Una vez más, se produce la paradoja argentina de que, con los precios de las materias primas subiendo a la velocidad, en el campo se teme a una pérdida de rentabilidad. Había ocurrido durante la invasión rusa a Ucrania, y vuelve a repetirse ahora con la guerra en Medio Oriente.

Claro que hay una gran diferencia entre ambas situaciones: antes Argentina era un importador neto de energía, al punto que las compras de petróleo y de gas licuado una inédita cifra de u$s12.868 millones. Es un número similar al que ahora se espera que deje la balanza energética, pero como superávit y no como déficit.

Sin embargo, una primera reacción de euforia entre los economistas afines al gobierno rápidamente se empezó a disipar: la suba del precio del petróleo no necesariamente garantizará una lluvia de dólares para la economía argentina. Primero, porque no está claro que este pico de precios sea sostenible en el tiempo, al punto de favorecer el precio del crudo que se produce en Vaca Muerta.

Pero, además, porque Argentina sigue teniendo muchos costos productivos que están ligados a la cotización del petróleo y del gas. El más obvio es el de la logística internacional, dado que no sólo encarece el combustible sino que se alteran las rutas marítimas tradicionales.

«Los gigantes del transporte marítimo (Maersk, MSC, Hapag-Lloyd) han desviado sus flotas hacia la ruta del Cabo de Buena Esperanza, rodeando África. Esto dispara las tarifas de flete a máximos de seis años y anticipa una nueva presión inflacionaria global por los retrasos en la cadena de suministros», plantea un reporte de Damián Vlassich, líder de estrategia de inversión en IOL.

Pero, además, hay un dato que es crucial para Argentina y suele quedar opacado por el precio del petróleo: es el gas natural licuado, del cual el país sigue siendo importador. Desde el estallido del conflicto en Irán, el gas ha subido al triple de velocidad que el petróleo, dado que se teme por el abastecimiento de Europa, sobre todo después del cierre de la producción en Quatar, que representa un 20% de la oferta mundial.

El gas sube, el agro tiembla

Los expertos están previendo para este invierno la llegada de unos 15 cargamentos de GNL, menos de la mitad de la cifra de hace dos años, pero aun así un costo importante.

Y el precio del gas, que se disparó hasta los u$s17 por millón de BTU para el mercado europeo, enciende alarmas por un tema que afecta directamente al campo argentino: los insumos y fertilizantes que se utilizan en la siembra, particularmente la urea y el fosfato diamónico, son derivados del gas natural.

El antecedente de la guerra de Ucrania alcanza como para que se genere preocupación: en aquel momento, la relación de precios entre la tonelada de urea y la tonelada de soja llegó a un nivel de tres a uno, lo que implicaba para los productores una duplicación del costo de la urea en términos de cosecha.

Ante una situación así, los productores con menores márgenes de rentabilidad pueden verse forzados a disminuir la fertilización de los cultivos, con lo cual se podría reducir el rendimiento de los campos para la campaña próxima, si la situación de Medio Oriente se extiende durante varios meses.

Un reporte de Marianela de Emilio, experta del Inta y Agroeducación, alerta que ya hubo una reacción inicial en los mercados internacionales. Aunque todavía no hay certeza de cuáles serán los precios para los productores argentinos, ya se registró un aumento de los productos en el embarque de exportación. El fosfato diamónico en Nueva Orleans ya subió un 6%, mientras que la urea desembarcada en los puertos brasileños viene con sobreprecio de 20% respecto de su nivel previo al bombardeo en Irán.

El campo revisa las cuentas

Lo cierto es que en este momento los productores están reconsiderando su estrategia comercial, y revisando al alza el cálculo de costos. Hasta la semana pasada, contaban con que la urea les costaría 1,7 toneladas de soja, mientras el fosfato de amonio demandaría 2,7 toneladas. Y súbitamente esos números quedaron viejos.

