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ECONOMIA

Milei dejó trascender que Lavagna quería un índice de inflación más alto porque «jugaba para Massa»

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El gobierno de Javier Milei decidió escalar el conflicto por la salida de Marco Lavagna del INDEC y le dio una lectura abiertamente política al portazo del ahora ex titular del organismo. A través de voceros oficiales de la Casa Rosada, el Presidente dejó trascender que Lavagna diseñó de manera premeditada el nuevo índice de inflación erróneo para que arrojara un número más alto que el actual IPC y, de ese modo, perjudicar a Milei y «jugar políticamente para quien es su jefe político, Sergio Massa».

«Es que es asi. Lavagna es de Sergio Massa», confirmaron a iProfesional fuentes muy allegadas a Milei y al jefe del Gabinete, Manuel Adorni.

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El Gobierno habló de la salida de Marco Lavagna: «Jugaba para Massa»

No es la primera teoría conspirativa de estos días: cuando estalló el conflicto entre Milei y Techint por el precio de los caños, la semana última, el Presidente dejó trascender que su CEO, Paolo Rocca, había conspirado para destituirlo luego de la derrota libertaria de las elecciones bonaerenses de septiembre último. Milei entró en el modo «chivo expiatorio».

Según confiaron altas fuentes oficiales a iProfesional, Milei resolvió poner en el centro de la escena al ex candidato presidencial, ex ministro de Economía y actual presidente del Frente Renovador, Sergio Massa, para justificar la decisión de frenar la implementación de la nueva Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/2018), que estaba prevista para comenzar a regir con los datos de inflación de enero de 2026 y publicarse el 10 de febrero.

La acusación es directa y sin matices: en el entorno presidencial aseguran que Milei «piensa que Marco Lavagna jugaba para Massa», que «siempre jugó para Sergio Massa» y que el ex titular del INDEC sabía desde noviembre que el nuevo índice no iba a aplicarse, pero aun así insistió en anunciar públicamente que el cambio sí se realizaría.

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En rigor, el Presidente supo desde diciembre de 2023, cuando asumió la Presidencia, que Lavagna era un dirigente que respondió siempre políticamente al exintendente de Tigre, como también el propio Milei había asesorado a Massa en 2015 cuando aún era un desconocido economista.

Ademas, Lavagna siempre tuvo una relación de amistad casi familiar con dos fundadores de la Libertad Avanza que en sus orígenes también militaron con Massa: el legislador Eugenio Casielles y el ex legislador Ramiro Marra. Lavagna, Casielles y Marra son un grupo de amigos y todos ellos mantienen buenas relaciones con Massa. Los tres, ahora fueron eyectados del poder. En el principio del gobierno de Milei, por ese tema, siempre se habló de acuerdos con Massa.

En el peronismo es un secreto a voces que Massa, el ex presidente Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner impulsaron desde 2021 la candidatura a diputado de Milei y en 2023 la presidencial para dividir a los votantes de Juntos por el Cambio y permitir que el peronismo fuera reelegido con algo más del 40% de los votos. Eso por ello que Milei se enfocaba en criticar al macrismo más que a Massa, su rival presidencial, y que en sus listas había muchos dirigentes con origen en el peronismo, que además ayudó a fiscalizar las boletas de La Libertad Avanza en las urnas.

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Sin embargo, desde el entorno de Lavagna dejaron en claro que no responderán a los trascendidos del Gobierno, pese a que provienen de las fuentes más encumbradas de la Casa Rosada. Massa, por su parte, también se negó a responder consultas, aunque sus allegados aseguraron a iProfesional que «Sergio hace más de un año que no habla con Marco Lavagna, casi un año y medio», y deslizaron con ironía que sería «un jefe algo abandónico».

