El proceso judicial vinculado a la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo cuando la República Argentina entregó ante la corte del Distrito Sur de Nueva York una declaración jurada sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El escrito responde a una solicitud del tribunal a cargo de la jueza Loretta Preska, quien falló a favor del fondo Burford Capital en la causa por la estatización de la petrolera.

La defensa argentina sostuvo ante la magistrada que las reservas internacionales del BCRA tienen inmunidad y no pueden ser objeto de ejecución judicial en los Estados Unidos ni en ningún otro país, independientemente de cualquier pedido de discovery. Esta posición se plasmó en una declaración jurada firmada por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.

El documento dejó constancia del conocimiento disponible en la repartición sobre la ubicación y administración del oro, mencionando que se consultó al ministro de Economía, Luis Caputo, así como al Ministerio de Seguridad y al propio BCRA, que ratificó la imposibilidad de entregar la información requerida.

La declaración argentina llegó tras la negativa inicial a revelar detalles sobre las tenencias internacionales de oro del BCRA, un tema sensible debido al interés de los fondos demandantes en identificar bienes susceptibles de ejecución para cumplir la sentencia dictada por la expropiación de YPF. El pedido de información incluyó la identificación de cuentas, movimientos y localización del oro, así como la disposición de un funcionario con conocimiento directo para declarar sobre el tema.

El BCRA remarcó que entregar información sobre la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas utilizadas para mantener activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria, así como el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero. Según el organismo, la administración de las reservas constituye una función bajo su órbita como ente autárquico, y responder a solicitudes de este tipo vulneraría su independencia funcional.

Fuentes oficiales subrayaron que “las reservas del BCRA gozan de inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos, en la Argentina ni en ningún otro país, con independencia de cualquier solicitud de discovery”. Además, afirmaron que “cualquier información relacionada con la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas que utiliza para mantener sus activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del propio sistema financiero”.

La posición del Estado argentino se apoyó en la consulta a diversas áreas del Gobierno, incluyendo al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Economía, así como al propio BCRA, que reiteró su postura de proteger la confidencialidad y el resguardo de las reservas internacionales.

El conflicto se inscribe en el marco de la ejecución de la sentencia por la expropiación de YPF, que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management. Los demandantes vienen insistiendo desde mayo de 2024 mediante pedidos formales de discovery para obtener información clave sobre los activos del país, en particular sobre más de 1.000 millones de dólares en reservas de oro.

A pesar de que la jueza Preska ordenó expresamente en agosto de 2025 que la Argentina presentara a un testigo para declarar sobre el oro, la defensa argentina sostuvo que el representante enviado no contaba con las credenciales ni la preparación requeridas para responder a las preguntas del tribunal. Ante la falta de respuesta satisfactoria, los fondos solicitaron la convocatoria a una audiencia probatoria con la comparecencia de funcionarios con conocimiento directo, incluyendo al ministro Caputo.

La declaración jurada presentada por el secretario Legal y Técnico de Economía buscó dejar en claro el alcance de la información disponible por parte del Estado y el criterio adoptado respecto al resguardo de datos sensibles. El BCRA insistió en que revelar detalles sobre la localización del oro comprometería la política de seguridad y la autonomía de la entidad, además de contrariar el interés público.

La Procuración del Tesoro también intervino en la presentación, reiterando que la información sobre las reservas se encuentra bajo la administración exclusiva del BCRA y que facilitar esos datos “vulneraría su independencia funcional”. El criterio de confidencialidad, argumentaron, se justifica por razones de seguridad, respaldo de los depósitos y resguardo del sistema financiero.

El pedido de discovery de los fondos incluyó la exigencia de que el Estado argentino identificara dónde se encuentra el oro, en qué cuentas está depositado y cómo llegó allí, además de poner a disposición un funcionario capacitado. Si la Argentina alegaba no tener acceso a la información por estar bajo control del BCRA, los demandantes pidieron la convocatoria a una audiencia con funcionarios con conocimiento directo.

Hasta el momento, la jueza Preska no emitió una resolución definitiva sobre la solicitud de los fondos ni sobre la posibilidad de realizar una audiencia específica sobre el oro. Tampoco resolvió el pedido de suspensión de todo el proceso de discovery que la defensa argentina presentó ante el tribunal. En caso de rechazo, la defensa anticipó que recurrirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

La postura argentina incluyó la advertencia sobre la legitimidad de los pedidos de información y la defensa de los principios constitucionales y de derecho internacional. En despachos oficiales no ocultan su cansancio con estos pedidos a los que consideran ilegítimos porque vulneran las leyes locales, la Constitución Nacional y los principios básicos del derecho internacional.

El conflicto judicial por YPF y sus derivaciones sobre los activos del BCRA representa un punto de tensión relevante para la política económica y financiera argentina, en un contexto de presión internacional por el cumplimiento de la sentencia y el resguardo de los intereses soberanos.

La situación genera incertidumbre sobre los próximos pasos en el proceso judicial y sobre la estrategia del Estado argentino para proteger sus reservas internacionales y evitar eventuales embargos o ejecuciones en el exterior.

