El dólar oficial opera este viernes 20 de febrero a $1410, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $1389. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vende $1451 (+0,1%), y el MEP se ubica a $1410 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negocia, a $1440.

La calma cambiaria volvió a instalarse como un dato central del arranque de 2026, pero no por «magia» ni por un simple cambio de expectativas. Detrás del dólar estable aparece una ingeniería de flujos: más oferta de divisas, compras sistemáticas del BCRA, y un Tesoro que, en paralelo, absorbe pesos con licitaciones que superan el 100% de rollover. El resultado es un mercado donde el tipo de cambio deja de ser el único termómetro y pasa a formar parte de un esquema más amplio: el dólar actúa como ancla nominal, mientras las tasas y la liquidez en pesos ordenan el resto de la película.

En ese contexto, el carry trade volvió a brillar con fuerza. Con un dólar que no corre, y con rendimientos en pesos que todavía se mantienen altos, el retorno medido en moneda dura se volvió especialmente atractivo. Pero el punto decisivo —el que separa un «carry cómodo» de un carry frágil— no es el rendimiento en sí, sino la sostenibilidad del combo: cuánto tiempo pueden sostenerse las compras de reservas, la absorción de pesos y la estabilidad cambiaria sin que la inflación o la competitividad empiecen a pasar factura.

El mercado, además, no está mirando solo el dólar: observa la acumulación de reservas, la dinámica de licitaciones, el apetito por duration corta, y los datos de inflación que sugieren que la convergencia puede ser más lenta de lo deseado. En otras palabras: hoy el dólar es ancla, sí, pero el riesgo aparece en los márgenes, donde pequeños desajustes pueden amplificarse.

Reservas en racha y dólar en calma

El Banco Central encadena más de 30 ruedas consecutivas de compras en el mercado oficial y ya acumula más de USD 2.100 millones desde el inicio de 2026. Desde GMA Capital destacaron que marca uno de los mejores comienzos de año de la última década tanto por magnitud como por extensión de la racha compradora, y le devuelve centralidad a un indicador que suele anticipar cambios de régimen: la capacidad de sumar reservas sin sobresaltos.

Para los expertos de la sociedad de bolsa, ese avance en reservas se tradujo en un cambio de foco del mercado. Con el Central comprando y el tipo de cambio sin presión inmediata, el dólar nominal dejó de dominar el debate cotidiano. En el mismo tramo, señalaron que el dólar oficial retrocedió 3% desde las elecciones de octubre y llegó a perforar la barrera de los $1.400, un movimiento que refuerza la percepción de calma y contribuye al ancla de expectativas.

Eco Go, por su parte, explicó que la estabilidad cambiaria se alimenta de una oferta sostenida de divisas, impulsada principalmente por liquidación de Obligaciones Negociables y préstamos, y recién después por el agro. En ese contexto, la consultora indicó que el BCRA aceleró compras a un ritmo de USD 143 millones diarios, acumulando más de USD 2.000 millones en lo que va del año.

Desde Eco Go también subrayaron el otro lado de la ecuación: la demanda de divisas se redujo con fuerza respecto del mes pasado, por menores compras minoristas y menores pagos de importadores. Con oferta sólida y demanda enfriándose, el tipo de cambio encontró espacio para descender y ubicarse en $1.390, quedando 12% por debajo de la banda superior, la mayor distancia desde julio de 2025.

Carry: cuánto se gana en dólares con esta maniobra

Desde GMA Capital señalaron que el resultado de este escenario es un nuevo impulso para las estrategias de tasa en moneda local. Con dólar estable y rendimientos en pesos elevados, el retorno del carry medido en dólares se ubica 16% arriba desde las elecciones de medio término, un dato que explica por qué el mercado volvió a mirar con atención plazos fijos y herramientas de liquidez, siempre que el tipo de cambio no se desordene.

