Tras el histórico anuncio comercial entre Estados Unidos y nuestro país, el dólar oficial opera este viernes 14 de noviembre a $1430, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $1411. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vende $1486 (-0,1%), y el MEP se ubica a $1462 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negocia, a $1435.

El uso del swap de monedas entre Argentina y Estados Unidos volvió a instalar dudas entre expertos de mercado, sobre el verdadero estado de las reservas y la capacidad del país para cumplir con sus compromisos sin tensar el mercado cambiario. Todo comenzó el 5 de noviembre, cuando el Banco Central le compró cerca de US$808 millones al Tesoro para que pudiera afrontar el pago de cargos e intereses al Fondo Monetario Internacional sin recurrir al mercado. Dos días más tarde, los depósitos del Tesoro en dólares dentro del BCRA se desplomaron en aproximadamente US$810 millones, quedando reducidos a apenas US$100 millones.

La confirmación desde Estados Unidos de que ya estaba activada una parte del swap bilateral —un mecanismo total de US$20.000 millones— terminó de completar la escena. Dentro del balance del Banco Central aparecía una partida de US$2.755 millones en la línea «Otros Pasivos», un monto que analistas del mercado vinculan directamente al tramo habilitado del swap. Según especialistas, este tipo de operaciones se contabiliza como deuda de corto plazo y debe restarse del cálculo de reservas netas.

La revelación llegó en una rueda financiera más tranquila por el feriado en Estados Unidos, pero alcanzó para reordenar la lectura del mercado sobre la posición externa argentina. La próxima publicación del balance semanal del BCRA será determinante para conocer el impacto final y el margen real que queda para estabilizar el dólar.

El movimiento dejó una conclusión inmediata: la asistencia del BCRA al Tesoro, sumada a la activación del swap, ayudó a descomprimir la presión cambiaria en el corto plazo, pero también incrementó el nivel de compromisos inmediatos que enfrenta la autoridad monetaria.

Para qué se usó el swap y cuánto alivió la presión

La activación parcial del swap tuvo dos destinos centrales. Por un lado, permitió al Tesoro adquirir Derechos Especiales de Giro por unos US$796 millones, con los que cumplió el pago de intereses al FMI sin necesidad de desprenderse de reservas propias. Por otro, aportó liquidez para intervenciones cambiarias por aproximadamente US$1.900 millones en las semanas previas a las elecciones del 26 de octubre, según estimaciones privadas.

Este doble uso brindó oxígeno en un momento político y financiero delicado. Evitó presiones sobre los dólares financieros y contuvo un posible salto en la brecha cambiaria. Sin embargo, la contracara quedó visible en el balance: una parte del swap activado se suma automáticamente como pasivo de corto plazo con Estados Unidos, lo que obliga a restarlo del cálculo de reservas netas.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que este tipo de herramientas mejora la foto inmediata, pero deteriora la medición estructural. Los dólares ingresan como activo, pero generan un compromiso exigible que reduce el margen operativo del Banco Central frente a cualquier shock. Esa es la razón por la que el swap puede descomprimir tensiones hoy, pero complicar el cumplimiento futuro de metas.

Aunque funcionarios estadounidenses describieron la activación como «acotada», no se difundieron los detalles exactos. Esa falta de precisión genera un componente de opacidad habitual en estas operaciones, que el mercado siempre sigue de cerca. Pese a ello, el swap cumplió con su objetivo central: ganar tiempo en un momento electoral y evitar un salto brusco en los dólares libres.

Reservas netas: el cálculo ajustado enciende alarmas

Una vez incorporado el pasivo del swap, el panorama cambia de manera significativa. Antes de esa corrección, las reservas netas se estimaban en torno a US$909 millones. Pero si se descuentan los US$2.755 millones registrados en «Otros Pasivos», el saldo se vuelve negativo y rondaría los –US$1.814 millones. Desde PPI advirtieron que este nivel no se veía desde abril, cuando la medición había llegado a –US$10.933 millones antes del desembolso del FMI por US$12.000 millones.

Aunque la liquidez total del Banco Central —incluidos los Derechos Especiales de Giro— se ubicaría cerca de US$17.288 millones, esa cifra no compensa el deterioro en la medición neta, que es la que mira el FMI para evaluar la capacidad de intervención. El pago reciente de intereses y cargos al Fondo, sumado a la activación del swap, profundizó la fragilidad del balance.

El país aún espera un desembolso de US$1.037 millones previsto para enero de 2026, que aportará alivio pero no resolverá el desequilibrio de fondo. Con reservas netas negativas, un mercado expectante y obligaciones inmediatas, la sensibilidad cambiaria aumenta y cualquier ruido externo puede amplificar la volatilidad.

