La pregunta tras el anuncio del presupuesto «benigno» que anunció Javier Milei es inevitable: si los hipersensibles rubros de jubilaciones, salud pública, pensiones por discapacidad, educación pública y universidades tendrán mejoras reales en sus partidas, ¿quién pagará la cuenta?

Por que si algo dejó en claro el presidente es que su promesa de que «lo peor ya pasó» debe ser entendida dentro del marco de inflexibilidad absoluta sobre la disciplina fiscal. Y, en su repaso del esfuerzo hecho en la primera mitad de su gestión, Milei subrayó el hecho de que se hizo un recorte del gasto de tal magnitud que, por primera vez en años, ha sido menor la erogación del gobierno central que la de las provincias.

Y, además, destacó el hecho de que eso ocurrió simultáneamente con un alivio de la presión tributaria sobre el sector privado.

En otras palabras, se puede leer en las entrelíneas del discurso presidencial que no ve mucho margen para bajar impuestos el año próximo, aun cuando enunció un optimista pronóstico de crecimiento de la economía en torno de 7% -algo que va en contra del pesimismo generalizado del mercado, que está recalculando a la baja la proyección inicial de 5% en el PBI de 2025-.

De hecho, la recaudación impositiva de los últimos meses ha venido marcando un progresivo deterioro, al punto que los últimos meses ya registran una variación negativa respecto del año pasado.

Milei no estableció un objetivo de superávit primario, pero dijo que tiene que ser lo suficientemente alto como para financiar el pago de intereses por la deuda. En un contexto de tasas de interés altas, esto significa que posiblemente esté pensando en un superávit primario mayor al de este año, que será de 2,2% del PBI.

¿Cuánto pesan las mejoras anunciadas por Milei en el presupuesto? La parte más pesada es la de las jubilaciones, que representa, por lejos, el rubro con mayor incidencia -en lo que va de este año, fue el 39% del gasto primario corriente-. Esto implica que, aunque todo el resto de los rubros se mantenga incambiado en términos reales, sólo por el impacto de la partida jubilatoria, el presupuesto total se incrementaría un 1,9% por encima de la inflación.

El resto de los rubros mencionados por Milei tienen, en conjunto, una incidencia aproximada de 5% en todo el presupuesto, por lo que su incremento sumará medio punto en términos reales sobre el gasto.

Esperando la motosierra compensatoria

Pero, teniendo en cuenta que Milei quiere asegurarse un robusto superávit primario, será inexorable que otras áreas de la administración tengan recortes que compensen por estos gastos.

El texto dado a conocer en la noche del lunes prevé que el 2026 terminará con un resultado positivo en el plano financiero por un monto de $2,7 billones.

Hay algunos rubros no mencionados por el Presidente que, desde hace tiempo, son mencionados como candidatos a la «motosierra». Uno de ellos es el rubro de asistencia social, que hoy totaliza un 14% del gasto primario -sumando todos los programas sociales y sin contar el presupuesto del PAMI-.

Ya hubo una insinuación clara de parte del Fondo Monetario Internacional en cuanto a «mejorar la eficiencia» de esa asistencia, asegurándose que llegue únicamente a beneficiarios en situación de necesidad. Esto podría implicar, como ya se ha hecho en el pasado, un recuento de la nómina, que traiga como consecuencia un menor nivel de gasto.

El otro gran candidato al recorte es el de los subsidios a los servicios públicos, que aunque este año ha sufrido un recorte de 26% en el rubro de la energía, todavía representa una porción sustancial del gasto público, con casi un 10% de participación.

Y, finalmente, hay otro rubro del que el Gobierno habla poco, pero que tiene también alta incidencia sobre el presupuesto: la masa salarial de los empleados públicos -excluye a los provinciales y municipales- que representa un 15% del gasto corriente.

Ha sido, históricamente, una de las variables de ajuste en momentos de restricción fiscal. Generalmente, el método para ese ahorro supone una subestimación de la inflación real, de manera que las paritarias se manejen en línea con las proyecciones oficiales pero impliquen un ahorro real a la hora de las erogaciones.

En cambio, no parece viable que, por tercer año consecutivo, el presidente tense la relación con las provincias. De hecho, el envío de fondos en la víspera del discurso en cadena da la pauta de que se ve como inevitable una negociación con los gobernadores, que implicará una mayor generosidad con la billetera fiscal.

Un mensaje que «suaviza» el ajuste

El anuncio de Milei no ha dejado, en realidad, grandes sorpresas. Se presumía que, tras su dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, y con encuestas en las que el 50% de la población manifiesta su malestar por el bajo nivel adquisitivo del salario y la inestabilidad laboral, el presidente intentaría un mensaje optimista.

A seis semanas de las elecciones, no parecía prudente mencionar la motosierra ni hacer alusiones a la casta, sino al futuro venturoso que prometen los recursos naturales del país y la llegada de inversiones externas.

La apuesta de Milei es que, a la hora de votar, se mantenga lo que en el gobierno consideran una de sus grandes «victorias culturales»: el hecho de que una mayoría de la población reconoce la existencia de un vínculo directo entre la inflación y el déficit fiscal financiado con emisión monetaria.

Por eso, mantuvo la argumentación central, pero cuidándose de que la oposición no pueda seguir acusando al gobierno de «crueldad» ni de que el equilibrio fiscal se consiguió a expensas de una caída en el ingreso de los jubilados.

¿Será suficiente este enunciado para que Milei revierta el malestar político y financiero? La primera parte está todavía en disputa, y dependerá de cómo se maneje oficialismo y oposición en el debate parlamentario. En su anuncio, Milei no volvió a acusar a los legisladores opositores de «degenerados fiscales», pero también dejó en claro que no cambiará su tesitura de mantener «blindado» el equilibrio de las cuentas por la vía de tipificar como delito la aprobación de gastos sin recursos genuinos.

En cambio, el mercado financiero se ha mostrado mucho menos tolerante, lo cual se refleja en el desplome de los bonos de deuda soberana, que cotizan a precios de default, mientras el índice de riesgo país se aproxima a 1.200 puntos.

Los temores del mercado

Las primeras reacciones entre los inversores fueron de cierta desilusión por la falta de anuncios en otras áreas de la política económica, como el esquema cambiario y las tasas de interés que hacen prohibitivo el crédito.

Tampoco hubo, como se había especulado en la previa, un anuncio sobre que, junto con el presupuesto, se enviarían textos de reforma tributaria y de legislación laboral, dos reformas de fondo para lo cual se necesita amplias mayorías en el Congreso.

En todo caso, ya esas expectativas no cumplidas se verán reflejadas en la presión sobre el dólar y en las valuaciones de los títulos de deuda soberana. En el mercado hay un público receptivo a los discursos de austeridad fiscal, pero hay escepticismo respecto de que, a la hora de cancelar los vencimientos de deuda, el Tesoro cuente con los «colchones de pesos» que los funcionarios habían prometido.

Más bien al contrario, el temor que está creciendo es que se deba usar los dólares de las reservas del Banco Central -prestados por el FMI-, lo cual implicará una menor porción de divisas para respaldar el exigente calendario de pagos -u$s18.000 millones en 2026-. Y, en el peor de los casos, si la holgura fiscal es menor a la esperada, se teme una expansión monetaria por alguna financiación indirecta del BCRA hacia el Tesoro.