La actividad industrial volvió a mostrar un retroceso en diciembre, aunque el balance del año terminó siendo positivo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró en el último mes de 2025 una caída interanual del 3,9%, mientras que el acumulado de enero a diciembre cerró con un aumento del 1,6% respecto de igual período del año anterior.

La dinámica mensual también reflejó una leve contracción. De acuerdo con la serie desestacionalizada, la producción industrial mostró en diciembre una variación negativa del 0,1% frente a noviembre.

De esta manera, los datos oficiales muestran que diciembre profundizó una secuencia de variaciones negativas en el tramo final del año. En noviembre, la industria ya había registrado una caída interanual del 8,7%, mientras que en octubre la baja había sido del 2,8%. Con este resultado, el sector cerró el año con un desempeño dispar entre meses, aunque con un saldo anual positivo.

En términos interanuales, el retroceso de diciembre se explicó por el comportamiento de la mayoría de las ramas industriales. Según el informe, diez de las dieciséis divisiones que componen el índice presentaron caídas respecto de diciembre de 2024.

Entre los sectores que más incidieron en la baja del nivel general se destacó el complejo automotor. La división “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” registró una caída interanual del 21,6%, siendo la de mayor incidencia negativa en el índice.

También se observaron retrocesos significativos en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una baja del 16,7%; “Maquinaria y equipo”, con una disminución del 14,8%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, que cayó 22,4% interanual.

El Indec informó además caídas en “Productos textiles”, que retrocedieron 25,7% respecto de diciembre de 2024; “Productos de caucho y plástico”, con una baja del 18,3%; y “Productos de metal”, que disminuyeron 7,5%. A estos se sumaron descensos en “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-6,6%), “Productos de tabaco” (-7,6%) y “Otro equipo de transporte” (-2,9%).

A pesar del resultado negativo del nivel general, algunas divisiones mostraron un desempeño interanual positivo en el último mes del año. Entre ellas se destacó “Industrias metálicas básicas”, con una suba del 7,4%, que tuvo una incidencia positiva relevante en el índice.

También registraron variaciones interanuales positivas “Madera, papel, edición e impresión”, con un incremento del 4,6%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, que avanzó 4,0%; y “Alimentos y bebidas”, con una suba del 0,8%.

En el mismo sentido, el informe consignó aumentos en “Sustancias y productos químicos”, que crecieron 1,0%, y en “Productos minerales no metálicos”, con una variación positiva del 0,3%.

Más allá de los números mencionados, hay algunas ramas industriales en particular que vale la pena analizar más a fondo. El rubro de alimentos y bebidas, por ejemplo, mostró en diciembre un crecimiento interanual del 0,8% y cerró el año con un aumento acumulado del 2,1%. En su interior, se destacaron subas en la preparación de frutas, hortalizas y legumbres, productos lácteos y molienda de cereales, mientras que se observaron caídas en carne vacuna, molienda de oleaginosas y bebidas.

La refinación del petróleo registró un aumento interanual del 4,0% en diciembre y acumuló una suba del 2,2% en el año. Según el Indec, dentro de este sector se verificaron incrementos en la producción de gasoil, fueloil y asfaltos.

Por su parte, el bloque de madera, papel, edición e impresión creció 4,6% interanual en el último mes del año y acumuló un alza del 3,8% en el conjunto de 2025. El desempeño estuvo impulsado por la producción de madera y productos de madera y corcho, así como por papel y productos de papel.

Dos estudios analizaron los posibles efectos de los recientes acuerdos comerciales que involucran a la economía argentina: el que el Mercosur acordó con la Unión Europea y el acuerdo bilateral de comercio e Inversiones con EEUU que suscribió en Washington el canciller argentino, Pablo Quirno.

En uno de ellos Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea afirma que en el plano real la economía argentina, hace casi un año prácticamente estancada en nivel de actividad, requiere herramientas potentes para afrontar la fuerte divergencia entre sectores, acentuada en 2025.

“Más allá de un cambio estructural que conlleva ganadores y perdedores, no se ha logrado darle suficiente flexibilidad del lado de la oferta a la economía. Lo evidencia un recurrente 40 % de capacidad ociosa en la industria. Se supone que, con plantas subutilizadas, las empresas podrían ponerse a tiro de la demanda cubriendo sólo los costos variables, pero esto no ocurre y posiblemente explica en parte el reciente resultado de una licitación internacional en el marco de las inversiones asociadas a Vaca Muerta. Cuando se definen los precios a cotizar en una licitación, hay que asumir ‘inflexibilidad a la baja’ de insumos claves, impuestos y riesgo país, entre otros. Se necesitan instrumentos que contemplen e incentiven la reconversión productiva acelerada y empresas y trabajadores se involucren en la búsqueda de mayor flexibilidad del lado de la oferta”, dice un extenso pasaje del análisis.

Sucede, escribe el autor, que lograr un “equilibrio benéfico” que sustente mejores niveles de actividad interna exige financiar en los próximos años un déficit de cuenta corriente de balanza de pagos de 2 a 3% del PBI, que permita sostener la recomposición de reservas del BCRA sin recaer en un ajuste como el de 2024. Sucede, explica, que el ahorro interno no alcanza para elevar la tasa de inversión más allá del 20% del PBI. Y para hacer sostenible y menos volátil ese escenario se necesita financiar el rojo externo con dosis crecientes de Inversión Externa Directa (IED) e ingreso neto de capitales.

