El Gobierno cerró acuerdos de último momento con aliados e incluyó más de 20 cambios en el proyecto de reforma laboral que comenzará a tratarse este miércoles en el Senado. Uno de ellos está vinculado a la caída del estatuto del periodista y otros gremios.

Tal como anunció Patricia Bullrich, en este caso el cambio es el plazo: se derogará el Estatuto, pero habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

«Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos», afirmó la legisladora.

Tal como trascendió, «la derogación de los estatutos y regímenes especiales es a partir de los 180 días desde la sanción de la ley».

Además de los periodistas, el capítulo de derogaciones del proyecto también alcanza a estatutos de otras actividades, como los de viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y el del personal administrativo de empresas periodísticas.

Como parte de la negocación con bloques aliados por la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), acordó que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

«En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes, y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social», destacó.

Los cambios que aceptó el Gobierno para que salga la reforma labora

El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista del Senado cerraron este martes por la tarde un acuerdo político clave para destrabar la ley de reforma laboral, que, salvo imprevistos de último momento, será aprobada este miércoles en sesión extraordinaria, convocada para comenzar a las 11.

El entendimiento implicó modificaciones sustanciales sobre el dictamen de mayoría que había sido impulsado a contrarreloj en diciembre por la ministra Patricia Bullrich, y obligó al Gobierno libertario a ceder en puntos sensibles.

Los cambios alcanzan temas de alto impacto fiscal y político: Ganancias, con efecto directo en la recaudación de Nación y provincias; concesiones a sindicatos y cámaras empresarias en materia de aportes obligatorios; el mantenimiento del porcentaje destinado a obras sociales; y una atenuación del esquema original pensado para el nuevo fondo de indemnizaciones.

Con estas concesiones ya acordadas, el oficialismo y sus aliados se encaminan a una sesión que buscará ser rápida y ordenada, con el objetivo de sancionar la norma y girarla cuanto antes a Diputados. Antes de la conferencia que encabezó Bullrich -anunciada recién al mediodía y con escasas referencias a los cambios introducidos-, los jefes de bloque mantuvieron una reunión de Labor Parlamentaria en la que sellaron un acuerdo para minimizar el debate en la votación en particular.

La estrategia consensuada apunta a votar por títulos, dejando que quienes tengan objeciones las manifiesten previamente sobre artículos específicos. El objetivo es evitar un trámite extenso y delicado, en una ley que toca intereses cruzados del sindicalismo, el empresariado y los gobiernos provinciales.

Ganancias

Entre las modificaciones centrales, se resolvió eliminar el artículo 190, que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 30% al 27%, un punto que había generado fuerte resistencia entre gobernadores por su impacto fiscal.

Contribución a obras sociales y cuotas sindicales

También se mantuvo sin cambios la «contribución a cargo del empleador equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia» en el régimen de obras sociales. La iniciativa original buscaba bajarla al 5%, pero finalmente se impuso la postura sindical. La única aclaración incorporada establece que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará habilitada para auditar el destino de esos fondos.

Otro retroceso significativo para el Gobierno fue la eliminación del artículo 137, que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas sindicales, siempre que mediara consentimiento expreso del trabajador y acuerdo entre las partes. Ese punto fue directamente descartado del texto final.

En materia de aportes compulsivos, el dictamen redefinió los límites. A partir de la sanción de la ley, «los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo» destinados a cámaras empresarias u organizaciones integradas por empleadores no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones.

En paralelo, se fijó que «los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo» a favor de asociaciones de trabajadores, tanto para afiliados como no afiliados, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones. Quedaron excluidas las cláusulas que otorguen beneficios adicionales vinculados a la afiliación sindical.

Además, el texto introduce un cambio estructural a partir de 2028. Desde el 1 de enero de ese año, los aportes patronales a cámaras empresarias pasarán a ser estrictamente voluntarios, sin posibilidad de imponerlos mediante cláusulas convencionales y sin obligatoriedad para empleadores que no integren esas asociaciones.

Justicia Nacional del Trabajo

Otro punto sensible fue la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo. El artículo 91 del borrador final establece que el fuero seguirá funcionando hasta que se concrete la transferencia de competencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El despacho aclara que, una vez firmado ese acuerdo, se avanzará en una reorganización progresiva, sin afectar materias laborales de competencia federal, que permanecerán bajo la órbita de la Justicia federal.

