“Lo que uno ve recorriendo toda la provincia es comercios que cierran, fábricas que despiden o suspenden trabajadores, comercios que no pueden llegar a los niveles de ventas necesarios para poder sostenerse, mucha pérdida de empleo en los diferentes sectores, pérdida de empleo formal”, advirtió Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista con Infobae en Vivo Al Amanecer. El funcionario describió un escenario de fuerte deterioro en los sectores productivos como consecuencia directa de la política económica nacional.

El funcionario señaló que “el plan económico que implementa el Gobierno nacional castiga especialmente a los sectores productivo”. Continuamente, Costa analizó el desempeño del turismo provincial en la actual temporada de verano. Presentó datos oficiales que reflejan la magnitud de la caída: “Este año, hasta este momento de temporada, que es cuando ya estamos entrando en la parte final, visitaron la provincia 6.600.000 turistas, lo que es un 5% menos que el año pasado, pero implica 830.000 turistas menos que hace dos años”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Según el ministro, “la temporada es muy mala desde el punto de vista de las expectativas que tenía el sector y las necesidades que tienen los operadores y los trabajadores del turístico”. Y agregó: “La gran mayoría de los que no veranearon en la provincia de Buenos Aires se quedaron en su casa porque no llegaban a fin de mes. Y los que vinieron, vinieron por poquitos días”.

Además, subrayó el cambio en los hábitos de quienes pudieron viajar: “El turismo dejó de ser un descanso de una semana, de diez días, y es un turismo de escapada de fin de semana. Se desplomó el consumo”. En sintonía, precisó: “Respecto al año pasado, en los centros turísticos hay un 25% menos de consumo”.

Al ser consultado por Infobae en Vivo sobre las dificultades particulares de los empresarios y comerciantes, Costa describió un panorama marcado por la competencia extranjera y la situación cambiaria: “Lo que está habiendo es una competencia desleal de los destinos del exterior respecto a la provincia. El tipo de cambio no competitivo porque el Gobierno tomó la decisión política de intervenir en el mercado cambiario e impedir que el dólar suba. Eso hace que se encarezcan los destinos argentinos respecto al exterior”.

Y añadió: “La subida de costos y la caída de demanda por la pérdida de poder adquisitivo lo que hizo fue disminuir los márgenes de rentabilidad a niveles mínimos, haciendo un esfuerzo enorme los comerciantes, prestadores turísticos para mantener la calidad de los servicios”.

Costa hizo hincapié también en la ausencia de medidas nacionales para proteger y reactivar a los sectores golpeados: “El Gobierno nacional se retiró de sus responsabilidades de fomentar la producción y particularmente el turismo local. Están sin ningún tipo de política activa para acompañar al sector y hoy la realidad es que si no fuera por el estado provincial y por los municipios sería muy difícil sostener esta temporada”.

Sobre la reforma de las leyes laborales, el ministro expresó ante Infobae: “Había que hacer una reforma de las leyes laborales. Eso no hay dudas, porque hay muchos aspectos para mejorar. Pero el sentido de la ley no es ni el que necesita la producción y sobre todo los trabajadores en la Argentina, ni es lo que reclamaban los empresarios, la mayoría de los empresarios pymes”.

Costa observó: “Es un reclamo de las grandes empresas, pero hablando con cientos y miles de empresarios pequeños por toda la provincia, en ningún momento aparece la situación de la legislación laboral como un factor determinante en el funcionamiento del negocio ni en la generación de empleo”.

Y alertó: “Lo que se intentó romper ahora es la posibilidad de los trabajadores de poder discutir sus condiciones de trabajo en situaciones de mayor paridad respecto a los empleadores, sobre todo a los grandes empleadores. Y esto no beneficia en nada a las pymes”.

Respecto a la interpretación del apoyo social al actual gobierno nacional, Costa manifestó: “Hay mucha gente que genuinamente está esperanzada en que lo que dice el Gobierno nacional de que el sufrimiento y todo el esfuerzo que está haciendo gran parte de la sociedad va a rendir sus frutos o va a traer resultados positivos en el futuro. Y eso me parece válido y es una esperanza que mucha gente tiene y creo que eso se ve”.