En esa lectura, el CCL funcionó como una pieza clave para validar la calma: GMA Capital destacó que se mantuvo prácticamente en los mismos niveles de hace cuatro meses, en torno a $1.495, aportando estabilidad en una referencia que suele incorporar más rápido los ruidos del mercado. Cuando el CCL no corre, el carry gana terreno porque el riesgo de «salida» se percibe menor.

Eco Go aportó el marco operativo: el Gobierno combinó compras de divisas del BCRA con absorción de pesos vía colocaciones del Tesoro. Esa coordinación reduce el impacto monetario neto de comprar dólares, porque el Tesoro retira pesos del sistema en paralelo, conteniendo la presión sobre precios y sobre el propio dólar.

Sin embargo, el punto delicado del carry no está en el presente, sino en la continuidad. El carry rinde mientras el dólar no sube y mientras la demanda por activos en pesos se sostenga. Por eso, el mercado mira dos anclas simultáneas: reservas (para evitar tensión cambiaria) y tasas reales (para mantener incentivos en pesos). Si una de las dos se afloja, el «carry imbatible» puede perder parte de su blindaje.

Tesoro, rollover y absorción de pesos

Eco Go explicó que se replica el mecanismo de coordinación entre Tesoro y BCRA observado en 2024. El Central compra dólares en el mercado y el Tesoro se los compra usando pesos «absorbidos» en licitaciones donde el rollover supera el 100%. Esos dólares, detallaron, terminan destinándose a cancelación de deuda externa, como se vio en el reciente pago de intereses al FMI.

Del lado de los pesos, la consultora remarcó un dato clave: la expansión monetaria que surge de comprar dólares no estuvo acompañada por una mejora de la demanda de dinero, porque la economía real sigue estancada. En cambio, se compensó con una mayor demanda por deuda soberana en pesos, atraída por un dólar a la baja y tasas aún altas frente a una inflación que dejó de desacelerar con la fuerza de meses previos.

Desde GMA Capital, la última licitación reforzó esa lógica: el Tesoro adjudicó $9,02 billones frente a vencimientos por $7,31 billones, con un rollover de 123% y ofertas por $11,5 billones, dejando fuera posturas por unos $2,5 billones. Además, señalaron que no se ofreció premio respecto del mercado secundario y, aun así, se convalidó el volumen, un dato que habla de demanda activa por instrumentos del Tesoro.

La composición de la licitación fue otro mensaje: GMA Capital detalló que el 56% del monto efectivo se concentró en la Lecap más corta (63 días), lo que redujo el plazo promedio ponderado de colocación de 6 a 5 meses y marcó el nivel más bajo desde fines de octubre. El mercado, en ese tramo, privilegió duration corta y el Tesoro convalidó esa preferencia, reforzando el ordenamiento de corto plazo.

Inflación 2,9%: el riesgo que erosiona el ancla y achica la tasa real

A pesar de los avances financieros, GMA Capital señaló que la inflación fue la excepción incómoda. En enero se ubicó en 2,9%, acelerando 0,1 p.p. frente al mes previo. En su lectura, enero se convirtió en el octavo mes consecutivo con inflación al alza, lo que sugiere que el tramo final de la convergencia es más complejo y puede exigir más consistencia para no desgastar el ancla cambiaria.

Eco Go sumó un matiz relevante: de haberse implementado el cambio metodológico previsto para el dato de enero, el aumento mensual habría sido 2,7% (0,2 p.p. menos). Pero destacaron que en febrero el efecto estadístico juega al revés, con un RPM que con dos semanas se mantenía en 3%. En el fondo, lo que importa para el mercado es que la inflación muestra señales de pausa en la desaceleración, justo antes de una actualización fuerte de servicios regulados.

GMA Capital aportó el detalle desagregado: la inflación núcleo bajó de 3% en diciembre a 2,6% en enero, pero los estacionales saltaron 5,7%. Entre los motores, destacaron verduras con 28% en GBA, Hoteles y Restaurantes con 4,5%, y carnes con 4,4%. Ese mix explica por qué el número general subió pese a una mejora en el núcleo.

