Este lunes el nerviosismo estuvo presente en la operatoria financiera, con precios volátiles y alterados por el incierto contexto internacional, dada la tensión geopolítica por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Los precios del petróleo finalizaron con alzas en un rango de 6% a 9% y la reacción de las bolsas fue de mayor a menor. Más allá del saldo negativo en términos generales, las caídas registradas no fueron tan grandes como podía esperarse luego de la escalada en Irán a partir del sábado último. De hecho, los indicadores de Wall Street operaron en rojo la mayoría de la sesión, pero quedaron ligeramente positivos sobre el cierre.

Los contratos de petróleo ligero de Texas (WTI) en los EEUU ascendieron 6%, en los USD 71,02 por barril, lo que impulsó a las acciones ligadas a la energía, aunque con resultado dispar para los papeles argentinos.

El ADR de Vista Energy ganó 2,1% en dólares en Nueva York, mientras que Mercado Libre avanzó 1,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una caída de 1,5% en pesos, en los 2.309.460 puntos. En la Bolsa porteña YPF subió 0,9%, Pampa Energía avanzó 1%, Grupo Galicia cayó 2,8%, Banco Francés restó 5,7% y Banco Supervielle se hundió 7,2 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- revirtieron las bajas tempranas y finalizaron mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan cayó nueve unidades para la Argentina, en los 567 puntos básicos, tras un máximo de 590 puntos por la mañana. La baja del riesgo país se fundamentó principalmente por la suba de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU, en un rango de ocho a diez puntos básicos.

En lo local tuvo poco efecto el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, dadas las escasas precisiones sobre medidas concretas. Probablemente el anuncio de incrementar en cinco años a USD 50.000 millones las exportaciones energéticas de la Argentina fue el que generó más entusiasmo en el mercado.

Fueron las acciones petroleras las más beneficiadas por los acontecimientos internacionales y locales, mientras que el mercado de cambios pareció ajeno al devenir bursátil, con ligera tendencia bajista en todas las cotizaciones.

Ion Jauregui, analista de ActivTrades, expresó que “la muerte de Alí Jamenei y la escalada Irán–EEUU son los principales motores de volatilidad del crudo en el corto plazo. Solo una interrupción real del suministro consolidaría un movimiento alcista sostenido, con implicaciones claras para inflación, política monetaria y mercados financieros globales. Mientras tanto, los precios seguirán reaccionando de manera rápida a cada novedad geopolítica».

“La profundización del conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha desatado un verdadero sismo en los mercados internacionales, donde el temor a un desabastecimiento energético global impulsó el precio del petróleo y provocó una huida masiva hacia activos de refugio”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Finalmente, la reforma laboral fue aprobada por el Congreso y está próxima a convertirse oficialmente en ley luego de que el Senado de la Nación aprobara el viernes último el proyecto con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones”, recordó Cohen Aliados Financieros.

“Entre los cambios más importantes, la ley flexibiliza las reglas de contratación y despido, modifica la base de cálculo de las indemnizaciones, incentiva la formalización del empleo y ajusta algunos aspectos de la justicia laboral. Los sindicatos ya anunciaron iniciativas para impugnarla en la Justicia por presunta inconstitucionalidad”, apuntaron desde Cohen.

“La actividad se expandió 4,4% en 2025 y el arrastre estadístico es de 2% para 2026, pero el desafío pasa de estabilizar a consolidar crecimiento genuino”, consideró GMA Capital.

La sesión financiera de este lunes se mostró muy cambiante, con la influencia de los abruptos movimientos en las cotizaciones de los activos en el exterior, pendientes de las novedades respecto del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, para el dólar se volvieron a imponer los fundamentos propios de la plaza local, con una operatoria que se terminó imponiendo con precios a la baja en los distintos segmentos del mercado.

El volumen negociado en el segmento de contado no fue relevante, por USD 366,1 millones, pero con una oferta suficiente para presionar a una caída marginal de dos pesos o 0,1% para el dólar mayorista, en los 1.395, luego de que éste había operado holgadamente sobre los $1.400 la mayor parte de la sesión.

