El presidente Javier Milei publicó un decreto que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias argentinas. El límite total es de $400.000 millones. La medida salió este lunes en el Boletín Oficial.

Se trata de recursos que ya pertenecen a las propias jurisdicciones por ley. Pero el Gobierno los girará de manera anticipada. Las provincias deberán devolverlos dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, de este año.

El objetivo central es darles liquidez inmediata para cubrir gastos corrientes, en un contexto donde las transferencias automáticas cayeron 6,4% en el primer trimestre y la recaudación sigue en baja.

La herramienta no es nueva. Las provincias ya venían pidiendo adelantos mensuales de manera extraordinaria. La diferencia ahora es que el esquema se sistematiza con un tope global y condiciones definidas.

El marco es de deterioro sostenido de los ingresos provinciales. La coparticipación federal registró una caída de 7% interanual en marzo, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Los recursos propios de las jurisdicciones también muestran contracción. El combo genera problemas para pagar salarios en educación, salud y seguridad, sectores que concentran entre 70% y 80% del gasto provincial.

Cómo funciona el mecanismo de adelantos de coparticipación

Los adelantos de coparticipación son fondos que las provincias reciben por anticipado. Corresponden a su participación en la masa coparticipable de impuestos nacionales. Al adelantarlos, el Estado reduce los envíos futuros.

Esto obliga a las administraciones locales a ordenar sus cuentas dentro del mismo año. No es un préstamo externo: son recursos propios que se anticipan.

El decreto fija una tasa de 15% para estos fondos, muy por debajo de las condiciones del mercado financiero, donde el financiamiento para provincias oscila entre 30% y 45%.

El objetivo del Gobierno nacional es tener margen de negociación con gobernadores aliados. Busca evitar que recurran a endeudamiento más costoso para afrontar compromisos inmediatos.

El monto específico para cada provincia no está definido en la norma. Será la Secretaría de Hacienda quien asigne los fondos según dos criterios:

• La capacidad de repago de cada jurisdicción
• Su participación en la recaudación de impuestos nacionales
• Las necesidades financieras manifestadas
• El cumplimiento de compromisos fiscales previos

Los considerandos del decreto indican que varias provincias manifestaron estar «impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes». Esa fue la razón esgrimida para intervenir.

El nuevo régimen reemplaza la modalidad tradicional de pedidos mensuales. Antes, las provincias informaban sus necesidades y el Gobierno definía montos caso por caso. Ahora hay un marco preestablecido.

Qué provincias pueden acceder y por qué las necesitan

El esquema de adelanto de coparticipación incluye a 12 jurisdicciones: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026, por lo que la suma total de provincias alcanzadas es de 13.

Se trata, en su mayoría, de distritos con alta dependencia de los recursos de origen nacional. La caída de la recaudación les reduce la capacidad de pago en sectores clave como educación, salud y seguridad.

En marzo, las transferencias de origen nacional mostraron una baja real de 3,8%, mientras que la coparticipación cayó 7% interanual en términos reales, acumulando tres meses consecutivos en descenso.

Varias de estas provincias enfrentan dificultades estructurales para generar recursos propios. Su matriz productiva depende en gran medida de sectores primarios o de la administración pública.

La caída sostenida de la actividad económica redujo la base imponible provincial. Los tributos locales —ingresos brutos, inmobiliario, automotor— también registran bajas en términos reales.

El adelanto de coparticipación aparece como una herramienta para sostener la liquidez en el corto plazo. Pero no resuelve el problema de fondo: la contracción persistente de los ingresos provinciales.

Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA quedaron fuera del esquema. Su mayor capacidad de generación de recursos propios y acceso al mercado de crédito las excluyen del mecanismo.

En medio de los cuestionamientos por los funcionarios que recibieron préstamos hipotecarios en el Banco Nación por montos abultados, la entidad financiera estatal negó cualquier tipo de condición preferencial o de agilización en el otorgamiento de esos créditos. Destacó que los mismos fueron otorgados con los mismos requisitos que el resto de beneficiarios de la línea “Más hogares con BNA”, que ya entregó 27.000 créditos desde su lanzamiento en julio de 2024.

“No hubo ningún tipo de acomodo, todos los créditos se otorgaron bajo la normativa del Banco, el proceso es uniforme y todos los clientes acceden al crédito de la misma forma”, dijo Mario Zagaglia, subgerente general de Banca Minorista del Banco Nación, quien rechazó en una entrevista con Radio Mitre que exista alguna “ventanilla para funcionarios” o cualquier atención diferenciada.

El funcionario recordó que en enero pasadado el Nación creó un sistema de gestión del crédito completamente digital. “Mejoró en forma sustancial la experiencia del cliente y la trazabilidad de los préstamos. Hoy la gestión es 100% digital. La solicitud se ingresa 24 por 7, desde cualquier lugar el país. Así, el cliente obtiene un primer ‘preaprobado’ que da inicio al trámite”, explicó Zagaglia.

“En aproximadamente 60 días, luego de elegir la vivienda y de realizarse la tasación y el resto de los trámites vinculados, se puede firmar la escritura de la hipoteca en una sucursal del Nación”, agregó.

La línea crediticia ya entregó 3 billones de pesos en el marco de un plan que espera otorgar 40.000 préstamos en 3 años y que apunta en forma particular a quienes cobran su salario en la entidad, aún cuando también esté disponible para monotributistas o autónomos que puedan cumplir con su el nivel de ingresos requerido. “En el primer trimestre de este año, 9 de cada 10 préstamos hipotecarios entregados en la Argentina los dio el Nación”, aseguró Zagaglia.

