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ECONOMIA

Milei avanza con una avalancha de reformas tras el espaldarazo que recibió en las elecciones porteñas

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El 25 de Mayo encuentra a Javier Milei en estado de euforia tras la victoria electoral, el acuerdo con el FMI, el levantamiento del cepo y una andanada de medidas reformistas. Una situación bastante diferente a la de hace un año, cuando lidiaba con la oposición para que le aprobaran su Ley Bases y tuvo que posponer dos meses la firma de su Pacto de Mayo con los gobernadores aliados.

No es que ahora se hayan disipado las dudas sobre la marcha de la economía, claro -de hecho, abundan las advertencias sobre la fragilidad a mediano plazo-, pero con la inflación otra vez en la zona de 2% y tendencia a la baja, el presidente siente que está en su momento para pisar el acelerador.

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La ola de anuncios ya había empezado desde hacía semanas, pero adquirió un ritmo aun más alto después del contundente respaldo electoral que obtuvo el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, donde superó tanto al «oficialismo porteño» del PRO como a la oposición kirchnerista.

Desde la regulación más laxa para los dólares del colchón hasta la inclusión de Milton Friedman en la programación del canal infantil Paka Paka; desde la flexibilización en requisitos para tenencia de armas hasta la el nuevo régimen de servicios esenciales que acota el poder sindical, no hay área en la que el presidente no parezca dispuesto a dar su «batalla cultural».

En el ámbito político hay variadas interpretaciones sobre esta nueva fase de la gestión. Una de ellas podría ser que a partir de julio vencen las facultades delegadas que le otorgó el Congreso al presidente el año pasado, y que por eso está trabajando contra reloj, sobre todo en medidas de desregulación.

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Pero otra visión alude a una cuestión de estrategia política: aunque las elecciones del 18 de mayo hayan sido apenas para la renovación de la legislatura porteña, el propio Milei dijo que se trataba de «un día bisagra» que cambiaría el panorama político del país. En otras palabras, el gobierno quiere dar el mensaje de que lo que ocurrió en las urnas en mayo se repetirá en octubre, con lo cual tendrá un mayor margen para imponer su agenda, sin depender de acuerdos circunstanciales con aliados incómodos.

Motosierra y batalla cultural

El área de mayor impacto por los anuncios es el de las desregulaciones, que depende de Federico Sturzenegger. Su más reciente medida es, mediante tres decretos, la reestructuración de más de 40 organismos públicos.

La explicación oficial es que se necesita «reducir duplicaciones, eliminar gastos superfluos y poner fin a décadas de despilfarro, descontrol y expansión injustificada de estructuras estatales».

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«El kirchnerismo abultó los organismos descentralizados porque generaban caja propia mediante tasas, multas y trámites innecesarios. Alimentaban una burocracia que se reproducía sin control y con fines políticos», afirmó Sturzenegger. 

Y, por el tenor de las medidas, queda en claro que el objetivo no es únicamente el ahorro fiscal, sino dar la batalla cultural al afectar instituciones de importancia simbólica para el kirchnerismo y la izquierda. Por caso, se disolvieron los institutos Belgraniano, Browniano, Newberiano y el Instituto Juan Domingo Perón. Además, se reconfiguran espacios como el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis y el Palacio Libertad -ex Centro Cultural Kirchner- como unidades organizativas de menor escala.

Y no fueron las medidas de mayor impacto desde lo simbólico: también se bajó el rango del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

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Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, con estos últimos recortes centrados en las áreas de cultura y derechos humanos, ya se acumula la eliminación de 200 áreas estatales, lo cual implica la baja de 45.000 contratos.

Otras medidas destinadas a satisfacer los reclamos de su electorado más volcado a la derecha -y, por lo tanto, que irritaron a la izquierda- fueron la modificación del régimen migratorio y el régimen de portación de armas.

En el primero caso, se elevan los requisitos para tener la ciudadanía -incluyendo la posibilidad de la «deportación exprés»- y se acota el derecho de atención médica y de matriculación gratuita en universidades nacionales.

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En el caso de la tenencia de armas, se simplificaron los trámites, muchos de los cuales pueden ahora hacerse sin la obligación de presentarse físicamente en los organismos de control.