Es cierto que en las últimas semanas también subieron las cotizaciones de las materias primas agrícolas en el mercado global. Así, la soja cotiza en Chicago a u$s433, un precio inesperadamente bueno si se lo compara con el nivel de u$s370 que promedió el año pasado.

El precio es llamativo, además, si se considera que para esta campaña se vienen registrando volúmenes récord de producción: Brasil llegará a 180 millones de toneladas mientras que Estados Unidos -según la estimación del Departamento de Agricultura (USDA)– cosechará 121 millones de toneladas de soja, un volumen 4,4% superior a la última cosecha.

A primera vista, estos precios parecerían poco justificados, pero hubo situaciones geopolíticas que se impusieron a los fundamentales del mercado. Primero, que la especulación sobre el acuerdo entre China y Estados Unidos, sumada a la decisión de la Corte Suprema -que rechazó las subas arancelarias de Donald Trump– llevaron a los fondos de inversión a la compra masiva de futuros de soja, con lo cual se presionó la cotización al alza.

Y ahora, sobre un mercado que ya tenía precios altos, se agrega la tensión del conflicto en Medio Oriente, que pone una cuota extra de presión.

Mientras tanto, en Argentina, los funcionarios se entusiasman con los excelentes números de la cosecha: la Bolsa de Comercio de Rosario prevé 48 millones de toneladas de soja-levemente por debajo de los 49,4 millones obtenidos el año pasado-, que sumadas a las excelentes campañas de maíz y trigo, totalizarían un volumen récord de 140 millones de toneladas.

Es así que se especula con una liquidación de granos en el orden de u$s40.000 millones, una cifra que no se veía desde 2022, cuando el conflicto ruso-ucraniano llevó la cotización de la soja por encima de u$s630.

El dilema de los productores

Sin embargo, el humor en el campo argentino está lejos de la euforia. A pesar de que el nivel de retenciones volvió a recortarse -está en 24% para la soja, una notable mejora respecto del 33% con el que empezó la gestión Milei- todavía las cuentas siguen sin cerrar.

Ocurre que, en el mercado local, no se están reflejando los mismos precios que se ven en las pantallas de Chicago. Más bien al contrario, se sigue verificando una tendencia a la baja de los precios, lo cual opera como un desincentivo para que los productores cierren acuerdos de exportación.

El precio en Rosario está en $460.000, lo que equivale a u$s326, mientras que en la semana previa a la crisis de Irán la cotización era de u$s330. Lo cierto es que abundan las advertencias de empresarios agrícolas que se quejan sobre la «inviabilidad» del negocio por la combinación de retenciones y, además, un tipo de cambio en baja.

Pero, sobre todo, el nuevo temor es que, aun cuando el precio de los granos tuviera una reacción alcista como consecuencia del escenario global conflictivo, la expectativa es que ninguna suba del precio podrá compensar al aumento en el costo de los insumos y fertilizantes. En otras palabras, petróleo y gas caro matan a suba de la soja.

Bajo estas circunstancias, el entusiasmo inicial por la gran campaña agrícola se transformó en una sensación de crisis. Y los productores se enfrentan a una disyuntiva: la primera opción, aconsejada por los consultores, es fijar precios ahora -aun sabiendo que no son atractivos- porque en el futuro se puede agravar la relación insumo/producto. La segunda es más tradicional: esperar con el producto en los silobolsas, con la expectativa de que suba el dólar o que Toto Caputo otorgue un nuevo incentivo impositivo.

Mantener una alimentación con requerimientos específicos para estar bien de salud es un tema clave para el bolsillo, ya que en muchos casos comer alimentos que cumplan con determinadas características suele ser más caro que una dieta tradicional.

Así lo muetra el informe de Focus Market elaborado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X en donde expone la diferencia de precio entre una canasta básica omnivora versus una canasta sin TACC, que cumplen con los requerimientos básicos alimentarios de un adulto promedio.

