ECONOMIA
Milei y Caputo vuelven a subir las retenciones a la soja y el maíz y ganan enemigos en el campo
Hoy, lunes 30 de junio, es el último día para que el sector exportador de productos agroindustriales liquide a un precio promocional: soja, maíz, girasol y sorgo (y sus subproductos) tributan por última vez con una alícuota reducida de derechos de exportación.
En otras palabras, el gobierno Nacional sube las retenciones al agro. El mecanismo recaudatorio es en realidad aplicado sobre los exportadores, quienes trasladan ese costo fiscal a los productores a la hora de comprar los granos. En este proceso, quienes pierden son los productores, que reciben un precio muy menor al que deberían, y parte de ese ingreso va a las arcas del Estado. Además, lo que reciben lo reciben en pesos, a diferencia de otros rubros de la economía que pueden facturar en dólares.
Desde mañana martes 1° de julio, las exportaciones de soja pasarán a tributar 33% en lugar de 26%, las de maíz y sorgo 12% en reemplazo del 9,5% actual, y el girasol aportará un 7% contra el 5,5% actual.
El sector agropecuario en general mantuvo las esperanzas de evitar esto hasta último momento, y aguardó un anuncio oficial al respecto. Lo que buscaban era extender el plazo que se inició en enero de este año, y prorrogar la baja de retenciones, algo que no ocurrió. Ni Luis Caputo ni Javier Milei hicieron anuncios de un decreto que extienda la medida.
La esperanza también estaba depositada luego del anuncio y la posterior oficialización de la prórroga de una medida similar para los granos de invierno, como trigo y cebada. En enero se habían anunciado bajas para todos los productos, pero estos dos lograron extender hasta marzo la promoción temporal.
En lo que respecta a soja y maíz, principales exportaciones argentinas, el ojo estaba puesto en la cosecha particular de este año, donde partidos enteros retrasaron las labores de recolección por las inundaciones. La especulación giró hasta último momento en encontrar algo de compasión ante los retrasos de cosecha.
El mercado asumió que las retenciones subirían y se anticipó con fuertes ventas
Si bien la luz de esperanza para mantener bajos los niveles de retenciones se apagó a último momento, el mercado comenzó a anticiparse y entre jueves, viernes y lunes, colocó ventas al exterior abultadas, dando por entendido que las retenciones subirían. La oficialización el viernes de la prórroga a trigo y cebada donde no se mencionó soja y maíz, generó un aluvión de ventas: Las retenciones subirían y el mercado lo sabe.
Durante la semana pasada se declararon ventas externas (DJVE) de poroto, harina y aceite de soja por un total de 6,58 millones de toneladas. Se trata de un volumen excepcional que, solo en el caso de la harina de soja, equivale al 12% de la oferta exportable estimada para la campaña 2024/25. En paralelo, también se informaron DJVE de maíz por 3,29 millones de toneladas, lo que representa cerca del 10% del total proyectado para este ciclo comercial.
Según el analista y exsubsecretario de Mercados Agropecuarios Javier Preciado Patiño, lo anotado para exportar durante el período de baja de retenciones era de 21,4 millones de toneladas entre ambos granos. «Se anotó todo lo que se va a exportar en julio y buena parte de lo de agosto también», alertando a su vez porque esta medida además, genera problemas para el propio gobierno que se quedará sin liquidaciones en los próximos dos meses. «Desde ahora vamos a ver un Desierto del Sahara», dijo el especialista, en referencia a la escasez de ventas externas futuras.
Al igual que con lo que sucedía en anteriores gestiones nacionales, a quienes se les reclamaba un esquema de reducción y luego eliminación de retenciones, los exportadores calificaron este proceso fiscal como una mala señal.
«Sin señales claras de una tendencia a la rebaja, no vamos a corregir esta tendencia ni hay crecimiento productivo posible«, señaló Gustavo Idígoras, titular de Ciara-CEC la cámara que agrupa a los exportadores. Con esta medida, según analizó el experto, se complica la situación de muchos productores: «Insistimos tanto en que la baja de retenciones debería volver al momento de la próxima siembra, y no durante la cosecha para apurar ventas y exportaciones (como se hizo ahora). Tiene que haber un estímulo a la inversión y sostener eso en el tiempo».
