ECONOMIA
Marcha de San Cayetano reabre el debate sobre los verdaderos indicadores de la pobreza

Ahora que, gracias a la serie de televisión protagonizada por Leonardo Sbaraglia, volvió el interés por lo ocurrido en los años del menemismo, quizás en el ámbito político tomen nota de una situación aparentemente contradictoria: en mayo de 1995, Carlos Menem fue reelecto en primera vuelta con un contundente 49,9% de los votos, pero al mismo tiempo había una alarma social por el salto del desempleo al 18%. La imagen más impactante de aquel año fue la celebración de San Cayetano: el 7 de agosto se formó una cola de 30 cuadras frente a la iglesia de Liniers para pedirle ayuda al santo patrono del trabajo.
Treinta años después, algunas similitudes pueden llamar al asombro: Javier Milei aplica, como Menem un plan de ajuste con el objetivo de eliminar la inflación y estabilizar el tipo de cambio, pero sufre cuestionamientos por los costos sociales que surgen como contracara de los indicadores macro.
El presidente tiene, según la encuesta de la consultora Giacobbe, un llamativo 48% de aprobación de su gestión y le saca 10 puntos de ventaja al kirchnerismo en la intención de voto para las legislativas de octubre.
Y, como hace tres décadas, esa situación convive con un cambio en el ranking de preocupaciones de la población: un sondeo de la Universidad de San Andrés muestra que la inflación pasó de liderar la lista con 60% de menciones a un nivel actual de apenas 15%. Pero, como contracara, la falta de trabajo duplicó en dos años las menciones, y ya supera el 30%, con tendencia a la suba.
Hay sectores particularmente castigados por el mix de tipo de cambio bajo y apertura comercial. Es así que la Unión Industrial Argentina denunció que ese sector pierde empleos a un ritmo de más de 1.500 puestos por mes.
Todo el tiempo se conocen indicadores inquietantes al respecto: por caso, los despachos de cemento registraron en julio una caída mensual de 2,4%, mientras que la producción automotriz cayó un 12,7% mensual.
Hubo casos puntuales de alto impacto, como la suspensión del 80% de la producción en la planta de Villa Constitución de Acindar, por la caída de las ventas en el mercado interno. Pero el sindicato denunció que, además, había otro factor preocupante: la producción local está siendo desplazada por la importación desde China, que es realizada incluso por la propia Acindar.
Y en la industria textil, uno de los más impactados por la apertura arancelaria, se denunciaron casos de «dumping» que llevaron la participación de productos importados a 67% del mercado, cuando el promedio de la última década fue de 55%.
El clima se enrareció todavía más por la abrupta suba de las tasas de interés, que lleva a los economistas a adelantar un enfriamiento en el crédito a la producción y al consumo.
Guerra de relatos, al rojo
Es en ese contexto que se intensificó la clásica «guerra de relatos» respecto de si la situación social del país está mejorando o empeorando. El propio Javier Milei hizo su aporte con la polémica frase respecto de que, si fuera cierto que la gente no llega a fin de mes, «ustedes al caminar por la calle la tendría que ver llena de cadáveres».
La provocativa frase hizo explotar la polémica con argumentos estadísticos de ambos lados de la grieta. Así, se puso de relieve la mora bancaria en 4,5% -el doble del promedio reciente- y con tendencia al alza, por parte de familias que financian con tarjeta de créditos sus compras de subsistencia.
En cuanto al empleo, el último relevamiento del Indec marcó otro empeoramiento que lleva el índice a 7,9% -1,7 millones de desocupados-, mientras el principal rubro en el que se genera trabajo es el cuentapropismo y las changas del sector informal. Ese fenómeno es marcado sobre todo en la población de menos de 30 años, donde el 58,7% trabaja en situación irregular, con baja o nula cobertura social.
Pero, en simultáneo, esos datos negativos coexisten con una mejora en la medición de la pobreza. Un reporte de la consultora LCG marca que, al primer trimestre de este año, el índice había caído a 31,6%, el registro más bajo de los últimos siete años. Mientras que la indigencia -es decir, la población en situación de riesgo alimentario- cayó a 7% -casi la mitad de hace un año-.
Aun así, siguen siendo números impactantes: 15,3 millones de pobres, de los cuales 3,4 millones siguen en la indigencia.
Y el debate se centra en el tema del ajuste fiscal: ¿es bueno porque baja la inflación y eso reduce la pobreza? ¿O es malo porque ralentiza la actividad en sectores que dan empleo, como la obra pública?
El día de San Cayetano será uno de los escenarios en los que esa discusión alcanzará su máximo nivel de visibilidad a nivel político. Se organizó una marcha desde la iglesia de Liniers hasta la Plaza de Mayo, convocada por sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles, con la bendición de la Iglesia Católica y el acompañamiento de la oposición política.
