El dólar acentuó su pronunciado declive este viernes, con el respaldo de un sostenido volumen de USD 475,7 millones operados en el segmento de contado, un monto que habilita nuevas compras de divisas a manos del Banco Central sin alterar la tendencia de las cotizaciones.

El dólar mayorista descontó en el día 13 pesos o 0,9%, a $1.376, un nivel mínimo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero el tipo de cambio oficial recorta 71 pesos o 4,9%, mientras que si se amplía la comparación al primer tramo de 2026, la baja es de 79 pesos o 5,4 por ciento.

Asimismo, el dólar mayorista retrocedió 23,50 pesos o 1,7% en la última semana. Dado que el BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias de $1.595,93, el dólar quedó ahora a 219,93 pesos o 16% de ese límite, el rango más amplio desde el 4 de julio de 2025 (16,4%).

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, enfatizó que en el “mercado de futuros replican escenario del mercado de contado y opera con caídas en todas las posiciones, con más énfasis en las más cortas de la tira”, reflejo de una nula expectativa de devaluación en el corto plazo.

El dólar minorista finalizó con baja de 15 pesos o 1,1%, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un mínimo desde el 29 de septiembre ($1.380). En la semana el dólar al público cedió 25 pesos o 1,8 por ciento.

Asimismo, el dólar blue cedió 10 pesos o 0,7% este viernes, a $1.430 para la venta. El dólar informal anota un descenso de 100 pesos o 6,5% en el transcurso de 2026.

“El dólar mayorista sigue presionado a partir de la mayor oferta de divisas y es por ello es que quiebra los $1.390 mientras el BCRA continúa avanzando con un sostenido ritmo de compras, a la espera de la cosecha que incluso podría acelerar dicho proceso”, definió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“En simultáneo, el apetito por colocaciones en pesos se prolonga, y así es que el debate se concentra en cuándo las autoridades podrían ir encontrando mayor espacio para avanzar con la remonetización de la economía”, explicó Gustavo Ber.

En cuanto al proceso de compra oficial de divisas, “el mecanismo continúa siendo el mismo, ampliar sus pasivos con la compra -emitir dinero- para luego absorberlos vía operaciones de mercado abierto –vendiendo títulos dollar linked a cambio de esos pesos– o bien vía rollovers mayores al 100% en las licitaciones del Tesoro», consideró IEB.

“El mecanismo de esterilización es principalmente el segundo, como lo demuestra el rollover del 129% de la última licitación y el menor volumen operado de títulos dollar linked. Esto deja en evidencia que el proceso de remonetización no es contra crecimiento de la demanda real de dinero, sino contra un aumento de la deuda del Tesoro», añadió el reporte de IEB.

Más allá del abultado superávit comercial, que en enero se aproximó a los USD 2.000 millones, los agentes del mercado vienen observando con mayor detalle la evolución del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que mide el Banco Central y que esta semana perforó el piso de los 90 puntos por primera vez desde julio de 2025.

Este índice tiene un nivel de equilibrio teórico en los 100 puntos, que reflejaría un nivel de atraso de unos 10 puntos porcentuales, y se mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales doce socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.

Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país. Se considera la evolución de los precios de las canastas de consumo representativas de los socios comerciales expresados en moneda local en relación con el valor de la canasta de consumo local, constituyéndose como una de las medidas amplias de competitividad (de tipo precio).

Luego de la aprobación, con cambios en diputados de la Ley de Modernización Laboral el oficialismo buscara cumplir cuatro objetivos inmediatos en el Congreso de la Nación en la última semana de febrero: aprobar ley de modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ser el primer país del Mercosur en ratificar legislativamente el acuerdo con la UE y la aprobación de la Ley de Glaciares.

Esto permitiría que el Presidente de la Nación Javier Milei incluya estos logros en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo pero todavía hay dudas si se podrán lograr cumplir todos esos objetivos por parte del oficialismo.