Cómo impacta en la cadena productiva la suba de retenciones
La cadena de la soja, que abarca desde productores a industrializadores, esgrimió un argumento en línea similar: «Teníamos alguna esperanza en que la suba de retenciones no se repitiera«, dijeron desde ACSoja, la asociación especializada.
Respecto a la suba de retenciones, la entidad expresó: «Nos encamina hacia una nueva frustración en las expectativas de romper el estancamiento. Nos sigue quitando competitividad y especialmente al productor en este momento en que se realiza la planificación de la siembra de la futura campaña».
Ya sin efecto el operativo clamor que habían empezado días atrás productores de todo el país, fue la Mesa de Enlace la que se pronunció en sintonía con los exportadores. «No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón. El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones», dijeron de forma conjunta Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro.
Lo que ocurrirá durante las primeras horas de mañana, donde se incrementará lo que recauda el Estado a costas de los productores no deja de ser dolorosa, por más que haya sido anunciada hasta el hartazgo. Fue el propio Javier Milei quien anunció que esta medida tenía fecha de vencimiento, al anunciar «avísenle a los del campo que liquiden, que en julio les vuelven a subir las retenciones«. Algo similar anunció el jefe de Gabinete Guillermo Francos la semana pasada, cuando dijo que el impuesto va a ser revisado «en los próximos años».
«Los números fríos de la campaña que estamos planificando muestran el quebranto que con esta desproporcionada carga fiscal tendrá la siembra de soja en vastas zonas del país», dijeron desde ACSoja.
Lo que denuncian los productores es que con los actuales precios de los granos a nivel internacional, las retenciones elevan los costos de producción a niveles insostenibles. «Con estas retenciones y costos en dólares altos, la agricultura en Argentina se volvió prácticamente inviable si no se cuentan con precios récord en Chicago. Y eso no está pasando», aseguró Roberto Palomo, dirigente ruralista del NOA.
Gobierno y el agro: quiebre del pacto de no agresión
De esta forma se empieza a resquebrajar la relación entre campo y gobierno, pero de formas complejas. El sector agropecuario es mayoritariamente afín a las ideas de Javier Milei, lo apoyó electoralmente, discursiva y culturalmente.
Lo seguirá haciendo, pero parece que se empieza a romper la credibilidad, y con ella la relación. Milei hizo campaña electoral apelando al sector agropecuario y la promesa de eliminar retenciones. Reiteradas veces habló ante tribunas de productores, y manifestó la necesidad imperiosa de eliminar las retenciones a 0 desde el primer día de gobierno. Aseveró que era totalmente realizable esa medida, y llegó a decir en relación a esto que «se cortaría un brazo antes de subir un impuesto». Este discurso fue rubricado ante medios de comunicación, donde exclamó que mantener las retenciones es un robo y se eliminarían desde el día 0.
Ya transcurrido un año y medio de gestión, en el que el agro le tuvo paciencia, ese pacto tácito de no agresión empieza a rechinar y se escuchan voces muy duras respecto de la gestión presidencial y la histórica promesa incumplida. Quienes lo apoyaron y votaron (y lo seguirán haciendo) le reclaman con dureza el cumplimiento de este histórico reclamo.
«Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias venimos reclamando, desde hace meses y años, medidas urgentes y definitivas que atiendan los graves problemas de competitividad que arrastra el sector. Lo hemos hecho de manera institucional, en cada encuentro con legisladores, autoridades del Poder Ejecutivo nacional y de los gobiernos provinciales. Y lo seguiremos haciendo con responsabilidad y firmeza», dijeron desde la Mesa de Enlace, anticipando que desde ahora, la relación no será la misma.
De forma más dura se pronunció Carbap, la asociación de productores de Buenos Aires y La Pampa: «Instamos al Gobierno Nacional a honrar los compromisos asumidos durante la campaña electoral, trazando con urgencia un camino claro hacia la eliminación total de los derechos de exportación, y fortaleciendo al agro como verdadero motor del desarrollo nacional», dijeron en un comunicado titulado «El robo institucionalizado que nunca termina».
Por su parte, el ex secretario de Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri y productor, Néstor Roulet, aseguró: «Te dicen que son liberales, pero fijan precios y fechas como en el kirchnerismo«.