El problema macro aparece cuando el dólar funciona como ancla y la inflación no termina de converger: el tipo de cambio nominal subió apenas 0,1% en enero, lo que implica una nueva apreciación del tipo de cambio real hacia niveles similares a inicios de julio del año pasado. Si esa dinámica persiste, GMA Capital advirtió que la fortaleza del peso puede tensionar la competitividad externa, presionar la demanda de divisas y dificultar el proceso de acumulación de reservas.

¿Dónde puede aparecer el riesgo?

Desde GMA Capital señalaron que la tensión no necesariamente aparece primero en el dólar, sino en el equilibrio de pesos. Con financiamiento neto positivo, el Tesoro retiró $1,7 billones del sistema, en una plaza donde la liquidez venía mostrando señales de mayor tirantez. Además, destacaron que la tasa de caución a 1 día había operado por debajo de 24% TNA en ruedas previas, por lo que el excedente de pesos queda aún más restringido y el mercado se vuelve más sensible a cambios en tasas y demanda.

Eco Go, en paralelo, enfatizó que la sostenibilidad del esquema también depende de mantener el orden fiscal y el flujo de divisas que hoy alimenta la oferta. Con una economía real estancada y sin recuperación marcada de la demanda de dinero, el sistema se apoya en la preferencia por deuda en pesos y en la idea de que el dólar seguirá estable. Si esa confianza se erosiona, el reacomodamiento puede ser rápido.

Por eso, el mercado también mira el precio de los activos: GMA Capital señaló que, en lo que va de 2026, los Globales subieron 4% y los títulos argentinos acumularon más de 7% en los últimos tres meses. En su lectura, los precios descuentan una compresión del riesgo país hacia niveles por debajo de 500 bps, con la expectativa de acercarse a 400 bps, lo que exige continuidad macro y política para no quedar «caros» frente a cualquier tropiezo.

En ese marco, «qué pasará con el dólar» depende de tres condiciones que hoy se alinean, pero no garantizan permanencia: acumulación de reservas, disciplina monetaria vía absorción de pesos, y continuidad reformista. Mientras esas piezas encajen, el dólar seguirá actuando como ancla y el carry mantendrá atractivo. Si alguna se desajusta —por inflación persistente, por apreciación real que afecte competitividad, o por un cambio en la dinámica de pesos— ahí es donde puede aparecer el riesgo que hoy el mercado todavía no está priceando del todo.

La reforma laboral incorpora un artículo para los juicios laborales que generó malestar entre los abogados, por generarles un riesgo patrimonial a la hora de ejercer la defensa.

Se trata de modificaciones a los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744, que incorpora la “pluspetición inexcusable”, una figura que busca establecer un criterio objetivo frente a reclamaciones excesivas de créditos. Su aplicación podría derivar en que los abogados asuman responsabilidad solidaria en el pago de costas, en caso de que un juez detecte sobreestimaciones en los montos reclamados.

Alejandro González Rossi, profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Austral, explicó que la figura de la “pluspetición inexcusable” existe desde hace décadas en el Código Procesal Civil y Comercial. Se aplica cuando una persona pide un monto excesivo en un juicio, y puede derivar en que el litigante deba pagar las costas del proceso, incluidos los honorarios de la otra parte y la tasa de justicia del expediente.

Tradicionalmente, la aplicación de esta figura dependía de la apreciación judicial, y se consideraba que no existía pluspetición inexcusable si la diferencia entre lo pedido y lo otorgado no superaba ciertos porcentajes. También siempre existió la posibilidad de responsabilizar solidariamente al abogado si hubo un fraude manifiesto en el planteo.

Según resaltó el especialista, la novedad de la reforma es que introduce esta figura específicamente para los abogados que participan en juicios laborales. La norma señala que, objetivamente, podría haber un exceso en los reclamos y que, en esos casos, se debería condenar al abogado solidariamente. Esto busca aplicar la figura en un ámbito particular, distinto de la generalidad que regía hasta ahora.

