El crecimiento del mercado automotor argentino está fuertemente ligado a la apertura total de las importaciones. Tras el informe oficial de ventas de unidades 0 km de febrero, el escenario es exactamente el opuesto al de los meses finales de 2023, los últimos de la política económica anterior, cuando el 65% de los autos nuevos que se vendían en el mercado eran de fabricación nacional mientras apenas el 35% eran importados, principalmente desde Brasil.

Pero más allá del porcentaje de unos y otros, el total de autos que se vendían entonces era del 450.000 unidades por año, mientras que a finales de 2025, dos años más tarde, se alcanzó la cifra de 612.000 vehículos, lo que implica un crecimiento del 36% en 24 meses.

Eese crecimiento fue en paralelo con un cambio en el mix de automóviles. Así lo dicen los datos suministrados por la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), que marcó un 65% de patentamientos de vehículos extranjeros y un 35% de unidades fabricadas en Argentina.

Como respuesta a esta ofensiva de importados, las terminales automotrices locales se diferenciaron estos dos años por tener un formato de comercialización con ventajas para seducir a los usuarios a comprar sus productos: plan de ahorro previo y financiación a tasas subsidiadas.

El primer método para acceder a un auto nuevo sigue siendo una de las variables que eligen entre un 30% y un 40% de los compradores, la cifra varía si se computan suscripciones o adjudicaciones, y que los importadores no tienen en sus ofertas comerciales. Pero la financiación a tasa 0% ya dejó de ser una herramienta exclusiva de las marcas locales o regionales.

En los últimos meses al menos tres importadores oficiales han lanzado líneas de financiación para comprar sus modelos con tasa 0%: Hyundai, Kia y el Grupo Antelo.

Hyundai Argentina ya tenía desde fines de año pasado una oferta de financiación, pero ahora la mejoró extendiendo el plazo a 24 meses para adquirir el modelo de entrada al portafolio de la marca, el Hyundai HB20 que se importa de Brasil. La financiación se hace a través del Banco Santander con tasa UVA y tiene un monto máximo a financiar de $15.000.000. El auto tiene un precio de lista de $27.600.000 para la versión de entrada a la gama y de $34.900.000 para la versión más equipada.

También KIA, otra marca coreana que es representada en Argentina por Astara, lanzó una financiación bancaria con tasa 0% desde marzo. En este caso, la oferta alcanza tres modelos. Son uno de cada categoría de las que comercializa en Argentina, es decir el compacto Kia K3, el SUV Seltos y el utilitario K2500. Dependiendo el modelo, la financiación tiene distintos montos máximos y plazos.

El modelo K3 se puede comprar financiando hasta $18.500.000 en 12 meses o $14.500.000 en 18 meses de plazo. Las dos versiones de K3 que hay en el mercado son la Ex y GT Line, ambos con carrocería sedán o hatchback y con precios de USD 25.000 y USD 28.500.

El Kia Seltos tiene una sola versión con dos alternativas de financiación, con un monto de hasta $19.500.000 en 12 meses o de $14.500.000 en un año y medio de plazo. El precio de lista del SUV es de USD 34.000. Finalmente, el utilitario K2500, que también tiene una única versión, se puede comprar financiando hasta $19.000.000 en 12 meses o los mismos $14.500.000 en 18 cuotas. El precio de comercialización del vehículo en marzo es de USD 33.000.

El otro importador que lanzó líneas de financiación a tasa 0% es el Grupo Antelo, con los mismos plazos y montos máximos para todos los modelos de las cuatro marcas que representan en Argentina, que son Mitsubishi, Changan, Great Wall y Jmev.

En el caso de los vehículos Mitsubishi, se pueden comprar la pick-up L200 y el SUV Outlander; Changan tiene un único modelo por el momento, el CS55 Plus, al igual que Jmev con el eléctrico EV3; en tanto que Great Wall Motors, ofrece una gama de productos más amplia que contempla los Haval H6 y Jolion, el Ora 3 eléctrico, el Tanq 300 y la línea de pick-ups Poer.

