El Gobierno confirmó este jueves la firma del aceurdo comercial con Estados Unidos. Lo hizo primero mediante un tuit del canciller Pablo Quirno, y luego con un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, en el que ratificó que el acuerdo consolida «una relación estratégica entre ambos países».

También adelantó que el acuerdo será remitido al Congreso, para su tratamiento. Por el momento, no dio más detalles de los puntos que se incluyen en el entendimiento y solo se conocen los lineamientos marco que había difundido en noviembre la Casa Blanca.

El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo comercial con Estados Unidos

«La Oficina del Presidente informa que la República Argentina y los Estados Unidos de América han firmado el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos que consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial», señala el texto.

«El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología. Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación», agregó.

Y detalló: «La firma de este acuerdo, conseguido gracias a la visión aperturista y de integración regional del Presidente Javier G. Milei, y a su excelente relación con el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, es un pilar más que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental».

«Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño», agregó.

Y concluyó: «El acuerdo será remitido al Honorable Congreso de la Nación para su correspondiente tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes».

Las claves del acuerdo comercial con Estados Unidos

Si bien todavía no se conocen los detalles del acuerdo, puede servir para anlizar el alcance del mismo el comunicado emitido por la Casa Blanca en noviembre, que enmarcó el entendimiento dentro de una «alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos». El acuerdo fue impulsado por las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, y abarca una serie de compromisos considerados clave para el vínculo comercial.

Según el texto del acuerdo marco, el entendimiento incluye varios ejes centrales, como la reducción de aranceles para industrias estratégicas, el alineamiento de estándares regulatorios, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso explícito para promover un comercio recíproco y equilibrado. Todos estos puntos, subraya el documento, están orientados a «impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente».

Aranceles y acceso a mercados

Uno de los pilares del acuerdo es la apertura recíproca de mercados para productos considerados sensibles. En ese marco, la Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

A cambio, Estados Unidos se comprometió a eliminar aranceles recíprocos sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente y sobre artículos no patentados para uso farmacéutico. Además, ambos países acordaron mejorar las condiciones de acceso bilateral para la carne vacuna, uno de los puntos históricamente más sensibles del comercio agroindustrial.

Propiedad intelectual

En materia de propiedad intelectual, la Argentina asumió el compromiso de reforzar la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluyendo el entorno digital, y de armonizar su régimen con los estándares internacionales vigentes. El objetivo es brindar mayor previsibilidad y protección a las inversiones vinculadas a innovación y desarrollo tecnológico.

Mercado agrícola

El borrador inicial del acuerdo también pone el foco en el comercio agroalimentario. Allí se destaca que la Argentina abrió su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se comprometió a permitir el acceso de aves de corral de ese país en el plazo de un año y acordó no restringir el uso de determinadas denominaciones para quesos y carnes.

Asimismo, se avanzará en la simplificación de los procesos de registro para carne vacuna, productos cárnicos, vísceras y productos porcinos de Estados Unidos, y no se exigirá el registro de instalaciones para la importación de lácteos estadounidenses. Ambos gobiernos también trabajarán en conjunto para reducir barreras no arancelarias que afectan el comercio de alimentos.

Trabajo y medio ambiente

En el plano laboral, la Argentina se comprometió a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, además de reforzar la aplicación de la legislación laboral vigente.

En cuanto al medio ambiente, el acuerdo establece compromisos para combatir la tala ilegal, fomentar una economía más eficiente en el uso de recursos, incluidos los minerales críticos, y aplicar plenamente las obligaciones del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca.

Seguridad económica y subsidios

El entendimiento también incorpora un capítulo de seguridad económica, mediante el cual ambos países se alinean para enfrentar prácticas no mercantiles de terceros países y armonizar criterios en control de exportaciones, seguridad de inversiones y evasión arancelaria.

Alineación en seguridad económica

Argentina mejorará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas de otros países que no se basen en el mercado. Los dos países también se han comprometido a identificar herramientas para alinear enfoques sobre controles de exportación, seguridad de inversiones, evasión de derechos y otros temas importantes.

Consideraciones y oportunidades comerciales

Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio en minerales críticos. Los dos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio global de soja.

Enfrentando empresas estatales y subsidios

Argentina se ha comprometido a abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales y a tratar subsidios industriales que puedan tener impacto en la relación comercial bilateral.

Comercio digital

Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a Estados Unidos como una jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos datos personales; y absteniéndose de discriminar servicios o productos digitales estadounidenses. Argentina también tiene la intención de reconocer como válidas, bajo su ley, firmas electrónicas que sean válidas según la ley estadounidense.

En conjunto, el acuerdo busca sentar las bases para una nueva etapa en el vínculo económico entre la Argentina y Estados Unidos, con impacto potencial en sectores clave como la industria, el agro, la energía y los minerales críticos, un área donde ambos países ya vienen profundizando su cooperación estratégica.