La nueva fórmula para calcular la inflación, en el centro de la polémica

El trasfondo del conflicto es técnico, político y económico. El Gobierno había confirmado oficialmente que el nuevo ENGHo comenzaría a aplicarse en febrero, pero las primeras mediciones internas que realizó el INDEC bajo la gestión de Lavagna arrojaron una inflación sensiblemente más alta para enero de 2026 y que se conocería el 10 de febrero: 3,4% según algunas versiones, 3,2% según otras, frente a una estimación de alrededor del 2,5% que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó el lunes en el programa de Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

«Seguramente la inflación de enero estará en torno al 2,5%, pero lo importante es que estamos haciendo todo para que converja a los valores internacionales», dijo Caputo, en una frase que terminó quedando atrapada en la interna. Porque horas después, Milei y el ministro resolvieron dar por terminado el plan de lanzar el nuevo índice, continuar con el viejo IPC y designar a Pedro Lines al frente del INDEC, en medio de un fuerte cruce con Lavagna que derivó en su salida abrupta. Seguramente la inflación esté en un 2,5%, el índice más anunciado de los últimos años.

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En la Casa Rosada insisten en que el problema no es el número en sí, sino la metodología. Sostienen que Milei considera que el ENGHo «está mal hecho desde lo técnico», incluso aunque hubiera arrojado una inflación más baja en diciembre o enero. El argumento central es que, con tarifas todavía subsidiadas y precios de servicios distorsionados, el nuevo ponderador, que le da mayor peso a los servicios, mediría mal la inflación real. «Se estaría basando en precios distorsionados», repiten cerca del Presidente.

Pero hay un dato clave que atraviesa toda la discusión y que en Balcarce 50, que desmiente a Milei, y que nadie desconoce: desde febrero comenzarán a regir fuertes subas de tarifas de gas, luz, agua, colectivos en CABA y provincia, subte, premetro, telecomunicaciones, medicina prepaga y alquileres. Todos esos aumentos tendrían un impacto mucho mayor si ya estuvieran vigentes los nuevos ponderadores del ENGHo 2017/2018, y incidirían mucho más en la canasta. La decisión de no cambiar el IPC ahora tiene, así, un motivo político y económico inmediato.

El INDEC, en el centro de la escena

La tensión entre Milei y Lavagna no es nueva. En diciembre ya se había anticipado un fuerte contrapunto con el secretario de Turismo, Daniel Scioli, cuando el INDEC publicó datos que dejaron muy mal parado al área: en noviembre ingresaron 2,7% menos turistas que el año anterior y salieron 763 mil residentes al exterior, un 15,3% más que en noviembre de 2024. El saldo fue un rojo de 226 millones de dólares para el Banco Central, un golpe directo a la estrategia de Caputo para acumular reservas.

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Scioli cuestionó la metodología de las encuestas de turismo, puso en duda los números y decidió dejar de financiar los operativos del INDEC para medir ingresos y egresos de turistas. Desde el organismo anunciaron que seguirán publicando las cifras, pero con un «esquema reducido», un eufemismo que expone el nivel de la pelea interna.

En el entorno de Massa observan con desconfianza la ofensiva oficial. «Es raro, están buscando una excusa», aseguran. Recuerdan que durante más de dos años y medio el Gobierno mantuvo a Lavagna en el cargo y lo presentaba como «un gran técnico», y cuestionan la narrativa oficial: «¿Cómo dicen ahora que es de Massa si lo dejaron tanto tiempo?». También apuntan a las contradicciones internas: «Si en noviembre decían que no iban a aplicar el nuevo ENGHo, ¿por qué Caputo dijo el lunes a la mañana que sí y se corrigió al mediodía?».

La salida de Lavagna dejó algo más que una silla vacía en el INDEC. Generó ruido en los mercados, inquietud entre los operadores económicos y reavivó la discusión sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales. El índice de inflación no es solo un número: define contratos financieros, impacta en el tipo de cambio, condiciona las paritarias y ordena expectativas. Por eso, detrás de la acusación política y la disputa técnica, lo que quedó expuesto es una interna de poder en el corazón del programa económico de Milei. Y una pregunta que sigue abierta: si el problema era técnico desde noviembre, ¿por qué estalló recién ahora? Por ahora, las culpas recaen en un viejo aliado de Milei: Sergio Massa.