No obstante, advirtió sobre los límites de esa expectativa: “Mi visión es que nunca va a llegar ese día en que lo que promete Milei y este gobierno va a llegar a mejorar las condiciones de vida de la gente por el tipo de gobierno y por el tipo de política”.

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La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado trajo en el mercado financiero un «deja vu»: aparece un gran fondo constituido con aportes de empresarios y trabajadores que, eventualmente, podría sufrir un manotazo de pesos que se destinen compulsivamente a financiar al Tesoro.

Es la sospecha que flota en el ambiente luego de la media sanción de la ley, en la que se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al cual las empresas deben aportar obligatoriamente para generar una especie de «seguro por indemnizaciones». Las grandes empleadoras deberán aportar un 1% del total de su masa laboral, mientras que las pequeñas y medianas empresas pagarán un 2,5%. De todas maneras, se prevé que, por decisión del Poder Ejecutivo, esos montos puedan subir medio punto porcentual. 

Las estimaciones preliminares de los expertos en seguridad social apuntan a que el FAL podría acumular unos u$s3.000 millones por año -que al mismo tiempo serán una merma en el régimen previsional, dado que los aportes se compensarán con exenciones para el pago a la Anses-.

¿Cuál es el temor que están manifestando economistas de todas las tendencias, desde el kirchnerismo al liberalismo?: que ese nuevo fondo termine teniendo, como función principal, la financiación del Tesoro mediante la compra de títulos de deuda soberana.

Si bien la ley prevé que la gestión del FAL será realizada por entidades privadas -probablemente bancos, fondos de inversión y empresas de seguros serán las interesadas, dado que ya tienen la estructura armada como para gestionar ese dinero-, no falta la sospecha de que Caputo termine presionando para que una parte sustancial de ese dinero termine en las arcas estatales.

El FAL y la búsqueda de un mercado «profundo»

Lo cierto es que, al mismo tiempo que en el Senado se debatía la reforma laboral, Toto Caputo llamó a una licitación en la que no solamente se renovaron los $7,3 billones de deuda pública que vencía, sino que además se absorbieron otros $1,72 billones. Los analistas lo interpretaron como un síntoma de la necesidad de financiamiento de Caputo, tanto para afrontar los compromisos de la deuda en pesos sino también el calendario de vencimientos en dólares. Para febrero prevé otros u$s1.000 millones en Bopreales, y luego unos u$s18.000 millones hasta fin de año. Parte de esos vencimientos son a nombre del BCRA mientras que otros son del Tesoro -que necesita contar siempre con un excedente de pesos para comprarle los dólares al Central-.

La contracara de ese alto nivel de «rolleo» -un 23% por encima del monto que venció- es la competencia que genera el Tesoro con el sector privado, que ve encarecer el costo del crédito.

Y, mientras los pesos de los ahorristas engrosaban la cuenta del Tesoro, muchos recordaron una frase llamativa de Caputo ante un auditorio de empresarios. Dijo que su intención era disminuir la dependencia de Wall Street y concentrarse más en el financiamiento doméstico. Aquel comentario fue objeto de no pocos comentarios irónicos, que apuntaron a que el ministro estaba tratando de hacer del defecto virtud, dado que la escasa profundidad del mercado local es insuficiente para las necesidades financieras del Tesoro.

O, al menos, habrá poca profundidad mientras no aparezcan nuevos inversores institucionales del porte de lo que fueron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en la década de los ’90.

Lo cierto es que, si Caputo quisiera tomar dólares del mercado global con la emisión de un bono, no conseguiría financiarse a menos de 9%, que es el resultado que surge de agregarle el riesgo argentino actual a la tasa de referencia internacional SOFR -en torno de 3,57%. De hecho, esa es la tasa que convalidó en la emisión de su bono en dólares de diciembre, destinada a los inversores del mercado argentino, y por el cual obtuvo u$s1.000 millones. 

¿Candidato a financiar al Tesoro?

Esta situación abonó las sospechas sobre si el FAL podría transformarse en el instrumento institucional que le otorgue al mercado de capitales esa «profundidad» que Caputo reclama. En la década de los ’90, el sistema de jubilaciones privadas cumplía, en parte, esa función.