Marcha de San Cayetano: de fiesta religiosa a manifestación política
Hace ya mucho tiempo que esta festividad religiosa tomó un tinte político. De hecho, será la novena marcha que parta desde Liniers. Esta vez, la primera desde el fallecimiento del papa Francisco, que siempre había apoyado ese evento. Por ejemplo, con mensajes como este: «Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella».
Las marchas ocurrieron bajo gobiernos de diverso signo, desde el macrismo hasta el peronismo, con mensajes cada vez más críticos. El protagonismo del acto fue tomado por las organizaciones piqueteras, que reclamaron ayuda estatal y advirtieron sobre el riesgo de una ruptura en el tejido social.
Fue particularmente incómodo para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la celebración de San Cayetano en 2021 y 2022, cuando el acto estuvo centrado en el reclamo por un «salario universal» y la denuncia de que los programas de asistencia eran «pan para hoy y hambre para mañana».
Fue en esos actos, además, que se consolidó el liderazgo de Juan Grabois, quien hoy pugna por mostrarse como la alternativa combativa en un peronismo fragmentado.
Se recuerda, por ejemplo, su advertencia de 2021 respecto de que la red de cohesión realizada por los movimientos sociales «no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente».
Al año siguiente, iría más lejos aún, al criticar con dureza al Gobierno con una frase que levantó polvareda: «¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madre! Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina».
Grabois adelantó su presencia en la marcha de San Cayetano, con renovado discurso anti-Milei, donde destaca la crítica a la baja de impuestos a los productores rurales y el apoyo a las protestas contra los vetos presidenciales.
Agenda renovada y protesta callejera
Ahora están dadas las condiciones como para que San Cayetano vuelva a ser la plataforma de la protesta. La UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) que es la organización que convoca oficialmente a la marcha y dice representar a «los descamisados del siglo 21» cuenta con una larga listas de argumentos nuevos. Por ejemplo, en el último reporte del Fondo Monetario Internacional se marca el compromiso del gobierno por depurar la selección de beneficiarios de los planes sociales.
Es algo que fue interpretado como un objetivo de recorte del gasto en la Asignación Universal por Hijo, uno de los pocos rubros donde no se había aplicado la «motosierra». Tras el desmantelamiento del plan Potenciar Trabajo, que tenía 1,2 millones de beneficiarios y estaba bajo la lupa política por ser administrado por la dirigencia piquetera, la AUH quedó como el principal canal de asistencia social.
Con una erogación de $2,7 billones en la primera mitad del año, la AUH representa casi un 5% de los gastos corrientes en el presupuesto del gobierno nacional.
Pero, más allá de los argumentos, lo que dejaron en claro los organizadores de la marcha de San Cayetano es su reivindicación de una política de protesta callejera, a la que ven como mecanismo más eficaz que la del debate partidario.
«El proceso electoral es importante, pero para nosotros la calle es fundamental para ponerle límite, freno, y apostar a que esta pesadilla termine lo más rápido posible», sintetizó Alejandro Gramajo, prosecretario de la UTEP.
La advertencia de la Iglesia
Podría pensarse que, desde el punto de vista del gobierno, este tipo de marchas resultan beneficiosas políticamente, porque exacerban la grieta con sectores desprestigiados, como algunos líderes del movimiento piquetero.
Sin embargo, en el caso concreto de San Cayetano, hay un factor que pone un límite al discurso gubernamental y que supone una incomodidad: el apoyo explícito de la Iglesia a la protesta.
«En todo plan económico, cuidar el empleo debe ser una prioridad indeclinable», fue el mensaje de la Iglesia en una declaración emitida por la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal.
Un documento que lleva la firma de dos arzobispos y tres obispos dejó una frase inquietante para Milei: «La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido. En todo plan económico, cuidar el empleo y las fuentes laborales debe ser una prioridad indeclinable. Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo o vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro».
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ECONOMIA
El gremio de pilotos llevará adelante otra medida de fuerza y se esperan demoras en los vuelos en Aeroparque

Luego de que la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificara la medid en protesta contra Aerolíneas Argentinas para este viernes, se prevén demoras y complicaciones en los vuelos de la mañana. Las asamblea comenzará desde las 06:00 y se extenderá hasta las 10:00 horas. Por esto mismo, desde la empresa pidieron verificar el estado de vuelos por presuntos cambios de fechas y horarios.
Por medio de un comunicado emitido en las redes sociales, el gremio de pilotos acusó a la aerolínea bandera de no haber ofrecido una respuesta al reclamo. Entre las quejas, que fueron presentadas por los trabajadores, mencionaron la cuestión salarial, ascensos, dotación y el cumplimiento de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).