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ECONOMIA

«Oportunidad sin precedentes»: el Gobierno enviará al Congreso el acuerdo comercial con EE.UU.

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El Gobierno confirmó este jueves la firma del aceurdo comercial con Estados Unidos. Lo hizo primero mediante un tuit del canciller Pablo Quirno, y luego con un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, en el que ratificó que el acuerdo consolida «una relación estratégica entre ambos países».

También adelantó que el acuerdo será remitido al Congreso, para su tratamiento. Por el momento, no dio más detalles de los puntos que se incluyen en el entendimiento y solo se conocen los lineamientos marco que había difundido en noviembre la Casa Blanca.

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El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo comercial con Estados Unidos

«La Oficina del Presidente informa que la República Argentina y los Estados Unidos de América han firmado el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos que consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial», señala el texto.

El comunicado firmado por Javier Milei sobre el acuerdo comercial con EE.UU.

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«El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología. Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación», agregó.

Y detalló: «La firma de este acuerdo, conseguido gracias a la visión aperturista y de integración regional del Presidente Javier G. Milei, y a su excelente relación con el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, es un pilar más que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental».

«Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño», agregó.

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Y concluyó: «El acuerdo será remitido al Honorable Congreso de la Nación para su correspondiente tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes».

Las claves del acuerdo comercial con Estados Unidos

Si bien todavía no se conocen los detalles del acuerdo, puede servir para anlizar el alcance del mismo el comunicado emitido por la Casa Blanca en noviembre, que enmarcó el entendimiento dentro de una «alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos». El acuerdo fue impulsado por las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, y abarca una serie de compromisos considerados clave para el vínculo comercial.

Según el texto del acuerdo marco, el entendimiento incluye varios ejes centrales, como la reducción de aranceles para industrias estratégicas, el alineamiento de estándares regulatorios, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso explícito para promover un comercio recíproco y equilibrado. Todos estos puntos, subraya el documento, están orientados a «impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente».

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Aranceles y acceso a mercados

Uno de los pilares del acuerdo es la apertura recíproca de mercados para productos considerados sensibles. En ese marco, la Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

A cambio, Estados Unidos se comprometió a eliminar aranceles recíprocos sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente y sobre artículos no patentados para uso farmacéutico. Además, ambos países acordaron mejorar las condiciones de acceso bilateral para la carne vacuna, uno de los puntos históricamente más sensibles del comercio agroindustrial.

Propiedad intelectual

En materia de propiedad intelectual, la Argentina asumió el compromiso de reforzar la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluyendo el entorno digital, y de armonizar su régimen con los estándares internacionales vigentes. El objetivo es brindar mayor previsibilidad y protección a las inversiones vinculadas a innovación y desarrollo tecnológico.

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Mercado agrícola

El borrador inicial del acuerdo también pone el foco en el comercio agroalimentario. Allí se destaca que la Argentina abrió su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se comprometió a permitir el acceso de aves de corral de ese país en el plazo de un año y acordó no restringir el uso de determinadas denominaciones para quesos y carnes.

Asimismo, se avanzará en la simplificación de los procesos de registro para carne vacuna, productos cárnicos, vísceras y productos porcinos de Estados Unidos, y no se exigirá el registro de instalaciones para la importación de lácteos estadounidenses. Ambos gobiernos también trabajarán en conjunto para reducir barreras no arancelarias que afectan el comercio de alimentos.

Trabajo y medio ambiente

En el plano laboral, la Argentina se comprometió a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, además de reforzar la aplicación de la legislación laboral vigente.

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En cuanto al medio ambiente, el acuerdo establece compromisos para combatir la tala ilegal, fomentar una economía más eficiente en el uso de recursos, incluidos los minerales críticos, y aplicar plenamente las obligaciones del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca.