La fotografía actual muestra un esquema con poco margen para maniobrar. Los analistas coinciden en que la evolución de los próximos balances será decisiva para medir si el Banco Central puede evitar un mayor drenaje en los dólares financieros.

Las metas del FMI, en su tramo más difícil

La activación del swap y el pago reciente al Fondo dejaron la meta de acumulación de reservas en su nivel más exigente desde la firma del acuerdo. De acuerdo con cálculos de PPI, el Banco Central todavía necesita sumar cerca de US$9.350 millones para cumplir con el objetivo de fin de año. A eso se suman otros US$13.550 millones para alcanzar la meta intermedia de mediados de 2026.

El desafío es considerable: el país enfrenta una oferta de divisas limitada, un acceso restringido al financiamiento y una demanda que continúa firme. Para cumplir con las metas, será necesario un aporte significativo de exportaciones, un refuerzo del financiamiento externo o una mayor intervención sobre la demanda de dólares.

Consultoras privadas advierten que, en este escenario, la hoja de ruta del Banco Central quedó más estrecha que nunca. Las reservas netas en negativo, los mayores pasivos de corto plazo y la presión del calendario del FMI forman un triángulo que condiciona la política cambiaria.

En un contexto donde el margen para errores se achica, cada decisión —desde la intervención en el mercado hasta el uso de instrumentos de corto plazo— se vuelve determinante para evitar un salto en el dólar o un deterioro mayor del balance.

Bitcoin volvió a perforar los USD 100.000 en medio de una ola de aversión al riesgo que se extendió por los mercados, mientras los inversionistas retiraron cerca de USD 900 millones de fondos que invierten en el token.

El mayor activo digital llegó a hundirse hasta 2,8% para ubicarse por debajo de los USD 96.000 el viernes antes de recortar pérdidas, quedando más de 20% por debajo del récord alcanzado a comienzos de octubre. A las 19 de Argentina, el valor según CoinMarketCap rondaba los USD 94.900 por unidad

El mercado cripto sigue bajo presión tras las liquidaciones por USD 19.000 millones del 10 de octubre, que borraron más de USD 1 billón del valor total de todas las criptomonedas, según datos de CoinGecko. Las liquidaciones continúan: más de USD 1.000 millones en apuestas apalancadas fueron eliminadas en las últimas 24 horas, de acuerdo con CoinGlass.

Mientras tanto, los fondos cotizados en bolsa que invierten en bitcoin registraron salidas netas por unos USD 870 millones el jueves, la segunda mayor retirada diaria desde su debut.

Un breve repunte de las acciones estadounidenses a comienzos de esta semana, impulsado por el alivio tras el fin del cierre del gobierno, se desvaneció rápidamente. Con la publicación de datos económicos clave retrasada, los operadores dudan si la Reserva Federal puede justificar recortes de tasas en el corto plazo, un cambio que está ejerciendo nueva presión sobre los activos de mayor riesgo.

“La venta actual está totalmente correlacionada con otros activos de riesgo, pero su magnitud es mayor en las criptomonedas por su mayor volatilidad”, dijo Max Gokhman, subdirector de inversiones de Franklin Templeton Investment Solutions. “El beta de las criptomonedas frente a los riesgos macro se mantendrá alto hasta que la participación institucional se amplíe más allá de bitcoin y ether”.

La liquidez también se ha reducido con fuerza. La profundidad del mercado —la capacidad de absorber operaciones grandes sin generar fuertes oscilaciones de precios— ha caído alrededor de 30% desde el máximo del año, según Kaiko.

“Con bitcoin ya en terreno negativo desde la toma de posesión del presidente Trump, y la capitalización total del mercado cripto habiendo vuelto al punto de inicio del año, no hay mucho soporte técnico hasta los bajos US$90.000, por lo que el sentimiento probablemente permanecerá deprimido hasta nuevo aviso”, dijo Augustine Fan, socio de SignalPlus.

En el mercado de opciones, los operadores se están posicionando cada vez más para la volatilidad, con una mayor demanda de estrategias neutrales como strangles y straddles, según Nick Ruck, de LVRG Research.

A comienzos de octubre, el bitcoin cruzó la barrera de los USD 125.000 superando el pico de agosto y llegó a un nuevo récord histórico.

En ese momento, su cotización llegó a superar los 126.000 dólares. El pico anterior de su cotización se había registrado el 13 de agosto, cuando había alcanzado los 123.300 dólares. La mayor criptodivisa del mundo por valor de mercado siguió beneficiándose de la fuerte demanda de los inversores globales.

Según reportes de esas fechas, el repunte del bitcoin desde principios de año se veía respaldado por los flujos de inversores institucionales, las políticas más favorables del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una conexión cada vez mayor con los sistemas financieros mundiales.El avance del criptoactivo coincidía con la debilidad del dólar frente a las principales monedas, ya que algunos inversores buscaron diversificarse de los activos estadounidenses a raíz de la incertidumbre por las tensiones comerciales.

