La actual liquidación de divisas provenientes del sector agropecuario y del petróleo, junto con la proyección de mayores ingresos en los próximos meses, representa una oportunidad para levantar los controles de cambio y aumentar las reservas netas del país. Así lo sostuvo Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, quien advirtió que el contexto de alta liquidez en divisas permite avanzar hacia una reforma profunda del sistema monetario y cambiario sin la presión de un salto brusco del tipo de cambio.

En un posteo en su blog, Cavallo consideró que el momento es propicio para que el Tesoro compre todas las divisas necesarias para el pago de intereses de la deuda externa y para que, hacia fin de año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sume al menos 10 mil millones de dólares en reservas netas adicionales.

El exfuncionario recordó que en condiciones normales, un giro de este calibre en la estrategia monetaria suele desencadenar una depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, Cavallo evaluó que la elevada oferta de divisas en el mercado local limitaría ese efecto y resultaría menos riesgoso que demorar la decisión hasta acercarse a las elecciones.

De esta manera, insistió en que el Gobierno debe “abocarse de inmediato a legislar la reforma monetaria, cambiaria y financiera”, una iniciativa que, según su visión, contribuiría a mitigar riesgos inflacionarios y a consolidar la expectativa cambiaria como pilar de un plan de estabilización. A la vez, destacó la importancia de combinar este esquema con el equilibrio fiscal, para lograr tanto una baja sostenida de la inflación como una pronta recuperación de la demanda interna.

En su análisis, Cavallo cuestionó el carácter contradictorio de los controles de cambio. Explicó que, si bien suelen instaurarse para frenar la salida de capitales en situaciones de crisis externa, cuando se prolongan “desalientan el ingreso de divisas” y encarecen el costo del capital, afectando tanto la inversión en activos fijos como en capital de trabajo. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el ex ministro de Economía planteó que el Gobierno reconoce esta distorsión al permitir que quienes invierten bajo ese marco dispongan libremente de las divisas generadas por exportaciones. “Para quienes inviertan protegidos por el RIGI se les asegura que no existirán controles de cambio”, explicó.

No obstante, marcó que el resto de las empresas continúa enfrentando fuertes restricciones para administrar sus excedentes en moneda extranjera y para acceder a financiamiento externo. Esta situación, alertó, termina elevando el costo del capital y desincentivando la inversión.

Respecto al riesgo país, el padre de la Convertibilidad expone que la permanencia de controles de cambio para las compañías fuera del RIGI y el bajo nivel de reservas netas del Banco Central mantienen el indicador por encima de los 600 puntos básicos, a pesar de los resultados fiscales positivos. Según el ex ministro, las dificultades del BCRA para acumular reservas por temor a la emisión monetaria alimenta la percepción de que la estabilidad cambiaria es frágil y que una depreciación abrupta podría desatar nuevas presiones inflacionarias. “Si el Banco Central acumulara más reservas, aún a costa de admitir una depreciación temprana del tipo de cambio, la expectativa de depreciación futura disminuiría”, sostuvo.

Cavallo también consignó que los controles de cambio fomentan la informalidad, ya que muchos exportadores y prestadores de servicios optan por ingresar divisas a través del mercado informal en lugar de liquidarlas en el circuito oficial. El ex titular del Palacio de Hacienda argumentó que, sin restricciones, la disponibilidad de dólares para pagos y financiamiento internos sería mucho mayor que la que permite el régimen de “inocencia fiscal”, al que calificó como “necesariamente transitorio y legalmente inseguro”.

El ex ministro propuso que, una vez eliminados los controles, el Banco Central autorice a los bancos a utilizar los depósitos en dólares para financiar inversiones, ya sea a través de créditos o mediante la compra de obligaciones negociables del sector privado. Además, consideró que la expansión del crédito en dólares bajo un régimen de controles resulta riesgosa, porque la inestabilidad cambiaria y las altas tasas en pesos incrementan el peligro de incobrabilidad.