Seguridad económica y subsidios

El entendimiento también incorpora un capítulo de seguridad económica, mediante el cual ambos países se alinean para enfrentar prácticas no mercantiles de terceros países y armonizar criterios en control de exportaciones, seguridad de inversiones y evasión arancelaria.

Alineación en seguridad económica

Argentina mejorará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas de otros países que no se basen en el mercado. Los dos países también se han comprometido a identificar herramientas para alinear enfoques sobre controles de exportación, seguridad de inversiones, evasión de derechos y otros temas importantes.

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Consideraciones y oportunidades comerciales

Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio en minerales críticos. Los dos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio global de soja.

Enfrentando empresas estatales y subsidios

Argentina se ha comprometido a abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales y a tratar subsidios industriales que puedan tener impacto en la relación comercial bilateral.

Comercio digital

Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a Estados Unidos como una jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos datos personales; y absteniéndose de discriminar servicios o productos digitales estadounidenses. Argentina también tiene la intención de reconocer como válidas, bajo su ley, firmas electrónicas que sean válidas según la ley estadounidense.

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En conjunto, el acuerdo busca sentar las bases para una nueva etapa en el vínculo económico entre la Argentina y Estados Unidos, con impacto potencial en sectores clave como la industria, el agro, la energía y los minerales críticos, un área donde ambos países ya vienen profundizando su cooperación estratégica.

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ECONOMIA

Fuerte caída de acciones y rebote del riesgo país: ¿puro impacto internacional o hay algo más?

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Las acciones argentinas en Wall Street experimentaron caídas de hasta 7%.

Las acciones argentinas sufrieron ayer un duro golpe, siendo las del sector bancario las más afectadas por lejos. Las caídas de los ADR en Wall Street oscilaron entre 6% y 7%, mientras que el riesgo país rebotó 3,4% hasta niveles de 517 puntos básicos. Se trató de una jornada muy negativa para los mercados, y especialmente para Bitcoin, pero quedó la sensación que los papeles locales sufrieron de manera exagerada.

Desde temprano fue una jornada negativa para el mercado internacional y todos los índices se mantuvieron operando en baja durante toda la jornada. Amagaron una tenue recuperación sobre la mitad de la jornada, pero luego siguieron cayendo. Al final, el índice S&P 500 perdió poco más de 1% y el Nasdaq cayó 1,2%.

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Sin embargo, Bitcoin se derrumbó otro 10% para ubicarse en USD 66.000, un valor que no se veía desde antes de la asunción de Donald Trump hace un año y medio.

En medio de fuertes tomas de ganancias a nivel global, que afectaron incluso a muchas empresas tecnológicas, las bolsas latinoamericanas resistieron bastante bien. El índice Bovespa, por ejemplo, subió 0,64% y el mercado chileno finalizó con una pérdida de 1,5%. El S&P Merval cayó 2,3%, pero fueron más golpeados los papeles que también cotizan en Nueva York.

Un informe de Puente indicó que “los bonos soberanos de Argentina han caído sistemáticamente durante toda la semana. Sin embargo, vienen corrigiendo desde máximos históricos. Y por otro lado, el contexto internacional no ha sido favorable, en particular en el mercado de acciones”. El reporte agregó además que “si bien los mercados emergentes aguantaron relativamente bien este impacto, los más comparable a Argentina, como Ecuador, sufrieron más. Esto sugiere que no es un factor idiosincrático”.

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Tratándose de un mercado volátil, es razonable pensar que algunos inversores decidieron alejarse del riesgo y salieron a desprenderse de activos argentinos en las carteras. Por otra parte, las acciones argentinas tuvieron un gran arranque del año, con muchos papeles subiendo cerca del 20% en dólares en poco más de un mes.