Próximos pasos entre la relación entre el campo y el Gobierno
Desde ahora, habrá que mirar con mayor atención la relación entre campo y Gobierno, y también el rol de los gobernadores de las provincias productoras. Pullaro en Santa Fe, Frigerio en Entre Ríos y Llaryora en Córdoba, manifestaron en las últimas horas que es necesario replantearse el rol del Estado y el cobro de retenciones.
El próximo encuentro entre campo y gobierno debería ser en el escenario principal de la Expo Rural de Palermo que comienza el 17 de julio, organizada por la Sociedad Rural Argentina. El anfitrión Nicolás Pino, con contacto estrecho y directo con Javier Milei, invitó a inaugurar la expo al presidente, en lo que puede llegar a ser la ruptura definitiva con el sector, o la reivindicación del tándem económico del Poder Ejecutivo. Si hay anuncios en la previa de la expo, o durante, el rumbo puede cambiar.
Se habla por estas horas de un reclamo durante ese evento de productores autoconovocados, que están decidiendo una expresión visible, en la que quede de manifiesto el malestar generado por la falta de respuestas. Los autoconvocados suelen ser los más duros en términos de manifestación, ya que no se sienten representados por las entidades ruralistas.
De no hacerlo, el gobierno se encamina a una disputa abierta con el sector agropecuario, un aliado que lo bancó desde el inicio.
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Este aumento incluye sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, que dejarán de abonarse desde abril, cuando los básicos se integrarán plenamente
26/02/2026 – 20:27hs
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó los incrementos de sueldo que fueron oficializados entre diciembre de 2025 y abril 2026, para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Según la circular oficial de la Secretaría de Asuntos Laborales de FAECYS, los componentes que integran el sueldo bruto de los empleados en marzo de 2026 son:
- Básico de convenio: Una cifra remunerativa que se mantiene estable desde finales de 2025.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 06/2025): una suma fija de $40.000 que continúa vigente para todas las categorías.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 12/2025): una suma fija adicional de $60.000, pactada en la última negociación paritaria.
Suma fija y bono de empleados de comercio: cómo impactan en el sueldo mensual
El convenio anterior regía desde julio hasta diciembre 2025 y contemplaba un incremento total del 6%, abonado como una asignación remunerativa y no acumulativa. El aumento se distribuyó en cuotas mensuales del 1% desde julio hasta diciembre.
Ahora, uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de $40.000 hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de $60.000 refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.
En cuanto a la forma de pago, se definió que el monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes.
Para enero, febrero y marzo, en cambio, las sumas pactadas deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada período. Con este esquema, el sector mercantil ya cuenta con un cronograma salarial definido para el arranque de 2026.
Por lo tanto, se cobrará una suma fija no remunerativa de $60.000 por el último mes del año; mientras que de enero a marzo cobrarán un adicional de $100.000. Y en enero pagarán un bono extraordinario de $170.000, por única vez, que estará destinado exclusivamente a trabajadores de grandes cadenas de supermercados.
Cuánto cobran los empleados de comercio en marzo 2026
A continuación, incluimos el sueldo básico que cada categoría cobrará con el incremento otorgado en marzo 2026:
Maestranza
- Categoría A: $1.155.795
- Categoría B: $1.158.852
- Categoría C: $1.169.560
Administrativos
- Categoría A: $1.167.268
- Categoría B: $1.171.860
- Categoría C: $1.176.448
- Categoría D: $1.190.218
- Categoría E: $1.201.690
- Categoría F: $1.218.519
Cajeros
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.176.448
- Categoría C: $1.183.333
Auxiliares
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.178.740
- Categoría C: $1.203.985
Auxiliares especializados
- Categoría A: $1.180.274
- Categoría B: $1.194.041
Vendedores
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.194.044
- Categoría C: $1.201.690
- Categoría D: $1.218.519
El acuerdo también ratifica que la antigüedad seguirá calculándose al 1% por año trabajado sobre todos los conceptos, remunerativos y no remunerativos, mientras que el presentismo continuará aplicándose conforme al artículo 40 del CCT 130/75.
Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.
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ECONOMIA
Juicio por YPF: Estados Unidos presentó un escrito en defensa de Argentina y contra el pedido de desacato y sanciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo de la República Argentina frente al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.