“La divisa abrió sorpresivamente muy por encima de su cierre previo, en $1.410, aunque con un volumen inicial reducido. La oferta apareció desde las primeras operaciones y marcó rápidamente el pulso de la rueda. Tras los primeros negocios, la presión vendedora lo hizo retroceder unos 5 pesos, estabilizándolo transitoriamente en la zona de $1.405″, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Pasado el mediodía, la demanda se retiró y el tipo de cambio comenzó a deslizarse sin encontrar piso hasta $1.391,50. Recién en ese nivel logró frenar la caída y, luego de operar durante un tramo prolongado en esa zona, ensayó una leve recuperación sobre el final para cerrar en $1.395″, completó Nicolás Merino.

El BCRA fijó para este lunes el techo de las bandas cambiarias en los $1.611,54, que dejó al tipo de cambio oficial a 216,54 pesos o 15,6% de ese límite para la flotación de la divisa.

El dólar al público, en sintonía descontó cinco pesos o 0,4% respecto del viernes, a $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber anotado un máximo intradiario de 1.435 pesos. También bajó el blue, que cedió cinco pesos, a $1.420 vendedor.

Los contratos de dólar futuro exhibieron caídas generalizadas en un rango de 0,7% a 0,9%, con negocios por el equivalente a USD 990,9 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para el cierre de marzo, cedieron 10,50 pesos o 0,7%, a $1.423, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto para fin de mes en 1.653,59 pesos.

El BCRA compró USD 70 millones en el mercado (19,1% de la oferta), para encadenar 40 ruedas operativas seguidas con saldo a favor por su intervención cambiaria.

Las reservas internacionales brutas se incrementaron en USD 957 millones, a USD 46.517 millones, con el regreso a cuentas del Central de depósitos bancarios que, por movimientos técnicos, salen de encajes con el cierre del ejercicio mensual.

La decisión del presidente Javier Milei de avanzar en la modernización del régimen de semillas volvió a poner en agenda un debate que el sector agropecuario arrastra desde hace décadas. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el mandatario confirmó la intención de adecuar el marco normativo argentino a estándares internacionales y avanzar hacia la adhesión al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

El anuncio fue celebrado de inmediato por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que consideró la iniciativa como una señal clave para otorgar mayor seguridad jurídica a la inversión en genética vegetal. Para la industria, el cambio es estructural, ya que sostienen que el esquema vigente quedó desactualizado frente al desarrollo tecnológico que hoy incorporan las semillas.

Qué dijo Javier Milei y cómo reaccionó la industria

Durante su exposición ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei planteó la necesidad de actualizar el régimen de propiedad intelectual vegetal para generar reglas claras y promover la inversión. La referencia apuntó directamente al sistema que regula la creación, registro y comercialización de nuevas variedades de cultivos.

«El sector agropecuario también tendrá su revolución. Estamos en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, duplicando la producción actual. Para ello, daremos un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas», afirmó Milei frente al Congreso.

Desde ASA difundieron un comunicado en el que respaldaron la iniciativa presidencial y sostuvieron que la modernización permitiría revertir un proceso de pérdida de competitividad asociado, según su visión, a la falta de actualización normativa.

La entidad remarcó que la Argentina continúa bajo el Acta 1978 de la UPOV, mientras que la mayoría de los países que lideran el comercio agrícola ya adoptaron el Acta 1991, que amplía los derechos de los obtentores vegetales y redefine el alcance del uso propio.

Un marco legal que nació en otra época

Argentina tiene una Ley de Semillas que data de 1973. Fue concebida en un contexto en el que la genética vegetal tenía un peso tecnológico mucho menor al actual. En aquel entonces, la mejora varietal era relevante, pero no incorporaba eventos biotecnológicos, edición génica ni paquetes tecnológicos complejos como los que hoy están integrados en un grano de soja, maíz o algodón.

En paralelo, el país adhirió al Acta 1978 de la UPOV, organismo internacional que establece estándares mínimos para proteger los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. Bajo ese esquema, se reconoce el derecho del obtentor, es decir, de quien invierte en investigación y logra una nueva variedad, a cobrar regalías por la venta de semilla fiscalizada.