Anticipando la pulseada laboral

En el área de la actividad económica, se había anunciado una serie de cambios regulatorios en diversas áreas de la actividad. Por caso, se oficializó el nuevo régimen para la marina mercante, que ahora permite el transporte de carga y pasajeros a los buques de bandera extranjera y tripulaciones no nacionales.

El sindicato del sector no tardó en criticar la medida, a la que consideró riesgosa para los puestos de empleo. Pero, además, observó el punto de que el decreto declara a la marina mercante como «servicio esencial».

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Esto coincide con un nuevo decreto que crea la nueva categoría de «servicios de importancia trascendental». Para estos casos, el derecho de huelga queda restringido a la condición de que se garantice la prestación del 50% de los servicios. Abarca desde industrias como la alimenticia, metalúrgica y de la construcción, hasta servicios bancarios, gastronómicos y actividades relacionadas con la exportación.

Para los «servicios esenciales», que son los ligados a la salud de la población y seguridad nacional -y que abarca desde la salud pública hasta las telecomunicaciones, pasando por la enseñanza pública-, el requisito es más alto: debe asegurarse un 75% del servicio.

Esto ha puesto en alerta a la central sindical CGT, que interpreta las medidas como una restricción de la huelga y como el preludio de un intento de reforma laboral y de recorte del poder sindical. De momento, no está en carpeta una protesta, luego del flojo paro general de abril, pero la cúpula cegetista sabe que figura al tope del ranking en la libreta de Milei.

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Por caso, la última medida del ministerio de Desregulación fue la limitación en la cantidad de delegados gremiales. Sturzenegger destacó que hasta febrero había 11.652 delegados y que en algunos organismos en los que sólo correspondía 42, el número había crecido hasta 303, lo que significa un 7,55% de la planta laboral.

Medidas anti burocracia

Pero lo que más celebra el gobierno son las medidas que simplifican trámites burocráticos. Por ejemplo, el inicio del nuevo régimen para los registros de conductor, que ahora se pueden renovar online -para la Ciudad de Buenos Aires y 19 provincias- con una licencia digital válida en todo el país.

Y hubo una especial atención en ganarse la simpatía de las pymes, uno de los sectores a los que más lentamente está llegando el impulso de la reactivación económica. Sturzenegger sostiene que los múltiples programas de fomento y agencias especiales no eran otra que «capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre pymes y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad y apoyo tecnológico que no lograron nada, y una burocracia costos sin impacto».

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Con esa argumentación se justificó la eliminación de más de 20 artículos en dos leyes, que establecían regímenes de promoción pyme, algo que según el gobierno era «un modelo para pocos, quizás amigos del poder».

Toto Caputo recargado

Las medidas de mayor impacto político, sin embargo, no corrieron por cuenta de Sturzenegger sino de Luis «Toto» Caputo, a quien los analistas políticos consideran el verdadero ganador de las elecciones porteñas, por su mix de apertura comercial, baja inflación y estabilización cambiaria.

La rebaja de 4% en los precios de los combustibles surgió como parte de una mejora de costos de las compañías petroleras y también por una extensión en la actualización del impuesto.

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Ya antes, las reducciones arancelarias que afectaban a rubros como los textiles y los juguetes habían causado un debate en el seno de la industria nacional, cuando se anunció la rebaja para celulares y productos tecnológicos. El gobierno asumió el riesgo de pagar un costo político por las críticas sobre la eventual pérdida de empleo en Tierra del Fuego, pero apostó a la simpatía que esta medida tendría entre los consumidores.

Claro que no todas las medidas aperturistas implican malas noticias para los industriales, porque también se abarató la importación de bienes de capital utilizados por las empresas de varias ramas, desde la petrolera hasta la gastronomía.

Y con el campo, donde persiste el malhumor por los bajos precios que le llegan al productor, hubo también señales, como por ejemplo la extensión de la rebaja de retenciones a la exportación para la cosecha fina -cuya siembre inicia en las próximas semanas-.

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Palo y zanahoria

En su vínculo con las empresas, Caputo ha demostrado una combinación de «palo y zanahoria», en las que como contrapartida de las desregulaciones y bajas impositivas exige un cuidado especial con los precios.