En el documento de 29 páginas se afirma que “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
La presentación también destacó “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, agrega el documento.
En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”
La disputa se centra en la etapa de “discovery” o intercambio de pruebas, donde los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital— alegan que la Argentina ha incumplido sistemáticamente con las órdenes de la jueza Loretta Preska. Los demandantes solicitaron que se declare al país en “desacato” (contempt of court) y que se le aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.
El pedido de sanciones por parte de Burford Capital se formalizó a principios de este año, tras denunciar una supuesta conducta de “mala fe” por parte de la defensa argentina. El fondo inglés sostiene que el país no cumplió con la entrega de información “off-channel”, referida a mensajes de WhatsApp y correos de Gmail de exfuncionarios y funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.
Según los demandantes, la Argentina ha utilizado tácticas dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, Burford solicitó una “orden de preclusión” para que el tribunal asuma como un hecho que entidades como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de sus activos.
En la visión de los fondos, una multa de un millón de dólares por día —que sumada a los intereses del fallo principal elevaría el costo diario del litigio para el país a unos 4 millones de dólares— es la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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ECONOMIA
Cuánta plata hay que ganar por mes para pertenecer al 10% de la población más rica de Argentina
Tras la salida de la convertibilidad, la Argentina consolidó una estructura social marcada por fuertes contrastes que se mantienen hasta hoy. Las diferencias no sólo se reflejan en la plata que ingresa en cada hogar, sino también en el acceso a oportunidades, educación, empleo y bienes públicos de calidad.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina, analiza cómo se distribuyen los hogares a lo largo de la pirámide social y cuáles son los ingresos mínimos necesarios para integrar cada segmento.
Cuánta plata hay que ganar para pertenecer al 10% de la población más rica
En el extremo superior se ubica el 3% de los hogares con mayores recursos. Para integrar este grupo, una familia debe percibir al menos $30 millones mensuales. Se trata de un sector con acceso estable a servicios públicos de calidad, capacidad de ahorro, posibilidad de invertir en educación y capital humano, y redes de contactos que amplían sus oportunidades.
Por debajo aparece el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde los $15 millones. Luego se encuentra el 20% de los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se ubica en $5 millones mensuales.
Estos segmentos comparten una característica central: pueden proyectar decisiones económicas a largo plazo, con mayor previsibilidad y menor exposición a la volatilidad.
Familias de clase media y media baja: aspiraciones e incertidumbre
En el tramo intermedio se concentra una franja amplia de clase media y media baja aspiracional. Según el ODSA, está «sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico».
Para formar parte del 20% que compone el estrato medio aspiracional se requieren ingresos de al menos $3.500.000 mensuales. En el segmento medio bajo vulnerable, el umbral desciende a $2 millones.
El informe advierte que este grupo acumula expectativas de movilidad social ascendente, pero convive con frustración e incertidumbre frente a la recurrencia de crisis macroeconómicas, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de bienes públicos clave.
Los datos de la UCA revelan cuánto necesita ganar un hogar para ubicarse en cada nivel social
El tercio inferior: informalidad y dependencia estatal
En la base de la pirámide se agrupan los hogares con inserciones laborales informales, inestables o de subsistencia. Se trata de sectores condicionados por baja productividad, menor nivel educativo acumulado y alta fragilidad laboral.
El 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita ingresos de al menos $800.000 mensuales. Ese mismo monto marca, al mismo tiempo, el límite superior para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema.
El ODSA señala que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.
Estabilización e interrogantes hacia adelante
En relación con el período reciente, el informe sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis heredada. No obstante, hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y cierta recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.
Según el ODSA, la mejora observada en los indicadores sociales entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, más que por una recomposición sostenida del poder de compra o un aumento estructural de la capacidad de consumo.
El documento también evalúa el escenario actual al señalar que el régimen libertario «abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos» que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social.
Sin embargo, advierte que la falta de mecanismos de transición inclusivos y la desarticulación del entramado productivo pueden profundizar la informalidad y la pobreza estructural si no se implementa una estrategia orientada a generar empleo formal, fortalecer el tejido pyme y promover políticas activas de integración territorial y desarrollo de capital humano.
De lo contrario, concluye el informe, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual, con menor movilidad ascendente y mayor fragmentación social.
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