Domingo Cavallo concluyó que la eliminación de los controles de cambio y la liberalización del mercado cambiario acercarían a la Argentina a un modelo más competitivo, alineado con la idea de una economía sin Banco Central, como la que promovió Javier Milei durante la campaña presidencial. En tal sentido, ejemplificó con el caso peruano al señalar que la Constitución de Perú prohíbe el financiamiento monetario al Tesoro y los controles cambiarios, lo que permitió al país alcanzar una estabilidad de precios destacada pese a la inestabilidad política.

“Es muy difícil que se pueda avanzar hacia la despolitización de la economía, es decir a sacar al Estado de la intermediación entre vendedores y compradores en los mercados de bienes y servicios, si en materia monetaria, cambiaria y financiera impera la discreción por arriba de las reglas”, cerró su análisis.

La última prueba de Toto Caputo para fondearse con dólares «sin depender de «Wall Street» dejó, por primera vez, una señal de advertencia sobre si, pese a la elevada liquidez de billetes verdes, el ministro de economía está llegando al límite de la capacidad del mercado local.

Y no faltan, incluso, quienes creen que a Caputo le pueda haber jugado en contra su propio discurso sobre el componente de «riesgo kuka» en la tasa de interés de los bonos que vencen después de 2027.

El viernes, Caputo había celebrado el hecho de que se había generado, otra vez, una fuerte demanda de los inversores locales por bonos en dólares. Se colocaron los u$s150 millones previstos para cada uno de los dos bonos. Y el mayor motivo de festejo fue la nueva caída en la tasa de interés para el título que vence en octubre 2027, que pagó apenas 5,02% anual, cuando en las licitaciones previas la tasa había sido de 5,8% y 5,4%, respectivamente.

Pero el resultado para el bono nuevo, el que vence en 2028, fue más ambiguo. También hubo demanda, pero la tasa de interés fue de 8,5% nominal, algo que Caputo tomó como confirmación de que el mercado sigue con temor a que en las elecciones presidenciales del año próximo pueda haber un regreso del kirchnerismo y que, eventualmente, haya un default o reperfilamiento de estos bonos dolarizados.

Hasta ahí, como reza el eslogan oficialista, «todo marchaba acorde a lo planeado». Pero cuando el lunes se realizó la segunda tanda de licitación, para colocar un adicional de u$s100 millones para cada bono, llegó la sorpresa negativa.

La demanda por el título con vencimiento 2027, es decir el que está totalmente «libre de riesgo kuka», quedó u$s3 millones por debajo del cupo, cuando en las licitaciones anteriores se había excedido la oferta por más de u$s200 millones. Y, en lo que respecta al bono que devuelve el capital en 2028, la demanda estuvo u$s66 millones debajo del cupo.

En definitiva, en una licitación en la que Caputo aspiraba a captar u$s500 millones -sumando dos tandas de ambos bonos-, logró u$s431 millones, un 14% menos que lo esperado. La cifra propiamente dicha no es mala, pero lo que varios analistas están interpretando es que es posible que se esté en un quiebre de tendencia. En otras palabras, que la capacidad de fondearse en dólares con el mercado local entre en fase decreciente.

¿Se terminó el entusiasmo?

Hasta ahora, sumando las tres licitaciones realizadas con los nuevos bonos, el Tesoro captó u$s931 millones, sobre un total de u$s2.000 millones que anunció que buscaría a lo largo del año, con el objetivo de financiarse para hacer frente al calendario de vencimientos de deuda.

En particular, preocupaba al gobierno el abultado vencimiento de julio, cuando haya que cancelar capital más intereses por u$s4.200 millones.

Y el relativo mal resultado del bono 2028 -se demandaron u$s184 millones ante una oferta de u$s250 millones, y los inversores pidieron una tasa que excede en 3,48% la pactada por el bono 2027- deja una nota de duda respecto de si Caputo querrá volver a emitir este título dentro de dos semanas o si considerará que el costo del «riesgo kuka» no vale la pena.

Por lo pronto, lo que está claro es que la liquidez en dólares del sistema bancario sigue siendo elevada, con depósitos por u$s40.000 millones, y de los cuales apenas la mitad fue colocado en créditos.

Pero si se necesita una prueba incontestable de que hay apetito por activos a comprar con dólares, el mismo día del segundo tramo de la licitación hubo una salida al mercado de una nueva Obligación Negociable corporativa, que despertó fuerte interés. En este caso, se trata de Pampa Energía, que consiguió u$s200 millones, a una tasa de 5,49% anual, con un vencimiento a 36 meses.

