El Gobierno argentino implementará una nueva estrategia financiera para cubrir obligaciones clave de mitad de año mediante un esquema de colocaciones periódicas y metas de recaudación definidas. Tras descartar el regreso a los mercados internacionales en un contexto de aumento del riesgo país, el Ministerio de Economía lanzó un nuevo bono en dólares que comenzará a ofrecerse este miércoles con el objetivo de afrontar los compromisos de deuda inminentes. La propuesta oficial fija un tope de USD 150 millones por licitación, con la opción de ampliar ese monto hasta USD 250 millones mediante una segunda ronda al día siguiente. El objetivo central es reunir USD 2.000 millones en los próximos cuatro meses, antes del vencimiento de USD 4.200 millones en julio.

La mecánica de las colocaciones prevé que cada subasta tenga un máximo inicial, pero el monto puede ampliarse si la demanda lo justifica. Nicolás Cappella, Sales Trader en Grupo IEB, precisó: “El monto es de hasta USD 150 millones por licitación, con una segunda ronda ampliable de USD 100 millones. Es ampliable a USD 250 millones. La idea es captar USD 2.000 millones. El mejor escenario sería, en ocho licitaciones, captar los 2.000 millones. Son cuatro meses aproximadamente; si lo van a usar para el pago de julio, tiene lógica porque las cuatro licitaciones te dan aproximadamente para junio”.

El esquema de licitaciones en dólares busca que una parte significativa de los fondos se obtenga antes del inicio del segundo semestre. Analistas del sector financiero coinciden en que, para alcanzar la meta de USD 2.000 millones, el Gobierno debe concretar ocho colocaciones exitosas en el máximo permitido. Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group, sostuvo: “Son USD 250 millones por licitación, USD 150 millones en primera vuelta y USD 100 millones en segunda vuelta. Suponiendo que mantienen constante el máximo de 250 millones por licitación, necesitarían ocho licitaciones”.

Según Vitelli, el equipo económico estableció este límite de USD 250 millones para comprimir la tasa, mostrar demanda internacional y generar el llamado “Fear of Missing Out” (FOMO), es decir, el miedo a quedarse afuera. “Es un bono que para muchos resultará atractivo con pagos mensuales. Y además, con este costo del canje, más atractivo se vuelve”, puntualizó. El atractivo radica en la periodicidad de los pagos y la conveniencia del instrumento para quienes buscan alternativas en dólares en un contexto de alta demanda de cobertura.

La estrategia oficial responde a la necesidad de garantizar liquidez suficiente para enfrentar el calendario de deuda. El próximo gran vencimiento será en julio por USD 4.200 millones, lo que obliga a diseñar mecanismos de financiamiento que permitan llegar a esa fecha con los recursos necesarios. Antes, el Ministerio de Economía ya debió cubrir pagos por más de USD 1.000 millones en febrero, lo que sumó presión sobre la planificación de las próximas colocaciones.

Martín Polo, estratega en jefe de Cohen Aliados Financieros, detalló: “Serían USD 150 millones por ronda, y se amplía por otros USD 100 millones en la segunda ronda. O sea, cada 15 días podría colocarse hasta un máximo de USD 250 millones. Si logra captar ese máximo en cada licitación, serían unas ocho licitaciones como mínimo. Podría recibir ofertas por menos, o más tasa y no convalidarla. En ese caso podría durar más”. El ritmo quincenal de las licitaciones establece un cronograma previsible, pero deja margen para ajustes según la evolución de la demanda y las condiciones del mercado.

Para el equipo económico, la instrumentación de estos bonos busca mostrar capacidad de financiamiento local y evitar presiones adicionales sobre las reservas internacionales. Tanto Cappella como Vitelli y Polo destacaron que el éxito de la estrategia depende de la respuesta de los inversores y de las condiciones del mercado en cada colocación. El horizonte de ocho licitaciones como meta mínima para alcanzar los USD 2.000 millones establece límites claros para la gestión financiera oficial. Si se capta el máximo en cada caso, la recaudación podría completarse antes de junio, permitiendo afrontar con holgura el vencimiento más relevante del año. Un nivel de demanda menor o tasas poco competitivas podrían extender el proceso más allá de lo planificado, según los especialistas.

El mecanismo de segunda vuelta en cada licitación otorga al Ministerio de Economía flexibilidad para ajustar la oferta en función de la respuesta del mercado. Si la demanda supera las expectativas, el cupo puede ampliarse hasta el tope de USD 250 millones; en contextos de menor interés, la autoridad puede recalibrar las condiciones para mantener la estabilidad del proceso.