En los juicios laborales, donde rige la gratuidad para los empleados, si un trabajador pierde, generalmente no se le puede cobrar. Aunque se le puedan imponer las costas, no se le puede ejecutar sobre su casa. Esto implica que un empleador que gana el juicio debe pagar igualmente a su abogado y cubrir los gastos del expediente, aun cuando la norma considere que hubo un exceso en la demanda.

Walter Mañko, Socio en Deloitte Legal, sostuvo que se considera que, si como resultado de un juicio un abogado promueve un reclamo infundado, irracional y completamente desproporcionado en comparación con lo que sería la lógica habitual de un reclamo laboral, podría existir responsabilidad.

Esto no significa que un abogado que representa a un trabajador ante una empresa vaya a ser condenado simplemente por perder un juicio debido a falta de pruebas u otras razones. Lo que establece la norma es que debe existir una responsabilidad directa del letrado, cuando este, a sabiendas y en su calidad de profesional experto en la materia, actúa de manera indebida, generando un reclamo que supera los montos legalmente previstos o los usos, prácticas y costumbres habituales.

“Ese es el criterio que fundamenta el artículo 20 vigente. Si me preguntas si se registran muchas condenas de este tipo, la verdad es que no. En la mayoría de los casos en que se rechaza una demanda, los jueces suelen disponer que las costas sean soportadas por el acusado, considerando que el trabajador podía legítimamente entender que tenía derecho a presentar su reclamo”, dijo Mañko.

En síntesis, “esto sería una sanción por la falta de profesionalismo y de ética. Es una situación donde lo que se advierte es que se trata de sacar una ventaja desproporcionada entre lo que es el pleito y la realidad del caso concreto”, indicó el abogado.

Ahora, detalla Mañko, el texto dispone que si de los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, esta se configurará de manera objetiva en caso de sobreestimación de los créditos reclamados.

“Este punto es bastante claro. Es decirle al juez: si tenías un reclamo que debía ser, por ejemplo, de un millón y de pronto en el expediente aparece uno por 55 millones, claramente hay una sobreestimación. Ahí me parece que el juez no tiene mucho margen para no interpretar esta parte del texto”, señaló.

“La nueva ley establece que las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte —es decir, el trabajador— y el profesional actuante”, explicó el abogado.

“Vale decir, ¿esto incorpora algo nuevo que hoy los jueces no tengan como herramienta o facultad para eventualmente condenar al abogado? La verdad es que no. Hoy esa herramienta ya existe en el artículo 20. El problema es que, en la práctica, los jueces no suelen hacer uso de esa facultad. Lo que hace el proyecto de modernización laboral es poner el foco en esta figura y, si se quiere, reforzarla o darle algún condimento adicional para incentivar su aplicación”, indicó.

Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía de CABA expresó en una carta enviada al Congreso que “lla ambigüedad del concepto genera un riesgo patrimonial directo para quienes ejercen la defensa técnica de los derechos laborales y establece un trato diferencial respecto de otras ramas del derecho”.

“Asimismo, manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de habilitar el pago en cuotas de sentencias laborales, incluyendo créditos de naturaleza alimentaria y honorarios profesionales, lo que colocaría a trabajadores/as y abogados/as en una situación más gravosa que la de otros acreedores judiciales”, señalaron.

“Advertimos también que la limitación en materia de costas, en combinación con el principio de gratuidad vigente en el fuero laboral, podría traducirse en una restricción directa al derecho de percepción de honorarios, desalentando el ejercicio profesional en la materia”, agregaron.

La suba sostenida de las expensas y el deterioro del poder adquisitivo están impactando de lleno en los edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Con una expensa promedio que supera los $316.000 y niveles de morosidad que ya alcanzan el 31% en CABA —con picos aún más elevados en zonas turísticas— los consorcios comienzan a sentir con fuerza el efecto financiero y social de una deuda que no deja de expandirse.