En todos los casos se puede financiar hasta el 80% del valor del vehículo a tasa 0% en 12 meses, o si se pretende un plazo mayor, se puede extender a 18 meses pero con un límite de monto que no supera los 18.000.000 de pesos.

La morosidad se ubicó en el centro del debate público en los últimos días luego de conocerse que más que se triplicó en el último año para los hogares y trepó a 9,3% a fines de 2025. En paralelo a ese deterioro del endeudamiento de las familias, también se registra un incremento, aunque en menor medida, de la irregularidad entre las empresas: 1 de cada 8 presenta atrasos en el pago de sus créditos.

En enero, el porcentaje de préstamos comerciales en situación irregular llegó al 2,7%, lo que implica un aumento de 0,2 puntos respecto al mes previo. En diciembre de 2024, el indicador se ubicaba en 0,8%, lo que implica que el porcentaje se multiplicó por 3,37 en el último año. El mayor aumento se observó en los préstamos catalogados como de riesgo intermedio o con dificultades. Según estimaciones privadas, el 42% del volumen total de crédito está en manos de apenas 0,3% de las sociedades que encuadran como grandes empresas, mientras que el 58% restante corresponde al 99,7% del resto de las firmas.

Entre las grandes compañías, el nivel de mora es de 0,9%, resultado de una gestión financiera más sólida y mayores opciones para conseguir financiamiento. En cambio, las pequeñas y medianas empresas muestran una tasa de mora del 4%, impactadas por costos de financiamiento más altos y una fuerte dependencia del crédito para afrontar gastos operativos a corto plazo.

Al desagregar las últimas cifras disponibles, con datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que publica el Banco Central, el panorama se torna más complejo: en enero de 2026, 1 de cada 8 empresas que pidió un préstamo se encontraba en situación irregular (12,5%), marcando un avance de 2,6 puntos porcentuales respecto al inicio del 2025.

Así se desprende del último informe de Estudios Económicos del Banco Provincia, donde se destaca que “el número agregado es poco representativo de ciertos universos particulares: el 1% de las empresas (2.800 sobre un total de 281.700 con créditos) concentra el 75% de los préstamos totales, a la vez que el 5% del total explica más del 90 por ciento”.

Según este análisis, la morosidad se mantiene en niveles bajos entre las grandes empresas, con tasas de 2,4% y 2,1% al observar exclusivamente el 1% de las compañías con créditos superiores a 1.000 millones de pesos. Este comportamiento responde a la solidez financiera de estas firmas y a su mayor facilidad para acceder a financiamiento a tasas menores que el promedio, lo que les permite abaratar el endeudamiento y sostener mejores indicadores de solvencia.

Por otro lado, la situación en el resto del tejido productivo muestra una dinámica similar a la de los préstamos otorgados a familias. En el segmento de créditos de hasta $45 millones, la irregularidad alcanzó el 10% en tres de cada cuatro préstamos de menor monto. En las empresas más pequeñas, el nivel de mora casi duplicó el registro de un año atrás: en enero de 2025 era del 5,5 por ciento.

“La irregularidad de cartera varía de manera opuesta al tamaño de empresa: las más grandes tienen una mora baja y relativamente estable, en tanto que las más chicas ya tienen una alta y creciente. Por su parte, las ‘medianas’, un universo bastante heterogéneo con préstamos que van desde 50 a $1.000 millones muestran una evolución ascendente de la mora, pero bastante por debajo de los segmentos más chicos, y con niveles más cercanos a las grandes”, apuntaron los analistas de la entidad bonaerense.

Actualmente, más de 35.000 empresas registran demoras en el pago de sus créditos, lo que equivale al 12,5% del total de compañías con deudas. Este problema no afecta a todas por igual: entre las firmas con préstamos menores a $50 millones, el 13,6% presenta algún retraso en los pagos. En cambio, entre las que accedieron a créditos superiores a $10.000 millones, menos del 5% enfrenta dificultades para cumplir con los vencimientos. De acuerdo con los parámetros oficiales, una persona o compañía se considera en “mora” si acumula más de 90 días de retraso en sus pagos.