El contexto de pagos previos, como el reciente desembolso de más de USD 1.000 millones en febrero al Fondo Monetario Internacional (FMI), refuerza la necesidad de anticipar la obtención de recursos y asegurar la cobertura de próximos vencimientos. La secuencia de subastas quincenales, la posibilidad de ampliar los montos y la meta de USD 2.000 millones reflejan una estrategia integral de administración de la deuda en dólares.

El atractivo de los pagos de intereses mensuales y el bajo costo relativo del canje, según remarcan los analistas, son factores que pueden favorecer la aceptación de los nuevos bonos entre los inversores. El Gobierno apuesta a que la combinación de instrumentos y una comunicación clara sobre los objetivos permitan cumplir el calendario de vencimientos previstos.

Las y los trabajadores de casas particulares lograron una recomposición salarial, con una suba que se aplicará entre los meses de febrero y marzo

24/02/2026 – 18:49hs

Tras sentarse a negociar el primer gran ajuste del año, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) logró un aumento de sueldo para las empleadas domésticas y demás categorías que representa. Se trata de una suba del 3%, que se repartirá entre los meses de febrero y marzo.

El aumento se aplicará de la siguiente manera:

• 1,5% para febrero sobre los valores de enero 2026
• 1,5% para marzo, sobre los valores de febrero 2026

Los valores actuales estaban establecidos por la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó los montos mínimos obligatorios para cada categoría en toda la Argentina.

Bono no remunerativo para empleados de casas particulares

Además del incremento porcentual, el acuerdo contempla una suma fija o bono por única vez a cargo del empleador.

• De 0 a 12 horas semanales: $8.000.
• De 12 a 16 horas semanales: $11.500.
• Más de 16 horas semanales y personal sin retiro: $20.000.

El bono deberá abonarse a empleados del servicio doméstico tanto en febrero como en marzo. Asimismo, continúa vigente el adicional del 1% por antigüedad y el del 30% por zona desfavorable.

Empleada doméstica: cuánto cobra por hora y mes en febrero 2026

A continuación, los montos que cobrará por hora y por mes en febrero una empleada doméstica y cada una de las categorías, con el aumento confirmado:

Supervisor/a

• Con retiro: $493.250,51 mensuales y $3.953,99 por hora
• Sin retiro: $547.807,65 mensuales y $4.317,86 por hora

Personal para tareas específicas

• Con retiro: $459.265,69 mensuales y $3.751,59 por hora
• Sin retiro: $509.632,55 mensuales y $4.100,04 por hora

Caseros

• Sin retiro: $448.433,64 mensuales y $3.546,66 por hora

Asistencia y cuidado de personas

• Con retiro: $448.433,64 mensuales y $3.546,66 por hora
• Sin retiro: $498.106,74 mensuales y $3.952,85 por hora

Personal para tareas generales

• Con retiro: $ 404.702,97 mensuales y $3.298,88 por hora
• Sin retiro: $448.433,64 mensuales y $3.546,66 por hora

A los básicos del convenio hay que sumar el adicional por antigüedad, equivalente a un 1 por ciento por cada año trabajado de la empleada doméstica en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.

También hay un extra del 30 por ciento calculado sobre los salarios mínimos de cada categoría, para empleadas del sector que trabajan en zonas desfavorables como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o en el Partido de Carmen de Patagones.

Y a eso se suman también las horas extras, que son las que la trabajadora desempeña por fuera de su jornada habitual: 

• 50% de recargo para las horas extras trabajadas de lunes a viernes y hasta las 13 horas del sábado.
• 100% de recargo (doble jornada) si las horas extras se realizan los sábados después de las 13 horas, domingos o feriados.

Empleada doméstica: cuánto cobra por hora y mes en marzo 2026

Mientras que estas son las cifras que recibirán por hora y por mes en marzo 2026, con la nueva suba:

Supervisor/a

• Con retiro: $500.649,26 mensuales y $4.013,30 por hora
• Sin retiro: $556.024,76 mensuales y $4.382,63 por hora

Personal para tareas específicas

• Con retiro: $466.154,67 mensuales y $3.807,87 por hora
• Sin retiro: $517.277,03 mensuales y $4.161,14 por hora

Caseros

• Sin retiro: $455.160,14 mensuales y $3.599,86 por hora

Asistencia y cuidado de personas

• Con retiro: $455.160,14 mensuales y $3.599,86 por hora
• Sin retiro: $505.578,34 mensuales y $4.012,14 por hora

Personal para tareas generales

• Con retiro: $410.773,52 mensuales y $3.348,37 por hora
• Sin retiro: $455.160,14 mensuales y $3.599,86 por hora

El gobierno de Javier Milei negocia contrarreloj con el de Donald Trump para ver cómo continuará el Acuerdo de Comercio e Inversiones firmado el 4 de febrero entre la Argentina y los Estados Unidos. El fallo de la Corte Suprema norteamericana del viernes último desautorizó a Trump a la fijación de aranceles basados en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 y abrió un frente técnico inesperado sobre el entendimiento bilateral que está basado sobre la misma ley invocada el 2 de abril.