«Desde la perspectiva de estructura de mercado, la canasta básica alimentaria tradicional opera en un entorno relativamente más competitivo y con amplias economías de escala, debido a la alta presencia de proveedores masivos y canales de distribución convencionales. En cambio, la canasta básica sin TACC presenta una estructura más concentrada, con menor número de oferentes especializados y una dependencia significativa de certificaciones y normativas específicas», informó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

Cuánto cuesta una canasta alimentaria tradicional

Según los datos, la canasta básica (omnívora) compuesta por las 6 categorías (cereales, proteínas, lácteos, frutas y verduras, aceite, y snacks) para un adulto es de $206.137,28 por mes.

En cuanto a las categoías, el gasto es el siguiente:

• Cereales (7,9kg): $38.106,21
• Proteínas (6,9kg): $61.436
• Lácteos (16,2kg): $61.730,83
• Frutas y verduras (13,8kg): $39.957
• Aceite (540cc): $2.278,44
• Snaks (520gr): $2.628,80

Cuánto cuesta una canasta alimentaria sin TACC

Mientras que la canasta sin TACC (sin gluten, proteína que contiene el trigo, avena, cebada, centeno), con las mismas categorías que en la canasta básica, tiene un valor mensual total de $231.479,27, lo cual representa una diferencia del 12% con respecto a la Canasta Básica.

Una canasta alimentaria sin TACC en Argentina cuesta $231.479,27

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En cuanto a las categoías, el gasto es el siguiente:

• Cereales (7,9kg): $54.181
• Proteínas (6,9kg): $64.662
• Lácteos (16,2kg): $61.730,83
• Frutas y verduras (13,8kg): $39.957
• Aceite (540cc): $2.278,44
• Snaks (520gr): $8.640

«De acuerdo al informe, la canasta básica alimentaria sin TACC tiene un precio promedio de12% superior al de la canasta básica alimentaria tradicional. Esta brecha se amplía particularmente en las categorías de snacks certificados sin gluten y cereales sin TACC, donde los costos de producción más elevados y las economías de escala más reducidas presionan al alza los precios finales», señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

En la canasta Sin TACC, el principal aumento se explica por el costo de los cereales sin TACC (+42%) y especialmente los snacks certificados (+230%), reflejando el sobreprecio asociado a productos con certificación y menor escala productiva.

Asimismo, se observó que los productos que diferencian cada modelo alimentario no siempre se encuentran en un único establecimiento comercial, lo que implica una mayor fragmentación de la oferta y un costo adicional en términos de accesibilidad y tiempo de búsqueda.

Cereales y Snaks son las categorías que más impactan en el precio de las canastas

«La certificación de gluten, los insumos alternativos (como harinas especiales) y los procesos de producción segregados implican costos adicionales que no se distribuyen homogéneamente en toda la cadena de valor, generando una prima de precio que impacta directamente en la accesibilidad económica para hogares con necesidades alimentarias especiales», detalló Di Pace.

Es importante destacar que a fines de 2023 se actualizó la normativa sobre Alimentos Libres de Gluten (ALG) e introdujo un nuevo logo identificador: «SIN GLUTEN». La norma permite dos tipos de productos: los elaborados con ingredientes que no contienen gluten y los que, aun partiendo de ingredientes con gluten, son procesados para removerlo (ej.: cerveza de cebada tratada con enzimas que degradan el gluten). En ambos casos el límite máximo de gluten es el mismo: 10 mg por kg de alimento. Hay un plazo de adaptación de 3 años para cambiar el rótulo con el nuevo logo, hasta el 02/12/2026; durante ese periodo convivirán en góndola etiquetas «SIN TACC» y «SIN GLUTEN».

El Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que se realizó como todos los años en el marco de la celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia, reunió a funcionarios, bodegueros, productores y referente de la vitivinicultura de todo el país. Sin la presencia de Milei, pero con la participación de la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el acto se centró en la firma de convenios estratégicos y en el análisis de los desafíos económicos que enfrenta el sector.