A raíz de esto, el sindicato confirmó que durante la mañana del viernes realizarán una asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery. Y advirtieron que “la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días“.
De la misma manera, expusieron que otra de las preocupaciones radicaría en los problemas que se detectaron en motores en las últimas semanas. “Las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia”, expusieron.

Frente a esto, Aerolíneas Argentinas emitió una advertencia para las personas que tengan vuelos programados este viernes. “Por medidas de fuerzas gremiales de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), tu vuelo podría cambiar de horario”, anticiparon.
Por este motivo, comunicaron que se podrá chequear la información a través del número de WhatsApp +5491149404798, por la aplicación oficial y desde la página oficial de la empresa. Tras recomendar revisar las alertas y la bandeja de entrada del email, recordaron que se podrá cambiar el pasaje por medio de la línea de WhatsApp.
Esta se trata de la segunda medida fuerza organizada en este mes, después de que el sindicato anunciaran a principios de octubre que no habían obtenido respuestas por parte de la empresa. Por esto, consideraron que se habría tratado de una “demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial”, calificando la situación como “una nueva provocación por parte de esta administración”.
Voceros de la compañía señalaron que “la medida de APLA pretende ejercer presión sobre la discusión paritaria y en las modificaciones regulatorias que afectan su actividad. Esto se da en un contexto en que Aerolíneas Argentinas finalmente pudo dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de permanentes pedidos de fondos del Estado para poder sostener su operación”.
El conflicto entre el gremio y la empresa no es un hecho aislado en el año. En meses anteriores, se dictaron varias conciliaciones obligatorias para evitar un paro en rechazo al Decreto 378/2025. Esta normativa introduce cambios en los horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico, lo que ha sido motivo de preocupación para los trabajadores.
El sindicato de pilotos argumentó que se ha producido un deterioro en las condiciones laborales y en aspectos vinculados a la seguridad operacional, además de denunciar la “extranjerización y apertura indiscriminada del mercado”. En una declaración reciente, advirtieron que “la desregulación en la industria aeronáutica está generando serias consecuencias para nuestros pilotos”.
“Con la llegada de más de 100 pilotos extranjeros, los empleos para los profesionales argentinos se han visto reducidos, y sus salarios son alarmantemente superiores. Esta situación reduce significativamente el empleo y degrada la profesión en nuestro país”, apuntaron.
El escenario de conflicto laboral en el sector aeronáutico se profundizó a finales de septiembre, cuando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó asambleas en 21 aeropuertos del país. La medida respondió a una serie de incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el marco de un reclamo por mejores salarios y condiciones laborales para el personal encargado de funciones esenciales en la aviación argentina.
En esa oportunidad, el sindicato exigió no solo la actualización de sueldos, sino también la regularización de contratos y mejoras laborales que considera fundamentales para garantizar la seguridad operativa de los vuelos. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, afirmó que “la seguridad de todos los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditorías internacionales y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino”. Además, pidió reabrir la paritaria sectorial para revertir la crisis, reparar el poder adquisitivo dañado y dotar de estabilidad a quienes mantienen contratos precarios en el organismo.
ECONOMIA
Economista aliado a Milei alerta que «no es buen negocio comprar dólares jueves o viernes»

A días de las elecciones, Juan Carlos de Pablo aconseja flotar libremente el dólar y pide a los ahorristas no desesperarse por la divisa
23/10/2025 – 11:32hs
A escasos días de las elecciones 26 de octubre, el economista Juan Carlos de Pablo emitió un consejo contundente al gobierno de Javier Milei respecto a la política cambiaria: abandonar las bandas de flotación y permitir que el dólar se mueva libremente, confiando en que el equilibrio fiscal sirva de ancla para la economía.
«Si a mí me pidieran opinión, yo diría ‘sacá las bandas y dejá la flotación‘, porque la clave que vos tenés es el equilibrio fiscal», afirmó en diálogo con A24.
El llamado del especialista adquiere mayor relevancia en un contexto de alta tensión cambiaria, donde las cotizaciones del dólar continúan al alza pese al anuncio del swap por u$s 20.000 millones con Estados Unidos.
Según explicó El Cronista, los inversores anticipan un posible fin del esquema actual y especulan con la llegada de un nuevo modelo cambiario tras las elecciones. En otra conversación con Radio La Red, el economista evitó anticipar modificaciones inmediatas y afirmó: «Eso lo vamos a saber el lunes», recordando que el propio Luis Caputo también se mantiene cauteloso.
Consejos para los ahorristas
El economista se dirigió a quienes buscan refugio en la divisa y recomendó no precipitarse: «No es un buen negocio comprar dólares el jueves o el viernes a cualquier precio». Y sobre la reciente suba del dólar pese a las intervenciones y anuncios, fue enfático: «Dejalo, no es una tragedia».