La buena noticia dentro de las caídas es que el dólar no se inmutó e incluso cerró con una baja leve a 1.460 pesos. El Banco Central siguió comprando y ayer levantó USD 126 millones, llevando las reservas a 44.750 millones de dólares. No queda claro si hubo algún impacto sobre las acciones y los bonos por las ideas y vueltas en relación a lo sucedido esta semana alrededor del Indec.

Algunos recordaban que el deterioro de los bonos argentinos y la suba del riesgo país del kirchnerismo sucedió a partir de febrero de 2007, justamente cuando arrancó la intervención del organismo para manipular el dato de inflación. Esa dinámica comenzó con la estadística de enero de ese año y no se interrumpió hasta el final del segundo mandato de Cristina Kirchner, en diciembre de 2015.

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Al ser consultado esta semana por el efecto en los mercados por la decisión de no publicar el nuevo índice, el ministro de Economía prefirió desestimarlo. “Los bonos que ajustan por CER no se vieron impactados”, aseguró Luis “Toto” Caputo, quien al mismo tiempo se preocupó por abrir el paraguas ante la posibilidad de alguna demanda: “No teníamos ninguna obligación y no estaba escrito en ningún lado que teníamos que cambiar ahora la forma de medición”.

Los mercados estarán atentos ahora a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ayer desembarcó en Buenos Aires. Y seguramente también a la evolución del programa económico. Por un lado es buena noticia que continúa la compra de dólares del Central. Pero juega en contra el nivel de actividad, que no termina de levantar vuelo y la inflación que se resiste a bajar. Según la consultora LCG, en la primera semana de febrero el rubro alimentos y bebidas sufrió un fuerte salto en los precios de 2,5%, lo que augura un febrero complicado para el futuro índice.

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ECONOMIA

Milei posterga la privatización de autopistas y 14 empresas buscan controlar peajes

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Ante los pedidos de más tiempo para poder afinar los números que plantearon las constructoras que hasta ahora han mostrado interés en el negocio, la administración de Javier Milei resolvió extender hasta la última semana de febrero el plazo fijado para la recepción de ofertas por las concesiones viales con peajes de los tramos «Sur-Atlántico-Acceso Sur» y «Pampa».

Los dos tramos que integran la segunda etapa de la privatización vial de la gestión libertaria tenían agendada la presentación de ofertas para este viernes. Pero ante la complejidad técnica que implica el armado de las propuestas y la posibilidad de alcanzar una fuerte competencia entre las empresas interesadas, la fecha de entrega de las ofertas se pasó para el 23 de febrero.

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El Gobierno posterga la privatización de autopistas: qué tramos están en juego

El paquete vial que el Gobierno busca transferir a manos privadas, tras haber adjudicado las dos primeras concesiones de la autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria, engloba los siguientes trayectos y rutas:

  • Tramo «Sur-Atlántico-Acceso Sur»: comprende 1.325 kilómetros de la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.
  • Tramo «Pampa»: abarca 546 kilómetros de la RN 5 que va desde Luján hasta Santa Rosa, la capital provincial pampeana.

Las concesiones en juego despertaron, hasta ahora, el interés de unas 14 constructoras y empresas de ingeniería que están negociando la conformación de distintas sociedades para presentar ofertas.

En la lista de las que hicieron consultas a Vialidad y que se perfilan como posibles oferentes se encuentran las empresas Green, Vial Agro, Fontana Nicastro, Panedile, Supercemento, Roggio y Chediack.  

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El ‘Tramo Pampa’ es uno de los que el Gobierno busca pasar a manos privadas.

A ellas se agregan las firmas Concret Nor, Coarco, Paolini, Posse, JCR, Rovella Carranza y Helport.

Al igual que las dos primeras concesiones, se mantiene el sistema de doble sobre para la presentación de ofertas. En el Sobre 1, las empresas deberán acreditar antecedentes técnicos y financieros y presentar las garantías requeridas. En el Sobre 2, cotizarán la tarifa de peaje que quieren cobrar para ejecutar las obras y obtener ganancias. El peaje solicitado no podrá superar los «valores topes» que establecieron los pliegos para las rutas de cada tramo.