Sin embargo, el sistema de 1978 deja amplio margen para el llamado «uso propio», es decir, la posibilidad de que el productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente sin pagar una nueva regalía al obtentor.

La tecnología dentro de la semilla

En las últimas décadas, la semilla dejó de ser solo un insumo biológico para transformarse en un vehículo de alta tecnología. En cultivos como soja o maíz, incorpora mejoramiento genético tradicional, eventos transgénicos, tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos y, más recientemente, herramientas de edición génica.

Detrás de cada nueva variedad hay años de investigación, ensayos y procesos de registro que demandan inversiones millonarias. Las compañías semilleras sostienen que sin un marco que proteja adecuadamente esa inversión, el incentivo para desarrollar nuevas tecnologías en el país se reduce.

El eje del debate pasa, en buena medida, por cómo se equilibra el derecho del obtentor con el uso propio del productor. Mientras las empresas argumentan que el esquema actual facilita la reutilización sin compensación suficiente, muchos productores defienden el derecho histórico a guardar parte de su cosecha para la próxima siembra.

UPOV 78 versus UPOV 91

La diferencia central entre el Acta 1978 y el Acta 1991 de la UPOV radica en el alcance de los derechos de propiedad intelectual.

El Acta 1991 amplía la protección al introducir el concepto de «variedades esencialmente derivadas«, es decir, aquellas que parten de una variedad inicial protegida pero presentan modificaciones menores. Bajo este esquema, el obtentor original mantiene derechos sobre esas nuevas variedades derivadas.

Además, UPOV 91 restringe el uso propio, que deja de ser un derecho amplio y pasa a depender de las excepciones que cada Estado decida establecer. Esto implica mayor capacidad de control y potencialmente mayor percepción de regalías por parte de las empresas desarrolladoras.

Para la industria semillera, alinearse con UPOV 91 colocaría a la Argentina en igualdad de condiciones con los principales mercados agrícolas y facilitaría la radicación de inversiones en investigación y desarrollo.

La dimensión comercial

Más allá del debate jurídico, la discusión tiene una clara «beta» comercial. Las empresas del sector consideran que un sistema más robusto de protección permitiría ampliar la inversión local, desarrollar variedades adaptadas a distintas regiones productivas y mejorar el posicionamiento exportador.

Esta visión es rechazada por muchos productores de granos de la zona central del país, ya que creen que el pago representa una nueva carga sobre las cuentas de los agricultores, en especial mientras sigan vigentes los derechos de exportación (retenciones) que asfixian las cuentas de márgenes agrícolas.

Desde la óptica de la industria, la modernización del régimen no solo impactaría en las compañías, sino en la productividad general del agro. Argumentan que mayor innovación genética se traduce en mejores rindes, mayor estabilidad frente a estrés climático y mejor calidad industrial.

Un debate que vuelve al Congreso

La intención oficial es enviar al Parlamento un proyecto que adecue la legislación local a los estándares del Acta 1991. No es la primera vez que se intenta. En los últimos años hubo iniciativas que no prosperaron por falta de consenso político y sectorial.

Ahora, el acuerdo rubricado entre Argentina y Estados Unidos obliga a nuestro país a ingresar a este convenio internacional, y respetar los estándares que asegura la versión de 1991.

Es por esto que se materializó el respaldo explícito del Poder Ejecutivo en el inicio del período legislativo y el apoyo público de la industria semillera. El debate que se abre no es técnico solamente, ya que involucra derechos de propiedad, costos productivos, inversión en innovación y posicionamiento internacional.

Para el público general, el punto central es comprender que la semilla ya no es un simple insumo agrícola. Es el resultado de procesos científicos complejos que requieren reglas claras para incentivar su desarrollo. La discusión sobre UPOV 91, en definitiva, gira en torno a cómo repartir los derechos y obligaciones entre quienes generan esa tecnología y quienes la utilizan para producir alimentos.

El Congreso tendrá ahora la tarea de transformar el anuncio en un texto concreto. Allí se definirá si la Argentina mantiene el esquema heredado de los años setenta o si decide alinearse con el estándar internacional vigente en la mayor parte del comercio agrícola mundial.