Reducción de contribuciones patronales

En cuanto a las contribuciones patronales, la norma dispone una reducción de UN (1) punto porcentual para grandes empresas y de DOS puntos y MEDIO (2,5 puntos) para micro, pequeñas y medianas empresas, siempre que las relaciones laborales no estén incluidas en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). El Poder Ejecutivo podrá ampliar esos beneficios, con aval de la Comisión Bicameral, hasta 1,5% para grandes empresas y 3% para pymes, en función de las metas de equilibrio fiscal.

Indemnizaciones

El capítulo de indemnizaciones también sufrió ajustes. Las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral se financiarán con una contribución obligatoria del UNO POR CIENTO (1%) para grandes empresas y del DOS Y MEDIO POR CIENTO (2,5%) para pymes, calculada sobre la base de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al igual que en otros artículos, el Ejecutivo podrá incrementar esos porcentajes con aval parlamentario.

Respecto a las sentencias judiciales, el texto habilita que las grandes empresas puedan cancelarlas en hasta Seis (6) cuotas mensuales consecutivas, mientras que las pymes podrán hacerlo en hasta Doce (12) cuotas, con ajustes según el artículo 276 de la ley.

Certificados médicos

También se incorporaron precisiones sobre los certificados médicos. En caso de discrepancias entre el diagnóstico del trabajador y el control del empleador, se podrá recurrir a juntas médicas en instituciones oficiales o a institutos públicos o privados de reconocida trayectoria, cuyo costo deberá ser asumido por el empleador.

Pago de sueldos

Finalmente, uno de los puntos que sí se dio de baja por completo fue la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. El artículo sobre pago de haberes quedó redactado de forma taxativa: las remuneraciones deberán abonarse únicamente mediante acreditación en cuenta bancaria o en institución de ahorro oficial, eliminando toda referencia a Proveedores de Servicios de Pago regulados por el BCRA.

Con este esquema, el Senado se encamina a una sesión extensa, que podría prolongarse hasta entrada la noche, pero con un consenso político que busca evitar sobresaltos y cerrar uno de los debates laborales más relevantes del período extraordinario.

El Gobierno nacional anunciará el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la fase “B” de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, un esquema que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales consideradas estratégicas. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en la red social X, donde detalló el alcance territorial del proyecto, los corredores incluidos y el modelo de gestión previsto.

Según informó el funcionario, la Etapa II-B comprende trazas ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará organizada en cuatro tramos. “Mañana estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones”, señaló Caputo.

De acuerdo con la publicación, el esquema incluye el tramo Mediterráneo, de 672 kilómetros, que conecta el centro productivo del país; el tramo Puntano, de 720 kilómetros, definido como un corredor de integración interprovincial y de transporte de cargas de larga distancia; el tramo Portuario Sur, de 637 kilómetros, que vincula accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos; y el tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, orientado a mejorar la conectividad con polos industriales y portuarios del centro del país.

Las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, además de los accesos A005 y A008. Según indicó el ministro, el proyecto forma parte de “un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.

La licitación de la fase B de la Etapa II se inscribe dentro del proceso de reorganización del sistema de concesiones viales que impulsa el Gobierno, luego del lanzamiento de la Red Federal de Concesiones, que contempla la participación privada en la operación y mantenimiento de corredores estratégicos. La Etapa II, en su conjunto, prevé la concesión de miles de kilómetros de rutas nacionales, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En julio de 2025, el Ejecutivo había anticipado la preparación de una licitación para concesionar 4.400 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, como parte de la segunda etapa del programa. En ese momento, se indicó que el objetivo era avanzar en un esquema de concesiones que permitiera mejorar la infraestructura vial sin recurrir a subsidios del Estado, mediante contratos de largo plazo y reglas definidas para los operadores privados.

La fase B anunciada ahora por Caputo se suma a ese proceso y amplía el alcance territorial del plan, incorporando corredores que conectan zonas productivas, accesos portuarios y rutas utilizadas por el transporte de cargas de larga distancia.

En la publicación en X, Caputo remarcó que la Etapa II-B se desarrollará bajo un esquema “sin subsidios”, con mayor competencia entre oferentes y reglas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión vial. “Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó el ministro.

El llamado a licitación será nacional e internacional, lo que habilita la participación de empresas locales y extranjeras interesadas en la operación de los corredores incluidos. El proceso se realizará bajo las normas vigentes para concesiones de obra pública y servicios, con pliegos que definirán las condiciones técnicas, económicas y contractuales.