El acuerdo comercial anunciado entre Estados Unidos y la Argentina no solo habla de carne, acero o minerales críticos. En los comunicados oficiales hay un rubro que encendió las alarmas –y expectativas– del sector privado: los vehículos fabricados en Estados Unidos. Con un mercado local con un parque automotor envejecido y precios en dólares que no paran de subir, cualquier cambio en aranceles y regulaciones se vuelve una señal inmediata para el consumo.

Hasta ahora, los autos «made in USA» que se venden en el país llegan con un arancel del 35%, lo que los deja claramente por encima de los modelos importados desde Brasil, México o Uruguay, que gozan de acuerdos preferenciales. Por eso, pick-ups como la Ford F-150, deportivos como el Mustang o SUVs como los Jeep Wrangler y Grand Cherokee quedaron reservados para un nicho de alto poder adquisitivo.

El nuevo entendimiento entre la Casa Blanca y el Gobierno argentino apunta justamente a desarmar parte de ese sobrecosto. En los documentos difundidos oficialmente, el gobierno de Javier Milei se compromete a dar «acceso preferencial» a una serie de productos estadounidenses, entre ellos vehículos, maquinaria y tecnología, mientras que Washington se abre a más exportaciones argentinas en recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna.

En paralelo, el acuerdo menciona un punto clave para el sector: la aceptación automática de las normas de seguridad y emisiones de Estados Unidos. Es decir, los autos que ya están homologados bajo estándares federales norteamericanos podrían ingresar al país sin repetir ensayos locales, lo que recorta tiempos y costos para las terminales.

Aranceles, cupos y letra chica: qué cambia para los autos de EEUU

Aunque todavía no hay un decreto con números precisos, en el mercado se da casi por descontado que el Gobierno avanzará con algún tipo de cupo anual con arancel preferencial, incluso cercano al 0%, para los vehículos importados desde Estados Unidos. En los pasillos de las automotrices se habla de un rango tentativo de entre 10.000 y 15.000 unidades al año, una cifra modesta frente al total del mercado, pero suficiente para mover la aguja en los segmentos más caros.

La lógica del cupo es crucial porque la Argentina sigue atada a las reglas del Mercosur, que hoy le impiden borrar de un plumazo el arancel del 35% a los autos estadounidenses. El mecanismo de «ventana» o cuota especial ya se utiliza, por ejemplo, con vehículos electrificados procedentes de China. El acuerdo con Washington replica ese esquema, pero con un socio comercial de peso mucho mayor.

Para las automotrices que ya traen productos desde EEUU, la posibilidad de acceder a un cupo con menos impuestos es una oportunidad concreta. Marcas como Ford, Jeep, Ram, BMW, Mercedes-Benz o Honda podrían reforzar la oferta de modelos de alta gama, pick-ups full-size y SUVs grandes, hoy limitados por el costo impositivo y las restricciones de importación.

Sin embargo, los ejecutivos se mueven con cautela. No solo porque la «letra chica» del acuerdo todavía no se conoce, sino porque hay otros factores que definen el precio final de un cero kilómetro: impuestos internos, costos de logística, tipo de cambio y márgenes de los concesionarios. La baja de arancel, coinciden, es una condición necesaria, pero no suficiente, para hablar de un abaratamiento masivo.

¿Bajarán los precios? El futuro de Mustang, RAM y compañía

La gran pregunta del consumidor es directa: ¿van a bajar los precios de los autos estadounidenses? La respuesta, por ahora, es más matizada que la expectativa inicial. En los segmentos donde se concentran los modelos importados de EEUU –deportivos, pick-ups grandes, SUVs premium– una reducción del arancel podría traducirse en rebajas de dos dígitos sobre las listas actuales. Pero eso no significa que esos vehículos vayan a volverse «accesibles».

En el caso de un deportivo como el Mustang o de una pick-up como la RAM 1500, el arancel representa una parte relevante del precio final, pero no la única. Aun con un cupo a 0%, seguirán siendo unidades costosas, atadas a un tipo de cambio volátil y eventualmente alcanzadas por otros tributos. El impacto será más visible en la diferencia frente a productos equivalentes que llegan desde otros orígenes.

Donde el acuerdo puede tener un efecto más importante es en la ampliación de la gama. Si se facilitan las homologaciones y se abarata el ingreso, marcas como Ford o Ram podrían animarse a traer versiones de trabajo de sus pick-ups, más orientadas al agro, la construcción o la minería. Y fabricantes premium tendrían un incentivo adicional para completar sus catálogos con variantes que hoy ni siquiera se consideran para el mercado argentino.