En ese marco, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, brindó un extenso discurso en el que destacó la participación del Estado en el desarrollo de la actividad vitivinícola. El mandatario provincial repasó todas las medidas que se están llevando adelante para incentivar el crecimiento de la actividad vitivinícola, pero reconoció que aún queda camino por recorrer en términos de competitividad.

Durante su intervención ante las autoridades nacionales presentes, Cornejo enfatizó que el rol del sector público debe estar orientado a facilitar la actividad privada mediante herramientas concretas. “Lo que sí debe hacer el Estado es crear condiciones adecuadas para el desarrollo de la vitivinicultura a través de instrumentos que generen crédito competitivo, condiciones aptas de sanidad y seguridad frente al riesgo climático, promoción y negociación internacional y un trabajo constante en la mejora de la infraestructura, fundamentalmente hídrica”, sostuvo el mandatario.

En este sentido, el Gobernador vinculó la capacidad exportadora del sector con la necesidad de reformas estructurales en la macroeconomía nacional. Al respecto, afirmó: “Nuestra vitivinicultura es altamente competitiva, de manera que con cambios tributarios y un mercado de crédito que funcione, se podrán aumentar volúmenes de exportación que afiancen la productividad y contribuyan al prestigio exterior de Mendoza y de Argentina“.

El reclamo de Cornejo se dio en un contexto donde la industria busca recuperar terreno en los mercados globales. Según el mandatario, el crecimiento de la industria depende de fortalecer toda la cadena de valor.

Otro de los ejes centrales de la postura mendocina fue el impulso a la diversificación de la uva. Cornejo confirmó que la provincia mantiene una agenda conjunta con el Gobierno de San Juan y sus legisladores para promover la denominada “Ley de jugos naturales”, orientada a endulzar bebidas no alcohólicas con derivados de la uva.

Sobre este punto, el Gobernador explicó que el objetivo es “modernizar la legislación acorde al mundo e impulsar un producto que mejore la salud y la nutrición de los argentinos, al tiempo que creará miles de empleos en las economías regionales”. Esta iniciativa se presenta como una vía para reducir los excedentes vínicos y otorgar un nuevo valor comercial a la producción primaria.

El mandatario también dedicó una parte de su discurso a repasar el modelo de administración provincial, argumentando que el desarrollo requiere de un Estado “ordenado, previsible y razonable”. Según detalló, el camino elegido por Mendoza permitió reducir en cuatro puntos el peso del gasto corriente sobre el Producto Bruto Geográfico en la última década. “Ordenamos para sostener e incrementar el desarrollo y establecer las bases para el crecimiento. Ese es el rol del Estado”, remarcó.

En cuanto a la asistencia directa al sector, Cornejo enumeró las herramientas financieras impulsadas por Mendoza para amortiguar las dificultades del mercado nacional. Destacó la Operatoria de Cosecha y Acarreo para productores de hasta 20 hectáreas, la cual cuenta con financiamiento cercano al 20% anual. Asimismo, mencionó las líneas de crédito para malla antigranizo, eficiencia hídrica y maquinaria, con plazos de hasta cinco años.

La inversión pública y el apoyo directo al sector agroindustrial superaron los 107.800 millones de pesos, incluyendo programas como la lucha contra la Lobesia Botrana, el Fondo Compensador del Seguro Agrícola y el subsidio de tasas. Cornejo precisó que, sumando los beneficios fiscales como la alícuota reducida de Ingresos Brutos del 0,75% para el agro, el aporte total de Mendoza alcanzó los 148.833 millones de pesos. “La diferencia entre las tasas del mercado y las que reciben los productores la absorbe el Estado mendocino”, subrayó.

En materia de comercio exterior, el Gobernador de Mendoza señaló hitos recientes como la igualación del arancel del 10% con Chile en el mercado de Estados Unidos, eliminando una asimetría histórica. También defendió la vigencia del Certificado Obligatorio de Ingreso de Uva (CIU) para proteger la trazabilidad y las denominaciones de origen.