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En dos tramos que salieron a licitación funcionan actualmente 10 estaciones de cobro de peaje y cuando pasen a manos privadas se agregarán otras 10 cabinas más.

Más cabinas y peajes topes

Los «valores topes de peaje» para cada cabina de cobro que establecieron los funcionarios de Vialidad Nacional contienen aumentos que van de 54% al 215% con respecto a las tarifas actuales que está cobrando la concesionaria estatal Corredores Viales.

Inicialmente estaba previsto licitar los tramos Acceso Sur–Atlántico–Sur por separado, pero para hacer más atractivo el negocio se decidió fusionarlos en un solo bloque.

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En el subtramo «Acceso Sur» –que abarca 50 kilómetros de la autopista Riccheri–Ezeiza– seguirán habilitadas las dos estaciones troncales de peaje ubicadas cerca del Mercado Central y Tristán Suárez. En este caso, la tarifa tope de peaje para un auto asciende a $ 2.000 en cada cabina frente al valor actual de $1.300.

Para el subtramo «Sur», de 870 kilómetros de las RN 3 y 205, los pliegos establecieron que, a las dos estaciones troncales actuales (Uribelarrea y Cañuelas), se sumarán siete nuevas en Saladillo, Unzué, Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Dorrego. En ambas rutas y en cada cabina, la tarifa tope de peaje alcanza a $4.000 frente al actual peaje de $ 1.300.

En subtramo «Atlántico» –que abarca 404 kilómetros de la RN 226 entre Mar del Plata y Bolívar—, a las tres estaciones de peaje actuales ubicadas en El Dorado, Vasconia e Hinojo se le agregará una nueva en Vallimanca. Acá también el valor tope de peaje es de $ 4.000.

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En tanto, en el tramo «Pampa» de la RN 5 habrá dos nuevas estaciones en Gorostiaga y Lonquimay que se añadirán las actuales que se encuentran localizadas en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen. Actualmente la tarifa para autos en cada estación es de $ 1.300 y el peaje tope que prevé la licitación es de $ 4.100 en cada barrera de peaje.

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Son 14 las empresas que buscan controlar distintos tramos de autopistas claves.

Doble tarifa y obras mínimas para las empresas

Los nuevos concesiones deberán convertir las cabinas actuales de cobro en efectivo en «vías mixtas» para pagos en forma manual y automática. Para los usuarios que no tengan TelePase, la tarifa de peaje pasará a ser el doble.

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En los dos tramos que abarcan casi 1.900 kilómetros, solo se prevén obras de ampliación y transformación de rutas en autopistas en unos 70 kilómetros a lo largo de las dos décadas que durarán las concesiones.

En la RN 3, una de las obras más significativas será la autopista desde Gorchs a Las Flores que se construirá recién a partir del sexto año de la concesión. También figuran en los pliegos la repavimentación del tramo Cañuelas – San Miguel del Monte, la adecuación de la intersección con la ruta provincial 41, la construcción de rotondas y pasarelas peatonales.

En la RN 205, se prevé hacer autopista el tramo Cañuelas – Lobos, junto con la pavimentación de colectoras, recambios de luminarias y rotondas en el sector urbano de Saladillo.

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En RN 226 lo más destacado que deberá ejecutar el nuevo concesionario es la instalación de una pasarela peatonal en Sierra de los Padres; la construcción de una colectora entre los kilómetros 163 y 164,1 y semaforización de un sector urbano de Tandil a partir del segundo año de la concesión.

En tanto, en la RN 5 el único tramo de autopista que se agregará es el que va de Mercedes a Suipacha, cuya construcción está a cargo de Vialidad Nacional. El contrato inicial del futuro concesionario privado solo contempla obras repavimentación y mantenimiento sin nuevos tramos de autopista.

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