El cálculo de los analistas es que, desde las elecciones legislativas de octubre hasta ahora, ya superan los u$s12.000 millones las emisiones de crédito corporativo y de deuda de los gobiernos provinciales.

Un argumento de doble filo

Ante esa situación, en el mercado se está planteando el debate sobre si Caputo hizo bien en lanzar su bono 2028, o si el resultado de ese test se pudo haber transformado en un efecto boomerang.

Así lo plantea la consultora Outlier: «El argumento del ‘riesgo kuka’ para explicar esa situación es un arma de doble filo, porque implica reconocer que el mercado asigna una probabilidad significativa no solo a la no continuidad de la actual administración, sino a un quiebre y reversión abrupta del enfoque por la misma impulsado».

Lo cierto es que hay muchos analistas que coinciden en que la licitación no salió bien para el gobierno, y no necesariamente por las cifras, sino por el mensaje tácito que devuelve el mercado. Básicamente, que la confianza sobre la estabilidad del modelo económico es de corto plazo.

El propio Caputo hizo el cálculo. Estableció que el «riesgo país Milei» es de apenas 117 puntos básicos. Ese es el número que surge de restarle a la tasa del bono argentino -5,02% en la licitación de este viernes- el costo de la tasa de referencia mundial, que ronda el 3,8%. Para el gobierno, esa tasa no sólo es baja porque lleva implícito un riesgo país muy inferior al que mide el índice de JP Morgan a nivel mundial -en torno de 600 puntos- sino que, además viene en franco descenso.

En contraste, el riesgo país a octubre de 2028 fue calculado por Caputo en 460 puntos. Y la «tasa forward» -como se denomina en la jerga financiera a la diferencia de interés entre dos momentos futuros, en este caso octubre de 2028 versus octubre de 2027- equivale a una tasa nominal anual de 14,09%.

La parte mala para el gobierno es que, detrás de la chicana al kirchnerismo, hay un reconocimiento de que el mercado sigue viendo una probabilidad relativamente alta de un quiebre de rumbo económico y de un cambio de signo político tras las elecciones del año próximo.

Afuera, tasas prohibitivas

Para el corto plazo, el interrogante que dejó esta licitación es si Caputo podrá completar su plan original de tomar u$s2.000 millones del mercado argentino y pagar una tasa en torno al 5% anual. De ello depende, en buena medida, la continuidad de la estabilidad cambiaria y la cotización de los bonos de deuda soberana.

Si hoy el ministro tuviera que pedir crédito en el mercado financiero global, debería pagar una tasa anual de más de 9%, que sería el resultado de la tasa de referencia, más el índice de 600 puntos que mide hoy Argentina tras la turbulencia global generada por el conflicto en Medio Oriente. En otras palabras, una tasa prohibitiva.

El nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase, intentó llevar calma al mercado al afirmar que ya está asegurada la cantidad de dólares necesaria para cumplir con los vencimientos de deuda del año. Sin embargo, por un mix de factores internos y externos, el índice de riesgo país argentino sigue firme en su tendencia alcista, y se ubica en 630 puntos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó este martes su preocupación ante la decisión judicial de suspender de manera cautelar una parte sustancial de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral. A través de un comunicado oficial, la entidad fabril reclamó la necesidad de contar con “reglas claras, previsibles y estables” para fomentar la inversión y el empleo formal, al tiempo que advirtió sobre el impacto negativo que la incertidumbre normativa genera en el clima de negocios.

La postura de la central empresarial se produjo tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el lunes dispuso frenar la aplicación de 83 artículos de la norma que había sido sancionada por el Congreso Nacional y publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo. Según la UIA, la suspensión de los efectos de una ley aprobada democráticamente debe ser el “último recurso del orden jurídico” y no el primero, como consideran que ocurrió en esta instancia.

La posición de la industria ante el freno judicial

En su pronunciamiento, la entidad que preside Martín Rappallini subrayó que la Ley de Modernización Laboral fue sancionada por “amplia mayoría” en el Poder Legislativo. En ese sentido, la UIA sostuvo que el respeto por la división de poderes y por las leyes aprobadas es un pilar esencial para la seguridad jurídica y el funcionamiento de la economía.