De Pablo advirtió sobre las consecuencias de fijar el tipo de cambio: «Hoy lo peor que puede pasar en la Argentina es que vos fijes una paridad, una tablita de Martínez de Hoz, te vas a comprar un problema«.
Flotación libre y equilibrio fiscal
El especialista sostiene que el tiempo es un factor clave en política económica: «En política económica práctica, no hay nada peor que tener el tiempo en contra». De ahí su insistencia en que el tipo de cambio se ajuste sin restricciones: «A lo que venga, a lo que venga es: que puede ir para arriba, para abajo, para el medio, lo que sea, y tenés un tipo que está dispuesto a vender«.
Respecto a la intervención del Banco Central, De Pablo dijo: «Pedirle al BCRA que fije un tipo de cambio o una trayectoria del tipo de cambio nominal no me parece una buena idea«. La razón: si el tipo de cambio necesita subir y está congelado, «perdés reservas, estamos en la misma, son todas manifestaciones del desequilibrio».
Consultado sobre cambios en el sistema tras las elecciones, fue prudente pero claro: «Vamos a verlo, va a depender de muchísimas cosas». Su posición sobre lo que debería hacerse sigue siendo firme: abandonar las bandas y mantener la flotación, con el equilibrio fiscal como pilar central.
Relativizando la obsesión por los mercados
De Pablo también minimizó la preocupación por los movimientos diarios de la divisa: «El pronóstico más fácil que tengo es que el lunes Argentina va a existir. Los bares van a abrir, los comercios van a abrir, la gente va a ir a laburar, y va a seguir la vida».
Por último, insistió: «No nos vamos a ahogar en el vaso de agua de los mercados que, por supuesto, lo vas a transmitir minuto a minuto como si fuese un partido de fútbol, cuando yo lo que te digo es que mientras sigue la vida».
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ECONOMIA
Aprobaron un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer al PAMI

El Gobierno nacional le dio luz verde a un nuevo acuerdo de financiamiento proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitirá fortalecer el sistema de atención a jubilados y pensionados. De acuerdo con el decreto publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, la entidad financiera otorgará un préstamo de USD 500.000.000.
Con la aprobación del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, este viernes se aprobó el contrato con el BID, mediante la publicación del Decreto 764/2025. No obstante, el contrato quedará sujeto a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del BID.
“Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° AR-L1411 a celebrarse entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta USD 500.000.000 destinado a financiar el ‘Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados’”, informaron en el documento.
Para el seguimiento y administración del acuerdo, las autoridades facultaron al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas, o a los funcionarios que estos designen, a suscribir el contrato y toda la documentación adicional en nombre del país, siempre bajo la condición de que el programa reciba el visto bueno definitivo del banco internacional.

Además, brindaron la potestad de negociar y firmar eventuales modificaciones al contrato, siempre que no impliquen alteraciones sustanciales en el objeto o destino de los fondos, ni aumentos en el monto total ni cambios en el procedimiento arbitral acordado.
De la misma manera, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, fue designado como organismo ejecutor del programa. Así, esta entidad, que opera dentro del ámbito del Ministerio de Salud, tendrá la responsabilidad de llevar adelante todas las operaciones y contrataciones necesarias para la implementación del préstamo, siguiendo las normas y procedimientos establecidos en el contrato aprobado.
Con este paso, el Estado nacional buscará canalizar recursos internacionales para reforzar la estructura y los servicios destinados a los adultos mayores, en un contexto de necesidad de financiamiento externo y de fortalecimiento de la red de protección social.
Previo a esto, la operación fue analizada por varios sectores del Estado, entre ellos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En línea con esto, la entidad financiera nacional concluyó que el impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”. Así, quedó habilitada la negociación con las autoridades del BID.
Por otro lado, la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía, manifestó no tener objeciones respecto a la transacción. Incluso, remarcaron que el financiamiento del BID “en función de que el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.
La aprobación del préstamo buscaría transformar las políticas de salud pública en Argentina, debido a que su objetivo sería optimizar la atención integral de enfermedades crónicas y ampliar el acceso a tratamientos oncológicos.
Esta iniciativa, que también contemplaría la extensión de la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional, se apoyaría en la sistematización avanzada de la información generada por los sistemas institucionales, con el objetivo de fortalecer la gestión pública.
Entre los objetivos centrales del plan aprobado figura el incremento de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedad renal, así como la reducción de los tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas relacionadas con cáncer de mama y colon.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en su informe técnico, destacó que el préstamo permitirá mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional, contribuyendo a un modelo integral de atención para la población beneficiaria.
En cuanto a los términos financieros, el préstamo aprobado por el BID contempla un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés ajustada sobre el índice SOFR.
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