Con el anuncio de la fase B de la Etapa II, el Gobierno busca dar continuidad al esquema de concesiones iniciado en 2025, ampliando el alcance de la Red Federal de Concesiones y sumando nuevos tramos estratégicos para el transporte y la logística. El detalle de los plazos, los requisitos para los oferentes y las condiciones contractuales se conocerá con la publicación formal del llamado a licitación.

El avance hacia la Etapa II se apoya en lo realizado durante la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que incluyó corredores clave del Mercosur. En noviembre de 2025, el Ministerio de Economía avanzó con la apertura de los sobres económicos correspondientes a la primera etapa, en un proceso que marcó el inicio formal del nuevo esquema concesionario.

Esa etapa abarcó rutas estratégicas para el comercio regional y el tránsito internacional, con especial énfasis en los corredores utilizados para el intercambio con Brasil, Uruguay y Paraguay. En ese marco, el Gobierno destacó que el nuevo modelo buscaba separar la planificación y el control estatal de la operación privada, con contratos que establecen obligaciones de inversión, mantenimiento y estándares de servicio.

Tras conocerse el dato de inflación de enero de 2026, el equipo económico mantuvo una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó al país la semana pasada para revisar el cumplimiento de las metas del acuerdo por 20.000 millones de dólares. Además del cumplimiento del objetivo fiscal en 2026, el foco de los enviados está puesto en la meta de acumulación de reservas internacionales netas por parte del BCRA.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el encuentro con los técnicos del organismo internacional fue positivo y que se extendió durante buena parte de la jornada. Poco antes de las 18, la delegación del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se retiró del Ministerio de Economía sin hacer comentarios.

La visita representa un desafío para el Gobierno argentino, que necesita obtener un nuevo “waiver” (perdón) y renegociar la meta de reservas para acceder a un desembolso de USD 1.000 millones, monto que en el mercado ya consideran prácticamente asegurado.

El jueves pasado, voceros oficiales del Fondo Monetario Internacional informaron que Cubeddu y Joshi estaban en Buenos Aires para mantener reuniones sobre la segunda revisión del programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo, así como para abordar la consulta del Artículo IV correspondiente a Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenía el compromiso de cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por 2.400 millones de dólares. Tras la primera revisión, ese objetivo pasó a ubicarse en USD 2.600 millones negativos. El equipo económico no alcanzó la nueva meta, en parte por la política cambiaria que priorizó contener el precio y por las ventas realizadas durante la inestabilidad previa a las elecciones legislativas del año pasado.

Después de afrontar el pago de USD 4.200 millones a bonistas a comienzos del año, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, tuvo que enfrentar un nuevo desafío en los primeros días de febrero: el vencimiento de más de USD 800 millones con el Fondo. Según explicó el propio ministro, el Gobierno adquirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y utilizó esa moneda para cancelar los compromisos.

Caputo recurrió a sus redes sociales para explicar el mecanismo empleado por la administración libertaria en el pago de intereses al organismo multilateral. “Si se pagaran en dólares, le transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, señaló.

Los DEGs constituyen un activo internacional emitido por el Fondo Monetario Internacional bajo la dirección de Kristalina Georgieva. Funcionan como reserva de valor y unidad de cuenta entre los países miembros, su cotización se determina a partir de una canasta de monedas principales y pueden emplearse para incrementar las reservas internacionales de los Estados.

Este pago se reflejó en una caída de las reservas internacionales del BCRA. Pese a haber incumplido con la meta fijada por el fondo, la autoridad monetaria activó un plan de compra de divisas a comienzos de 2026 que le permitió adquirir, hasta el momento, 1.692 millones de dólares. No obstante, esas adquisiciones no se tradujeron en un incremento lineal de las tenencias del Central en moneda extranjera, ya que en el medio tuvo que enfrentar vencimientos con organismos internacionales.

Este martes, la entidad conducida por Santiago Bausili absorbió USD 42 millones por su participación cambiaria, el 8,3% de la oferta, que superó los 500 millones en el día. En tanto, las reservas internacionales brutas restaron USD 91 millones, a USD 45.232 millones, afectadas por la caída del precio del oro (-0,6%, a USD 5.049,60 la onza).

Las proyecciones oficiales para 2026 sitúan las compras netas de divisas entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del avance de la remonetización. Bausili, señaló que la consolidación de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de dólares. La autoridad monetaria ya superó el 14% del objetivo anual.