En el sector porcino muestra preocupación por el fuerte aumento de las importaciones de carne de cerdo durante septiembre, que alcanzaron los 125 millones de dólares y 4.600 toneladas. A su vez, manifiestan rechazo por la competencia desleal.

Según advirtió la Federación Porcina Argentina (FPA), el 97,8% de la carne importada provino de Brasil, y la mitad correspondió a bondiola, uno de los cortes más populares en las mesas argentinas.

En términos equivalentes, las 2.000 toneladas de bondiola de origen brasileño representan 2 millones de kilos de carne porcina, o unos 500.000 capones, el mismo volumen que se produce localmente en un mes.

“Este ingreso masivo duplicó la oferta de bondiola en el mercado, afectando los precios y la rentabilidad de toda la cadena, en especial a los despostadores y distribuidores, que además de comercializar enfrentan una competencia creciente de productos importados de menor calidad, que viene congelada y contiene agua, lo que afecta la percepción del consumidor y la imagen del producto porcino en general”, expresaron desde la FPA.

La situación se agrava por la “competencia desleal” derivada del uso de ractopamina, que, según señala FPA, es un promotor de crecimiento que aumenta la productividad en un 6% y que está prohibido en más de 160 países, incluida la Argentina.

“Mientras nuestros productores sostienen un modelo natural y sustentable, deben competir en su propio mercado con productos más baratos elaborados bajo condiciones productivas no permitidas en el país”, asegura la entidad.

Para la FPA, la cadena porcina argentina atraviesa una etapa decisiva. El Plan Estratégico Porcino (PEP) prevé inversiones por más de USD 1.600 millones hasta 2032, con el objetivo de duplicar la producción, crear más empleo y sumar divisas genuinas.

En la actualidad, la actividad mueve más de USD 4.000 millones al año, genera alrededor de 72.000 puestos de trabajo directos e indirectos y registra un consumo per cápita superior a los 18 kilos anuales, con un crecimiento sostenido de entre 4 y 5% por año en la última década.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el consumo aparente de carne porcina llegó a 573.000 toneladas en los primeros 8 meses del año, lo que implica un crecimiento interanual del 8,5%. Este resultado refuerza la posición del cerdo como la tercera fuente de proteína animal más consumida en el país.

Sin embargo, en FPA creen que hay trabajas estructurales para el desarrollo del sector.

En primer lugar, mencionan el régimen actual de IVA que, en los hechos, funciona como un “impuesto a la inversión”: los productores venden con una alícuota del 10,5%, pero compran insumos y bienes de capital con el 21%.

Señalan que el resultado son saldos fiscales inmovilizados y un sobrecosto cercano al 19%, que desalienta proyectos productivos y encarece cualquier inversión, desde genética hasta tecnología.

Asimismo, reclaman la falta de líneas de financiamiento adecuadas para la dinámica del sector. La actividad porcina requiere plazos largos, períodos de gracia y tasas compatibles con su ciclo biológico, condiciones que hoy la oferta financiera local no contempla.

“A esto se suma la demora en la firma del protocolo sanitario con China, que permitiría exportar subproductos como patitas, cabezas y menudencias. Estos productos, con escaso valor en el mercado interno, podrían exportarse a precios dos o tres veces superiores, mejorando la integración de la media res y generando nuevas divisas”, agregaron.

“Hace años que pedimos que nos saquen el pie de encima. No queremos beneficios especiales, queremos reglas que nos permitan invertir, producir más y competir en igualdad de condiciones. Para eso, necesitamos que el Estado sea un aliado de la producción, no un obstáculo”, señaló Agustin Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina.

El sector también pidió avanzar con un plan de erradicación de la enfermedad de Aujeszky, en colaboración con la autoridad sanitaria para la adecuación de las normativas vigentes con financiamiento propio, que aún espera la aprobación definitiva.

La diferencia del valor de venta entre los departamentos a estrenar y los usados ya se encuentra en un 30%, la brecha más elevada registrada desde diciembre de 2015, cuando era de apenas un 7%, según detalló un relevamiento realizado por el portal de avisos Zonaprop.

De esta forma, el reporte revela una profundización de la brecha en el último año para llegar a ser la más amplia en casi una década, al puntualizar que «en los últimos doce meses, la diferencia entre ambos segmentos creció 8 puntos porcentuales».

Crece la brecha entre los inmuebles nuevos de los usados

El reporte arrojó que, en la actualidad, un departamento a estrenar se ubica en USD 2.898 por metro cuadrado y registra en 2025 un incremento del 5,2%. Por otro lado, un departamento usado tiene un valor de USD 2.219 por metro cuadrado, con un aumento anual del 3,32%.

Al analizar todos los segmentos del mercado, el estudio concluyó que los departamentos en pozo lideran los aumentos anuales, al precisar que «estos registran un alza del 8,29% en 2025 y el metro cuadrado se ubica en 3.033 dólares, superando en un 4,4% a las unidades a estrenar».

No obstante, desde el portal inmobiliario aclararon que «al tener en cuenta solo las propiedades listas para habitar, son las unidades nuevas las que muestran la mayor apreciación durante este año». Con respecto al costo de la construcción, indicaron que «aunque muestra una leve tendencia a la baja desde julio, se mantiene en niveles elevados» detallando que «el índice sigue un 94% por encima del de octubre de 2023 y cuesta casi tres veces más que en el piso histórico de octubre de 2020″.

En este sentido, detallaron que «este costo de base impulsa, por un lado, el alza de las unidades a estrenar y, por otro lado, incrementa la brecha de valores con los usados, que pasan a ser una opción más atractiva y económica para los interesados en comprar propiedades».