“Como todos los bancos del sistema, hacemos diferencias con los que cobran su sueldo con nosotros”, explicó el directivo, por lo que en esos casos, sean o no funcionarios, hay tasas más bajas y otras condiciones más favorables para el que pide el crédito teniendo su cuenta sueldo en el Nación.

“Es muy habitual que para acceder sume un cotitular, normalmente su pareja y hasta dos codeudores, por ejemplo sus padres, que deben cumplir algún lazo de consanguinidad. La mayoría de los bancos del sistema, públicos o privados, tienen condiciones estándar”, dijo Zagaglia, por lo que admitió que, aún cuando el Nación tiene una tasa más baja, el resto de las condiciones del préstamo son similares, “dato más o dato menos”.

A modo de ejemplo, explicó las condiciones de la línea “Más hogares con BNA”, que tiene un monto máximo de USD 470.000. Para recibir un préstamo hipotecario de USD 90.000, equivalente a $125 millones, a un plazo de 30 años, la cuota inicial es de 750.000 pesos. “Es un valor equiparabla al pago de un alquiler y la persona está comprando un activo que queda en su propiedad”, señaló. Para calificar en ese préstamo utilizado como ejemplo, el ingreso mínimo requerido es de 3 millones de pesos

La defensa de Caputo

En medio de la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a los funcionarios, varios pertenecientes al Palacio de Hacienda, que tomaron créditos hipotecarios del Nación. Consideró que no hubo ninguna irregularidad y que incluso él mismo los incentivó a gestionar los préstamos.

“En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, manifestó Caputo en relación a los funcionarios que tomaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación.

Entre los funcionarios involucrados se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos USD 315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.

“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, consideró el ministro.

“Además, es la mayor justicia social: ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?“, dijo en diálogo con LN+.

Depositar dólares en el banco es una práctica habitual, pero existen controles de ARCA que pueden activarse según el monto y el tipo de operación

06/04/2026 – 08:34hs

Depositar dólares en una cuenta bancaria es una práctica habitual dentro del sistema financiero argentino. Ya sea para guardar ahorros, realizar inversiones o concretar la compra de un bien registrable, como un inmueble, muchas personas utilizan esta vía para operar con moneda extranjera de forma segura y registrada.

Sin embargo, aunque se trata de una operatoria frecuente, estos movimientos no quedan exentos de controles. Tanto los bancos como ARCA aplican distintos criterios de monitoreo que pueden activarse ante determinadas situaciones. Por eso, conocer cómo funcionan estos mecanismos y cuáles son los límites vigentes resulta clave para evitar inconvenientes.

Qué aspectos se analizan al momento de depositar dólares

Al momento de realizar un depósito en dólares, uno de los factores centrales que analizan las entidades financieras es el origen de los fondos. En este sentido, es fundamental que las divisas provengan de operaciones realizadas dentro del circuito formal, ya que esto facilita cualquier eventual verificación.

Entre los casos más claros se encuentran los dólares adquiridos a través de canales oficiales, como el mercado cambiario regulado o mediante operaciones bursátiles. Estas transacciones quedan registradas en el sistema, lo que permite acreditar su origen sin mayores dificultades en caso de que se solicite información adicional.

Por ejemplo, aquellos adquiridos a través del mercado oficial o a través de operaciones bursátiles como el dólar MEP. Este tipo de operaciones quedan registradas en el sistema financiero, por lo que puede ser fácilmente verificado ante cualquier requerimiento.

También pueden justificarse los fondos provenientes del ecosistema cripto. En estos casos, el respaldo se logra a partir de comprobantes de compra y venta de activos digitales o stablecoins vinculadas al dólar, siempre que exista documentación que permita demostrar la operación.

La situación cambia cuando los dólares no tienen un respaldo dentro del sistema formal. Incluso si la persona cuenta con ingresos declarados en pesos, la falta de registros sobre la compra formal de moneda extranjera puede generar inconvenientes. Esto se debe a que no solo se evalúa la capacidad económica del contribuyente, sino también la trazabilidad de los fondos.

Ante este escenario, las entidades pueden considerar que el dinero proviene de circuitos informales, lo que aumenta las probabilidades de controles o pedidos de justificación. Por este motivo, la recomendación es operar siempre con fondos que puedan ser acreditados o que hayan sido regularizados previamente en programas de blanqueo.

Desde qué montos ARCA puede solicitar información

Además del origen de los fondos, existen parámetros cuantitativos que determinan cuándo una operación debe ser informada. En este punto, ARCA estableció distintos umbrales que obligan a bancos y entidades financieras a reportar movimientos dentro del sistema.

Para las personas físicas, las transferencias o acreditaciones bancarias se informan a partir de los $50.000.000, mientras que en el caso de las personas jurídicas el límite es de $30.000.000. Estos valores también se aplican a operaciones realizadas a través de billeteras virtuales.

Las tenencias en sociedades de bolsa también se encuentran bajo monitoreo, con los mismos límites que los plazos fijos para personas físicas y jurídicas. En paralelo, las compras como consumidor final pueden realizarse hasta $10.000.000 sin necesidad de aportar información adicional, mientras que los pagos se informan desde los $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Si bien todos estos valores están expresados en pesos, cuando se trata de depósitos en dólares las entidades financieras convierten el monto al tipo de cambio oficial para determinar si se superan los umbrales establecidos. De esta manera, pueden evaluar si corresponde informar la operación.