En el Senado, las acusaciones fueron explícitas. Para el kirchnerista Mariano Recalde, el FAL «es un escándalo» y generará «ganadores y perdedores». En la primera lista ubicó a las empresas, a las que ahora «les saldrá gratis despedir trabajadores» y, sobre todo, «a los bancos y amigos de Caputo que administrarán ese fondo». Entre los perdedores, mencionó a los trabajadores y a los jubilados.

Pero no sólo desde las posturas «estatistas» vienen las críticas. También hay economistas de línea liberal que temen por consecuencias colaterales del nuevo sistema. Por lo pronto, ya se da por descontado que del FAL saldrá dinero que compense el costo fiscal de la reforma laboral, estimado en 0,8% del PBI.

El economista Roberto Cachanosky calentó el debate al calificar al FAL como «una medida antiliberal que obliga a las empresas a previsionar las indemnizaciones por despido por orden del gobierno».

En realidad, ese es el principal punto de crítica, el de la obligatoriedad, que no estaba en la primera versión de del fondo, sino que se proponía un sistema voluntario, inspirado en el que se utiliza para el sector de la construcción.

Cachanosky no duda sobre cuál es el objetivo: «Un mecanismo ideal para que el Estado llene de bonos esos fondos, al igual que pasó con las AFJP y luego nos confiscaron los ahorros».

Faltan todavía algunos detalles por conocerse, como por ejemplo si los aportes al FAL quedarán en cuentas individuales a nombre de los empleados, o de las empresas. Y, además, si se establecerán topes para la exposición al riesgo del sector público a la hora de invertir del dinero..

Ya circulan propuestas para que el texto final proteja al FAL de ser un financista involuntario del Tesoro. Y la preocupación aumenta conforme va subiendo la acumulación de intereses de las LECAP, una suma que a diciembre ascendía $269.999 millones, según un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los vencimientos en pesos previstos para todo el año -sumando capital e intereses- asciende a $190 billones, que al tipo de cambio actual equivale a u$s136.000 millones.

Sospechas fundadas en la historia

No se puede culpar a los suspicaces por pensar mal. Después de todo, no hacen más que basarse en la experiencia de la historia económica reciente. El plan Bonex de 1990, por ejemplo, que canjeó compulsivamente plazos fijos por bonos a 10 años. Luego, en la segunda gestión de Domingo Cavallo, en 2001, la imposición a las AFJP para que invirtieran en bonos públicos más dinero del que el régimen permitía. Esos bonos, por cierto, terminaron siendo defaulteados y canjeados por un nuevo título.

Y, finalmente, la reestatización del sistema jubilatorio privado, decidida por Néstor y Cristina Kirchner en 2008, y que generó un traspaso masivo de fondos -la estimación fue u$s28.000 millones- desde las cuentas personales de los futuros jubilados hacia el sector público.

En su gestión, Cristina recurrió a ese fondo para múltiples objetivos. Por ejemplo, para hacer política industrial, otorgándole un crédito a General Motors para que no suspendiera el proyecto de fabricación del modelo Agile en plena recesión del 2009.

También usó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para asistir a la Anses y, como entre las inversiones «heredadas» de las AFJP había acciones de empresas privadas, Cristina decidió hacer valer su condición de accionista para nombrar directores de su confianza en las mayores empresas del país y presionarlas desde dentro. Fue así, por ejemplo, que Axel Kicillof entró al directorio de Techint y forzó a cambiar un programa de expansión internacional para que las inversiones se realizaran en el país.

Por cierto que esa tentación por las grandes «cajas» con aportes de trabajadores no han sido exclusividad de una única fuerza política. Ya con Javier Milei en la presidencia, el proyecto original de la «ley ómnibus» -que luego derivaría en la Ley Bases- tenía un capítulo que levantó polvareda. Se proponía que el ministerio de Economía pudiera absorber y deslistar -es decir, eliminar- bonos del Tesoro que estaban en manos de agencias estatales.

Era una forma que Toto Caputo había ideado para reducir la deuda pública en aproximadamente un 10%. El mecanismo previsto era, sobre todo, mediante la absorción de la cartera de inversión de Anses, que tenía unos u$s33.000 millones en bonos del Tesoro. El tema generaba demasiado controversia, de manera que el gobierno decidió eliminarlo, para no entorpecer la difícil negociación por la Ley Bases.