Los barrios más costosos y el mercado de alquileres

Puerto Madero lidera el ranking con la oferta más cara. Un departamento a estrenar en este barrio se ubica en 6.701 dólares/m2. Belgrano (3.774 dólares/m2) y Palermo (3.309 dólares/m2) completan el podio.

En contrapartida, Villa Riachuelo es el barrio más económico para la adquisición de unidades a estrenar. El metro cuadrado allí se ubica en 1.742 dólares. Le siguen Parque Avellaneda (1.830 dólares(m2) y Nueva Pompeya (1.855 dólares/m2).

Con respecto al mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el mismo atraviesa un 2025 con incrementos constantes en los valores expresados en dólares. Según explica otro informe elaborado por Zonaprop con base en los avisos publicados en la plataforma, un departamento de dos ambientes se alquila en promedio a 850 dólares mensuales. Este valor se traduce en una suba del 0,33% en septiembre y acumula un incremento del 19,46% en lo que va del año.

En términos interanuales, el auento de los valores en moneda extranjera es todavía más evidente: los alquileres crecieron 35,08% en los últimos doce meses. De esta forma, la tendencia marca un encarecimiento sostenido que repercute directamente en los inquilinos que deben afrontar contratos denominados en dólares.

El informe llega a la conclusión de que, a partir de diciembre de 2023, luego de la derogación de la Ley de Alquileres, se produjo un cambio en la forma en que los propietarios publicaban sus unidades. Durante varios meses, los avisos en pesos superaron a los que estaban en dólares, en un contexto de incertidumbre regulatoria. Entre mayo y junio de este año, cerca del 60% de las publicaciones en la plataforma estaban expresadas en moneda local.

La semana que viene comenzará a definirse en la Corte de Apelaciones de Nueva York el juicio por la expropiación de YPF.

Ese tribunal decidirá si es correcto o no el fallo de la jueza Loretta Preska, quien condenó en 2023 al Estado local a pagar unos USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Burford Capital, el bufete de abogados que compró los derechos de litigio de esta causa y es el principal beneficiario del caso, habló por primera vez por medio de un comunicado en el que “para comodidad de los inversores” sintetizó información sobre la evolución y el estado de la causa (en sus presentaciones trimestrales antes inversores habla del caso, pero este fue su primer comunicado de prensa sobre la causa).

Sobre el final realizó lo que podría considerarse una recomendación a Argentina, su contraparte, de sentarse a negociar. Es lo que viene intentando por varias vías desde hace al menos dos años, y sin éxito. Este Gobierno, incluso de boca del presidente Javier Milei, aseguró que no va a negociar y que agotará las instancias judiciales, incluso hasta la Corte Suprema de EEUU.

“Como todo litigio, conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”, destacó Burford.

Además, advirtió “que subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”.

Finalmente, expresó que “las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”, algo que, se entiende, debería hacerse por medio de una negociación. Con todo, aclaró que “en caso de existir negociaciones o conversaciones tendientes a un acuerdo en el caso YPF, no se realizará comunicación pública alguna sobre ellas hasta su conclusión”.

El documento de Burford es una cronología del estado de causa “en respuesta a las consultas de los inversores y ante la inminente audiencia oral correspondiente a la apelación principal del caso YPF”.

Allí se detalla que para la semana próxima las partes acordaron 30 minutos de exposición oral por cada parte respecto de la apelación de Argentina y 10 minutos por parte en total para la apelación de los demandantes y la apelación cruzada condicional de YPF. Cabe remarcar que Preska dejó afuera del juicio a la empresa con su fallo de hace dos años, pero Burford apeló esa medida y esa apelación también será tratada ahora.

Además, Burford remarcó que si bien el gobierno de EEUU se manifestó en contra de que Argentina deba entregar las acciones de la petrolera (una de las derivas judiciales de la causa), “no ha adoptado ninguna posición ni presentado escritos respecto de la Apelación Principal”.

Sobre los próximos pasos del juicio, detallaron:

• Tras la audiencia oral, el panel del Segundo Circuito deliberará y redactará una opinión sobre el caso.
• No existe un plazo legal ni una convención que determine cuándo debe publicarse dicha opinión ni la sentencia correspondiente.
• Se considera razonable esperar que la opinión y la sentencia se publiquen entre varios meses y un año después de la audiencia oral.
• Dentro de los 90 días posteriores a la emisión de la opinión y la sentencia del Segundo Circuito (o dentro de los 90 días desde la resolución de cualquier pedido de reconsideración), cualquiera de las partes puede solicitar la revisión del fallo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

“Es importante tener presente que Argentina suele intentar demorar los procesos judiciales y, si bien esos intentos no siempre tienen éxito, es ciertamente posible que se le concedan prórrogas respecto de algunos de los plazos establecidos en las reglas del tribunal”, dijo el fondo.

Burford destacó que dado que Argentina no cumplió con las condiciones impuestas por el Tribunal de Distrito para suspender la ejecución de la sentencia mientras se tramitaba la apelación, el fallo es ejecutable desde el 11 de enero de 2024. “El Tribunal de Distrito sigue siendo el tribunal estadounidense encargado de supervisar el proceso de descubrimiento de pruebas (discovery) en apoyo de la ejecución, así como otras actuaciones relacionadas con la ejecución”, dijeron.

En ese contexto, surgieron causas paralelas en el tribunal de Preska, como el mencionado pedido de entrega de las acciones, la idea de mostrar que el Estado y la empresa son lo mismo (alter ego), e intentos de iniciar embargos de activos de argentinos en otros países, entre otras medidas. Todas apuntan a lo mismo: cobrar o, al menos, iniciar una negociación.