciones requeriría estudios sociales y urbanísticos «que exceden el plazo y el objetivo del proceso de privatización».

A poco tiempo de las elecciones, el Gobierno de Javier Milei intenta respaldar su gestión con logros contundentes. Uno de los más visibles es la baja de la inflación, el cual es uno de los «caballitos de guerra» del Gobierno. Sin embargo, podría no ser el único. 

Esta semana, una medición elaborada por la consultora LCG registró que la tasa de pobreza habría alcanzado 31,6% en los primeros tres meses del año, la más baja desde 2018. De hecho, según la consultora, el cálculo surge de contrastar los ingresos de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer trimestre de 2025 con la canasta básica total de cada hogar (ajustada por adulto equivalente).

«Refleja una caída de 6,4 pp contra el último trimestre de 2024 y de 23,4 pp contra un año atrás, cuando la pérdida de poder adquisitivo asociada a una inflación elevada había incrementado sensiblemente el bolsón de pobres», argumenta LCG.

De esta manera, la clase media sumó 7,7 millones de personas en el último año, representó el 39% de la población y recuperó el nivel previo a la pandemia. 

«La clase media, definida arbitrariamente como las personas con ingreso total familiar entre 1,5 y 4 veces el costo de la canasta básica total, está integrada por el 39% de la población. Sumó 7,7 millones de personas en el último año y recuperó un nivel semejante a los previos a la pandemia», resaltó la consultora.

Las cifras de pobreza e indigencia en la gestión de Javier Milei

Si se extrapola la muestra al total de la población, los pobres ascienden a 15,3 millones de personas. Asimismo, según datos de la consultora, la tasa de indigencia ascendería a 7%, reduciéndose en el margen respecto al último trimestre de 2024 (-0,3 pp t/t), pero presentando también una fuerte baja respecto a un año atrás (-13,3 pp). Esto impacta a casi 3,4 millones de personas (6,3 millones de personas menos que un año atrás).

Otro de los datos que resalta LCG es que, considerando una medida más amplia de la pobreza, la cantidad de personas que viven con ingresos familiares en el rango +/- 10% de la canasta básica del hogar se redujo.

«En principio, esto indicaría que el riesgo de pobreza es menor: hay menos personas con posibilidad de caer en la condición de pobreza, pero también menos personas con chances de abandonarla. En esta franja se ubican 4 millones de personas, 700.000 menos que hace un año», resalta el informe.

A su vez, el informe afirma que «la cantidad de personas en situación de pobreza se redujo en todos los rangos etarios trimestre a trimestre, después del pico de comienzos de 2024». La merma no solo implica el mejor dato para ese indicador de la gestión de Javier Milei, sino que se trata del porcentaje más bajo desde 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri.

La medición vincula la caída de la tasa de pobreza con la baja de la tasa de inflación, sumado a una mejora en el ingreso per cápita familiar, que superó el ritmo de aumento de la canasta básica.

Cabe recordar que el próximo informe del INDEC sobre la pobreza se conocerá en septiembre, un mes previo a las elecciones legislativas de octubre. Y, si bien los números aún no son los oficiales, la estimación coincide con datos que publicó recientemente la Casa Rosada, que ubicó la pobreza en el 31,7% en el primer trimestre del año. «Este es el primer Gobierno en muchos años que comienza un proceso real de baja de la pobreza», recalcó el Ejecutivo.

La empresa siderúrgica Acerbrag, empresa privada de la ciudad bonaerense de Bragado con 600 trabajadores, acaba de anunciar la suspensión de sus operaciones por tiempo indeterminado, debido a la caída en las ventas que afecta a ese sector fabril. 

La noticia fue confirmada a los trabajadores por la propia empresa, ubicada en el Parque Industrial de Bragado, y su anuncio causó fuerte impacto en los empleados de la firma, de capitales brasileños, y en toda la ciudad. Cabe recordar que Acerbrag había atravesado la misma situación en febrero último, cuando detuvo las áreas de laminación y acería hasta entrado el mes de marzo, pero la suspensión de actividades ahora es por tiempo indefinido.

La situación actual de la empresa siderúrgica Acerbrag

La empresa emplea de forma directa a unos 600 trabajadores, y es uno de los principales agentes productivos y económicos de Bragado, una ciudad de 46.000 habitantes situada a unos 250 kilómetros al oeste de la Capital Federal.

Hace un año, en medio de la fuerte retracción del mercado, Acerbrag ya había despedido a 80 trabajadores, y poco después anunció una parada para agosto con el objetivo de cambiar un transformador por uno de mayor capacidad, una inversión pensada para incrementar la productividad por lo que no alarmó a la comunidad.

Voceros de la empresa resaltaron al canal Bragado TV que «frente a la falta de expectativas de mejoras en la demanda y ante la sostenida crisis industrial que sigue golpeando al sector siderúrgico y particularmente a Acerbrag, la empresa deberá parar nuevamente sus operaciones a partir de la semana próxima».

Sin embargo, la producción de la planta en julio fue de unas 23.000 toneladas, una cifra que para los trabajadores es «aceptable» teniendo en cuenta el contexto actual. Más allá de los inconvenientes para las ventas de la empresa, los trabajadores enfrentan una situación salarial complicada, ya que la paritaria de 2024 demandó más de diez meses de negociación, y aunque ya se acordó la de 2025, todavía está pendiente la homologación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La crisis en Acerbrag se suma a la de otras grandes firmas del sector, como Ternium, Tenaris o Acindar. Cabe recordar que la industria siderúrgica abastece a sectores clave como la construcción, el agro, la industria automotriz y la línea blanca, todos fuertemente afectados por la actual política económica.

Acindar, otra de las empresas en crisis

Tal como se mencionó anteriormente, Acindar, una de las principales siderúrgicas del país, también se encuentra en crisis. De hecho, la semana pasada, se supo que la empresa, la cual pertenece al conglomerado global Arcelor Mittal, paralizó por una semana su planta de Villa Constitución, Santa Fe, por la caída de la demanda. La empresa ya había acordado con los gremios un esquema de cese de actividades y hay aproximadamente 200 trabajadores suspendidos.

Asimimos, se interrumpieron alrededor del 80% de las operaciones, incluyendo acería y el tren laminador. El parate se calendarizó entre el 26 de julio y el 4 de agosto, pero se esperan más frenos a la producción en lo que resta del año, luego de varios en 2024.

A comienzos de año, el grupo firmó un segundo acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para tener vigente un esquema de suspensiones que abarca a más de 900 empleados, quienes cobran el 75% del sueldo durante los días que dura el parate. «Cayó la construcción interna en la Argentina, no tracciona el mercado automotor como debería y el alambre para el agro tampoco puede complementar, entonces la realidad es muy crítica», resaltó Pablo González, secretario general de la UOM en Villa Constitución, y calculó que hay 550 empleados propios suspendidos, aunque fuentes de la empresa indican que son 200 como máximo.