Las acciones argentinas sufrieron ayer un duro golpe, siendo las del sector bancario las más afectadas por lejos. Las caídas de los ADR en Wall Street oscilaron entre 6% y 7%, mientras que el riesgo país rebotó 3,4% hasta niveles de 517 puntos básicos. Se trató de una jornada muy negativa para los mercados, y especialmente para Bitcoin, pero quedó la sensación que los papeles locales sufrieron de manera exagerada.

Desde temprano fue una jornada negativa para el mercado internacional y todos los índices se mantuvieron operando en baja durante toda la jornada. Amagaron una tenue recuperación sobre la mitad de la jornada, pero luego siguieron cayendo. Al final, el índice S&P 500 perdió poco más de 1% y el Nasdaq cayó 1,2%.

Sin embargo, Bitcoin se derrumbó otro 10% para ubicarse en USD 66.000, un valor que no se veía desde antes de la asunción de Donald Trump hace un año y medio.

En medio de fuertes tomas de ganancias a nivel global, que afectaron incluso a muchas empresas tecnológicas, las bolsas latinoamericanas resistieron bastante bien. El índice Bovespa, por ejemplo, subió 0,64% y el mercado chileno finalizó con una pérdida de 1,5%. El S&P Merval cayó 2,3%, pero fueron más golpeados los papeles que también cotizan en Nueva York.

Un informe de Puente indicó que “los bonos soberanos de Argentina han caído sistemáticamente durante toda la semana. Sin embargo, vienen corrigiendo desde máximos históricos. Y por otro lado, el contexto internacional no ha sido favorable, en particular en el mercado de acciones”. El reporte agregó además que “si bien los mercados emergentes aguantaron relativamente bien este impacto, los más comparable a Argentina, como Ecuador, sufrieron más. Esto sugiere que no es un factor idiosincrático”.

Tratándose de un mercado volátil, es razonable pensar que algunos inversores decidieron alejarse del riesgo y salieron a desprenderse de activos argentinos en las carteras. Por otra parte, las acciones argentinas tuvieron un gran arranque del año, con muchos papeles subiendo cerca del 20% en dólares en poco más de un mes.

La buena noticia dentro de las caídas es que el dólar no se inmutó e incluso cerró con una baja leve a 1.460 pesos. El Banco Central siguió comprando y ayer levantó USD 126 millones, llevando las reservas a 44.750 millones de dólares. No queda claro si hubo algún impacto sobre las acciones y los bonos por las ideas y vueltas en relación a lo sucedido esta semana alrededor del Indec.

Algunos recordaban que el deterioro de los bonos argentinos y la suba del riesgo país del kirchnerismo sucedió a partir de febrero de 2007, justamente cuando arrancó la intervención del organismo para manipular el dato de inflación. Esa dinámica comenzó con la estadística de enero de ese año y no se interrumpió hasta el final del segundo mandato de Cristina Kirchner, en diciembre de 2015.

Al ser consultado esta semana por el efecto en los mercados por la decisión de no publicar el nuevo índice, el ministro de Economía prefirió desestimarlo. “Los bonos que ajustan por CER no se vieron impactados”, aseguró Luis “Toto” Caputo, quien al mismo tiempo se preocupó por abrir el paraguas ante la posibilidad de alguna demanda: “No teníamos ninguna obligación y no estaba escrito en ningún lado que teníamos que cambiar ahora la forma de medición”.

Los mercados estarán atentos ahora a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ayer desembarcó en Buenos Aires. Y seguramente también a la evolución del programa económico. Por un lado es buena noticia que continúa la compra de dólares del Central. Pero juega en contra el nivel de actividad, que no termina de levantar vuelo y la inflación que se resiste a bajar. Según la consultora LCG, en la primera semana de febrero el rubro alimentos y bebidas sufrió un fuerte salto en los precios de 2,5%, lo que augura un febrero complicado para el futuro índice.

Luego de la suspensión del encuentro de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno impulsa que el Senado debata el proyecto de reforma laboral el próximo miércoles 11 de febrero. El texto propone cambios para incentivar la contratación formal. Aunque no todos los artículos introducen medidas nuevas, varios buscan otorgar respaldo legal a prácticas ya instaladas en el mercado laboral argentino, que, según especialistas en derecho laboral, representan un “ahorro futuro” para las empresas.

Con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, en diversas provincias, el oficialismo logró el respaldo general de varios gobernadores al proyecto. El principal punto de conflicto es la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades que impacta en la coparticipación. Si bien existen alternativas para superar este obstáculo —como supeditar el cambio a la evolución de la actividad—, aún resta definir cómo se resolverá.

Hasta ahora no se observa un debate significativo entre la administración central y las provincias aliadas en torno al contenido de la reforma, su efecto sobre las empresas o los incentivos para la contratación de personal. Es que varios artículos no crean figuras nuevas, sino que buscan dar respaldo legal a prácticas ya vigentes, lo que, según especialistas, permitirá reducir los costos empresariales.