El fenómeno no es nuevo, pero sí más profundo que en años anteriores. Lo que antes era un atraso circunstancial en los pagos hoy empieza a consolidarse como una problemática estructural que compromete la administración cotidiana de los edificios.

Aumentos, desaceleración y límite de pago

Tras un 2024 marcado por fuertes incrementos, 2025 mostró cierta desaceleración en el ritmo de las subas. Sin embargo, esa moderación no alcanzó para recomponer la capacidad de pago de propietarios e inquilinos.

El desfasaje entre inflación y actualización de costos, la reducción de subsidios y el peso creciente de salarios y servicios básicos configuraron una estructura de gastos cada vez más difícil de sostener para muchos hogares. En ese contexto, las expensas dejaron de ser un gasto secundario para transformarse en un compromiso central dentro del presupuesto familiar.

Cuando la morosidad supera el 25% del total de unidades, los efectos comienzan a sentirse rápidamente: se reducen los fondos de reserva, se postergan tareas de mantenimiento y aumentan las fricciones entre vecinos. La tensión interna escala a medida que los números dejan de cerrar.

Un cambio estructural en los consorcios

Para Martín Eliçagaray, especialista en tecnología aplicada a la propiedad horizontal y fundador de Simple Solutions, el problema revela una transformación más profunda en la dinámica de los consorcios.

«Las expensas dejaron de ser un gasto administrativo más y pasaron a competir directamente con el alquiler o la cuota del crédito. Cuando eso ocurre, la morosidad deja de ser excepcional y se vuelve estructural», sostiene.

Desde su perspectiva, el aumento de costos no puede analizarse únicamente en clave inflacionaria. Existen componentes rígidos que presionan de manera constante y que son difíciles de negociar.

«Hay tres factores que impactan fuerte: salarios, servicios públicos y mantenimiento técnico. Si el edificio no revisa cómo consume y cómo contrata, cualquier aumento externo repercute sin amortiguación», explica.

Impacto en el valor de las propiedades

La morosidad creciente no solo afecta la administración diaria, sino también la percepción de valor de los inmuebles. Según Eliçagaray, un consorcio con altos niveles de deuda pierde previsibilidad financiera, lo que influye directamente en decisiones de alquiler, venta o inversión en mejoras.

«La salud financiera del edificio empieza a ser un dato tan relevante como la ubicación», advierte.

En otras palabras, la situación económica del consorcio se convierte en un factor determinante al momento de evaluar una propiedad, algo que hasta hace pocos años tenía un peso menor en el análisis inmobiliario.

Tecnología y eficiencia como herramientas de contención

Frente a este escenario, la incorporación de tecnología aparece como una posible vía para recuperar eficiencia y transparencia en la gestión.

«Medir consumos en tiempo real, automatizar sistemas de iluminación o calefacción, digitalizar la administración y transparentar gastos no es un lujo. Es una forma concreta de reducir costos y, sobre todo, de generar confianza entre vecinos», plantea el especialista.

La optimización del consumo energético y la profesionalización de la administración pueden contribuir a amortiguar parte del impacto externo, especialmente en edificios con estructuras de gasto rígidas.

El desafío cultural de la vida en comunidad

Más allá de los números, Eliçagaray subraya una dimensión cultural del problema. La participación activa de los propietarios resulta clave para evitar que los costos se disparen.

«Cuando los propietarios se desentienden, el edificio se encarece. Administrar un consorcio no es solo pagar una expensa: implica involucrarse, controlar y planificar. La indiferencia termina siendo mucho más costosa que cualquier inversión en eficiencia», remarca.

Con niveles de deuda que ya generan preocupación entre administradores y cámaras del sector, el debate sobre cómo sostener la vida en comunidad en un contexto económico adverso recién comienza.

El desafío, concluye, no es únicamente financiero. Se trata de preservar el patrimonio y la convivencia. Si no se actúa a tiempo, el deterioro no será solo contable, sino también estructural, afectando tanto el valor de las propiedades como la calidad de vida dentro de los edificios.