El sector asalariado formal lucha mes a mes por ganarle a los precios y recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. A veces lo consigue y a veces no, pero si hay algo claro es que no todos los trabajadores luchan con las mismas armas. Es que los sueldos varían mucho dependiendo del sector, el nivel de experiencia, la empresa y el lugar en el que se encuentre el trabajador, entre muchos otros factores. Mientras algunos superan con amplitud el costo de una canasta básica, otros se mantienen claramente por debajo y sufren mucho más del avance de la inflación.

Hay muchas formas de analizar y segmentar a los trabajadores, pero una muy interesante y a la vez determinante, es la que refiere a la ubicación geográfica. Las provincias con mejor nivel de ingresos prácticamente triplican el sueldo promedio de las jurisdicciones que peor pagan.

Un informe estadístico publicado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano, permite conocer con precisión cuánto gana un trabajador promedio en cada provincia. Para tener una idea cercana a la realidad, se tendrán en cuenta en este caso los sueldos medios netos de cada jurisdicción (después de descuentos por aportes).

En septiembre (último dato disponible), los mejor pagados del país eran los trabajadores formales de Neuquén, con un ingreso medio de $2.716.975. Se trata de una provincia que escaló varios lugares en los últimos años, hasta llegar a ocupar el primer puesto del ranking. Claramente, la actividad petrolera y todo el movimiento registrado en Vaca Muerta ha tenido mucho que ver con el fortalecimiento del nivel de ingresos.

El segundo lugar del ranking lo ocupa Santa Cruz ($2.625.596 de salario neto promedio) y el tercer lugar del podio lo ocupa Chubut ($2.256.286). En ambos casos el sueldo medio es apalancado hacia arriba por el sector de “explotación de minas y canteras”, que presenta sueldos muy superiores al resto de las actividades.

Solo las tres primeras provincias del ranking tienen salarios netos por arriba de los $2 millones. El resto se mantiene por debajo, aunque Tierra del Fuego está cerca de ese límite, con $1.957.050.

Más abajo aparecen otras jurisidcciones, como Capital Federal ($1.783.231), Río Negro ($1.591.617), Buenos Aires ($1.460.358) y Gran Buenos Aires ($1.387.036).

En el rango medio se ubican algunas de las provincias más pobladas del país, como es el caso de Santa Fe, que ocupa el noveno lugar con $1.344.213 netos. Córdoba, en el puesto número 12, tiene un ingreso promedio de $1.249.236.

En la parte baja de la tabla aparecen tres provincias con salarios promedio inferiores al millón de pesos. Los trabajadores que menos ganan son los que habitan en Santiago del Estero. En esa provincia, el sueldo medio a septiembre de 2025 era de $939.471. Apenas por encima aparecen las provincias de Misiones ($964.811) y Tucumán ($983.566).

Los números difundidos por el Gobierno muestran que prácticamente todas las jurisdicciones tuvieron aumentos salariales por encima de la inflación. Entre septiembre de 2024 e igual mes de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 31,8%. Sólo Santa Cruz y Chubut tuvieron ajustes salariales por debajo de ese porcentaje, con variaciones del 29,4% y el 30,3% respectivamente.

Ahora bien, si se armara un ranking de incrementos en ese período, nuevamente aparecería en la cima de la tabla la provincia de Neuquén, donde los salarios se ajustaron un 42,2%. Apenas por debajo se ubicó Río Negro, con un aumento nominal interanual del 41,5%.

Lo llamativo, es que el podio se completa con Santiago del Estero. Si bien se trata de la provincia con peor nivel de ingresos, en el tramo analizado los sueldos tuvieron el tercer mayor ajuste registrado en el país, con una variación del 41,3%, casi diez puntos por arriba del IPC.

Las estadísticas demuestran así que no existe en este caso una correlación directa entre el nivel de ingresos y el nivel de incremento promedio alcanzado en cada caso. Donde sí persisten las diferencias es en los ingresos en sí, donde se observa, en general, que las provincias con mayores salarios se encuentran en el sur y las de peores ingresos están en el norte.