En la Casa Rosada admiten que el tema está bajo revisión. «Estamos ajustando todo eso», señalaron a iProfesional, y aclararon que todavía no hay definiciones sobre qué parte de la lista de aranceles recíprocos deberá eventualmente revisarse.

El acuerdo seguirá vigente en materia de reglas para futuras inversiones, regulaciones, controles aduaneros, sanitarios y fitosanitarios —capítulos que la Argentina aceptó y que favorecen a los Estados Unidos—, pero el capítulo arancelario quedó en una zona de análisis.

Por lo tanto se abren tres interrogantes duros e inquietantes para la relación bilateral:

• Si Milei enviará al Congreso el acuerdo de Comercio para su ratificación. Lo podría hacer para dar una señal de respaldo a Trump, pero se enfrentaría a la Corte norteamericana y la oposicion podría congelarlo a la espera de precisar ese fallo.
• Se discute el nombramiento de Esteban Mazorati como nuevo agregado comercial en la embajada argentina en Washington para poner en marcha el acuerdo. Su nombre está en danza en el Ministerio de Economía de Luis Caputo.
• Las empresas argentinas y norteamericanas quieren que el acuerdo cobre vigencia cuanto antes para poner en marcha el comercio bilateral, pero admiten que habrá «ajustes». Lo señaló un comunicado de la American Chamber (Amcham) que reclamó «previsibilidad».

El presidente de la Amcham, Alejandro Díaz, dijo a iProfesional que «hay sustitución de aranceles. Desapareció el arancel que estaba fijado originalmente en el acuerdo, por el fallo de la Corte Suprema, pero fue reemplazado o sería reemplazado -estamos esperando la comunicación final- por los aranceles fijados por la sección 122 que se aplicará a todos los países que define el gobierno americano». Esos aranceles fijados por la sección 122 son del 15% según anunció el propio Trump.

El razonamiento de Díaz continúa: «Ergo la analogía es que 275 productos que están incluidos en el acuerdo eximían del arancel que fue eliminado por la Corte Suprema entonces entendemos que tambien deberían estar eximidos los nuevos aranceles puestos por la sección 122, es nuestra interpretación».

El directivo de Amcham admite que «hay que resolverla probablemente requiera un ajuste adicional al acuerdo, pero es uno de los temas que recien el jueves tendremos más claro. El segundo tema tiene que ser aprobado por el Congreso argentino».

La resolución del máximo tribunal, redactada por su presidente John Roberts, fue categórica: la IEEPA «no alcanza» como autorización clara del Congreso para que el Presidente imponga aranceles de «monto, duración y alcance ilimitados», sea para subirlos o bajarlos.

El pronunciamiento invalidó la suba de aranceles dispuesta el 2 de abril de 2025 —el denominado «Día de la Liberación»— cuando Washington elevó tarifas a China, la Unión Europea, el Reino Unido, Brasil y otros países invocando esa norma de emergencia, la IEEPA. La Corte planteó que no existe tal emergencia ahora y que Trump no tiene competencias delegadas por el Congreso.

En los Estados Unidos, los fallos de la Corte no son optativos. El punto sensible es que la rebaja de aranceles prevista en el acuerdo con la Argentina también se apoya en esa misma resolución del 2 de abril, basada en la IEEPA. Es decir, la herramienta jurídica que sirvió para aumentar aranceles fue la misma utilizada para reducirlos.

Desde la Cancillería describen el clima en Washington con una frase que resume la incertidumbre: «El presidente Trump dijo que algunos acuerdos siguen y otros no. ¿Cuáles? Vamos viendo». El canciller Pablo Quirno negocia en el más absoluto hermetismo.

¿Continuarán las rebajas arancelarias otorgadas por EE.UU. a Argentina?

El principal interrogante es si continúan vigentes las rebajas arancelarias que Estados Unidos otorgó a 1.675 posiciones arancelarias argentinas, en su mayoría con arancel cero, dado que se fundamentan en la resolución del 2 de abril basada en la IEEPA. El propio acuerdo bilateral establece:

«Estados Unidos no aplicará la tasa arancelaria ad valorem adicional (…) según lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 14257 del 2 de abril de 2025…»

Y agrega: «Estados Unidos aplicará un arancel recíproco de cero (…) de conformidad con la Orden Ejecutiva 14360 del 14 de noviembre de 2025…»

Además, fija que para el resto de las mercancías la tasa adicional «no será superior al 10 por ciento» conforme al mismo decreto cuestionado.