Febrero comenzó con la difusión de nivel récord del estimador mensual del PBI (EMAE) al cierre de 2025, pese a que otros indicadores alertaban sobre la persistencia de la debilidad del consumo interno y malestar en empresas afectadas por la competencia de importaciones.

Esa heterogeneidad en el comportamiento de los diferentes aspectos de la economía real volvió a reflejarse en el resultado negativo de la recaudación tributaria ajustada por inflación, aunque también incidieron otros factores:

1. reducción de impuestos y de alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en febrero 2025, y eliminación de anticipos de IVA Aduanero,
2. menor cantidad de días hábiles para el pago de tributos, y
3. caída de la liquidación de exportaciones agroindustriales por conflictos gremiales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en febrero las tres fuentes de ingresos tributarios –DGI, Aduana y Anses– recaudaron en conjunto $16,23 billones, lo que implica una suba nominal de 20,1% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los precios aumentaron 32,4% en el mismo período.

De ahí se desprende una caída de los recursos tributarios de 12,3% en términos reales en comparación con un año antes, y se constituyó en la séptima disminución consecutiva ajustada por inflación.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadín Argañaraz, explica: “Al igual que en enero, una de las principales causas de esta baja de recaudación sería el impacto en la recaudación proveniente de Aduana (IVA DGA) de la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto”. A ello se suman los efectos de baja y eliminación de retenciones a las exportaciones y de aranceles sobre las importaciones a lo largo del último año, al que se suma desde marzo el fin del Impuesto Adicional a los Autos de Lujo.

En el análisis de la contribución de cada una de las fuentes de ingresos gestionadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se observa la siguiente dinámica:

DGI: El componente netamente impositivo aumentó 33%, medio punto porcentual más que la inflación, sobresaliendo el repunte de lo ingresado por Transferencia de Combustibles 58% -por la suba de la alícuota-, y Ganancias con un crecimiento nominal de 38,3%. Por el contrario, se mantuvieron en retroceso en valores reales lo captado por IVA con 28,4% nominal; sobre los Créditos y Débitos Bancarios 22,7% -contó con 3 días hábiles menos con relación al año anterior-; a los Bienes Personales 14,8%; e Internos Coparticipados 10,9 por ciento.

Aduana: El total de lo percibido por esta fuente bajó 16,8% en valores nominales. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante febrero las empresas del sector liquidaron operaciones por USD 1.289 millones; cayó 30% en comparación con el mes anterior.

Destaca el reporte de las entidades exportadores del complejo cerealero-oleaginoso: “Febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días, debido a los feriados y, en particular, a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada”.

Anses: El crecimiento de lo ingresado al Sistema de Seguridad Social también se mantuvo por debajo de la tasa de inflación, fue de 26,2%, desagregado en 24,1% la suba por Aportes Personales; 27% Contribuciones Patronales y Otros Ingresos a la Seguridad Social 45,1 ciento.

En el acumulado del primer bimestre de 2026, los ingresos tributarios tributarios subieron 21,1% interanual, acusaron una disminución de 8,2% ajustados por inflación, pese a que la actividad económico habría registrado un aumento de 2%, según estimaciones privadas.

En febrero de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,42 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 7,4% (en enero la baja fue del 7%) “La coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 8,8% real.

A partir de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el Iaraf estimó: “La caída de la coparticipación neta en febrero se debería principalmente a la disminución real interanual del IVA”.

Al analizar la evolución de las transferencias automáticas por jurisdicción, Iaraf detectó que todas registraron variaciones reales negativas. No obstante, la dispersión fue de 5 puntos porcentuales entre CABA, con la mayor caída (8,6%), y Salta, con la menor (3,6%). En CABA, La Rioja y Santa Cruz, el mayor descenso relativo se explica por una menor participación en Leyes Especiales y compensaciones, las cuales aumentaron un 9% real interanual. En cambio, Salta, Tucumán y Catamarca tuvieron una caída menor debido a su mayor participación en estos componentes del reparto.