En lo financiero se sugiere aprovechar la baja del riesgo país para estirar los vencimientos de deuda pública. Aunque el propio presidente Javier Milei descartó emitir a los actuales niveles, como sí hizo Ecuador, Vasconcelos argumenta que estirar los plazos “es muy relevante en términos de expectativas, con impacto también sobre el sector real de la economía”. Y recuerda que tras el pago de cupones de bonos de enero, el Tesoro y el BCRA tienen aún por delante vencimientos por casi USD 8.000 millones hasta fin de año y de unos USD 15.000 millones en 2027, en ambos casos sin contar pagos al FMI y organismos.

Allí entran en escena acuerdos como el del Mercosur con la UE y el bilateral con EEUU. Si ambos avanzan, dice el informe, “las inversiones externas irán a sectores con ventajas competitivas y contribuirán a la “exportabilidad” de la economía. “Es lo opuesto al ‘modelo de sustitución de importaciones’ e implica cuotas crecientes de producción de bienes y servicios que compitan con la oferta mundial, dentro y fuera del mercado interno. Una medida de ‘exportabilidad’ es la participación en el PBI de los sectores de la economía que producen bienes transables, sectores que incluyen a la industria manufacturera, la pesca, el agro y la minería (incluido hidrocarburos)”, dice el informe.

Esos sectores “representan apenas el 23,9 % del PIB y para que esa participación crezca se necesita corregir innumerables sesgos anti-exportación y aceptar que, a medida que aumenten las exportaciones, también lo hagan las importaciones, por tendencia inevitable a la especialización.

“La exportabilidad es muy limitada en el presente. Se constata al medir la proporción de producción de bienes transables, descripción también válida para el segmento de servicios”, dice otro pasaje, que destaca además que la exportación de “servicios reales”, como los del turismo y la industria del conocimiento, aportan en la Argentina poco poco más de 2% del PIB contra, por caso, al 8% en Uruguay. Por otra parte, agrega Vasconcelos, un mayor volumen de comercio exterior de bienes y servicios mejoraría el “colateral” a ofrecer para acceder a financiamiento externo.

En tal caso, la “exportabilidad” dinamizaría sectores rezagados, como la construcción, la industria y el comercio, hoy “un lastre para el nivel de actividad”, al punto que hay un estancamiento promedio pese a que el agro y la minería tomaron el rol de locomotoras. La divergencia es aún mayor al interior del sector fabril (gráfico). Las reformas pro-competitividad, como la laboral, dice Vasconcelos, tiene más efecto cuando se articulan con sectores capaces de alcanzar una escala exportadora suficiente y sostenida. No se trata sólo de exportar más, subraya, sino de hacerlo en volúmenes que impulsen el conjunto de la economía.

Un segundo informe, de la consultora Invecq, apunta específicamente al efecto potencial del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU, del que hace una síntesis en materia arancelaria.

En bienes, resume, la Argentina eliminará completamente los aranceles para ciertos productos de EEUU desde la entrada en vigor del acuerdo, reducirá otros a 2% y mantendrá algunas bajo el Arancel de Nación Más Favorecida, el principio rector del comercio internacional y de la OMC. Muchos otros productos se administrarán mediante cuotas —con 0% de tarifa 0% hasta cubrir cupo, y destaca los cupos en carne vacuna, vino y vehículos automotores. Además, se dejará de aplicar la tasa de estadística a las compras a EEUU en un plazo máximo de 3 años.

“El acuerdo no parecería implicar —al menos a priori— una apertura de magnitud tal que modifique sustancialmente el volumen comercial bilateral. En relación con las exportaciones argentinas, más allá del caso de la carne vacuna, donde la ampliación de la cuota podría tener un impacto relevante sobre el volumen vendido, la liberalización luce relativamente focalizada y, en varios casos, condicionada por limitaciones de alcance. En este contexto, el entendimiento difícilmente constituya un game changer para el comercio exterior argentino en el corto plazo, aunque sí podría contribuir a reducir fricciones regulatorias y mejorar el acceso para determinados nichos”, dice un pasaje.

Sin embargo, agrega, el acuerdo debe verse como parte de una estrategia de apertura económica, en línea con los avances de los últimos dos años —desde niveles muy altos de protección— hacia una creciente apertura económica.

Por eso, concluye Invecq, “los compromisos asumidos en materia regulatoria, de inversiones y de alineamiento normativo sugieren una profundización del vínculo económico con EEUU que trasciende el comercio de bienes: el acuerdo se inscribe en una estrategia más general de acercamiento bilateral orientada a fortalecer la relación con Washington y a consolidar apoyos externos en el frente financiero y geopolítico. En este sentido, el entendimiento puede interpretarse menos como un instrumento estrictamente comercial y más como una señal de posicionamiento internacional, con potenciales implicancias sobre el acceso al financiamiento, la inversión extranjera y la inserción global del país”.