El viernes pasado el Gobierno de Milei se anotó una gran victoria legislativa, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a Ley de Modernización Laboral en la madrugada del viernes. Con un total de 135 votos afirmativos, contra 115 negativos logró que el proyecto de ley pase para ser tratado nuevamente en el Senado.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, de una fuente muy cercana a la Casa Rosada, estaría previsto que vuelva a ser tratada en senadores el jueves o viernes próximo cuando podría convertirse formalmente en ley.

Tras haber asegurado que el proyecto de ley siguiera en pie, el oficialismo esperaría otro resultado positivo en el senado porque hace dos semanas la votación fue de 42 votos a favor contra 30 negativos, cuando todavía estaban incluidos los recortes en los pagos para los trabajadores que pidieran una licencia médica.

Luego de las unánimes críticas a los cambios que pensaban aplicarse en el régimen de licencias médicas laborales negociados en conjunto por la senadora Patricia Bulrrich y el ministro del Interior Diego Santilli ya que no tuvo que ver en esto el ministro de Desrregulacion y Transformación Federico Sturzenegger el Gobierno accedió a eliminar el artículo 44 y el 208 del proyecto de ley.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional los integrantes de la mesa política del Gobierno decidieron priorizar que se aprobara el paquete de modificaciones en general, aunque esto implicara desistir de negociar por mantener el articulado.

En particular desde el Gonierno dan a entender que la meta era iniciar el nuevo año legislativo con las reformas tratadas durante el período de sesiones extraordinarias aprobadas.

Con la eliminación del polémico artículo 44 del texto se dejó sin efecto la modificación propuesta para el régimen de licencias por enfermedad. Con esta decisión, quedó restaurado el esquema tradicional que garantiza el pago íntegro del salario durante el período de licencia por enfermedad y de acuerdo con el artículo 208 del texto original, la iniciativa suprimida contemplaba una reducción salarial según el origen de la afección.

En tanto que en el caso de enfermedades o accidentes por conductas voluntarias de riesgo, estaba previsto que el trabajador recibiera solo el 50% de su sueldo habitual, mientras que si se tratara de una situación ajena a la voluntad del empleado, el pago alcanzaría el 75%. Acorde con esto, se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro. Por otro lado, la propuesta protegía estos pagos ante eventuales suspensiones laborales, de modo que las decisiones patronales por motivos económicos o disciplinarios no iban a alterar el cobro de los porcentajes estipulados. Al quedar fuera del paquete general, ninguno de estos recortes ni restricciones será aplicado.

A pesar de esto, los senadores aún tendrían la posibilidad de mantener el texto original o aceptar las modificaciones realizadas en la Cámara Baja y para el Gobierno sería una prioridad cerrar el período de sesiones legislativas con la aprobación de Ley de Modernización Laboral, la reforma en el Régimen Penal Juvenil, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la aprobación de la Ley de Glaciares.

Este proyecto forma parte de una negociación con las provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que venían reclamando por esa iniciativa para potenciar los emprendimientos mineros, especialmente las exportaciones de cobre con la promesa de inversiones por unos 25.000 millones de dólares para los próximos años.

La ley actual define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos y como se prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración у explotación minera e hidrocarburífera у la instalación de industrias,muchas provincias plantean que interfiere con la explotación de sus recursos naturales.

Según el Gobierno, el nuevo proyecto ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias у fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Esto implica que cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el Inventario Nacional de Glaciares, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de Glaciares, pero si una provincia determina que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y se eliminará del Inventario, lo que habilitará la explotación productiva en el lugar.

Por último, desde el Gobierno confían en que los gobernadores volverán a garantizar la ratificación del acuerdo con la Unión Europea porque, al igual que con el tratado Mercosur-UE, tendrán como prioridad abrir nuevos mercados para sus economías regionales y atraer inversiones para desarrollar proyectos productivos que generen empleo y el acuerdo con la UE obtuvo el respaldo de cerca de la mitad del bloque Unión por la Patria, donde se destacaron los intereses provinciales.