Durante el último año, el aumento de la mora se observó en todos los sectores económicos, sin importar su actividad creció o no. En hoteles y restaurantes, donde la producción habría descendido 1% en el año, la proporción de empresas con deudas en situación irregular subió casi 5 puntos porcentuales y alcanzó el 17%. En el sector pesquero, a pesar de un crecimiento estimado del 10% en la producción, la morosidad pasó de 7% a 12,7% entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026. En el agro, con una expansión de la actividad del 15% en el año, el atraso de pagos se ubicó en 5,7% en enero de 2026, lo que implica un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En cuanto al mapa del país, Santa Cruz encabezó el ranking de crecimiento en la cantidad de empresas con deudas en mora, con un aumento de 6 puntos porcentuales hasta alcanzar el 14,6%. La Rioja registró una suba de 5,6 puntos y Chubut de 5,4. El incremento de la morosidad también se observó en provincias con fuerte presencia petrolera y minera. En la Provincia de Buenos Aires, el porcentaje de compañías con atrasos subió 2,9 puntos y se ubica en 9,6%, casi 3 puntos por debajo del promedio nacional. En Formosa, más del 20% de las empresas presentan dificultades para cumplir con sus pagos. San Juan, San Luis y La Rioja también muestran niveles elevados, con tasas de 17,3%, 16,8% y 16,5% respectivamente.

“Hacia adelante, será clave, primero que la mora deje de expandirse, y luego que empiece a revertir hacia los niveles medios de la región: el incremento del sistema financiero es importante para que crezca la economía argentina -con una oferta de fondos prestables acotada, su costo, es decir, la tasa de interés de los préstamos se vuelve más elevada, y por tanto los proyectos necesitan ser más rentables que en el resto de la región para llevarse a cabo-”, concluyeron los economistas de Estudios Económicos.

En medio de una semana complicada para el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en un posteo cuatro indicadores que, en su visión, contradicen las visiones negativas sobre la marcha de la economía. El ministro no mencionó al dato de desempleo que difundió el Indec ni las alertas de consultoras y economistas sobre el aumento de la informalidad en el mercado laboral.

Caputo planteó que el debate público está atravesado por percepciones y operaciones que, a su entender, no reflejan los datos. “¿Cómo lidiar contra los expertos en operaciones? Creemos que la solución no es ‘transar’, lo que se ha convertido en un culto en nuestro país. Creemos que la solución es seguir ordenando la economía, para que los datos expongan su narrativa. Es un proceso más largo y mucho menos sencillo que el otro, pero es el que más le conviene a los argentinos”, escribió el ministro en la red social X. Una publicación que recibió el respaldo por parte del presidente Javier Milei con una cita “tremendo comentario”

En ese contexto, el ministro resaltó cuatro variables: consumo privado, exportaciones, Producto Bruto Interno (PBI) y nivel de inversión. Según su exposición, los datos oficiales más recientes muestran que el consumo privado, las exportaciones y el Producto Bruto Interno (PBI) marcaron un “récord histórico” y la inversión “creció al 16,4%”. “Estos datos, no solo no convalidan las ‘percepciones mediáticas’, sino que las contradicen. Para eso existen los datos. Para que la gente sepa la verdad”, destacó el ministro.

Si bien los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), para Gonzalo Guiraldes, economista y socio de la consultora Audemus, se deben mirar en detalle y compararlos con periodos anteriores. “Es cierto que el 2025 cerró con PIB histórico, pero en términos per cápita aún estamos muy lejos del 2011. Las exportaciones muestran un buen desempeño en cantidades por los productos primarios. La inversión está lejos de otros años mejores. El 2025 cerró con inversión equivalente al 19,6% del PBI, un valor inferior al del 2023, 2017 o 2011”. De esa manera, el especialista agregó matices sobre la lectura oficialista de los datos, especialmente en lo que respecta a la comparación histórica y la distribución del crecimiento.