“La persistencia de la incertidumbre normativa debilita el clima de negocios y retrasa las decisiones productivas”, indicó el documento oficial de la institución. Para los industriales, la vigencia de los marcos legales que buscan modernizar el sistema laboral es fundamental para acompañar el desarrollo del país y mejorar la competitividad de los sectores productivos.

La preocupación empresarial radica en que la cautelar retrotrae las condiciones de contratación y gestión de recursos humanos al esquema previo a la reforma, en un contexto donde el sector privado buscaba aplicar las nuevas herramientas previstas en la Ley 27.802. Según la UIA, Argentina requiere de un escenario normativo que promueva la inversión y el empleo formal, objetivos que, a su criterio, se ven obstaculizados por la suspensión de los 83 artículos.

El origen del conflicto: la presentación de la CGT

La suspensión provisional de la reforma laboral fue el resultado de una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley.

En su demanda, la CGT argumentó que los cambios introducidos por la Ley 27.802 afectaban principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Entre los puntos señalados se encontraban el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

El juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, hizo lugar al planteo y dictó una medida innovativa para mantener el “status quo”. El magistrado consideró que la aplicación inmediata de las normas impugnadas, antes de una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, podría causar “daños irreparables” a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Los puntos clave suspendidos por la Justicia

El fallo judicial frenó una serie de modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744 y otras normas complementarias. Entre los artículos suspendidos se encuentran los siguientes:

1. Ámbito de aplicación (Art. 2 LCT): La reforma buscaba excluir del régimen general a empleados públicos, personal de casas particulares, trabajadores agrarios y, fundamentalmente, a prestadores independientes de plataformas tecnológicas.
2. Presunción de contrato de trabajo (Art. 23 LCT): La nueva ley establecía que la presunción de relación laboral no aplicaría en contrataciones de obra o servicios profesionales con facturación, punto que fue suspendido.
3. Indemnizaciones y fondo de cese (Art. 245 LCT): Se frenó el nuevo cálculo de indemnización por despido sin causa y la posibilidad de sustituir dicho esquema por un fondo de cese laboral similar al del sector de la construcción.
4. Jornada laboral y banco de horas (Arts. 197 bis y 198 LCT): La justicia suspendió la posibilidad de pactar regímenes de compensación de horas extra y bancos de horas por escrito entre empleador y trabajador.
5. Teletrabajo: Se dejó sin efecto la derogación de la Ley N° 27.555, manteniendo así la vigencia del marco regulatorio específico para el trabajo a distancia.
6. Relación de dependencia en servicios eventuales y tercerización (Arts. 29 y 30 LCT): La reforma limitaba la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias y principales, cambio que ahora quedó en suspenso.

Además, la medida cautelar alcanzó a artículos que regulaban la irrenunciabilidad de derechos (Art. 12 LCT), el principio de la norma más favorable (Art. 9 LCT) y la actualización de créditos laborales en juicios (Art. 55 de la Ley de Modernización Laboral), los cuales debían calcularse por IPC más un 3% anual.

Argumentos del Estado y repercusiones sindicales

Frente a la demanda de la CGT, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, defendió la validez de la reforma. El Gobierno sostuvo que los cambios legislativos respondían a una política pública orientada a la inserción internacional, la atracción de inversiones y el fomento del empleo formal. Asimismo, cuestionó la legitimación de la CGT para representar a la totalidad de los trabajadores en una acción de este tipo.

Sin embargo, el tribunal reconoció la legitimación colectiva de la central obrera y priorizó la protección de los derechos que podrían verse vulnerados durante el tiempo que demande el proceso judicial.

Tras conocerse el fallo, referentes sindicales expresaron su satisfacción. Héctor Daer, secretario de Sanidad y cotitular de la CGT, señaló que la justicia puso un “límite constitucional” a la reforma y destacó que la cautelar permite analizar el derecho de fondo preservando la paz social. Por su parte, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central y titular de UPCN, calificó la decisión como un “gran paso adelante” frente a lo que denominó una “pseudo-modernización”.