Así, sorprendió al país cuando, lejos de su perfil de libertario, forzó a las cadenas de supemercados y grandes alimenticias a dar marcha atrás con los aumentos de precios «preventivos» que las empresas habían tomado al levantarse el cepo cambiario. El ministro dijo que no había ocurrido un salto cambiario y que no había motivo alguno para remarcar las listas.

Fue una actitud que no se limitó a los productos de consumo masivo, sino que también tocó áreas como el aluminio y los automóviles. Por otra parte, Caputo no ha tenido pudor en vetar toda negociación paritaria que considere que acuerda cifras no justificadas por la inflación.

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Y la nueva gran reforma, por cierto, está vinculada al fomento de la remonetización de la economía con el uso de los «dólares del colchón».

Pero la sensación que quiere transmitir el gobierno es que la fase de las reformas recién está en su inicio y que, de lograrse el resultado electoral que Milei espera en octubre, podrá tomar más velocidad.

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ECONOMIA

ATE convocó a asambleas en todos los aeropuertos del país ¿Demoras y cancelaciones de vuelos?

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Advierten sobre «incumplimiento de normativas». Podrían dictar la conciliación obligatoria. El gremio reclama mejoras salariales y laborales

29/09/2025 – 06:44hs

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó, para la media mañana de este lunes, a asambleas en los 21 aeropuertos del país, advirtiendo que «la seguridad de todos los vuelos está amenazada, ya que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) incumple auditoría internacional y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino». La decisión gremial generará, en principio, demora en los vuelos y no se descarta que también se registren cancelaciones.

Anoche, las secretarías de Trabajo y de Transporte tomaron conocimiento de la protesta gremial, por lo que podrían decidir la conciliación obligatoria para evitar la escalada del conflicto y los inconvenientes a los pasajeros. Desde la ANAC, en tanto, no emitieron un comunicado para fijar su posición respecto a la denuncia, aunque desmintieron que no se cumplan con las normativas de seguridad.

ATE advierte sobre riesgos en el sistema aéreo

Según ATE, «la ANAC no está realizando las auditorías internacionales, generando un preocupante deterioro de todos los servicios aeronáuticos». Al respecto, el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que «todos los vuelos están amenazados» y reveló que «hemos decidido convocar a asambleas en todo el país. Debe quedar claro que, si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del gobierno».

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Explicó que «son organismos internacionales los que están advirtiendo que la capacidad de control se encuentra reducida y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema», en relación a la alerta roja emitida hace pocas semanas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

El dirigente indicó que «el congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios son muestras de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios» y reclamó la «reapertura de la paritaria sectorial para empezar a revertir la crisis, ya que se debe reparar el poder adquisitivo dañado y dotar de estabilidad a quienes mantienen contratos precarios en el organismo».

Reclamos salariales y laborales. ¿Dictan la conciliación?

Aguiar planteó que «con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere» y estimó que «si se calcula desde diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo en el organismo llega al 45 por ciento, agregando que el Ejecutivo «incumple con su obligación de garantizar salarios acordes a la función, lo que se traduce en la falta de reconocimiento de la tarea específica».

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Las demandas de ATE son «un urgente incremento salarial; pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados; aumento del «Módulo ANAC» en un 20 por ciento; implementación del pago «Suplemento de Zona»; suba del «Adicional Función Aeronáutica Crítica»; pago de «Adicional Función Aeronáutica» al Personal Administrativo; pago de «Título» al Personal Operativo; cambio en la escala del «Suplemento de Densidad de Tráfico»; creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales y pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores».

Conocida la decisión de la medida de fuerza, en la Casa Rosada se activaron las alarmas para intervenir en el conflicto. Funcionarios del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, mantuvieron contactos con sus pares de la secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero para evitar el crecimiento del conflicto. Se descarta que durante este lunes se dicte la conciliación obligatoria, que ordena la suspensión de las protestas y retomar la paritaria de la actividad.