El jefe de Hacienda no incluyó en su publicación el dato de desempleo del cuarto trimestre de 2025, que también publicó la semana pasada el Indec: el desempleo se ubicó en 7,5% de la población económicamente activa (lo que afecta 1,7 millones de personas) lo que implicó un incremento de 1,1 puntos porcentuales frente al cierre de 2024 (6,4%) en un año de crecimiento económico (el PBI se expandió 3,5% punta a punta).

La consultora Invecq realizó una comparación histórica y expuso que la tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2025 no se alejó de los registros de igual período en 2016 (7,6%) y 2017 (7,2%), y permaneció por debajo de los niveles de 2018 y 2019, que se ubicaron en 9,1% y 8,9%, respectivamente. En consecuencias, señaló, “no estamos frente a una crisis de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino que lo más preocupante es el deterioro en la calidad del empleo, con caída del empleo privado formal e incremento del trabajo informal”.

Sobre el empleo total, el estudio indicó que el stock registró una caída de 118.000 puestos respecto al cuarto trimestre de 2023, punto de partida del actual Gobierno. En ese marco, la reducción de empleo asalariado registrado del sector privado alcanzó los 182.000 puestos, con caídas generalizadas en prácticamente todos los sectores, mientras que el empleo informal creció en 376.000 puestos. Este fenómeno amortiguó el impacto sobre la desocupación, aunque evidenció un proceso de sustitución hacia formas de trabajo más precarias y sin cobertura social.

El informe de Invecq también analizó la composición sectorial de los cambios en el empleo. El comercio sumó 210.000 puestos informales, mientras los registrados privados en ese rubro apenas aumentaron en 4.000. La industria manufacturera incorporó 87.000 trabajadores no registrados y perdió 63.000 puestos formales. En estos casos, parte de los trabajadores que antes operaban dentro del sistema formal pasaron a la informalidad o solo encontraron empleo bajo esa condición.

En el caso de la construcción, la situación resultó diferente. El sector perdió simultáneamente puestos formales e informales —47.000 y 96.000, respectivamente—, una dinámica que reflejó la contracción directa de la actividad. La construcción sufrió una caída del 27% en 2024 y en 2025 apenas logró una recuperación parcial del 5,9%. Además, el empleo registrado del sector público cayó en 80.000 puestos.

Las proyecciones de Invecq para 2026 anticipan un crecimiento en los sectores intensivos en trabajo, aunque de magnitud limitada: industria y comercio se expandirían apenas un 1% y la construcción un 5%. Los sectores de mayor dinamismo seguirán siendo los menos intensivos en empleo —agro, petróleo y gas, minería—, con crecimientos superiores al 5%. Bajo ese escenario, la consultora proyecta que la tasa de desempleo para el año se mantendrá en 7,5%, “es decir, sin crisis, pero tampoco con mejora, aun considerando que el PIB crecería por dos años consecutivos por primera vez desde 2011 —sin tener en cuenta los períodos postpandémicos”.

El abordaje oficial y el análisis de los consultores plantean una tensión respecto al sentido de los “récords” y los datos agregados. Mientras el ministro Caputo remarcó la fuerza de los indicadores económicos para contrarrestar las percepciones mediáticas y defendió la estrategia de “seguir ordenando la economía”, los consultores señalaron el distanciamiento entre los registros agregados y el bienestar per cápita, así como los desafíos estructurales del mercado de trabajo.

El ministro Caputo eligió no referirse directamente al desempleo ni a la calidad del empleo en su mensaje público, mientras los informes privados pusieron el foco sobre esa dimensión. La brecha entre crecimiento económico y generación de empleo formal, así como la expansión del trabajo informal, se consolidó como uno de los principales desafíos para el mercado laboral argentino. El deterioro en la calidad del empleo, la pérdida de puestos formales y el avance de modalidades precarias marcaron el pulso de la discusión.