El otro costado del acuerdo es menos amigable para la industria local. Una mayor competencia de vehículos importados con ventajas arancelarias puede poner presión sobre las plantas radicadas en Argentina y sobre el propio esquema del Mercosur. Si una parte de la demanda se vuelca a productos de origen estadounidense, el desafío para los modelos fabricados en el país será ganar competitividad, no solo en precio, sino también en tecnología y equipamiento.

El sueño Tesla: ¿fantasía mediática o escenario posible?

Cada vez que se menciona un acuerdo comercial con Estados Unidos y vehículos en la misma frase, aparece un nombre: Tesla. La compañía de Elon Musk, símbolo global de la movilidad eléctrica, todavía no tiene presencia oficial en la Argentina. Pero el nuevo marco entre la Casa Rosada y la Casa Blanca reavivó el viejo anhelo de ver sus modelos circulando en el país.

En los documentos del acuerdo no se menciona a Tesla de forma explícita, pero sí se incluyen a los vehículos fabricados en Estados Unidos dentro de los bienes que tendrán condiciones de acceso más favorables. Si se confirma un cupo con arancel reducido y homologación simplificada, el camino técnico para traer modelos eléctricos quedaría prácticamente despejado.

Eso no significa que el desembarco sea inmediato. La decisión dependerá de la estrategia comercial de Tesla, de la estabilidad macroeconómica argentina y de la capacidad de montar una red de servicios y repuestos para productos de alta complejidad tecnológica. Un eléctrico de gama media o alta, además, seguiría apuntando a un nicho premium, aun con beneficios impositivos.

Para el Gobierno, la eventual llegada de Tesla tendría un fuerte componente simbólico. Sería leída como una señal de alineamiento con la innovación tecnológica estadounidense y como un gesto de confianza en el nuevo marco regulatorio. Para el resto de la industria, en cambio, implicaría un competidor adicional en un segmento –el de la electrificación– donde muchas terminales locales recién están dando sus primeros pasos.

Lo que gana EEUU, lo que pone Argentina y lo que falta definir

Más allá del impacto en los autos, el acuerdo responde a un esquema de intercambio político y económico más amplio. Argentina ofrece acceso preferencial a bienes estadounidenses en sectores sensibles –medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, autos y productos agropecuarios– a cambio de una mejor entrada para sus exportaciones de recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna.

En materia regulatoria, el país se compromete a eliminar licencias de importación, a bajar progresivamente el impuesto estadístico y a reconocer estándares internacionales sin pedir ensayos adicionales. Sobre esa base se montan tanto los beneficios para los vehículos como para dispositivos médicos, fármacos y bienes tecnológicos.

Del lado estadounidense, las contrapartidas incluyen la reducción de aranceles para algunos insumos clave, la ampliación de cupos para productos agroindustriales y la flexibilización para importar ganado en pie y aves de corral. El acuerdo también incorpora capítulos vinculados a propiedad intelectual, comercio digital, medio ambiente y derechos laborales, con compromisos específicos para combatir la falsificación y prohibir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso.

La incógnita central está en la implementación. El documento firmado es un «Marco de Acuerdo», un paraguas general que ahora deberá traducirse en normas específicas, cupos concretos y cronogramas de reducción arancelaria. Hasta que eso ocurra, el impacto real en los precios y en la llegada de nuevos modelos seguirá siendo, en buena medida, una proyección.

Un mercado en pausa que empieza a hacer cuentas

El acuerdo llega en un momento particular. La Argentina navega una economía recesiva, con ventas de 0 km muy por debajo de los picos históricos y un consumidor extremadamente cauteloso. En ese contexto, cualquier señal de baja de impuestos, más competencia o nuevas opciones de compra se vuelve un elemento de expectativa.

En el corto plazo, las concesionarias no prevén un salto inmediato en ventas. La mayoría coincide en que los cambios se verán de forma gradual, a medida que se definan cupos, se firmen contratos con las casas matrices y se ajusten las listas de precios. Incluso con un acuerdo activa, las restricciones cambiarias, los costos financieros y la capacidad de compra seguirán siendo determinantes.

A mediano plazo, si el marco se consolida y la economía gana estabilidad, el sector imagina un escenario con más variedad de modelos importados, en especial en alta gama, pick-ups grandes y vehículos vinculados a actividades rurales y mineras. Para las terminales locales, la señal es clara: deberán reforzar su perfil exportador y apostar por plataformas competitivas si quieren sostener volúmenes de producción.

La pregunta que sobrevuela al sector es simple: ¿este acuerdo marca un antes y un después para el mercado automotor argentino o será un capítulo más en la larga lista de anuncios que no terminan de materializarse? La respuesta dependerá de cuánto de lo firmado se traduzca en medidas concretas… y de si, en algún momento, un Tesla aparece en las calles del país como símbolo de que esta vez el cambio va en serio.