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El Gobierno avanzó con la privatización parcial de la empresa que opera los reactores nucleares

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El Gobierno publicóel decreto que avanza con la privatización de Nucloelectrica Argentina S.A. (@nucleoelectrica)

Finalmente, el Gobierno avanzó con el decreto que establece la privatización parcial de la empresa estatal que opera a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Así lo habían anticipado 15 días atrás, fuentes oficiales, cuando también brindaron detalles de cómo iba a ser el proceso de venta del 49% de las acciones.

Los detalles quedaron establecidos a través del Decreto 695/24, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con el texto, habilita la implementación de la venta de acciones bajo los términos que establece la Ley de Bases 27.742. Las condiciones habían sido adelantadas a Infobae.

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Bajo este marco jurídico, el Estado puede avanzar en la privatización parcial de algunas empresas estatales, aunque debe mantener el control o la participación mayoritaria del capital social. Asimismo, la regulación establece que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica, incluyendo proyectos de expansión de capacidad, la edificación de nuevas instalaciones nucleares o el retiro de alguna central del servicio por causas ajenas a cuestiones técnicas.

Es decir, el 44% de las acciones de la compañía serán ofrecidas “en bloque” mediante un procedimiento de licitación pública, que tendrá alcance tanto nacional como internacional. Esta operación estará a cargo de la cartera económica actuando con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

Demian Reidel, presidente de Nucloelectrica
Demian Reidel, presidente de Nucloelectrica Argentina S.A. desde abril

A su vez se pone en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), contemplado por la normativa vigente, que otorga a los trabajadores de la empresa la posibilidad de acceder al 5% del capital accionario. En este sentido, el texto establece: “Corresponde autorizar su privatización parcial mediante un Programa de Propiedad Participada y la venta de acciones en el marco de la Ley N° 23.696, a fin de ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal“.

En tanto, el 51% de las acciones permanecerán bajo control del Estado, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), respetando la legislación vigente. Por otra parte, el decreto establece que la empresa encargada de la generación de energía nuclear en el país, “requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I -cuyo reingreso al mercado eléctrico se prevé para el año 2027- y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) -el que permitirá continuar con la operación de la Central Nuclear Atucha II-“.

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Por otra parte, deberá transferir en el plazo de 60 días el 0,01% de las acciones del capital accionario de Energía Argentina S.A. al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Y esta a su vez, deberá transferir el 1% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. al mismo organismo estatal antes de que se concrete la licitación pública de las acciones, en línea con el esquema fijado por la nueva normativa.

El Ejecutivo facultó al área que dirige Caputo como autoridad de aplicación para dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para la ejecución del proceso. En la instrumentación también participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

En la actualidad, la distribución accionaria de NA SA incluye al Ministerio de Economía, que controla el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20%, y Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el 1%. Estas últimas deberán cumplir con la operación de venta de acciones, transfiriendo sus participaciones a la Secretaría de Energía, para continuar con el proceso de licitación.

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ECONOMIA

El sueldo de las empleadas domésticas registradas en octubre 2025 según su categoría

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Las empleadas domésticas en Argentina recibirán un nuevo ajuste salarial en octubre de 2025, correspondiente al tramo final de su último acuerdo paritario. Este incremento impacta directamente en los valores por hora y mensuales de todas las categorías, incluyendo a las empleadas domésticas con más categoría y a quienes realizan tareas generales.

En su última Resolución, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió aumentos escalonados bajo el siguiente esquema: 

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  • actualización fija del 3,5% sobre los sueldos de junio,
  • aumento acumulativo del 1% en los meses de julio, agosto y septiembre, aplicable sobre las remuneraciones mínimas vigentes desde enero de 2025.
  • bono no remunerativo en julio, agosto y septiembre de 2025. 

Como empleador, es crucial conocer las nuevas escalas para garantizar la correcta liquidación de sueldos y cumplir con los requisitos de la ARCA y el régimen de trabajo registrado.

Los siguientes son todos los detalles a tener en cuenta para abonar adecuadamente el salario de las empleadas domésticas por el trabajo realizado durante septiembre. 

Escala salarial de octubre 2025 por hora y por mes

Los nuevos valores salariales de octubre 2025 se liquidan con una base de cálculo actualizada y afectan tanto a la modalidad «con retiro» (sin pernoctar) como «sin retiro».