“Legalizar prácticas habituales en las empresas representa un aporte relevante y una ventaja económica, porque si algo no está legalizado existe un riesgo ante un accidente cubierto por la ART o durante una inspección”, señaló la abogada laboralista Silvina Scarimbolo.

La especialista indicó que muchos pequeños empresarios la consultan sobre los cambios concretos de la reforma, ya que mecanismos como el “banco de horas” o el fraccionamiento de las vacaciones ya se aplican en la práctica. “Muchos desconocen los riesgos que enfrentan por mantener prácticas, incluso acordadas con los trabajadores, que carecen de respaldo legal en caso de accidente, inspección o juicio laboral”, añadió en diálogo con Infobae. Es que si bien en la diaria varias firmas permiten que sus empleados dividan las vacaciones, lo hacen en contra de la ley, que establece un mínimo de 14 días corridos.

A la vez, Scarimbolo subrayó que la reforma laboral incorpora la opción de que empleado y empleador acuerden —o este último disponga de forma unilateral— componentes retributivos adicionales, ya sean transitorios, fijos o variables, que podrán otorgarse por un período determinado sin transformarse en derecho adquirido. “Este cambio permite premiar el desempeño y que las empresas mejoren su productividad”, añadió. Aunque ya es una práctica frecuente en Argentina, hoy no tiene marco legal y puede acarrear riesgos.

Entre los puntos más relevantes, la experta destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que prevé un aporte del 3% de la nómina salarial de las empresas para cubrir futuras indemnizaciones. “Es un cambio sustancial para muchas pequeñas empresas porque les dará mayor seguridad para afrontar indemnizaciones laborales. También beneficia a los trabajadores, que tendrán mayor certeza de cobro”, afirmó.

De aprobarse el proyecto, se implementará una contribución especial del 3% sobre la nómina salarial, destinada a un fondo administrado por una entidad cuya creación y regulación dependerá de la Comisión Nacional de Valores (CNV). “De algún modo, se obliga al empleador a generar un fondo de previsión para despidos”, indicó el abogado especialista en relaciones de trabajo, Pablo Mastromarino.

Y aclaró que la medida no representará un costo adicional para las empresas, ya que las cargas sociales se reducirán en igual proporción. «El costo será el mismo, pero si se aprueba la reforma, las empresas podrán destinar ese monto al pago de indemnizaciones, cuando antes era percibido por el Estado“, señaló.

Otra iniciativa relevante es el “blanqueo de trabajadores”, que prevé como incentivo para el empleador una reducción significativa de las contribuciones patronales. Las destinadas al SIPA, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares quedarán en 2%, mientras que las correspondientes al PAMI se ubicarán en 3 por ciento. “El objetivo es que las empresas, especialmente las pymes, que concentran la mayor parte del empleo informal, regularicen a sus trabajadores”, explicó Mastromarino.

Uno de los cambios más destacados de la reforma es la definición de los conceptos que se deberán considerar para calcular las indemnizaciones. “En la actualidad, según la provincia y la interpretación de la Suprema Corte local, ciertos conceptos pueden incluirse o no. El proyecto también establece que los intereses judiciales se calcularán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. Se fija así un criterio nacional, lo que implica una modificación”, detalló Silvina Scarimbolo. Además, resaltó que si la reforma se aprueba en el Congreso, dejará de existir la obligación de preaviso en el contrato de prueba de los trabajadores, eliminando un costo laboral para las empresas.

En el título 23, la reforma introduce modificaciones fiscales como un mecanismo indirecto para impulsar la contratación privada, reduciendo la carga del Estado sobre el sector privado. Entre ellos, sobresale el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), reclamado hace tiempo por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Sin embargo, la contadora Elizabeth Piacentini advirtió que “los umbrales son elevados, ya que el monto mínimo de inversión para acceder a los beneficios es de USD 150.000”. Piacentini participó en las reuniones entre cámaras empresarias y el Gobierno, donde se propuso disminuir ese piso a 50.000 dólares. El acceso al RIMI permite deducir un porcentaje mayor en el impuesto a las Ganancias y recuperar el IVA, aunque estas ventajas solo aplican si la inversión alcanza al menos los 150.000 dólares.

“Invertir en bienes, obras de infraestructura o en el sector agropecuario, como vallas antigranizo o sistemas de riego, implica adquirir bienes de uso que, según la ley, deben amortizarse al 10%. El RIMI permite amortizarlos por completo en un año, según el tipo de bien. Así, pueden computarse como gasto. Algunos bienes se amortizan en dos años o en un lapso apenas mayor, pero el régimen otorga esa facilidad”, explicó Piacentini.

Cabe destacar que estas no son la únicas reducciones impositiva previstas. Además de la baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades, la reforma contempla una disminución de los impuestos internos sobre los seguros, la telefonía celular y los automóviles, así como también sobre bienes suntuarios como el oro y las embarcaciones. Estas modificaciones han generado cuestionamientos.