Si la Corte limitó la facultad presidencial para actuar bajo esa base legal, el alcance sobre las reducciones arancelarias también queda sujeto a interpretación. «No sé cómo te libera 1.675 posiciones si la Corte dijo que no puede subir bajo la IEEPA y la resolución del 2 de abril. Y tampoco bajarte aranceles», señaló a iProfesional una fuente con experiencia en comercio exterior.

Los productos que no se verían afectados

No todos los aspectos comerciales están alcanzados por el fallo. La ampliación de la cuota a arancel cero para 80.000 toneladas de carne argentina se realizó mediante una proclamación presidencial con sustento en la Sección 404 de la Ley de Implementación de la Ronda Uruguay (URAA) y la Sección 604 de la Ley de Comercio de 1974, que habilitan modificar contingentes agrícolas ante insuficiencia de oferta interna.

Tampoco se retrotraería la suba de aranceles al 50% para las exportaciones argentinas de acero y aluminio, dispuesta bajo la Resolución 232 por razones de seguridad nacional, un ámbito donde el Presidente conserva atribuciones específicas.

«La afectación viene por el lado del cuadro arancelario, que se hizo sobre una facultad que el Presidente no tenía, e implica posiblemente una rediscusión de esa parte del acuerdo», admiten fuentes oficiales.

La posición de AmCham, frente al fallo judicial y los aranceles 

En medio de la discusión, la American Chamber Argentina (AmCham), presidida por Alejandro Díaz, difundió un comunicado en el que sostuvo: «El fallo judicial, en principio, no debería tener incidencia directa sobre dicho acuerdo, entendemos que quizás amerite algún ajuste adicional».

La entidad remarcó que el acuerdo bilateral contiene compromisos que trascienden la cuestión arancelaria y recordó que se encuentra pendiente de aprobación legislativa en la Argentina y de notificación institucional ante el Congreso estadounidense.

En cuanto al impacto comercial, AmCham detalló que:

• Se mantiene la eliminación por parte de Estados Unidos de aranceles recíprocos sobre 1.675 productos, junto con el trato de Nación Más Favorecida (NMF), además de la ampliación sustancial del cupo de carne bovina. Pero no explicó porqué se mantienen las 1.675 rebajas si la Corte las invalidó por estar basadas en la IEEPA.
• Los demás productos podrían enfrentar un recargo temporal del 10% ad valorem bajo la Sección 122, previsto para situaciones de desequilibrios en la balanza de pagos, con carácter transitorio (hasta 150 días, salvo extensión legislativa) y con efecto desde el 24 de febrero de 2026.
• El recargo contempla múltiples excepciones —energía, ciertos productos agrícolas, farmacéuticos, minerales críticos, bienes aeroespaciales y sectores estratégicos— que atenúan su alcance general.

AmCham subrayó que se trata de «un escenario dinámico que requiere seguimiento cercano» y reafirmó la importancia de brindar «previsibilidad» al comercio bilateral. No muy distinto de lo que sostiene la Casa Rosada, aunque en el Gobierno reconocen que aún restan precisiones jurídicas.

Estados Unidos y Argentina evalúan si enviaran el acuerdo a sus respectivos Congresos

Otro eje de discusión es si ambos gobiernos enviarán el acuerdo a sus respectivos parlamentos. En la Argentina, el Poder Ejecutivo evalúa esa posibilidad. «El acuerdo sigue vigente. Se ha negociado de buena fe y lo van a honrar. Puede haber modificaciones según el fallo. Hay que aclarar un poco todo esto«, afirmó un alto funcionario.

El eventual envío al Congreso implicaría también la ratificación de tratados vinculados a la protección de patentes, marcas y propiedad intelectual contemplados en el entendimiento bilateral.

Pero en Balcarce 50 admiten que todavía no hay definiciones. «No tenemos 100% de certeza aún», señalan, mientras avanzan las conversaciones técnicas con Washington para determinar si el capítulo arancelario requiere ajustes previos.

El frente diplomático y la designación de Esteban Marzorati

En paralelo, el Gobierno impulsa la designación de Esteban Marzorati como agregado comercial en la embajada argentina en Washington, encabezada por Alec Oxenford. Ex secretario de Industria y Comercio durante la gestión de Luis «Toto» Caputo, es definido en el oficialismo como un funcionario «intachable», «muy técnico» y con amplia experiencia en comercio exterior. La implementación del acuerdo sería una de sus principales tareas.

«El acuerdo está firmado y se va a cumplir por ambas partes», sostienen en lo más alto de la Casa Rosada. Sin embargo, el fallo de la Corte introdujo un elemento institucional que obliga a revisar la arquitectura jurídica del capítulo arancelario.

Por ahora, las conversaciones continúan. Y el envío al Congreso —si finalmente ocurre— dependerá de cómo se despeje esa incógnita central: si la reducción de aranceles puede sostenerse bajo una base legal que la propia Corte Suprema decidió acotar.