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza de la corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, resolvió rechazar la solicitud presentada por Argentina para suspender el proceso de discovery. El pedido había sido formulado por el Estado argentino mientras se aguarda la resolución de la Corte de Apelaciones en la causa principal y se espera que el país apele el fallo.

La decisión implica que el proceso de presentación de pruebas continuará su curso en el litigio por la estatización de la petrolera que enfrenta al país con Burford Capital e Eton Park, a pesar de la instancia pendiente en el tribunal de alzada.

El conflicto tiene lugar en el contexto de la etapa de ejecución de la sentencia que obliga a la Argentina a abonar USD 16.100 millones más intereses a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, que tuvo lugar en 2012. Desde mayo de 2024, los demandantes han presentado solicitudes formales de discovery -etapa en la que las partes involucradas deben intercambiar información relevante- con el objetivo de acceder a datos sobre los activos argentinos, poniendo especial foco en reservas de oro.

“Con seguridad el país apelará este nuevo fallo de la magistrada neoyorquina. Será la 6ta apelación en simultáneo en el caso por la expropiación de YPF (primaria, entrega acciones, ONG, ‘WhatsApps’, defensa de YPF y, ahora, discovery)”, enumeró Sebastián Maril, el director regional de Latam Advisors.

Argentina había presentado un escrito ante la justicia de Estados Unidos en el que se opuso al pedido de desacato y sanciones promovido por los beneficiarios de la resolución original. En el texto, el país objetó las exigencias de discovery impulsadas por los demandantes, calificándolas de “gravosas” y sin sustento jurídico. Según la presentación, estas medidas buscan generar presionar en la negociación, más que identificar activos que puedan ser ejecutados.

En los últimos días, los beneficiarios de la sentencia por el caso YPF solicitaron a la jueza Preska la convocatoria de una Audiencia Probatoria, con el objetivo de que el Tesoro argentino demuestre que realmente no dispone de información sobre la localización y administración del oro soberano.

La semana pasada, la defensa argentina había presentado una declaración jurada en el tribunal de Preska referida a las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), argumentando que estos activos gozan de inmunidad y no pueden ser ejecutados judicialmente en Estados Unidos ni en otras jurisdicciones, independientemente de eventuales requerimientos de discovery. El documento, firmado por José Ignacio García Hamilton, secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, expone que se recabó información en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y el propio BCRA.

La posición del BCRA, reflejada en el documento, sostiene que revelar datos sobre la localización de las cuentas donde se custodian las reservas de oro pondría en riesgo la política monetaria y la seguridad financiera del país. La autoridad monetaria subrayó que la administración de estos activos es una atribución propia de su carácter de ente autárquico, por lo que responder a solicitudes de este tipo impactaría negativamente en su autonomía institucional.

Fuentes oficiales remarcaron que “las reservas del BCRA gozan de inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos, en la Argentina ni en ningún otro país, con independencia de cualquier solicitud de discovery”. A la vez, sostuvieron que “cualquier información relacionada con la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas que utiliza para mantener sus activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del propio sistema financiero”.

La declaración jurada firmada por el secretario Legal y Técnico de Economía precisó el alcance de la información disponible por parte del Estado argentino y fundamentó el criterio de reserva adoptado para la protección de datos sensibles. El Banco Central afirmó que divulgar detalles sobre la ubicación del oro afectaría tanto la política de seguridad como la autonomía institucional, y que hacerlo sería contrario al interés público.

En el escrito también intervino la Procuración del Tesoro, que enfatizó que la administración de las reservas corresponde exclusivamente al Banco Central y que entregar esa información comprometería la independencia funcional del organismo. El principio de confidencialidad, según argumentaron, responde a la necesidad de proteger la seguridad, el respaldo de los depósitos y el funcionamiento del sistema financiero.

Los demandantes solicitaron que Argentina identificara la localización, las cuentas y el historial de las reservas de oro, además de requerir la presencia de un funcionario idóneo. Si el Estado alegaba carecer de acceso a esos datos por estar bajo control del Banco Central, los fondos reclamaron la realización de una audiencia con funcionarios que tuvieran conocimiento directo sobre el tema.