A continuación, se detallan las escalas vigentes a partir de octubre de 2025, según la categoría, para el personal con retiro:

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Supervisor (coordinación y control de personal)

  • $3.683,21 por hora

  • $459.471,73 por mes

Personal para tareas específicas (cocineros/as, jardineros/as, etc.)

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  • $3.487,00 por hora
  • $426.875,19 por mes

Asistencia y cuidado de personas (cuidado de ancianos, enfermos o niños)

  • $3.293,99 por hora
  • $416.485,63 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina y mantenimiento del hogar)

  • $3.052,99 por hora
  • $374.541,36 por mes

Y los siguientes son los valores mínimos a pagar en octubre, por el trabajo de septiembre, al personal de casas particulares, según la categoría y sin retiro:

Supervisor 

  • $4.034,05 por hora
  • $511.800,22 por mes

Personal para tareas específicas 

  • $3.822,91 por hora
  • $475.184,56 por mes

Caseros (tareas inherentes al cuidado de una casa. No existe esta categoría con retiro)

  • $3.293,99 por hora
  • $416.485,63 por mes

Asistencia y cuidado de personas 

  • $3.683,21 por hora
  • $464.129,59 por mes

Personal para tareas generales

  • $3.293,99 por hora
  • $416.485,63 por mes

Puntos clave para la liquidación del sueldo de octubre

Al liquidar el sueldo de octubre de 2025, los empleadores deben considerar los siguientes conceptos, además del salario básico según la categoría:

1. Adicional por Antigüedad

Se debe aplicar un adicional del 1% por cada año de antigüedad de la relación laboral. Este porcentaje se calcula sobre los salarios mínimos de la categoría correspondiente para el mes de octubre.

2. Adicional por Zona Desfavorable

Se aplica un recargo del 30% sobre los salarios mínimos para el personal que preste servicios en las siguientes provincias y territorios: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

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3. Bono de septiembre

En la última paritaria del personal auxiliar de casas particulares se definió el pago de un bono no remunerativo durante los meses de julio, agosto y septiembre. El mismo está definido de acuerdo a la cantidad de horas de trabajo semanales de la empleada doméstica, bajo el siguiente esquema: 

  • Hasta 12 horas: $4.000 por mes.
  • Entre 12 y 16 horas: $6.000 en septiembre.
  • Más de 16 horas o personal sin retiro: $9.500 en septiembre.

Es fundamental recordar que la suma fija (bono) otorgada en septiembre de 2025 fue un monto no remunerativo para ese mes. Esta suma fija no se mantiene en la liquidación de octubre.

4. Pago de aportes

Además del salario de bolsillo de la empleada doméstica, los empleadores deben abonar las contribuciones y aportes patronales a través del formulario F.102/RT. Estos pagos tienen como destino la cobertura de salud de la trabajadora, los aportes jubilatorios y el seguro de riesgos de trabajo (ART).

Es crucial entender que estos montos son fijos y se determinan en función de las horas trabajadas semanalmente y la condición laboral de la empleada (Activa o Jubilada). No dependen de la categoría salarial (como Supervisor o Tareas Generales).

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Estos valores deben ser actualizados por el empleador al momento de la liquidación y se realiza dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.

Los valores previamente expresados significan los sueldos mínimos legales para las empleadas domésticas registradas debidamente. Aquellas trabajadoras y trabajadores que no tengan regularizado el vínculo laboral no tienen garantizados esos mínimos, así como otros derechos laborales tales como vacaciones pagas, cobertura de salud, licencia por enfermedad o por maternidad, entre otros. 

A la vez, muchos empleadores, reconociendo la labor de sus empleadas domésticas registradas y la baja retribución que suponen estos mínimos legales, pagan por encima de esos montos y abonan además un extra en concepto de viáticos. De esta manera, a los empleados les sigue resultando conveniente la ecuación costo-beneficio de desempeñarse en el servicios doméstico. 

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Finalmente, en octubre el personal auxiliar de casas particulares cobra el último tramo de su aumento salarial ya homologado. Se espera que en breve la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establezca nuevos valores para la remuneración de las empleadas domésticas. 



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